La Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato estima que el monto del perjuicio al Estado por la ejecución de la vía Costa Verde – Callao supera los 42 millones de soles, cifra preliminar que corresponde a los pagos adelantados y ampliaciones de plazos a la contratista y la supervisora. (Ver: 'En periodo de presuntos pagos de Odebrecht la región Callao aprobó adendas por S/ 146 millones')

La procuradora adjunta Silvana Carrión indicó a Convoca.pe que volverán a solicitar al Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria constituirse como actor civil en el caso de la ejecución de la referida obra, en la que están involucrados funcionarios de la gestión de Félix Moreno en el gobierno regional del Callao.

Procuradora adjunta Silvana Carrión. Foto: Gestión

Añadió que anteriormente el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena declaró inadmisible su solicitud debido a que existe una demanda de la Procuraduría de la Contraloría, en instancia civil, por uno de los hechos del mismo caso y, por lo tanto, no podría ventilarse en otra vía jurisdiccional, razón por la cual la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato excluirá ese punto observado en la solicitud que presentarán esta semana.

Además, la procuradora Carrión manifestó que la Procuraduría ad hoc pedirá que se incluya como terceros civiles responsables a la Constructora Norberto Odebrecht SA. Sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, que formaron parte del Consorcio Vía Costa Verde Callao. Y también a las empresas Acruta & Tapia Ingenieros SAC, GOC S.A. y Motlima Consultores S.A., que formaron el Consorcio Supervisor AGM.

Los funcionarios investigados son el gerente general del gobierno regional chalaco y secretario de actas de Chim Pum Callao, Marco Antonio Palomino Peña; la fundadora de Chim Pum Callao y exconsejera regional, Nancy Margarita Villela Alvarado; el gerente de Transportes, Jorge Villarreal Ruiz; el jefe de la oficina de Construcción y Viabilidad, Helbertb Alfredo Barrera Bardales, y el asesor técnico Dante Reynaldo Rodríguez Mogrovejo, así como otros nueve funcionarios de la gestión de Félix Moreno, quienes están sindicados por los delitos de negociación incompatible y colusión agravada.

(Ver: 'Las planillas de Odebrecht que implican al gobernador regional Félix Moreno')