Caso que implica a empresario pesquero en pago de coima a jueza podría ser archivado en el Callao

El nombre de Óscar Peña Aparicio volvió a las páginas judiciales de la prensa en los primeros días de noviembre, tras la decisión del juez supremo Hugo Núñez de dictar 18 meses de prisión preventiva contra el empresario pesquero, quien es investigado por el fiscal supremo Jesús Fernández, del Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. En la medida judicial, se dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra los exjueces Daniel Peirano y Fernando Salinas Valverde.

Ante este equipo fiscal, un colaborador eficaz señaló que Peña Aparicio, conocido como el 'Rey de la pesca negra', habría entregado al chofer del exmagistrado Walter Ríos, un total de 30 mil dólares destinados al exjuez supernumerario Fernando Salinas para obtener una extensión de una medida cautelar a favor de LSA Enterprise —  empresa de Peña—, ahora llamada Riberas del Mar S.A.C. Esta medida permitía a su embarcación ‘Doña Licha II’ que continuara con sus actividades de pesca a pesar de no contar con la autorización del Ministerio de la Producción.

Prófugo empresario pesquero Óscar Peña Aparicio, salió del país en 2018. Foto: Gestión

No obstante, el caso de la medida cautelar expedida por Salinas tiene su génesis en una disposición judicial que originalmente fue emitida por la entonces jueza provisional del Segundo Juzgado Civil del Callao, Noemí Nieto Nacarino, quien el 3 de octubre de 2011 había emitido una medida cautelar a favor de la embarcación 'Doña Licha II', de propiedad de la empresa de Óscar Peña, que le permitió pescar sin permiso ministerial. 

En abril de 2015, Nieto Nacarino volvió a emitir un fallo a favor de Peña, luego de que fuera designada como magistrada provisional del Tercer Juzgado Civil del Callao, cuando la Corte de Justicia del Callao era presidida por César Hinostroza, ahora prófugo en España. Días después del nombramiento de Nieto, la compaía de Peña Aparicio presentó ante la corte judicial del Callao un pedido de aclaración de una medida cautelar, que cuatro años atrás la propia Nieto Nacarino había resuelto en favor de LSA Enterprise. Fue así que, el 13 de abril de 2015, Noemí Nieto Nacarino concedió la aclaración y señaló que la disposición se mantendría firme hasta que el Tribunal Constitucional emitiera una decisión final. De esa manera, 'Doña Licha II' continuó realizando operaciones pesqueras.

La jueza suspendida Nieto Nacarino fue condenada a tres años de prisión suspendida por el delito de prevaricato por emitir resoluciones de forma irregular. Foto: Poder Judicial

Esta medida cautelar del 2015 forma parte de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción del Callao, en la que aparecen sindicados el empresario Óscar Peña, el exapoderado legal de su empresa, Miguel Honores Pérez, y el ex asistente fiscal Freddy Infanzón Laurente por el presunto pago de soborno para lograr que Noemí Nieto Nacarino resolviera un fallo que extiendiera las medidas cautelares a favor de las embarcaciones de LSA Enterprise. A pesar de las evidencias, este caso se encuentra cerca de ser archivado de forma definitiva en la Corte de Justicia del Callao, en medio de discrepancias entre fiscales y jueces de esta región.

En la última resolución judicial de la jueza Nieto Nacarino, del 2015, surgió un personaje conocido en el Ministerio Público del Primer Puerto. Se trata del abogado Fredy Infanzón Laurente, quien fue el representante legal de la empresa de Óscar Peña que presentó la solicitud de aclaración de la resolución de forma directa al juzgado de Nieto, cuando el pronunciamiento debió ser realizado por una sala civil.

Entre los antecedentes laborales de Infanzón Laurente figura que entre los años 2011 y 2015 trabajó como asistente del fiscal Wils Gonzales Morales, quien tuvo a su cargo la Segunda Fiscalía Provincial Anticorrupción del Callao. Este magistrado firmó el archivamiento de la investigación contra Óscar Peña Aparicio y el ex gobernador regional del Callao, Félix Moreno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y negociación incompatible por el caso Fundo Oquendo.

Gonzales Morales sostuvo que encargó la elaboración del pronunciamiento a su entonces asistente Fredy Infanzón, quien redactó un proyecto de archivamiento de la investigación contra Peña y Moreno, pues este se ofreció a elaborar el documento debido a las “recargadas labores” que tenía el fiscal. Wils Gonzales lo firmó y aprobó la propuesta de su entonces asistente, el 13 de mayo del 2014.

Según el juez de investigación preparatoria, existen indicios de que Fredy Infanzón habría cometido el delito de cohecho. El fiscal Alarcón pidió el archivamento del caso.

Diez meses después, en febrero del 2015, Infanzón Laurente renunció al cargo de asistente del fiscal Gonzales y, en marzo, apenas un mes después de renunciar al Ministerio Público se presentó como representante legal de LSA Enterprise, con el fin de solicitar una aclaración sobre la medida cautelar que la jueza Nieto Nacarino había resuelto a favor de la empresa de Óscar Peña en 2011.

