El exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, enfrenta la posibilidad de cumplir una pena de prisión efectiva tras la revocatoria de su condición de colaborador eficaz. En diálogo con Convoca.pe el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, considera que al no colaborar con la justicia peruana, el futuro cercano del exdirectivo de la empresa brasileña es el del cumplimiento de una pena carcelaria que fluctúa entre los 6 y 30 años de prisión al reconocer su participación en el pago de sobornos para lograr la buena pro de las obras de construcción de la carretera Interoceánica y la Línea 1 del Metro de Lima. 

En junio de 2019, Convoca.pe reveló como parte de la investigación transfronteriza “División de Sobornos” en alianza con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), los códigos y destinatarios de los pagos ilícitos de la ‘Caja 2’ de la empresa brasileña Odebrecht relacionados a la construcción del Gasoducto Sur Peruano, obra millonaria que fue concesionada en julio de 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016). 

Luego de esta revelación, los interrogatorios de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato a los directivos de la empresa Odebrecht se dirigieron a reconocer la autoría y comisión de estos pagos ilícitos. La investigación periodística había abierto una nueva arista en el proceso: un megaproyecto con pagos ocultos y pagos por otras 11 obras que no habían sido reconocidos en los acuerdos previos de colaboración eficaz y cuyos pagos irregulares fueron reconocidos por los empresarios
 

Cuatro años después de estas revelaciones Jorge Barata enfrenta un nuevo escenario. El 3 de julio el Poder Judicial revocó el acuerdo de colaboración eficaz con el exdirectivo de Odebrecht, tras el pedido que hiciera -en octubre de 2023- el fiscal José Domingo Pérez luego que Barata no se presentara en reiteradas ocasiones a declarar en el proceso contra el expresidente Ollanta Humala por el caso Gasoducto. La defensa de Barata, representada por el abogado César Nakazaki, apeló esta decisión. 

Para el fiscal Pérez, esta situación abre un panorama en el que Jorge Barata enfrenta la posibilidad de una pena de prisión efectiva. “Si es firme la decisión de la revocatoria (de los beneficios de la colaboración eficaz) no va a haber un juicio contra Barata, quien aceptó ser culpable de los delitos de colusión en los casos del Metro (de Lima) y la Interoceánica, no se va a demostrar si es culpable o inocente, lo que se va a ver en el juicio oral es el tema de la pena que le corresponde”, aseguró Pérez en diálogo con Convoca.pe.

Fiscal equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez
Fiscal José Domingo Pérez: "Lo que corresponde ver en el juicio oral es la pena que se impondrá al señor Barata". Foto: Convoca.pe
 

"Al haber aceptado su responsabilidad en estos casos y con el retiro de los beneficios de la colaboración eficaz, procede llevar la causa hacia la definición de la cantidad de años de prisión que le corresponde cumplir a Barata", precisó.

La pena por el delito de colusión va a ser de seis a 15 años, si es por concurso real va a ser de 6 a 30 años (por la participación aceptada en los dos casos: Interoceánica y Metro de Lima) ese margen de la pena se va a definir en un juicio que podría demandar hasta menos de seis meses, porque lo que va a demorar es el emplazamiento a Brasil”, aseguró Pérez.

Barata confesó en el año 2017 que entregó los 3 millones de dólares a la campaña de Ollanta Humala, por orden de Marcelo Odebrecht y que el dinero provenía de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña.  En el año 2018 ratificó esa información y tras las revelaciones de Convoca, Barata reiteró los montos y codinomes (nombres clave) de quienes recibieron los pagos. Sobre el caso Metro de Lima, Barata declaró que los sobornos se abonaban conforme los funcionarios del gobierno aprista (2006-2011) “tuvieran éxitos” en gestiones para obtener la concesión. En este caso los pagos ocultos ascienden hasta 500 mil dólares. 

El factor Nakazaki

En septiembre de 2023, Jorge Barata afrontó una disyuntiva que -meses más tarde- definiría su situación judicial en Perú: obedecer a la justicia de Brasil y no declarar en el juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, o responder a la justicia peruana presentándose en el proceso. (Ver “La encrucijada de Jorge Barata: Obedecer a la justicia peruana o la brasileña”)

En ese momento Convoca.pe explicaba cómo en agosto de 2023, el Supremo Tribunal Federal de Brasil prohibía a Barata y otros testigos de Odebrecht declarar en el caso de aportes de campaña al expresidente Ollanta Humala. El pedido había sido realizado por la defensa de Humala Tasso para que los directivos de la empresa no rindan testimonio sobre los aportes ilegales registrados en los sistemas MyWebDay y Drousys y que ya habían sido declaradas como “pruebas inválidas” por la justicia de ese país. 

El reportaje era concreto al respecto: “Es decir, si Barata habla en Perú, incumplirá lo dictado por la justicia brasileña. Y, por el contrario, si acata la orden de su país, quebrará el acuerdo de colaboración eficaz firmado en Lima y se evaluará de inmediato su revocatoria.”

