*Entrevista realizada con Milagros Salazar Herrera. 

En el segundo día de las audiencias del juicio oral contra la excandidata presidencial, Keiko Fujimori y 45 personas más que son coacusadas, la frase del fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, generó rostros adustos en la procesada y su abogada defensora, Giuliana Loza. Incluso la presidenta del colegiado judicial, Juana Caballero, solicitó una justificación al letrado que acusa a la “cúpula” de Fuerza Popular por varios delitos, entre ellos el de organización criminal. 

Pérez Gómez aseguró que todo lo dicho estaba en el auto de enjuiciamiento “no estoy indicando ningún término (...) que no haya sido controlado por las partes ni por el juez de la etapa intermedia”. Posteriormente empezó a hacer un recuento de cómo el fujimorismo ha operado a lo largo de los años con el uso de su fuerza política para cometer y encubrir acciones delictivas. 

Días más tarde, en una sala contigua a su despacho, José Domingo Pérez recibe a Convoca.pe para explicar en detalle porque la fiscalía basa parte de sus acusaciones en la “herencia del legado criminal de Alberto Fujimori”. 

“Cuando se inician las investigaciones estamos frente a una modalidad: la creación de un aparato político con el objeto de realizar determinadas finalidades (...) lo que es objeto de juicio es el aparato Fuerza 2011 o Fuerza Popular que es la estructura que se utiliza para el logro de fines. El fin principal es ´tengo activos, tengo dinero; con ese dinero hago campañas; con estas campañas, tengo poder´”, precisa Pérez Gómez. 

En diálogo con Convoca.pe el fiscal José Domingo Pérez explica parte de la tesis fiscal contra Keiko Fujimori y sus coacusados. Foto: Convoca
 

En esta línea de argumentos la fiscalía hace un análisis retrospectivo sobre la forma en que Keiko Fujimori usa la estructura del fujimorismo en el año 2006 para llegar al Congreso bajo el membrete de la alianza “Nueva Mayoría - Alianza por el Futuro”. 

“(...) vamos viendo que son un grupo de personas que se van presentando en momentos anteriores: Jaime Yoshiyama, Ana Herz, Jorge Trelles, Mario Bedoya y Vicente Silva Checa”, señala el fiscal. Y es, precisamente, Vicente Silva Checa uno de los personajes que precisamente sirve de nexo entre el pasado de Alberto y el presente de Keiko Fujimori. 
 

De Cable Canal de Noticias a Fuerza 2011 

Según la acusación fiscal, Vicente Silva Checa es sindicado como el asesor principal de Keiko Fujimori y aunque él ha negado ese papel en la organización, su presencia y su rol han sido ratificados por más de un testigo, entre ellos el exlegislador fujimorista Rolando Reátegui.

Silva Checa es protagonista de uno de los “vladivideos” revelados tras la caída del régimen fujimorista. En las imágenes Silva Checa aparece recibiendo dos millones de dólares en efectivo, los cuales -se supo después- fueron usados para la compra de acciones de Cable Canal de Noticias, emisora de televisión que fuera utilizada como aparato de propaganda para la ilegal reelección de Alberto Fujimori en el año 2000.

Por este caso, Silva Checa estuvo 2 años y cinco meses en prisión y cumplió además 11 meses de arresto domiciliario. A partir de este vínculo con el fujimorismo es que la tesis fiscal del equipo especial lo vincula con la presunta organización criminal conformada al interior de Fuerza Popular.

El fiscal Pérez señala que Silva Checa aparece en la escena de Fuerza 2011 cuando “forma parte de estas reuniones, que se llevaban a cabo los días lunes. Es decir del selecto grupo de congresistas, no necesariamente el Comité Político Nacional sino de congresistas con más llegada entre los cuales se encuentra Rolando Reategui quien identifica a Vicente Silva Checa como la persona que está más vinculada o más cercana a Keiko Fujimori y quien finalmente da las pautas”. 

