Colombia: Empresa encargada de proveer ventiladores Covid-19 por 6 millones de dólares, incumplió el contrato y se borró del mapa

En la bodega de un coworking ubicado en el norte de Bogotá, se encuentran arrumados desde 2020 los elementos de la oficina de una empresa de transporte que se convirtió en importadora de equipos médicos durante la pandemia del Covid-19 y obtuvo uno de los contratos de compra de ventiladores más costosos de Colombia, pero nunca cumplió. Y no solo eso, desapareció.
 
Turnkey Logistics Consultants SAS, creada en 2016, obtuvo una contratación directa con la secretaría de Salud del Valle del Cauca en abril de 2020, gracias a los decretos de emergencia sanitaria que permitieron saltarse todo el esquema habitual de contratación pública. La empresa fue seleccionada para suministrar 300 respiradores pulmonares de las marcas Dräger (EVITA) o Eternity para el tratamiento de los pacientes afectados por el Covid-19 en el Valle del Cauca. 
 
El contrato fue por 29 mil millones 595 mil pesos, es decir 6 millones 724 mil dólares. Cada respirador tuvo un costo de 98 millones 650 mil 126 pesos, equivalente a 22 mil 414 dólares. 
 
El contrato con Turnkey Logistics Consultants fue el mayor de todos los firmados por la gobernación del Valle al inicio de la emergencia, según verificó Consejo de Redacción de fuentes oficiales públicas. Significó el 23% de la inversión hecha durante los tres primeros meses de la declaratoria. Entonces, no significó ninguna bandera roja aunque Transparencia por Colombia llamó la atención por el alto monto en uno de sus informes.

 Turnkey Logistics Consultants obtuvo el mayor contrato firmado por la gobernación del Valle al inicio de la emergencia, según verificó Consejo de Redacción de fuentes oficiales públicas. 

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, aseguró que cuando el departamento del Valle decidió iniciar el proceso de compra de ventiladores de manera individual, en marzo de 2020, el Ministerio de Salud no había ofertado aún la entrega de este tipo de equipos médicos. “Las estadísticas ya permitían calcular el déficit de ventiladores en el departamento y las proyecciones indicaban que la demanda de servicio de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) desbordaría la oferta. Era de público conocimiento la escasez en el mercado”, explicó ante la consulta de Consejo de Redacción.

Lesmes dijo que su equipo realizó un acercamiento a la red pública y privada de prestadores de servicios de salud de alta y mediana complejidad del departamento y con excepción de Fundación Valle del Lili, principal clínica privada de Cali, ninguno tenía la posibilidad de comprar los ventiladores o respiradores, pero sí podían abrir los servicios de cuidados intensivos si el ente territorial les dotaba de los equipos. Por eso, según la funcionaria, la Gobernación realizó el proceso de compra y selección a la compañía Turnkey Logistics Consultants SAS.

Sin embargo, la compañía no cumplió y dejó expuesto al departamento a no brindar  atención médica a los pacientes que requerían de un respirador para sobrevivir. 

Fotos tomadas de la página web de la empresa Dräger, en la que se oferta el Evita V300, el modelo que ofreció vender Turnkey Logistics Consultants SAS. a la gobernación del Valle.

De “entrega inmediata” a incumplimiento 

“Se aceptó la oferta de esta empresa porque fue el único proveedor que garantizó entrega inmediata. Esta empresa entregó documentos en que demostraba su trabajo con tres clínicas importantes del país en la venta de equipos médicos. Entregó constancia de la disponibilidad inmediata de los equipos en México y en Miami, y soportó el contrato de movilización de equipos a través de Avianca Cargo. Ningún otro proponente garantizaba la entrega inmediata. Su precio correspondía al promedio de las ofertas recibidas”, agregó la funcionaria.
 
Sin embargo, en el Sistema de Compra Pública de Colombia no figura ningún contrato de Turnkey Logistics Consultants con hospitales públicos o entidades oficiales antes del contrato con la gobernación del Valle. 

El contrato no se cumplió en el plazo inicial ni en la prórroga que luego le fue autorizada. La empresa solo entregó 49 ventiladores de los 300 contratados.
 
Para el 31 de mayo de 2020, en el Valle se habían confirmado 3.471 casos positivos de Covid-19 y 72 pacientes se encontraban en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); 163 personas habían fallecido. Dos meses después, 1.348 pacientes debieron ser atendidos en UCI y 963 personas habían muerto. 

El contrato entre la gobernación de Valle del Cauca y la compañía transportista inició en abril de 2020 y fue por contratación directa, debido a la emergencia por el Covid-19.