Y la decisión no tardó en llegar. Jorge Barata no se presentó en la última audiencia del caso Gasoducto al cual fue notificado. Esto generó que la fiscalía del caso Lava Jato solicitara al Poder Judicial que se revoquen el estatus de colaborador eficaz que tenía el exdirectivo ante su constante negativa de no presentarse a declarar en este proceso judicial. (Ver: Ministerio Público pide al Poder Judicial la revocatoria del beneficio de exención de pena de Jorge Barata

Al respecto el fiscal José Domingo Pérez se pregunta “¿quién recomendó al señor Barata que no declare a la justicia peruana?” y plantea también una hipótesis “desde que el señor César Nakazaki llega a ser abogado de Jorge Barata, éste dejó de cumplir con la justicia peruana”.

En efecto, si se revisa la línea temporal de los hechos se debe regresar hasta el 23 de enero de 2023, cuando en plena audiencia la exprimera dama, Nadine Heredia confirmó que el abogado, César Nakazaki ya no forma parte de su equipo de defensa. 

Nakasaki estuvo a cargo de la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia en septiembre de 2017, cuando ambos fueron puestos en prisión preventiva durante el inicio de las indagaciones por los pagos ilegales que realizó Odebrecht en las campañas presidenciales de Humala Tasso. En noviembre de 2018 el exmandatario anunció que Nakasaki no sería su abogado, cuando éste asumió nuevamente la defensa de un antiguo cliente: Alberto Fujimori. 

Fujimori reconoce defensa de Nakazaki

 

Esta situación volvió a variar en mayo de 2019, cuando César Nakazaki retomó la defensa de los Humala Heredia. La noticia se conoció cuando el fiscal Germán Juárez presentó la acusación contra la expareja presidencial por el caso de los aportes ilegales en las campañas electorales de 2006 y 2011.  

Como hemos señalado, Nakazaki siguió defendiendo a Ollanta Humala y Nadine Heredia hasta enero de 2023. 

Video: Justicia TV

El siguiente cliente de César Nakazaki en el caso LavaJato estaría en otro terreno, ya no en el de los políticos procesados, sino en el del principal testigo y protagonista del caso en el Perú: Jorge Barata

Precisamente es Nakazaki quien firma un documento presentado el 3 de octubre de 2023  al Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada donde Jorge Barata señala, entre otros puntos, lo siguiente: 

“La conclusión que me han dado mis abogados, es que la obligación de testificar asumida en el acuerdo celebrado con el Ministerio Público del Perú, la debo cumplir observando el procedimiento de cooperación penal internacional y por remisión, el Derecho Procesal Penal de Brasil”.
 

 

Nakazaki BarataNakazaki Barata sello 2

El documento con el membrete del estudio Nakazaki lleva la firma del abogado que respalda la decisión de Jorge Barata.

Sobre la base de este documento, el fiscal Germán Juárez, integrante del equipo especial Lava Jato, solicitó al Tercer Juzgado Penal Nacional que se presente una demanda contra Nakazaki ante la comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima, al considerar que existía un conflicto de intereses.

"Para mí, es una falta ética del abogado César Nakazaki y por eso pedí que se remitiera copias al Colegio de Abogados, toda vez que fue abogado principal de una de las principales acusadas que es la señora Nadine Heredia", anunció Juárez en declaraciones a la prensa tras el pedido que realizó el 10 de octubre del 2023 ante el Tercer Juzgado Colegiado Penal Nacional que ve la causa contra Ollanta Humala y Nadine Heredia..

El colegiado rechazó la petición, señalando que si bien llamaba la atención la situación,  no ameritaba una denuncia o investigación.  Semanas después el fiscal Pérez presentaría el pedido de revocatoria de beneficios por colaboración eficaz contra Barata. 

En el diálogo con Convoca.pe, el fiscal Pérez se refiere a esta situación y la influencia del abogado Nakazaki: "Hubiéramos preferido un ‘mundo ideal’ donde el señor Jorge Barata esté aquí, pero la intervención del señor Nakazaki genera una distorsión de la conducta que tenía el señor Barata de cara a los procesos. ¿Las consecuencias? Perdió los beneficios".

Este medio se comunicó con Nakasaki, quien anunció hace unos días la presentación de un recurso para revocar la decisión del Poder Judicial que le retira los beneficios al exsuperintendente de Odebrecht en el Perú.  El abogado se excusó vía mensaje de WhatsApp: “la próxima semana recién trataré el tema en prensa (una vez) estudiado el nuevo escenario del caso”. 

A esto se suma la posibilidad de que Jorge Barata declare como testigo en el caso Cocteles. Al respecto, Nakasaki ha manifestado que su defendido podría declarar “solo si se anula la decisión del Poder Judicial”.  

¿Cuál es el futuro del exdirectivo de la constructora brasileña? El fiscal Pérez explicó que luego de que el Poder Judicial resuelva la apelación a la revocatoria de los beneficios de colaboración eficaz y tenga una decisión firme, “se va a incluir al señor Jorge Barata en las investigaciones en las cuales la Fiscalía tenga elementos de responsabilidad”.