Perú: Ministerio de Salud compró ventiladores por más de US$ 16 millones a empresas investigadas por corrupción

El principal proveedor de ventiladores para pacientes graves con Covid-19 del Ministerio de Salud, en el Perú, es investigado en un caso emblemático de corrupción durante la venta de equipos médicos a otra entidad del Estado. A pesar de ello, este portafolio le ha seguido comprando directamente respiradores, por los cuales ha pagado más de 12 millones de dólares. Esta situación se repite con dos empresas que también son investigadas por el mismo delito y a las cuales ha contratado por cerca de 4 millones de dólares, mientras que a otra, este ministerio ya no la puede seguir contratando porque las autoridades la inhabilitaron por presentar documentos falsos a una institución pública.
 
Son diez las empresas a las que el Ministerio de Salud ha comprado ventiladores desde el inicio de la pandemia del Covid-19 para equipar hospitales de Lima y de otras regiones. Entre mayo de 2020 y junio de 2022, esta entidad estatal destinó 211 millones 996 mil 511,62 soles (56 millones 532 mil 403 dólares**) para la adquisición de 1254 equipos destinados al soporte respiratorio y a salvar la vida de los pacientes graves con esta enfermedad en los hospitales públicos de Lima y de todo el Perú, según información a la que accedió Convoca.pe.
 
Los representantes legales de cuatro de esas diez empresas tienen investigaciones en el Ministerio Público y procesos en el Poder Judicial acusados por delitos de corrupción, relacionados con contrataciones directas de equipos médicos realizadas por dos entidades del Estado durante la pandemia del coronavirus: el Gobierno Regional de Áncash y el Seguro Social de Salud EsSalud.
 
Estos cuatro proveedores investigados por corrupción son las empresas peruanas Cardiopulmonary Care Sociedad Anónima Cerrada, Spectrum Ingenieros S.A.C., Nova Medical S.A.C. y Tecnología Industrial y Nacional S. A. (Tecnasa). Desde el inicio de la pandemia, a estas compañías el Ministerio de Salud les pagó un total de 109 millones 634 mil 724 soles (29 millones 235 mil 926 dólares), más de la mitad del presupuesto que destinó a la adquisición de ventiladores durante la emergencia sanitaria por el coronavirus. 
 
El Ministerio de Salud ha seguido contratando a tres de estas empresas investigadas en forma directa por 53 millones 88 mil 324 soles (16 millones 32 mil 491 dólares), a pesar de las investigaciones fiscales y los procesos judiciales que enfrentan sus directivos por el presunto perjuicio económico ocasionado al Estado, pues son acusados de coludirse con funcionarios públicos para beneficiarse con la sobrevaloración de los bienes adquiridos. 
 
El monto total de esos contratos por la compra de ventiladores a empresas investigadas por corrupción equivale al 51% del total gastado por el Minsa en estos aparatos durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Con la declaratoria de la emergencia sanitaria, desde el 11 de marzo de 2020, la Ley de Contrataciones del Estado ha permitido que el Ministerio de Salud, los Gobiernos Regionales, EsSalud, las Fuerzas Armadas y Policiales contraten directamente y de manera inmediata, los bienes, servicios y obras, relacionadas con el rubro de salud, necesarios por la pandemia del Covid-19.

En estas contrataciones directas, sin competencia, desde un inicio, los expertos advirtieron dos grandes riesgos: el direccionamiento de las compras y la sobrevaloración de los equipos. Precisamente, las investigaciones por corrupción que involucran a cuatro de los diez proveedores de ventiladores del Ministerio de Salud y a funcionarios de instituciones del Estado tienen que ver con acusaciones de concertación entre estos actores para la elección de determinadas empresas y la venta de equipos médicos con sobreprecio.

Funcionarios del Ministerio de Salud entregan los ventiladores que compraron para equipar los hospitales durante la la pandemia del Covid-19. Foto: Minsa

Por las contrataciones de diversas entidades del Estado para la adquisición de ventiladores, el Ministerio Público inició 35 investigaciones en 16 regiones del Perú, relacionadas con irregularidades en la compra, distribución y uso de estos aparatos, según un registro de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción al que accedió Convoca.pe.

Los delitos que han venido investigando las autoridades por la compra de ventiladores son colusión, peculado, contra la administración pública, cohecho, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y cobros indebidos. Del total de las investigaciones iniciadas durante la pandemia del Covid-19, 10 fueron archivadas y 25 se encuentran en trámite. Cuatro de estos casos ya pasaron del Ministerio Público al Poder Judicial, aunque aún no emite sentencia.