En la tesis fiscal, Silva Checa es “el asesor en la sombra” una persona que no aparece de forma visible pero que da las instrucciones sobre el actuar de las personas que conforman la organización. “Por eso que cuando comenzamos a mirar hacia el pasado, vamos viendo de que nuevamente se repite la figura de la persona políticamente presente tal como fue con Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos (...) vendría a ser Vicente Silva en el caso de Keiko Fujimori”, menciona Pérez. 

Vicente Silva Checa detenido de forma preliminar en octubre de 2018 tras la detención de Keiko Fujimori. Foto: Poder Judicial

En su argumentación el fiscal Pérez Gómez señala que Silva Checa tiene presencia en reuniones oficiales del partido y en las coordinaciones con los estudios de abogados que veían la defensa de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular.

“(Quien está en las reuniones) No es nadie del partido ni del Comité Nacional del partido, no es la señora Fujimori, no es ningún congresista, si no es el señor Vicente Silva Checa quien actúa en representación de Keiko Fujimori y del partido. De la misma manera cuando tienen que interactuar a nivel de los abogados (...) es Vicente Silva Checa quién da las instrucciones de cómo tienen que operar para obstaculizar las investigaciones es decir, esa parte que es la que ha llamado bastante la atención son las circunstancias precedentes o antecedentes de lo que viene a ser la acusación (...) y eso ha sido materia de control, es decir, eso está en la acusación desde desde que se formalizó la investigación”, afirma.

Por este caso, Silva Checa fue detenido de forma preventiva en octubre de 2018. Al salir en libertad por un mandato judicial señaló en declaraciones a la prensa que no fue el asesor de Keiko Fujimori y que su vínculo con la organización solo era de asesoría en pedidos puntuales de Giuliana Loza, abogada defensora de la lideresa de Fuerza Popular.

Jaime Yoshiyama. Del gobierno de Alberto Fujimori a la secretaría general

Siguiendo la figura planteada por la fiscalía existen otros personajes que aparecen en la cúpula de Fuerza 2011 y Fuerza Popular en papeles decisivos dentro de la organización. La secretaría general es uno de los cargos más importantes dentro del partido político y este puesto fue ocupado por personas allegadas al fujimorismo, tanto en la época de Alberto Fujimori y de Keiko Fujimori.  

Jaime Yoshiyama Tanaka, fue el primer secretario general que tuvo el partido liderado por Keiko Fujimori, cuando en ese momento se llamaba Fuerza 2011, agrupación inscrita en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en marzo de 2010.  Como secretario general del partido, Yoshiyama fue presentado como el flamante candidato a la vicepresidencia junto al excongresista y exministro de la Producción, Rafael Rey, en la plancha presidencial que lideraba Keiko Fujimori.

En febrero de 2018, Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú confesó ante los fiscales del caso Lava Jato cómo fue la entrega de 1 millón 200 mil dólares por parte de la empresa brasileña a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011 y cómo Yoshiyama fue uno de los personajes principales de este proceso. 

En ese momento Convoca.pe reveló que Barata confirmó lo dicho por Marcelo Odebrecht que el dinero para los pagos encubiertos salió de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora y que fue el mismo Barata quien entregó los aportes a los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere. El informe de este medio en 2018 desde Sao Paulo informaba: 

“En 2011, aún en plena campaña electoral, Barata señaló que Yoshiyama le pidió un nuevo aporte de 500 mil dólares al partido de Keiko Fujimori debido a que existía el temor de que su principal contrincante en esos días, Ollanta Humala, ganara las elecciones.  Humala empezaba a subir en las preferencias electorales desde marzo de ese año. A diferencia de los primeros 500 mil dólares que fueron entregados en bloque, este aumento se entregó en partes no solo a Yoshiyama sino también al exministro Bedoya Cámere, según la versión de Jorge Barata. En total, Odebrecht dio 1 millón de dólares en efectivo a Fuerza 2011. Como se recuerda, Yoshiyama, sus familiares y socios de sus compañías figuran como aportantes de 1 millón 2 mil soles para las campañas electorales de la agrupación fujimorista en 2011 y 2016.”
 