Turnkey Logistics Consultants SAS no sólo no cumplió con el contrato, desapareció. Además, los datos oficiales no muestran la solidez de la compañía o de su oferta, como sostuvo la secretaria de Estado. 

Esta empresa fue matriculada el 13 de octubre de 2016 en Bogotá con actividades de transporte, representaciones en importación y temas relacionados a vehículos, pero nada parecido a suministros clínicos. Su actividad cambió un mes después de recibir el contrato de la Gobernación, tras una solicitud de su representante legal, Juan Alberto Duque, quien en 2022 no renovó la matrícula de la empresa, por lo que ya no existe legalmente. 

Los responsables de la compañía tampoco regresaron al coworking y nunca pagaron las deudas de arriendo, administración ni servicios. Por esa razón, afrontan una demanda y sus pertenencias están guardadas en una bodega, a la espera de ser rematadas como parte de pago. A ese sitio, según comprobaron los reporteros, continúa llegando la correspondencia de Turnkey Logistics Consultants SAS. Consejo de Redacción intentó comunicarse con la empresa pero los teléfonos y correos electrónicos que aparecen registrados no funcionan. 

El representante mercantil de Turnkey no renovó su matrícula ante la Cámara de Comercio de Bogotá, por lo que la compañía ya no existe legalmente.

Negocios en pandemia

Según el informe de la consultora EMIS, Turnkey reportó un aumento en sus ingresos netos de 151,34% en 2020 y sus ganancias netas se dispararon más del 250%. Su activo total registró un crecimiento de 956%. Antes de la pandemia, la compañía había registrado importaciones de alcohol etílico, biomasa y fertilizantes provenientes de empresas centroamericanas. 
 
Ante el incumplimiento del contrato, la Secretaría tuvo que realizar un trámite ante el Gobierno nacional y, como la mayoría de los entes territoriales, acudió al Ministerio de Salud para que tramitaran la compra de los ventiladores necesaria para responder al creciente número de pacientes necesitados de cuidados intensivos. El contrato con Turnkey Logistics Consultants SAS se liquidó con la entrega parcial y en vista del incumplimiento se aplicaron las pólizas y la aseguradora devolvió el anticipo entregado. 

Ventiladores inadecuados
 
Este no fue el único caso de incumplimiento de contratos entre los proveedores de respiradores en Colombia. En una investigación publicada por Consejo de Redacción en el especial “Tras la pista de los dineros del Covid-19”, se evidenció que al inicio de la pandemia, la Dirección Territorial de Salud de Caldas firmó un contrato por 721 mil 140 pesos (163 mil dólares) para alquilar 10 Unidades de Cuidados Intensivos (ventiladores, camas y monitores) con Importaciones y Distribuciones Quirumedic, una empresa de Ibagué. 

El equipo fue destinado al Hospital Santa Sofía, el más importante del departamento, que fue provisto de 10 ventiladores marca Versamed, modelo Ivent 201, que presentaban inconvenientes técnicos.

Las previsiones indicaban que el Valle tenía déficit de equipos adecuados  para atender a los pacientes críticos de Covid-19. Crédito: Pablo Navarrete para CdR. 

“No tenían compresor, no funcionaban automáticamente. Eran muy viejos, del año 90. No tenían las ventajas de los ventiladores nuevos en el mercado: no tenían una ventilación mixta, capacidad respiratoria para ventilar al paciente Covid ni Autoflow, que, en caso de que el paciente llegue a fallar o su diafragma se fatigue, hace la función del músculo diafragmático. Esa es su potencia”, explicó en ese informe el director del centro clínico, Carlos Piedrahíta.

La opacidad en la contratación Covid-19

La principal conclusión sobre la forma en la que el gobierno de Iván Duque manejó los dineros de la pandemia es la opacidad. La legislación colombiana permite utilizar fondos de emergencia que se activan ante cualquier evento trágico y que se replican de lo nacional a lo regional. 
 
A nivel nacional existe el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en cada municipio hay un sistema igual (definido por ley). Eso es lo que se activa cuando ocurren hechos como por ejemplo un sismo: de ese fondo se saca la plata para atender a las víctimas. Cuando se acaba la plata municipal se activa la nacional.
 
Este hubiera sido el modelo ideal para atender la emergencia ocasionada por el Covid-19; sin embargo, no fue así. Crearon nuevos fondos (alimentados a su vez por fondos ya existentes). El principal fue el FOME, Fondo de Mitigación de Emergencias, que tiene un modelo de financiación propio y terminó manejando el dinero con el que se compraron dispositivos médicos como los respiradores o ventiladores o las salas de cuidados intensivos, tan necesarias al comienzo de la emergencia. 
 