Ante estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción del Callao inició pesquisas para determinar si el empresario Óscar Peña y el ex asistente fiscal Fredy Infanzón habrían tenido acercamientos y coordinaciones para archivar la investigación por el caso Fundo Oquendo, así como la presentación de la medida cautelar ante el juzgado de Nieto Nacarino para que la embarcación 'Doña Licha II' siguiera pescando sin licencia del Ministerio de la Producción.

Casi cuatro años después de investigación sobre las medidas cautelares en la sede fiscal del Callao, caso está al borde del archivo. Foto: Convoca.pe

Este caso llegó a manos del fiscal Francisco Alarcón Solis, quien después de 17 meses de investigación, en julio de 2018, solicitó el archivamiento de la investigación ante el juez Sergio Núñez Palacios, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao.

En sus argumentos, el fiscal Alarcón afirmó que en sus indagaciones no logró recabar elementos que permitieran sostener la relación "causa y efecto" entre la redacción del archivamiento para el caso Fundo Oquendo, que realizó Fredy Infanzón, y la posterior relación laboral con la empresa de Óscar Peña Aparicio, beneficiado con el cierre del caso, lo que configuraría el delito de cohecho activo.

Además, en el caso de la actuación de Infanzón en la presentación de la solicitud de aclaración ante el juzgado de Nieto Nacarino, el fiscal Alarcón indicó que no logró demostrar que en la decisión de la magistrada “haya influido, de por medio, la entrega o promesa de beneficio económico” del abogado de LSA Enterprise, Fredy Infanzón, para configurar el delito de cohecho activo.

El fiscal Alarcón afirmó que no encontró indicios para acusar a Peña, Infanzón y Honores por el delito de cohecho.

No obstante, el juez Sergio Núñez, el 31 de enero de 2019, rechazó el pedido para archivarlo y concluyó que su despacho judicial sí consideraba que existían elementos que configuraban el delito de cohecho activo, pues Óscar Peña habría ofrecido a Fredy Infanzón un beneficio económico-laboral, que superaba al estipendio mensual que obtenía como asistente fiscal, para lograr que redactara un proyecto de archivamiento de la investigación por el caso Fundo Oquendo. 

Asimismo, el juez de investigación preparatoria señaló en su resolución que el presunto delito de cohecho activo específico se configura "tanto que Fredy Infanzón prometió" a la jueza Noemí Nieto Nacarino, alguna ventaja con el objetivo de que la magistrada "infrinja el cumplimiento de su obligación de emitir resoluciones judiciales imparciales”. Añadió que encontró elementos que permiten determinar que Óscar Peña y el apoderado legal de LSA Enterprise, Miguel Honores Pérez, habrían actuado en calidad de instigadores del presunto delito.

La resolución del juez Núñez fue remitida a la fiscal superior Yanet Vizcarra Choque, titular de la Fiscalía Anticorrupción del Callao, quien en febrero de 2019 instruyó a la fiscal Cristina Poicón que formulara acusación contra Óscar Peña, Miguel Honores y Fredy Infanzón, por los presuntos delitos de cohecho en diferentes modalidades.

El juez Núñez Palacios rechazó el archivamiento del caso y la fiscal Yanet Vizcarra ordenó acusar a los tres implicados.

De acuerdo con la Sunat, desde el 18 de noviembre de 2018, Fredy Infanzón es el gerente general de LSA Enterprise S.A.C. (ahora Riberas del Mar S.A.C.). 

Aquel cargo gerencial en LSA Enterprise fue desempeñado por Óscar Peña Aparicio hasta el 5 de agosto de 2018, de manera formal, fecha en que salió del país con destino a Estados Unidos. El empresario se encuentra prófugo de la justicia, pues el Poder Judicial lo sentenció a cinco años de prisión por el caso Fundo Oquendo.

Fuentes judiciales refirieron a Convoca.pe que a inicios de este año, Fredy Infanzón presentó un recurso de improcedencia de acción ante la corte judicial del Callao, como gerente general de LSA Enterprise, bajo el argumento de que no tienen relevancia o justificación penal las imputaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción.

Este recurso legal fue admitido por la jueza Tatiana Barrientos Cárdenas, titular del 11º Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao, quien finalmente ordenó archivar la investigación. Fuentes del Ministerio Público confirmaron a este medio digital que se ha presentado una apelación contra la decisión de la magistrada Barrientos, la cual será analizada por una de las salas penales de apelaciones permanentes de la región chalaca.

La jueza Tatiana Barrientos archivó el caso. Pero, la Fiscalía Anticorrupción apeló la decisión que favorece a Peña y sus allegados. Foto: Difusión

Convoca.pe intentó comunicarse con el gerente general de Riberas del Mar S.A., Fredy Infanzón, para obtener su versión sobre estas investigaciones. Pese a los reiterados llamados a los teléfonos de su empresa, hasta el cierre de la publicación, no hubo respuesta.