Vigila la Pandemia: Empresarios se beneficiaron con contratos millonarios de ventiladores en América Latina

Aunque la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 en América Latina ha sido un escenario de luto para las familias, ha beneficiado a empresarios y funcionarios públicos. A dos años y medio del inicio de la emergencia sanitaria, la alianza de periodismo de investigación Vigila la Pandemia sigue encontrando nuevos indicios de corrupción y malos manejos en compras estatales realizadas de forma apresurada, con presupuestos excepcionales, aprovechadas por especuladores y marcadas por irregularidades. La inoperancia de los burocrátas es también un factor común en la región.

Para la nueva serie periodística Contratos Investigados, que forma parte del mismo proyecto transfronterizo, reporteros de Mexicanos contra la Corrupción (México), GK y Periodismo de Investigación (Ecuador), Consejo de Redacción (Colombia), Runrunes y El Pitazo (Venezuela) y Convoca.pe (Perú) revelan entre sus últimos hallazgos el detalle de compras sobrevaluadas de equipos médicos, nuevos negocios con compañías ya investigadas, graves incumplimientos contractuales, nexos con actores políticos y una gran ineficiencia para administrar los recursos públicos destinados a atender a los enfermos del coronavirus.

En la primera serie de reportajes de esta alianza, "Vacunas y contratos secretos", periodistas de siete países reportaron la negativa de los gobiernos a dar acceso a la información sobre los contratos millonarios de las vacunadas adquiridas para enfrentar el coronavirus. En la segunda entrega, "Covid-19: Negocios bajo sospecha", se identificaron más de 1,300 casos de presunta corrupción en contrataciones por la pandemia en Perú, Ecuador y Colombia, y además el estado de las indagaciones en distintas instancias (contralorías, fiscalías, procuradurías) por la compra-venta presuntamente ilegal o irregular de mascarillas, pruebas de detección rápida, medicamentos y elementos de bioseguridad en dichos países y en una nación con alta opacidad como Venezuela. En esta tercera serie investigativa, profundizamos en nuestros hallazgos revisando los expedientes de las compras millonarias de ventiladores en Perú, México, Venezuela y Colombia, y la adquisición de otros equipos en Ecuador.

Perú: Negocios investigados por corrupción

La investigación de Convoca.pe ha revelado los pocos filtros que tiene el Ministerio de Salud (Minsa) peruano para escoger a sus proveedores de ventiladores mecánicos, implementos fundamentales para las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Hasta el momento, ha pagado por estos artefactos más de 29 millones de dólares a cuatro compañías cuyos representantes legales enfrentan investigaciones por presuntos delitos de corrupción durante la pandemia del Covid-19, precisamente por sus ventas de equipamiento médico a otras instituciones estatales.

Del monto pagado por el ministerio, más de 16 millones de dólares fueron contratados cuando tres de estas empresas ya tenían expedientes abiertos en la Fiscalía.

Funcionarios del Ministerio de Salud entregan los ventiladores que compraron para equipar los hospitales durante la la pandemia del Covid-19. Foto: Minsa

La compañía con mejor suerte fue Cardiopulmonary Care SAC, que vendió al Minsa 435 ventiladores por más de 19 millones de dólares en seis contrataciones directas. Su representante, Marco Montalvo Moreno, es investigado por su presunta participación en el delito de colusión junto al ex gobernador regional de Áncash, Juan Morillo, diez exfuncionarios, seis proveedores y otras personas. Las autoridades indagan si se benefició de una concertación para sobrevalorar en más de 1,9 millones de dólares la compra de monitores de funciones vitales y otros equipos médicos..

Otra compañía involucrada es Spectrum Ingenieros SAC que, a pesar de que la Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión para su representante Franklin Valle, en diciembre de 2021, el Ministerio de Salud firmó contratos con esta en marzo y abril de 2022, por un total de 3,2 millones de dólares. En tanto, Nova Medical SAC también tuvo a su representante Carmen Valdiviezo con una investigación, aunque la Fiscalía pidió que esta fuera archivada, en diciembre último. Tanto el representante de Spectrum Ingenieros como la de Nova Medical también fueron investigados por sus negocios en la región Áncash.