Los informes de Contraloría y otras organizaciones de la sociedad civil y universidades concluyeron que el manejo de los recursos no fue claro y que el dinero se invirtió mal (es decir, a destiempo, con retraso, entre otras observaciones).

Los respiradores para atención a los pacientes críticos fueron comprados, en su mayoría, por el Ministerio de Salud y Protección Social y luego repartidos entre los entes territoriales. Crédito: Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. 

Recién en marzo de 2021, un año después del inicio de la pandemia, el Ministerio de Hacienda publicó la primera versión de un documento titulado “Libro blanco”, con los reportes de gastos del FOME. Fue un primer corte de cuentas con los recursos ejecutados para atender la emergencia por el Covid-19 y tuvo luego 13 actualizaciones, la última del 5 de julio de 2022, pero con el mismo formato de la primera: sin detalles de cómo se gastaron más de 44 millones de millones de pesos destinados a la atención de la crisis; con cifras globales y sin información sobre los procesos contractuales o las compañías y empresas responsables de ejecutar y cobrar esos convenios. 

Según el “Libro blanco”, los recursos se distribuyeron en tres frentes: atención a la emergencia sanitaria, en el que se aprobaron 17 mil 672 millones de pesos; atención a la población vulnerable, con una inversión de 16 mil 377 millones de pesos; y el tercer eje es el de la protección del empleo, con 10 mil 317 millones de pesos. 

Se lee en el “Libro blanco” que de los más de 17 millones de millones de pesos aprobados para la atención de la emergencia sanitaria, casi 10 millones de millones fueron para el financiamiento de las medidas dirigidas a la atención en salud en todo el territorio nacional, entre ellas la ampliación de la oferta hospitalaria: la compra de equipos biomédicos como ventiladores, monitores, camas hospitalarias, bombas de infusión, la adecuación de camas hospitalarias, unidades portátiles de rayos X, la dotación de elementos de bioseguridad, así como elementos de protección personal. En este último grupo se destinaron mil 581 millones de pesos.

Los pacientes críticos requerían atención especial en las unidades de cuidados intensivos con ventiladores que facilitaban la entrada del oxígeno al cuerpo. Crédito: Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.

Sin embargo, como en todas las demás cuentas no es posible saber cuál fue la inversión dirigida a cada ítem específico. Las cifras que se obtuvieron en esta investigación corresponden a lo que cada entidad solicitó de manera individual aunque se trata de fondos idénticos. 

¿Quién paga?

El dinero para la compra de ventiladores o respiradores también circula por el FOME, el fondo creado para captar y desembolsar el dinero para la emergencia del Covid-19, y que fue financiado a través de préstamos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

La junta directiva del FOME se reúne y analiza las solicitudes presupuestarias que le hacen las distintas entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que administra los contratos y el dinero para la compra de vacunas; el Ministerio de Salud, a cargo de implementos médicos y pruebas, entre otros; y las Fuerzas Militares, que también elevan solicitudes. 

Quien definió el número de ventiladores que se necesitaban fue el Ministerio de Salud y Protección Social, a partir de la evidencia científica y la experiencia en otros países. Así mismo, acordó conjuntamente con la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos los requisitos técnicos mínimos de los equipos a adquirir. 

Durante la etapa inicial de la atención de la crisis generada por la pandemia, se armaron carpas especiales para atender a los pacientes. Crédito: Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.

La mecánica es la siguiente: en el caso de los ventiladores, el proceso comenzaba con el requerimiento del Ministerio de Salud y Protección Social y se llevaba a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que finalmente era la que adelantaba las contrataciones necesarias para controlar y mitigar la pandemia. Lo hacía con los recursos que financian la subcuenta para la Mitigación de Emergencias-Covid-19.
 
Una vez enviadas las justificaciones de necesidades por el Covid-19, el FOME aprobaba y luego el Ministerio de Hacienda desembolsaba los recursos, en giros oficializados a través de resoluciones, que en todo caso enuncian cifras globales y conceptos generales. No hay tampoco detalles específicos ahí.

Aunque estaba en vigencia la emergencia y por lo tanto la contratación podía ser directa, el Ministerio, según informaron sus voceros a Consejo de Redacción, estableció el procedimiento interno para el recibo, análisis, evaluación y gestión de las ofertas, y la validación de la información. Dicha información fue la base para establecer el banco de proveedores y las condiciones de mercado, elaborar los estudios y documentos previos y gestionar los contratos teniendo en cuenta las ofertas más favorables.  

