Lava Jato: En seis países los expedientes sobreviven a nulidad de las pruebas en Brasil

Una década atrás, un efecto dominó se desplegó a lo largo del continente americano. La primera pieza cayó en Brasil, cuando en marzo de 2014 la Policía Federal allanó un lavadero de autos en la estación de gasolina "Posto da Torre", en Brasilia. Nacía el caso Lava Jato, el caso de corrupción que atravesó a una región entera, cruzó el Atlántico y se extendió durante los últimos 10 años. Desde septiembre último, la investigación transnacional tambalea entre golpes y resistencias de los investigadores y actores judiciales de distintos países, tras un fallo del Tribunal Supremo Federal de Justicia que anuló pruebas centrales para favorecer al presidente Luiz Inacio "Lula" Da Silva.

En mayo de 2024, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) dio el último golpe a la investigación. Ordenó anular los fallos judiciales del 13 Tribunal Federal de Curitiba que condenaron al empresario Marcelo Odebrecht al considerar que fueron consecuencia de violaciones al debido proceso.

El máximo órgano judicial de Brasil dijo en un comunicado que esta orden, dictada por el juez supremo José Antonio Dias Toffoli, implica también el cierre de todos los procesos penales contra Marcelo Odebrecht. Sin embargo, el tribunal mantuvo firme el acuerdo de delación firmado por el empresario, a través del cual se había declarado culpable y había aceptado colaborar con la justicia.

El caso Lava Jato tuvo su principal capítulo en el caso Odebrecht, entonces la principal constructora de Brasil y una de las líderes en Latinoamérica (Venezuela, Argentina, México, Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana), que protagonizó la admisión más importante de pago de sobornos y aportes ilegales de campaña en la región: 788 millones de dólares. También en dos países de África: Mozambique y Angola. Para 2022, Odebrecht dio un giro a la historia y reclamó indemnizaciones a los países afectados por el caso por un  monto cuatro veces mayor a sus ofertas de reparación económica acordadas hasta entonces en Perú y República Dominicana. Mientras tanto, los avances de las investigaciones penales contra la compañía en la mayoría de estas naciones han sido parciales o nulos, como reveló Convoca.pe.

Gran parte del éxito del caso en Brasil se basó en las delaciones premiadas a los acusados, que colaboraron con confesiones pormenorizadas de los hechos y el aporte de prueba documental que avala sus dichos. La propia compañía y su cabeza, Marcelo Odebrecht, participaron del proceso.

Sin embargo, en septiembre de 2023 y a pedido de la defensa de Da Silva, el juez del Tribunal Supremo Dias Toffoli anuló todas las pruebas obtenidas mediante el acuerdo de indulgencia firmado por Odebrecht, informó la corte en un comunicado. La decisión abarcó las delaciones de todas las personas en todos los ámbitos o jurisdicciones y a todas las acciones de la investigación judicial. También las pruebas obtenidas de los sistemas informáticos Drousys y My Web Day B, que utilizaba Odebrecht para administrar su contabilidad y la de su departamento de Operaciones Estructuradas, dedicado a gestionar los pagos ilegales y asentar los codinomes o apodos de los receptores de los sobornos y aportes de campaña irregulares.
 

1/3 ¿Quién es el juez José Dias Toffoli, que declaró la “nulidad absoluta” de los procesos judiciales contra Marcelo Odebrecht por el caso #LavaJato?

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— Convoca (@ConvocaPe) July 22, 2024

Dias Toffoli calificó el arresto de Lula da Silva entre abril de 2018 y noviembre de 2019 como un “error histórico”. “Fue un montaje resultante de un proyecto de poder por parte de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones ‘contra legem’ (contrarios a la ley)”, afirmó el magistrado brasileño. El juez sostuvo que las pruebas obtenidas por el juez Sergio Moro durante la investigación del Lava Jato fueron obtenidas por medios “ilegales”, como “tortura psicológica”.

