El 24 de noviembre de 2020, Convoca.pe publicó un reportaje sobre una investigación de la Fiscalía Anticorrupción del Callao que indagaba al empresario pesquero Óscar Peña Aparicio por el presunto pago de soborno a la jueza Noemí Nieto Nacarino. Hoy, casi cinco años después, Peña solicita que se elimine este reportaje.

¿Qué revelaba el artículo periodístico y por qué Peña pide que se borre? Aquí te lo contamos.

En el reportaje, de autoría de Luis Enrique Pérez, informamos que las indagaciones fiscales señalaban que el presunto soborno habría tenido como finalidad que la jueza Nieto Nacarino emitiera una resolución para extender las medidas cautelares que permitían navegar a las embarcaciones pesqueras de LSA Enterprise, pese a no contar con la autorización del Ministerio de la Producción. Dicha compañía fue fundada por Peña.

Según las primeras pesquisas fiscales, la resolución de 2015 de la jueza Nieto Nacarino, fue originada por el documento presentado en marzo de ese año por el abogado Fredy Infanzón Laurente, quien en ese momento era representante legal de LSA Enterprise, la empresa de Peña Aparicio. Infanzón solicitaba una aclaración de la resolución judicial y había pasado a trabajar con Peña luego de desempeñarse como asistente del fiscal Wils Gonzales Morales, quien tenía a su cargo la Segunda Fiscalía Provincial Anticorrupción del Callao.

Infanzón trabajó en el Ministerio Público de 2011 a febrero de 2015. Y en forma inmediata pasó a ser parte de las filas empresariales de Peña Aparicio.

La vinculación entre Infanzón y Peña tuvo sus orígenes en un caso que llegó a manos de Wils Gonzales Morales, quien investigaba al empresario pesquero y al exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y negociación incompatible por el caso Fundo Oquendo.

Gonzales Morales encargó la elaboración del pronunciamiento sobre esta investigación a su entonces asistente Fredy Infanzón, quien redactó un proyecto de archivamiento del caso contra Peña y Moreno. Wils Gonzales lo firmó y aprobó la propuesta de su entonces asistente, el 13 de mayo de 2014, lo cual benefició al empresario.

En febrero de 2015, Infanzón renunció a la Fiscalía y en marzo de ese año, se presentó como representante legal de LSA Enterprise en la medida cautelar que la jueza Nieto Nacarino había resuelto a favor de la compañía de Óscar Peña en 2011.

Por ello, la Fiscalía Anticorrupción del Callao inició pesquisas para determinar si Óscar Peña y Fredy Infanzón habían tenido coordinaciones para archivar la investigación del caso Fundo Oquendo, así como la presentación de la aclaración de la medida cautelar ante el juzgado de Nieto Nacarino para que la embarcación 'Doña Licha II' siguiera pescando sin licencia del Ministerio de la Producción.

El caso llegó a manos del fiscal Francisco Alarcón Solís, quien después de 17 meses de investigación, en julio de 2018, solicitó el archivamiento de la investigación ante el juez Sergio Núñez Palacios. El argumento principal era que no logró recabar elementos que permitieran sostener la relación "causa y efecto" entre la redacción del archivamiento para el caso Fundo Oquendo y la posterior relación laboral de Freddy Infanzón con la empresa de Peña Aparicio, beneficiado con el cierre del caso.

Sobre la presentación del pedido de aclaración de Infanzón ante el juzgado de Nieto Nacarino, el fiscal Alarcón Solís indicó que no se logró demostrar que en la decisión de la magistrada "haya influido de por medio la entrega o promesa de algún beneficio económico" del abogado de LSA Enterprise, Fredy Infanzón.

Sin embargo, el juez Sergio Núñez, el 31 de enero de 2019, rechazó el pedido de archivamiento y concluyó que su despacho sí consideraba que existían elementos que configuraban el delito de cohecho activo, pues Peña habría ofrecido a Freddy Infanzón un beneficio económico-laboral, que superaba el estipendio mensual que obtenía como asistente fiscal, para lograr que redactara un proyecto de archivamiento de la investigación por el caso Fundo Oquendo.