Más allá del Minsa, las adquisiciones de estos costosos implementos han presentado riesgos y problemas de manera generalizada. De acuerdo con datos de la Procuraduría Anticorrupción, desde el inicio de la pandemia, se han iniciado 35 investigaciones en 16 de las 25 regiones del Perú.

México: Riesgo mínimo, ganancia máxima

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revela, como parte de esta serie investigativa, el caso de la compañía Gestión de Riesgos de Desastres SA, creada apenas 15 meses antes de firmar un voluminoso contrato de 52,6 millones de dólares con la Secretaría de Defensa, para proveerle 1.330 ventiladores mecánicos. Su principal accionista fue el exsenador José María Tapia Franco, antiguo director del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Con acceso a los documentos de la importación, el reportaje demuestra que la precoz empresa hizo un negocio redondo. El monto fijado en el contrato público fue más del doble (35 mil dólares por ventilador) de lo que la compañía de Tapia pagó por los equipos a un fabricante chino e, incluso, recibió un adelanto del 50%, algo que redujo al mínimo su riesgo.

José Tapia Franco fue responsable de gestionar recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Renunció en 2016. Luego, ocupó la Secretaría de Acción Electoral del PRI y fue senador. CRÉDITO Senado de México.

A pesar de eso, la compañía incumplió los plazos de entrega y fue penalizada con más de 3 millones de dólares. Las auditorías efectuadas sobre el contrato, que fue adjudicado de manera directa sin concurso, llevaron a que las autoridades indagaran sobre las transferencias de la empresa. Los indicios encontrados motivaron que se iniciara una pesquisa por lavado de activos que sigue vigente.

Pero esta no fue la única empresa que aprovechó la emergencia para vender ventiladores chinos con sobreprecio. La compañía Multicorporación Brexot lo hizo con el Instituto de Seguridad y Seguro Sociales (ISSSET) por un precio unitario de 100 mil dólares, más de cinco veces su valor de aduanas. Los artefactos presentaron fallas y se ha atribuido la muerte de al menos un paciente a su mal funcionamiento. En diligencias de fiscalización, la compañía no fue encontrada en su domicilio fiscal y se ha descubierto que es parte de un grupo de empresas de fachada.

Colombia: La empresa que se hizo humo

Entre las numerosas contrataciones que hizo al inicio de la pandemia la gobernación del Valle del Cauca, en el oeste colombiano, la que más llamó la atención fue, de hecho, la más cara de ellas: 300 ventiladores mecánicos por 6,7 millones de dólares. Consejo de Redacción indagó sobre los pormenores de este negocio, que llegó a significar el 23% de la inversión del departamento. Los periodistas de esta organización descubrieron que la compañía que ganó el contrato, Turnkey Logistics Consultants, a pesar de que prometió una "entrega inmediata" apenas proveyó 49 de los equipos pactados.

Luego del incumplimiento, la compañía no solo no dio la cara sino que desapareció por completo, dejando sus archivos y pertenencias en la sala de coworking que alquilaba al norte de Bogotá. Hoy están incautados. Sus teléfonos, su página web, sus correos electrónicos, todos fueron dados de baja. La compañía no registraba ninguna experiencia previa en contrataciones públicas antes de hacer negocios con las autoridades del Valle del Cauca. 

Los pacientes críticos requerían atención especial en las unidades de cuidados intensivos con ventiladores que facilitaban la entrada del oxígeno al cuerpo. Crédito: Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.