Algunos medios de comunicación informaron que Dias Toffoli fue apoderado del Partido de los Trabajadores (PT), el partido de Lula da Silva, durante tres campañas presidenciales (entre 1998 y 2006). Más tarde, el propio Lula lo nombró en la Corte Suprema en 2009.

Cuando estalló Lava Jato, Dias Toffoli fue crítico de Moro y los fiscales del caso, pero apoyó la orden de detención de Da Silva, le negó la posibilidad de comunicarse telefónicamente desde prisión y salir transitoriamente para asistir a los funerales de sus familiares, informó Diario Perfil.

Sobre la decisión del juez de anular la prueba contra el presidente de Brasil, el ex fiscal penal de Venezuela Zair Mundaray dijo a Convoca.pe que “se trata de una sentencia de naturaleza meramente política, no se basa en un razonamiento jurídico”. 

Mundaray intervino en el caso Odebrecht en su país y terminó en el exilio en Colombia. “Es tan insólito que se hace precisamente a instancias de la solicitud de Lula, pero hay una cantidad significativa de personas que fueron condenadas a partir de sus propias colaboraciones con la justicia de Brasil. Muchos de los que declararon confesaron  crímenes y estas personas tuvieron un tratamiento penal diferenciado, es decir, se les responsabilizó de los hechos y purgaron condena mediante un acuerdo con las autoridades. ¿Qué pasa con esto, entonces? ¿Cómo se retrotrae la situación de personas que purgaron condena y que fueron condenadas legítimamente en base a esas pruebas ahora anuladas?”, agregó Mundaray.

Jair Mundaray, exfiscal de Venezuela quien reside hoy en Colombia. Foto: UN Watch

“Lo más grave -aseguró el exfiscal- es que la sentencia establece que la prueba no puede ser utilizada por ninguna jurisdicción a nivel internacional. Es obvio que busca la protección de todos los criminales que se vieron involucrados en hechos de corrupción de la mano de Odebrecht y de sus apoyos políticos. Lula, en especial, porque si uno ve el crecimiento exponencial de Odebrecht se produce en gran medida durante el mandato de Lula”.

Este no fue el primer paso para jaquear al caso Lava Jato. Días antes, en agosto de 2023, el expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, acusados de lavado de activos en el caso, lograron una medida cautelar del mismo juez del tribunal brasileño para que los exdirectivos de Odebrecht no declaren en Perú basándose en las pruebas que habían aportado a la Justicia brasileña a lo largo de la investigación e invalidadas recientemente en un fallo de una instancia inferior en Brasil. Toffoli también declaró entonces la nulidad de las pruebas de los servidores encriptados MyWebDay y Drousys, que almacenan información de la contabilidad ilegal paralela y las comunicaciones internas de la constructora.
 

Justicia brasileña declara ... by Convoca

En Perú, el Ministerio Público solicita 20 años de prisión para el expresidente Humala y 26 para la ex primera dama, acusados de recibir US$ 3 millones en efectivo durante la campaña electoral de 2011. Otros cinco exejecutivos relacionados a la constructora también están en la nómina de testigos.

Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú, puede enfrentar una pena entre 6 y 30 años de prisión, tras la revocatoria de su condición de colaborador eficaz. El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, considera que al no colaborar con la justicia peruana, el futuro cercano de Barata es el del cumplimiento de dicha pena carcelaria por su participación en el pago de sobornos para lograr la buena pro de las obras de construcción de la carretera Interoceánica y la Línea 1 del Metro de Lima.

“Ha existido una extralimitación por parte de la justicia brasileña al indicar que no pueden declarar porque la prueba está cuestionada, probablemente porque Brasil no conoce tampoco cuál es el alcance del testimonio de los ex funcionarios de Odebrecht en el proceso contra Ollanta Humala en Perú”, dijo a Convoca.pe la procuradora adhoc del caso Lava Jato en Perú, Silvana Carrión. 

“Esa primera decisión sí nos sorprendió pero además nos sorprende sobremanera que sea casualmente la defensa de un expresidente la que esté haciendo estos pedidos, que para algunos entendidos aquí en Perú puede ser un pedido obstruccionista del proceso penal, cuando se pierde la oportunidad para él mismo de que se aclare la situación”, afirmó la funcionaria. 