El juez Núñez consideró en la resolución de 2019, que el presunto delito de cohecho activo específico se configura "tanto que Freddy Infanzón prometió" a la jueza Noemí Nieto alguna ventaja con el objetivo de que la magistrada "infrinja el cumplimiento de su obligación de emitir resoluciones judiciales imparciales". El magistrado añadió que encontró elementos que permitían determinar que Óscar Peña y el apoderado legal de LSA Enterprise, Miguel Honores Pérez, habrían actuado en calidad de instigadores del presunto delito.

La resolución del juez Núñez fue remitida a la fiscal superior Yanet Vizcarra Choque, titular de la Fiscalía Anticorrupción del Callao, quien en febrero de 2019 instruyó a la fiscal Cristina Poicón que formulara acusación contra Óscar Peña, Miguel Honores y Fredy Infanzón, por los presuntos delitos de cohecho en diferentes modalidades.

Hasta la publicación del informe periodístico, conocimos que a inicios de 2020, Infanzón presentó un recurso de improcedencia de la investigación ante la Corte del Callao señalando que los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción no tenían relevancia o justificación penal. 

Ese recurso fue admitido y la Fiscalía presentó una apelación. Esto fue lo que Convoca.pe publicó con la información obtenida hasta el 24 de noviembre de 2020.

Casi cinco años después, Óscar Peña, envió una carta notarial, en la que solicita que Convoca.pe "rectifique y elimine" el reportaje de noviembre de 2020 debido a que el 2 de agosto de 2025 la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación vía casación.

La resolución de la casación, elaborada por el juez supremo César San Martín, declaró fundada la "excepción de improcedencia de acción" en la investigación fiscal contra Peña Aparicio, Freddy Infanzón y Miguel Gustavo Honores Pérez, por el presunto delito de cohecho. 

Respecto a los señalamientos por cohecho activo específico contra los investigados por presuntamente ofrecer beneficios a la jueza Noemí Nieto Nacarino para obtener resoluciones favorables, la Sala Suprema indicó que ese caso fue sobreseído y archivado en un proceso seguido contra la magistrada.

Tras la revisión detallada de la carta notarial de Peña y la resolución de este año de la Corte Suprema, Convoca decide mantener la publicación del reportaje debido a que éste reveló hechos de interés público que estuvieron vigentes hasta el momento de su difusión.

Sin embargo, hemos incluído una nota de actualización sobre el caso en el reportaje original para que nuestros lectores también puedan informarse sobre la situación actual del proceso.

En la carta notarial, Peña invoca el artículo 132° del Código Penal que describe el delito de difamación. Sin embargo, el reportaje no incluye ninguna afirmación difamatoria, todo lo contrario, se basa en información concreta y documentada.

El ejercicio del derecho a la rectificación, según el artículo 2° de la Ley N°26847, deberá canalizarse mediante solicitud cursada por conducto notarial, la que deberá realizarse dentro de los quince días naturales posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar (Exp. N° 829-98-AA/TC). Este plazo terminó hace casi cinco años. Sin embargo, la rectificación tampoco corresponde debido a que la información publicada tiene sustento.

Como parte del trabajo periodístico profesional y responsable que realiza Convoca.pe, para el reportaje publicado en noviembre de 2020 buscamos la versión de la empresa de Óscar Peña, LSA Enterprise (que para ese entonces cambió su denominación a Riberas del Mar S.A.), pero sus representantes no atendieron a nuestras solicitudes de entrevista.

En su carta notarial, Peña Aparicio indica que el título "Rey de la Pesca Negra", es "una sátira para burla mediática”. Al respecto, debemos recordar que este apelativo surgió varios años atrás, debido a que el empresario saltó a la tribuna pública por tener la habilidad de operar varias embarcaciones sin permiso del Ministerio de Producción, que regula el sector pesquero. Lo hizo con medidas cautelares que obtenía en el Poder Judicial, un mecanismo que fue cuestionado por empresarios y autoridades del sector desde 2011, entre ellos el entonces ministro de la Producción, Jorge Villasante.

A continuación, publicamos la carta notarial enviada por Óscar Peña Aparicio.

Carta Notarial por reportaje que implica a empresario pesquero by Convoca