Keiko Fujimori en plena campaña junto a Jaime Yoshiyama y otro exministro de su padre, Augusto Bedoya. Foto: La República

El flamante candidato vicepresidencial del 2011 no era un personaje ajeno al entorno fujimorista. Durante el régimen de Alberto Fujimori fue un protagonista muy cercano al gobierno. Entre el 8 de enero y el 9 de septiembre de 1991, fue ministro de Transportes y Comunicaciones del gabinete presidido por Juan Carlos Hurtado Miller. En 1992, fue ministro de Energía y Minas desde el 19 de febrero. Tras el autogolpe del 5 de abril fue ratificado por Fujimori en dicho cargo permaneciendo al frente de esa cartera hasta el 11 de septiembre de aquel año, momento en el cual presentó su renuncia para ser candidato al Congreso Constituyente Democrático (CCD), donde llegó a ocupar el cargo de presidente de la Mesa Directiva de este organismo legislativo que se encargó de elaborar la Constitución que continúa en vigencia.

Durante ese período, Yoshiyama que fue fundador junto a Alberto Fujimori del movimiento Nueva Mayoría, ejerció durante las ausencias del entonces mandatario, las funciones de la presidencia de la República en virtud de una norma que el mismo CCD emitió para que -ante la ausencia de los vicepresidentes que no reconocieron a Fujimori tras el autogolpe- sea el presidente del Congreso Constituyente el que asuma las funciones presidenciales.

En 1995, Yoshiyama perdió las elecciones municipales como candidato del fujimorismo a la Alcaldía de Lima frente al candidato Alberto Andrade. Sin embargo su relación con el gobierno de Alberto no culminó pues el 15 de noviembre de dicho año fue nombrado titular del Ministerio de la Presidencia, uno de los ministerios más importantes del régimen, cargo que ocupó hasta el 13 de septiembre de 1997.

Como se puede apreciar, Jaime Yoshiyama no estuvo lejos del fujimorismo en la década de los 90 y en la segunda década del siglo XXI reapareció al lado de la hija de Alberto para ocupar uno de los principales cargos del partido liderado por Keiko.

José Chlimper, el nuevo secretario general 

Para la campaña presidencial del 2016, Fuerza 2011 daría un giro en cuanto al nombre. Igual que el fujimorismo noventero, dejó de lado el año de una elección (Cambio 90) para darle paso a una nueva identidad: Fuerza Popular. El símbolo seguía siendo la “K” de color naranja que sería la marca registrada del fujimorismo de los últimos años. 

Pero el cambio no vino solo en nombre, también en personas. Jaime Yoshiyama había dejado la vida partidaria para que sea Joaquín Ramírez el sucesor de la secretaría general. Ramírez era congresista de Fuerza 2011 y a la vez desempeñaba el cargo partidario en el partido ahora llamado Fuerza Popular. El 20 de mayo de 2016 y aún siendo legislador dejó el cargo tras las primeras acusaciones de lavado de activos que pesaban en su contra. El puesto en la agrupación naranja fue asumido por otro viejo conocido del fujimorismo: José Chlimper Ackerman. 

Chlimper fue miembro de Cambio 90, el partido con el que Alberto Fujimori ganó la presidencia. En 1995 fue electo regidor de la Municipalidad de Lima en las elecciones que Jaime Yoshiyama no logró ganar. 

Su relación cercana con el fujimorismo fue evidente cuando el 29 de julio de 2000, tras la marcha de los Cuatro Suyos y las protestas contra la ilegal reelección de Alberto Fujimori, Chlimper juró como ministro de Agricultura de dicho régimen que terminó cayendo el 25 de noviembre de 2000 tras la aparición del primer vladivideo y la fuga a Japón de Alberto Fujimori. 

