La máxima instancia judicial de Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF), ha prohibido cautelarmente que los exejecutivos de Odebrecht declaren en el juicio seguido a Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia, por lavado de activos, sobre pruebas invalidadas por las autoridades de justicia de ese país. Estas pruebas son las vinculadas a los servidores encriptados MyWebDay y Drousys, que contienen la contabilidad paralela y las comunicaciones internas de la empresa.

El ex director ejecutivo de la constructora, Marcelo Odebrecht, y su antiguo representante en Perú, Jorge Barata, tienen programadas sus tomas de declaración los próximos 4 y 5 de septiembre. Deberán ratificar la acusación del Ministerio Público, que pide 20 años de prisión para el expresidente y 26 para la ex primera dama, por recibir US$ 3 millones en efectivo durante la campaña electoral de 2011. Otros cinco exejecutivos relacionados a la constructora también están en la nómina de testigos.

Las diligencias ya habían sido aprobadas por el Superior Tribunal de Justicia de Brasil. Sin embargo, ayer el magistrado José Antonio Dias Toffoli, del STF, acogió una medida cautelar de la defensa de Humala. El argumento de los abogados fue que la decisión de la sede inferior permitiría que el sistema peruano pregunte a los testigos, a través de videoconferencia, sobre la planilla contable "POSICAO – ITALIANO310712MO.xls". Esta contiene el detalle de los desembolsos del financiamiento ilícito, pero se encuentra entre los servidores invalidados.

"Autorizar la realización del acto cooperacional equivaldrá a cooperar con la continuidad de un proceso penal basado en prueba ilícita, indiscutiblemente inidónea, conforme ya ha reconocido este Supremo Tribunal Federal", señaló la defensa del expresidente en su reclamo, según la resolución judicial a la Convoca.pe tuvo acceso.

El juez José Antonio Dias Toffoli emitió su fallo cautelar ayer, 16 de agosto.

El magistrado Dias Toffoli agregó que los elementos de convicción recogidos de MyWebDay y Drousys, entregados por Odebrecht como parte de su acordo de leniencia (acuerdo de colaboración) y que forman parte de la acusación peruana, "resultan nulos, prohibiéndose, en consecuencia, la práctica de los actos instructorios de estos derivados". Es decir, las declaraciones de los testigos sobre ellas.

"Lo que en la práctica va a pasar es que los brasileños tendrían una prohibición de hacer referencias a algunas pruebas que la justicia brasileña ha declarado nulas e ilegales", comentó Wilfredo Pedraza, abogado de Humala y Heredia, a Convoca.pe.

"Ha quedado establecido que estos [los servidores] fueron transportados irregularmente por los fiscales en Brasil, que no hubo una adecuada cadena de custodia, y ninguna garantía para que los documentos que se exhiben como originarios de esa fuente puedan ser validados", opinó.

El juez Dias Toffoli no solo concedió la medida cautelar, sino que también declaró la "impresentabilidad" de las pruebas obtenidas de los sistemas Drousys y MyWebDay, que constan en el acuerdo de colaboración de Odebrecht. También comunicó su decisión al Ministerio de Justicia de Brasil, para que este notificara al gobierno peruano el fallo.

Con este misma estrategia en las últimas semanas han salido bien librados de sus acusaciones otros políticos implicados en el caso Lava Jato, así como operadores de la constructora. Hace pocos días ocurrió con el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, cuyo caso también se vio favorecido con la anulación de las pruebas de los servidores. A comienzos de agosto ocurrió lo mismo con los expedientes de Sérgio Cabral, exgobernador de Río de Janeiro, y Gilberto Kassab, actual secretario de gobierno de Sao Paulo. Y en junio, con el antiguo abogado de la constructora Rodrigo Tacla Duran. Todos estos fallos los emitió el mismo Dias Toffoli.

El magistrado supremo José Antonio Dias Toffoli ha anulado las mismas pruebas de los servidores para otros casos. Foto: Geraldo Magela/Agencia Senado.

¿Qué pasará con las diligencias programadas? "Lo natural es que no se lleven a cabo esas testimoniales en lo inmediato, que son en septiembre, y se precisen los alcances de esa decisión", interpretó Pedraza. "¿Y cuál es el efecto aquí? Que esas personas no podrían declarar sobre temas que son ilegales allá. Y si van a declarar luego, habrá que precisar los aspectos. Habrá que ver. No quiero adelantarme sobre ese punto, porque de la traducción que hemos hecho y la forma en que está redactada, no fluye de la literacidad la suspensión de las declaraciones", agregó.

Como se recuerda, el caso de lavado de activos contra Ollanta Humala ha tenido varios altibajos en el último año. Las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Luiz Antonio Mameri, Fernando Migliaccio Silva, Joao Cerqueira de Santana Filho y Monica Regina Cunha Moura estaban agendadas para empezar en la segunda semana de noviembre de 2022. A cinco días de que se llevaran a cabo, el 2 de noviembre, la constructora internacional consiguió que el Poder Judicial brasileño suspendiera la cooperación internacional, alegando un supuesto quebrantamiento del acuerdo de colaboración eficaz por parte de los fiscales peruanos.

El incidente se solucionó en los días siguientes, pero obligó a la jueza peruana Nayko Coronado, del Tercer Juzgado Colegiado Penal Nacional, a establecer nuevas fechas. Así, los testigos declararían a partir del 16 de enero de 2023. Sin embargo, faltando una semana, la justicia brasileña volvió a suspender la cooperación, esta vez por pedido de los abogados de Humala. En esa ocasión argumentaron que no se había seguido el trámite correcto para la notificación de los testigos.

Estas frecuentes prórrogas hasta hoy han beneficiado a la defensa de Humala, pues esta vez la reciente anulación de las pruebas podría afectar de manera definitiva una parte medular de los interrogatorios: la confirmación de los desembolsos ilícitos. Lo cierto es que si Odebrecht no hubiera interrumpido la cooperación el año pasado, esta trama de pagos ilícitos ya habría sido aclarada.