En Perú, otro expresidente tiene pendiente un juicio por el caso Lava Jato. Alejandro Toledo pasó seis años prófugo en California, Estados Unidos, y fue finalmente extraditado en 2023 para ser juzgado por el caso Interoceánica Sur Tramos 2 y 3, en el que se le acusa de favorecer a la constructora brasileña Odebrecht con la adjudicación de esa obra vial a cambio de un soborno de más de 30 millones de dólares. El Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público solicitó una condena de 20 años y seis meses de prisión efectiva para Toledo.
 

La excongresista Keiko Fujimori se encuentra atravesando un juicio por el caso “Cocteles”. En febrero de 2018, Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, confesó ante los fiscales del caso Lava Jato cómo fue la entrega ilegal de 1 millón 200 mil dólares por parte de la empresa brasileña a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011. En la audiencia del martes 3 de septiembre, se comenzó a discutir la admisibilidad de pruebas provenientes de Brasil, que consta de testimonios de arrepentidos, ante un planteo de la defensa, basada en la decisión de Dias Toffoli.

“Es una pelea que hay que dar jurisdicción a jurisdicción, es decir, aquello que fue decidido en Brasil por la Corte tendría que ser analizado de manera individualizada en cada uno de los casos, en cada uno de los Estados”, opinó Mundaray. No será el caso de Venezuela, sostuvo el exfiscal. “El caso en el país está paralizado. El expediente estaba muy adelantado y se establecieron responsabilidades de varios de los ministros que firmaron contratos, modificaron los contratos iniciales para aumentar los pagos a la compañía, entre ellos Diosdado Cabello, cuando era ministro de Obras Públicas, y muchísimos personajes que se mantienen en el poder”, aseguró Mundaray.
 

Correos electrónicos del sistema de contabilidad paralela de Odebrecht, denominado División de Operaciones Estructuradas que muestran órdenes de giros o pagos por obras en Venezuela
 

Diligencias propias, la clave de los investigadores
 

En Perú, “hay todo un contexto que sostiene la investigación y la acusación contra Ollanta Humala”, sin necesidad de contar con las pruebas anuladas en Brasil, aseguró la procuradora Carrión. Lo mismo sucede en el caso del expresidente Toledo, en el que Perú cuenta con el testimonio de un colaborador eficaz, considerado socio del expresidente, a quien se le tomó prueba anticipada antes de que falleciera para poder utilizarla en un eventual juicio contra Toledo.

El sistema en Perú desarrolló una manera independiente de obtener pruebas directamente de Odebrecht, sin tener que solicitar la colaboración de la Justicia de Brasil, y avanzar con investigaciones propias, testigos y colaboradores independientes de los brasileños. A través de una ley sancionada en 2018, se estableció la colaboración eficaz de empresas en casos de corrupción, lavado de activos y otros delitos conexos. Esa ley le permite a Perú esquivar las nulidades de prueba clave que la Justicia brasileña ha intentado establecer en sus casos, explicó Carrión.

“Lo que ha decidido la justicia brasileña en cuanto a la prueba, según lo que ha trascendido, no tiene un impacto directo en el proceso de colaboración eficaz aquí porque la compañía -por Odebrecht-, como parte de sus obligaciones de proceso, ha tenido que entregar de manera directa (a Perú) la información y la prueba en el marco del proceso penal peruano”, afirmó la procuradora ad-hoc.

En Perú, Odebrecht se sometió a colaboración eficaz por cuatro proyectos: la vía Interoceánica, un caso vinculado al expresidente Alejandro Toledo; el caso Metro de Lima, en el que se investiga a funcionarios del gobierno del expresidente Alan García, fallecido; el caso Costa Verde Callao, vinculado a un gobernador regional, Félix Moreno; y la Vía Evitamiento Cusco. Sobre estos cuatro grandes proyectos, Odebrecht entregó pruebas de pagos de sobornos a la Fiscalía, un proceso de colaboración que fue aprobado por una jueza.
 