En total, en toda Colombia, se adquirieron 5.411 ventiladores. Sin embargo, la opacidad ha sido una circunstancia constante durante la crisis sanitaria, período en el que se ha venido utilizando el dinero del Fondo de Mitigación de Emergencias para la compra de equipos médicos. Hasta la fecha, se han gastado 44 millones de millones de pesos colombianos. La última rendición de cuentas data de julio de 2022, pero no se explica el detalle de cómo y en qué se gastaron estos fondos.

Ecuador: Conexiones de alto vuelo

El empresario ecuatoriano Daniel Salcedo Bonilla trató de mantener un perfil bajo mientras una compañía relacionada con él, Silverti SA, firmaba un jugoso contrato de 594 mil dólares con el Hospital Los Ceibos, al norte de Guayaquil, para proveerle fundas de cadáveres con un sobreprecio de 300%. Cuando la Fiscalía lo empezó a investigar, su nombre salió a la luz pública, pues lo siguiente que se supo de él es que había tomado un vuelo en una avioneta, portando una identificación falsa, con rumbo a Perú, donde se accidentó.

Desde entonces, Salcedo no ha dejado de acumular nuevas investigaciones y levantar sospechas, como ha relatado GK y Periodismo de Investigación en su reportaje para esta entrega, luego de acceder a los expedientes judiciales que lo involucran. Una circunstancia que ha despertado el interés de la Fiscalía es la de sus conexiones políticas con la familia del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, específicamente con sus hijos. Estas relaciones han impulsado a que las autoridades inicien un caso por presunta delincuencia organizada, que incluye a Salcedo, a Abdalá Bucaram (hijo) y a Paúl Granda, expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que tenía a su cargo el Hospital Los Ceibos.

A Salcedo se le ha investigado por el caso de la venta sobrevalorada de fundas para cadáveres al Hospital Los Ceibos. Foto: Difusión.

Hoy, desde la prisión, Salcedo espera que se resuelvan los cinco casos judiciales que aún tiene pendiente con la justicia ecuatoriana. Los delitos que se le han imputado son peculado, lavado de activos, fraude procesal, delincuencia organizada e ingreso de objetos no autorizados a la cárcel. Además, la Fiscalía ha advertido que los ingresos a sus cuentas bancarias entre 2018 y 2020 exceden en un millón de dólares a los ingresos que ha reportado formalmente. Se le ha relacionado con un amplio esquema de presunto lavado, que incluye también a las compañías Foracril, Importadora y Exportadora Dapasma y Bioim, que le habrían pagado a sus empresas HDC Producciones y Salnoedan Productions más de 1,9 millones de dólares por servicios que nunca prestaron.

Venezuela: El sector privado se hace cargo

La reportería de Runrunes y de El Pitazo ha conseguido determinar que si bien la importación de ventiladores mecánicos para atender a enfermos de Covid-19 en UCI se incrementó en 25% durante la pandemia, en Venezuela, estos fueron adquiridos por clínicas privadas. El gobierno venezolano no entrega información sobre la disponibilidad de estos equipos en manos de los hospitales públicos.

Mientras que las necesidades de la población eran de, al menos, 2 mil de estos aparatos, la única data disponible indica que se han recibido, a crédito, en el primer año de pandemia, 80 artefactos de China y de Turquía y otros cinco donados por el Vaticano. Ambos medios han recopilado información de los últimos dos años, proveniente de las publicaciones de la empresa estatal VenSalud, que indica que el gobierno de Venezuela reportó la reparación de, al menos, 106 ventiladores mecánicos. La mayoría de estos se encuentran en los estados Aragua (23) y Mérida (18), y 26 de estos son de la marca china Aconmed VG70.

La falta de equipamiento y de camas UCI ha generado que el Covid-19 golpee de manera muy agresiva a Venezuela. El caso del estado Zulia es el más complejo, pues el Hospital Universitario de Maracaibo, el principal centro médico, solo tenía ocho de estas camas con equipos especializados.

(*) La iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela). ‘Vigila la pandemia’ es un esfuerzo colaborativo para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19.