La jueza Nayko Coronado, del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional del Poder Judicial, decidió el último 7 de noviembre, en una audiencia del juicio oral seguido al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, reprogramar las declaraciones de los exejecutivos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS que los incriminarían. Así, en una serie de diligencias testimoniales que se llevarán a cabo desde el 16 de enero de 2023, la aparición de estos testigos marcará un hito en el caso Lava Jato en el Perú: por primera vez tendrán que ratificar una acusación de lavado de activos presentada por el Equipo Especial de la Fiscalía. Y se espera que sea la primera de muchas.

Los testigos serán Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Antonio Mameri, Fernando Migliaccio e Hilberto Macarenhas Silva, de Odebrecht, y Valfredo de Assis Ribeiro, Joao Cerqueira y Monica Cunha, de OAS. También declarará Valdemir Garreta, publicista brasileño que fue contratado por ambas empresas, a través de contratos simulados, para desarrollar la estrategia de campaña del candidato Humala en 2011. Humala y Heredia fueron acusados formalmente en el 2019 por el fiscal encargado del caso, Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato.

¿De qué se les acusa? Principalmente, de cometer lavado de activos agravado, en la modalidad de conversión. Ollanta Humala se enfrenta a una probable pena de 20 años de cárcel, mientras que Nadine Heredia a una de 26 años y seis meses. Juárez sostiene que recibieron distintos aportes ilícitos para financiar la campañas presidenciales del Partido Nacionalista. Apunta que en 2006 se beneficiaron con fondos del Gobierno de Venezuela, entonces presidido por el fallecido Hugo Chávez, y en 2011 percibieron 3 millones de dólares de Odebrecht y otros 300 mil dólares de OAS. 

El caso se encuentra por concluir su etapa intermedia, es decir, el periodo de saneamiento del proceso o revisión de la investigación y el sustento de la acusación. Es aquí donde se admiten o rechazan nuevas pruebas. Pero para llegar a este punto el caso ha tenido que recorrer una larga historia con altibajos.

El ex presidente se enfrenta a una pena probable de 20 años de cárcel. Foto: Andina

Nadine Heredia: caso archivado

Hace casi ocho años, el 29 de enero de 2015, cuando Humala aún era presidente del Perú, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en Delitos de Activos abrió una investigación a Nadine Heredia, su madre, hermanos, entre otros, por presunto lavado de activos. Para entonces, el Ministerio Público había tomado conocimiento de continuos y sospechosos depósitos en la cuenta de la ex primera dama que fueron notificados por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Pese a ello, su defensa presentó un habeas corpus alegando que ya había existido una investigación en 2006 y que el caso se había archivado en segunda instancia y, por tanto, no podría ser nuevamente evaluado, según el principio jurídico de non bis in idem. Aun así, el Tribunal Constitucional determinó que existían nuevas pruebas que no fueron consideradas antes y que la investigación de 2006 tuvo un déficit en ese sentido. El colegiado decidió su reapertura.

Las agendas 

Meses después, el 16 de agosto de 2015, el programa periodístico Panorama reveló la existencia de cuatro agendas que correspondían, aparentemente, a Nadine Heredia. En ellas había anotaciones relacionadas con las cuentas del Partido Nacionalista, como una reunión con Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú.

Las agendas también contenían apuntes de millonarias cifras que alcanzaban los 3 millones 600 mil dólares. Al principio, Heredia negó ser la dueña de estos documentos, pero terminó reconociéndolos en noviembre del mismo año, afirmando que sus contenidos no guardaban relación con fondos estatales sino privados. Alegó que las agendas no podían ser materia de pericias porque habían sido hurtadas.

El fiscal Germán Juárez Atoche asumió entonces la investigación a Nadine Heredia el 25 de septiembre de ese año, por un presunto lavado de activos de los aportes recibidos durante las campañas electorales de 2006 y 2011. También ordenó que las agendas se sometan a un peritaje grafotécnico. El resultado corroboró que la letra era de la ex primera dama.

Nadine Heredia reconoció que la letra de las agendas era suya en noviembre de 2015. Foto: Andina

Odebrecht aparece

En febrero de 2016, la Policía Federal Brasileña reveló la existencia de un documento de la empresa brasileña Odebrecht (ahora renombrada Novonor) que hacía referencia al Proyecto OH vinculado a un financiamiento a favor del entonces jefe de Estado, Humala. 

Meses después, en octubre de ese año, Juárez incluyó a Humala en la investigación que sigue a su esposa por lavado de activos. Ambos han sido investigados en calidad de cabecillas de una presunta organización criminal. 

Las pesquisas por lavado de activos tiene como hipótesis que Ollanta Humala y Nadine Heredia habrían recibido dinero del Gobierno de Venezuela y de empresas de Brasil para las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

En diciembre de 2016, el caso se reforzó cuando la empresa constructora firmó un acuerdo de colaboración con la justicia brasileña, lo que permitía que también suscribiera convenios con otros países donde pagó sobornos, incluyendo el Perú. 

Ese año, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la empresa constructora Odebrecht pagó sobornos de, por lo menos, 788 millones de dólares en Brasil y otros países. De ese monto, el 80% correspondía a funcionarios e intermediarios en países como Venezuela, Argentina, Perú, México y Ecuador. Investigaciones posteriores de la red Investiga Lava Jato concluyeron que este monto fue muy superior. 

Primeras diligencias

En febrero de 2017, el exdirectivo de Odebreht en Perú, Jorge Barata, señaló ante la Fiscalía peruana en Brasil que entregó 3 millones de dólares a Heredia para financiar la campaña del Partido Nacionalista en las elecciones de 2011, a pedido del Partido de los Trabajadores del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva.