Impacto social

La noticia de los fallos en Brasil fue un balde de agua fría para quienes apoyan la continuidad del caso y consideran que ha aportado en la lucha contra la corrupción en la región. El caso evolucionó de formas muy distintas en cada uno de los países afectados, desde el exilio forzado a los fiscales en Venezuela hasta el avance sobre expresidentes en Perú. Pero en todos los casos dejó una marca a su paso.

“Tristemente, otra lección que estamos aprendiendo, viendo lo que sucede hoy día a nivel judicial en Brasil, es que la corrupción se reorganiza y contraataca”, dijo a Convoca.pe Olga de Obaldía, directora ejecutiva de Fundación Libertad Ciudadana - Capítulo de Transparencia Internacional en Panamá, uno de los países donde Odebrecht admitió en 2016 ante Estados Unidos haber realizado pagos ilegales para obtener obras millonarias.

Olga de Obaldía: "viendo lo que sucede hoy día a nivel judicial en Brasil, es que la corrupción se reorganiza y contraataca". Foto: La Estrella de Panamá

En Panamá, donde el 8 de abril comenzó el juicio por el caso, “no se puede analizar el impacto de Lava Jato sin sumar la inclusión de Panamá en la lista gris de GAFI [Grupo de Acción Financiera] y en la lista negra de la Unión Europea (UE) por tantos años a partir de 2017”, dijo De Obaldía. “Al fin salimos de la lista de GAFI en el último trimestre del 2023 y recientemente, de la lista de la UE. Eso implica que los cambios se están dando, tanto para prevenir el blanqueo de capitales, como para cooperar internacionalmente con las investigaciones. Hay avances como un Registro de Beneficiarios Finales, pero todavía faltan cambios como eliminar la figura de los testaferros”, agregó la experta.

“Quisiéramos creer que se ha ganado el entendimiento general de que los proveedores de servicios internacionales desde Panamá son responsable de la debida diligencia y de no participar en esquemas de blanqueo para evitar servir a los corruptos, a los evasores y al crimen organizado; cosa que es obligatoria también para todas las otras jurisdicciones que ofrecen esos mismos servicios”, aseguró De Obaldía.
 

“El (caso) Lava Jato cambió la forma de ver la gran corrupción por parte de la ciudadanía en la República Dominicana. Hasta entonces las encuestas colocaban la corrupción pública como un tema poco importante, a pesar de que teníamos y tenemos una cultura de corrupción bastante arraigada. Lava Jato disparó la percepción de corrupción a los primeros lugares en cuanto a temas que preocupaban a la ciudadanía”, explicó el abogado Francisco Álvarez desde Santo Domingo. 

Abogado penalista Francisco Álvarez. Foto: Diario Libre. República Dominicana

“Lava Jato o el caso Odebrecht, como mejor se le conoce en nuestro país -por República Dominicana-, fue el origen de la más importante movilización ciudadana de los últimos tiempos, que fue conocida con el nombre de Marcha Verde, y que reclamaba castigo para los corruptos, especialmente en ese caso pero también en otros”, sostuvo Álvarez. “La ciudadanía tomó las calles no sólo de Santo Domingo sino de otras ciudades importantes del país, movilizando a centenares de miles de dominicanos y dominicanas y es mi opinión que fue el principal factor que provocó el desalojo del poder al entonces partido oficial, el PLD (Partido de la Liberación Dominicana)”, añadió el penalista.

El caso Odebrecht tuvo consecuencias políticas en varios países. “En Ecuador, el caso permitió la transición para ir saliendo del correísmo. Digo ir saliendo porque yo creo que todavía no salimos del correísmo, ya que tenemos una bancada tan importante como la que tienen los correístas”, dijo Martha Rolón, directora de Fundación Mil Hojas. 

En Argentina, donde el caso se dividió en tres expedientes diferentes, los avances son disímiles pero en todos los casos la obtención de prueba por vías independientes a la colaboración de las autoridades brasileñas garantiza para los investigadores la sobrevivencia del caso. Odebrecht, en tanto, solicitó a los jueces que incorporen y analicen los fallos del Tribunal Supremo y la nulidad de las pruebas, confirmaron a Convoca.pe fuentes judiciales con acceso directo a los expedientes.