La población con mayor riesgo de afectación por la pandemia de Covid-19 en Colombia sería de un 34,2%, según estableció la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, que a partir de un modelo probabilístico, calculó el número de ventiladores necesarios. Bajo esa premisa, se solicitó la compra. “De acuerdo con lo establecido con el plan de manejo de la enfermedad en Unidades de Cuidados Intensivos se requería contar en el país con por lo menos 9.851 camas de cuidado intensivo durante los 14 meses en el desarrollo de la pandemia, en el escenario más favorable de una expansión controlada. Para marzo de 2020, el país disponía de 5.349 camas de cuidado intensivo de las cuales aproximadamente 2.675 estarían dispuestas para la atención de manera exclusiva para la atención de casos de Covid-19”, dice la respuesta del Minprotección al cuestionario enviado.

A través de la Resolución número 444 del 16 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud declaró la urgencia manifiesta para celebrar la contratación de bienes y servicios necesarios para atender la emergencia sanitaria y así realizó la contratación directamente.

De acuerdo con lo dicho por voceros del Ministerio, se realizó un análisis técnico y económico de los 293 ofrecimientos provenientes de 181 oferentes, recibidos por correo electrónico por parte de proveedores nacionales e internacionales. Y con ello, se suscribieron nueve contratos con nueve proveedores, entre el 28 de marzo y el 30 de abril de 2020. Se adquirieron 2.767 ventiladores.

Los parámetros para seleccionar a las entidades territoriales que los recibieron y la distribución de todos los equipos médicos para el fortalecimiento de la capacidad instalada en el país, incluidos los ventiladores, fue realizada por el Ministerio. 

5.411 ventiladores 

El Ministerio y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) adquirieron 5.411 ventiladores y recibieron 355 adicionales en donación. La cifra pudo establecerse gracias a la circular externa 027 del 30 de junio de 2022, del Ministerio de Salud y Protección Social. En ese documento, se informa a quienes recibieron respiradores cuál es el plan para mantenerlos adecuadamente. 

El Ministerio de Salud y Protección Social adquirió 2.767 ventiladores por un monto de 230 mil 2 millones 328 mil 801 pesos (52 millones 260 mil 222 dólares). Sin embargo, durante la ejecución contractual, uno de los contratistas disminuyó el número de equipos finalmente entregados debido al desabastecimiento mundial y las restricciones existentes en el país de origen, y por ello sólo se autorizó la entrega de 644 equipos de los mil que debía entregar por contrato.  Con esto, el número de ventiladores contratados fue de 2.767 equipos, pero los efectivamente entregados al Ministerio fueron 2.411 por un valor total de 183 mil 975 millones 988 mil 182 pesos (19 millones 80 mil 638 dólares).

Se recibieron 346 ventiladores por parte de cinco donantes que fueron transferidos a través de dos actos administrativos a las entidades territoriales. 
 
La Unidad compró cerca de 3.000 ventiladores por un valor de 291 mil 778 millones 981 mil 292 pesos (66 millones 296 mil 679 dólares). 
 
 

Las reglas del juego

En Colombia, desde los primeros meses de la pandemia, fue necesario cambiar las normas de licencia y vigilancia de medicamentos y equipos médicos para la atención de la emergencia del Covid-19. Específicamente se suavizó la reglamentación para importar y que debe vigilar el Invima, ente regulador en materia sanitaria en el país. 

Ese cambio en las normas fue apenas uno de los elementos de la estrategia gubernamental, desarrollada en varios frentes y enfocada a masificar la detección del virus, controlar la pandemia y atender a los afectados.

La figura que se utilizó con los dispositivos médicos fue la de “vital no disponible” y se establecieron nuevos requisitos -decreto 1148- en agosto de 2020. Se fijó entonces que el importador debía presentar una solicitud al Invima, los datos del fabricante, el país de donde provenía y los datos del representante autorizado para el trámite, así como un certificado de venta libre.

En términos generales la tecnología entregada por el Ministerio de Salud tuvo un desempeño óptimo funcional. Sin embargo, a lo largo de la emergencia se presentaron tres alertas sanitarias para los ventiladores Eternity, que tuvieron que ser retirados de manera permanente. Además, los Nihon Kohden y Aeonmed fueron verificados y adecuados hasta quedar en óptimas condiciones. 

(*) La iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela). ‘Vigila la pandemia’ es un esfuerzo colaborativo para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19.