Tras la caída de Fujimori, Chlimper se mantuvo en el sector privado y en el año 2006 fue elegido miembro del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) hasta el año 2010. En 2016 asumió el cargo de secretario general de Fuerza Popular y fue anunciado por Keiko Fujimori como candidato a la primera vicepresidencia en la plancha que compartía con el exgobernador regional de Junín, Vladimiro Huaroc. 

De acuerdo a la tesis fiscal, José Chlimper Ackerman fue uno de los participantes en la reunión donde Keiko Fujimori recibió de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) 450 mil dólares en efectivo, dinero que luego fue “pitufeado” por falsos aportantes. 

La teoría de la fiscalía especial señala que la estructura partidaria era usada para concretar sus fines. Así, tras la entrega de dinero, la bancada de Fuerza Popular promovió la elección de José Chlimper como miembro del directorio del Banco Central de Reserva, cargo en el que se mantuvo hasta el año 2010. 

Según los testimonios recogidos por la fiscalía, en 2011 Chlimper también entregó una maleta con US $210 mil en efectivo al gerente del grupo RPP, Hugo Delgado Nachtigal y en junio de ese año otra maleta con US $266 mil al gerente del grupo CRP Medios y Entretenimiento, Manuel Zavala Chocano. El dinero en efectivo no tenía origen conocido y fue usado para pagar pautas publicitarias. 

Luego de ello, como ya hemos mencionado, fue nombrado secretario general y candidato a la vicepresidencia para las elecciones del 2016. 

En su calidad de secretario general, Chlimper fue vocero de Fuerza Popular durante las acciones de allanamiento a los locales partidarios por parte de la fiscalía. Su posición siempre fue la de cuestionar estos procesos.

La intervención política

José Domingo Pérez explica a Convoca.pe las razones por las que estamos frente a una “organización criminal” enquistada en el partido político. 

“Lo que postulamos es que (la organización) tiene la finalidad de recabar dinero para su campaña política. Lo que decimos (es) que estamos ante una organización criminal porque tiene manifestaciones que van a obstruir las investigaciones y como consecuencia de la obstrucción de las investigaciones, vamos a caer en la cuenta que van a tener injerencia en distintos entes del Estado: el  Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso de la República y dentro del congreso a través de su estructura partidaria o parlamentaria vamos a caer en la cuenta de que se comenzaron a gestar proyectos para modificar las normas penales procesales de lavado, crimen organizado y (contra) las investigaciones”, señala.

Sobre el pedido de disolución del partido Fuerza Popular, para José Domingo Pérez es claro que los acusados “han utilizado las cuentas del partido, la parte administrativa (...) han usado la estructura partidaria para la comisión de los distintos ilícitos que la fiscalía ha planteado”, asegura.

Fiscal José Domingo Pérez: "Si sacamos a la estructura partidaria no hubieran podido realizar la actividad". Foto: Convoca.pe

“Si no hubiera habido la estructura partidaria no hubieran recibido dinero. Entonces sí se utiliza el partido (para) el pitufeo o el fraccionamiento de los dineros y con las cuentas del partido es que se comienza a pagar los distintos gastos de campaña. Incluso cuando tienen que presentar información falsa se hacen en representación del Partido es decir, no es que los distintos acusados lo hayan hecho a nombre propio, lo han hecho porque tenían una estructura partidaria (...) si sacamos a la estructura partidaria ellos no pudieran haber realizado la actividad”, finaliza.

El fiscal Pérez Gómez deberá escuchar esta semana los alegatos de la defensa de los acusados para luego pasar a la sustentación de la prueba que es un proceso donde se incluye una larga lista de testigos entre los que destacan los excongresistas Rolando Reátegui, Daniel Salaverry y Patricia Donayre, el sobrino del fallecido empresario José Rassmuss sindicado como uno de los aportantes del partido, además de Antonio Camayo, gerente de Iza Motors y protagonista del famoso audio de “la señora K”.