A nueve años del primer caso abierto en la justicia argentina, en el que se investigan supuestos sobornos y sobrecostos en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, el caso continúa sin acusados procesados, a pesar de que la fiscalía considera que ha presentado pruebas suficientes para probar ambos puntos. 

“El caso confirmó en Argentina la existencia de una matriz de corrupción estructural entre un sector del empresariado y el Estado, y fue uno de los que sentó el escenario para la presentación de una ley del arrepentido”, afirmó el penalista Andrés Gil Domínguez a Convoca.pe. Dicha ley se aplicó en 2018 en el caso de los cuadernos de la corrupción en la obra pública pero no se utilizó en los casos contra Odebrecht. 

Sin embargo, en términos políticos electorales, Gil Domínguez explicó que Argentina no vivió cambios motorizados por el caso Lava Jato. Tampoco cambió las características de los procesos judiciales: “Siguen siendo largos, engorrosos y sin resultados”, aseguró.

En Colombia, donde el caso Odebrecht puso también en la mira los manejos del Banco Aval, “triunfó la impunidad, exceptuando actores de segundo nivel y a pesar de los tantos hechos demostrados, la gravedad de lo ocurrido y el hecho de que Grupo Aval negoció con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos una multa en dólares enorme”, aseguró el congresista Jorge Robledo a Convoca.pe. 

Robledo sostiene una idea que se repite a lo largo de las entrevistas a los expertos y conocedores del caso en la región: “No veo que las cosas hayan pasado de más allá y lo que estamos viendo con esta administración es que las mismas prácticas que se utilizaron en la campaña con el Lava Jato siguen, en lo fundamental, dándose de la misma manera”.

En México, el caso se centró en las confesiones de 2017 de funcionarios de Odebrecht, quienes revelaron haber entregado US$10 millones al entonces director de Petróleos Mexicanos para obtener contratos con la petrolera estatal. Los pagos indebidos sucedieron durante la gestión de Enrique Peña Nieto. 

“A pesar de que hay evidencia, y de las propias declaraciones de los funcionarios de Odebrecht, en México, hasta el momento, ninguna persona ha sido sentenciada y es uno de los casos más emblemáticos de corrupción que permanecen en impunidad”, dijo a Convoca.pe Janet Oropeza, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas de Fundar Centro de Análisis e Investigación en relación con el caso Odebrecht en México. 

“En 2018, cuando llega el nuevo gobierno (a cargo de Andrés Manuel López Obrador), comenzó una investigación contra Odebrecht. Si bien se suponía que muchas personas habían estado involucradas, al final solamente fueron imputadas siete personas. El más visible fue Emilio Lozoya,  exdirector de Petróleos Mexicanos”.

De aquellas siete personas imputadas, explicó Oropeza, varios están prófugos y solamente se abrieron tres procesos penales, de los cuales, además, ninguno tiene sentencia condenatoria. En cuanto a Lozoya, el exdirectivo lleva varios años bajo investigación judicial. “El Estado mexicano ha buscado que se repare el daño, o sea que haya una indemnización de parte de Emilio Lozoya y se le solicitó por acuerdo reparatorio por US$30 millones, que nunca se concretó”. “La información que tenemos hasta ahora es que la Fiscalía entonces está decretando que el caso de Lozoya sea llevado penalmente ante la Justicia”, concluyó Oropeza. El exdirectivo de Petróleos Mexicanos ha logrado también que varias de las pruebas que se habían presentado en su contra fueran descartadas.

A diez años del caso que sacudió a Brasil y la región, el panorama regional evidencia que la posibilidad de que los expedientes locales tengan una resolución está en manos de los jueces y fiscales de cada uno de los países. La interpretación de los magistrados sobre la decisión de la Justicia brasileña será clave mientras la política de turno intenta dar vuelta la historia.