La sesión tuvo 13 preguntas en las que Barata declaró que entregó, tres o cuatro veces, dinero en efectivo a Heredia en un inmueble ubicado en la Avenida Armendáriz, en el distrito limeño de Miraflores, y que el registro lo llevaba el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, área encargada de una contabilidad clandestina de la empresa con el objetivo de generar recursos para pagar sobornos. En abril, Marcelo Odebrecht ratificó el aporte ilícito.

Ante los indicios recabados y un supuesto peligro procesal, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, Richard Concepción Carhuancho, determinó el 13 de julio de 2017 una medida de prisión preventiva de 18 meses para Humala y Heredia. Si bien ambos apelaron, el Poder Judicial confirmó la decisión.

La expareja presidencial estuvo tras las rejas nueve meses. Sin embargo, meses después el Tribunal Constitucional falló a favor de revocar la prisión preventiva, en abril de 2018. En noviembre y diciembre de ese mismo año, se revocó también la medida de incautación de bienes de Heredia, donde figuraban una vivienda en Surco, un predio en Lurín, la casa de su madre y dos cuentas bancarias. 

El 13 de julio de 2017 el juez Richard Concepción Carhuancho del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional determinó 18 meses de prisión preventiva para Humala y Heredia. Foto: Andina

El Tribunal Constitucional consideró estas acciones como excesivas, pues ya los bienes no podrían ser transferidos. Pero la investigación continuó, pues posteriormente Barata y Marcelo Odebrecht reafirmaron su versión en dos oportunidades ante Juárez. Ambos coincidieron en que los pagos fueron contabilizados y registrados de manera interna en la compañía como “Proyecto OH”. Asimismo, dieron detalles de los desembolsos y las entregas en efectivo.

Ese mismo 2018, en diciembre, se solicitó la inclusión en la investigación a las personas jurídicas Partido Nacionalista Peruano y la empresa Todo Graph, con la que también se habría lavado dinero. No obstante, no fue sino hasta abril de 2019 cuando la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios confirmó la incorporación, tras los intentos de la defensa de estos por exonerarse.

La empresa Todo Graph, de acuerdo a un colaborador eficaz, fue una imprenta que Heredia pidió constituir al empresario Martín Belaúnde Lossio para producir el material de publicidad necesario para las campañas regionales del Partido Nacionalista en el 2006. La acusación fiscal señala que la ex primera dama invirtió 30 mil dólares en efectivo con el dinero que sobró de la campaña presidencial y ordenó que los derechos de la empresa serían transferidos a ella posteriormente a través de personas de su entorno. La fiscalía sostiene que toda la constitución y el patrimonio obtenido de Todo Graph se debió a una fuente ilícita adquirida por Nadine Alarcón.

Formalización del caso 

Luego de cuatro años y cuatro meses de investigación, en abril de 2019, el fiscal Germán Juárez Atoche formalizó su acusación contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. El delito finalmente imputado fue el de lavado de activos, dentro de un esquema de criminalidad organizada, por la recepción de dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht, OAS y del tesoro público de Venezuela para las campañas del 2006 y 2011.

Heredia le solicitó a Martín Belaúnde Lossio (celeste) a constituir la imprenta Todo Graph en 2017 para la propaganda del partido Nacionalista a las elecciones regionales. Foto: Andina

Juárez solicitó 26 años y 6 meses de prisión para Heredia y 20 años para Humala, con lo que el político nacionalista se convirtió en el primer expresidente acusado fiscalmente de lavado en la historia del país. De acuerdo con la Fiscalía, el dinero tiene procedencia ilícita y existió un desbalance patrimonial de alrededor de dos millones de soles en las finanzas de la pareja entre el periodo 2005-2016.

En noviembre de 2021, el juez Richard Concepción Carhuancho autorizó el inicio del juicio oral a Humala y Heredia. También incluyó en el juicio al investigado Martín Belaunde Lossio y otros, así como al Partido Nacionalista Peruano y la mencionada Todo Graph. 

Después de siete años, el juicio oral comenzó el 21 de febrero de 2022, a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Penal Nacional. Días antes, por su parte, la fiscal Geovana Mori del Equipo Especial Lava Jato incorporó al expresidente en otra investigación por el caso Gasoducto Sur, en el que su esposa es una de las principales imputadas. 

Humala también ha sido implicado en la investigación preparatoria por el caso Club de la Construcción, también llevado por Germán Juárez. En este último, se le atribuye el conocimiento de los sobornos para la adjudicación de ciertas obras viales al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Como se sabe, las audiencias claves en las que debían presentarse los exejecutivos brasileños estuvieron programadas a partir del 7 de noviembre. Sin embargo, seis días antes, el Ministerio Público Federal de Brasil suspendió la cooperación jurídica internacional con el gobierno peruano en el marco del caso Odebrecht, luego de que esta constructora lo solicitara en respuesta a una supuesta violación del acuerdo de colaboración eficaz por parte de las autoridades peruanas.

La constructora argumentó que tanto la Fiscalía como la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato habrían utilizado pruebas entregadas por ella misma para incriminarla. Mientras se dialoga la posibilidad de levantar la medida de suspensión de la cooperación judicial, la empresa brasileña solicitó la reprogramación de las declaraciones a la Fiscalía Peruana. 

Con la ausencia de Marcelo Odebrecht, quien era el primero de los exejecutivos que debía declarar en el juicio, y este pedido de reprogramación, la jueza Nayko Coronado Salazar, del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, aprobó el cambio de fecha para recoger estos testimonios en enero de 2023. El Ministerio Público tendrá poco más de dos meses para retomar la cooperación judicial con el país vecino.