El proveedor que más vendió

Entre las diez empresas que vendieron ventiladores al Ministerio de Salud durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, la que obtuvo mayores ingresos ha sido Cardiopulmonary Care Sociedad Anónima Cerrada, con la venta de 435 equipos por un total de 74 millones 190 mil 400 soles (19 784 mil 106 dólares), en seis contrataciones directas.
 
Marco Antonio Montalvo Moreno es socio de Cardiopulmonary Care y fue gerente general, en 2020, cuando esta empresa le vendió monitores de funciones vitales al Hospital Regional de Chimbote Eleazar Guzmán Barrón, del distrito de Nuevo Chimbote, en Áncash, por un total de 1 millón 657 mil 600 soles (477 mil 694 dólares), el 24 de junio de 2020.
 
El empresario Marco Montalvo es investigado por el delito de colusión junto al suspendido y hoy preso gobernador regional de Áncash Juan Morillo Ulloa, diez ex funcionarios regionales, seis proveedores y otras personas involucradas. La tesis del Ministerio Público es que los acusados se coludieron, de manera clandestina, para beneficiarse con la sobrevaloración de 1 millón 917 mil 949,20 soles en todos los componentes de equipamiento médico, vendidos por un total de 9 millones 436 mil 445.20 soles.
 
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash solicitó, en diciembre último, cuatro años y seis meses de prisión para Marco Montalvo, por presuntos actos de corrupción durante esta contratación que habría beneficiado a su empresa Cardiopulmonary Care. Para los funcionarios públicos implicados, solicitó una pena de cárcel de entre nueve y 13 años.
 
La investigación a Marco Montalvo y a otros ocho empresarios, que vendieron equipos al Hospital Eleazar Guzmán Barrón, comenzó en junio del 2021, cuando el Fiscal Robert Rojas Ascon, de la Octava Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash, amplió la investigación iniciada al gobernador Morillo, el 4 de diciembre del 2020, por colusión agravada, en la contratación directa de la Empresa Quimera S.A.C., a la cual se le pagó 594 mil 883,25 soles (169 mil 145 dólares) para remodelar el Hospital Víctor Ramos Guardia, de Huaraz.
 
Los otros proveedores investigados eran Spectrum ingenieros SAC, Nova Medical SAC, A Jaime Rojas Representaciones Generales SAC, A X Ray Sales and Service SAC, Representaciones Unnimport SRL, Beramend EIRL, Cardiomed del Perú SAC y Corporación Peruana Jadirsa SAC. Según la Fiscalía Anticorrupción, los representantes de estas empresas se coludieron de manera clandestina para beneficiarse con los cobros excesivos por equipos médicos.
 
Antes de que se conociera dicha investigación, el Ministerio de Salud ya había contratado directamente a Cardiopulmonary Care, durante la emergencia sanitaria por el coronavirus para la adquisición de equipos que brindan soporte respiratorio, por un total de 13 millones 754 mil 100 soles ( 3 millones 782 mil 755 dólares). 
 
El 9 de diciembre de 2020 el Ministerio de Salud le compró a Cardiopulmonary Care 14 ventiladores adulto-pediátricos, por 2 millones 868 mil 600 soles (796 mil 169 dólares). En 2021, firmó contratos el 15 de abril y el 21 de junio, para la compra de 68 ventiladores y de 50 ventiladores volumétricos mecánicos adulto-pediátricos, por 14 millones 855 mil soles (4 millones 015 mil 950 dólares) y 9 millones 400 mil soles (2 millones 404 mil 092 dólares), respectivamente. 
 
Después de hacerse pública la investigación a Cardiopulmonary Care por corrupción, el Ministerio de Salud siguió contratando directamente a esta empresa, pues la ley no se lo impide, y le compró respiradores por un total de 47 millones 66 mil 800 soles (12 millones 588 mil  71 dólares). 
 
El 9 de marzo de 2022 el Minsa firmó contrato con Cardiopulmonary Care para la compra de nueve ventiladores pediátricos neonatales, por un total de 1 millón 972 mil 800 soles (527 mil 627 dólares) y, el 30 del mismo mes, firmó contrato para la adquisición de 44 ventiladores de transporte, por 3 millones 894 mil soles (1 millón 041 mil 454 dólares).
 
La última contratación directa entre el Ministerio de Salud y Cardiopulmonary Care fue el 11 de abril de 2022, para la adquisición de 250 ventiladores mecánicos adulto-pediátricos, por un valor de 41 millones 200 mil soles (11 millones 016 mil 042 dólares).
 
Cardiopulmonary Care Sociedad Anónima Cerrada tiene como antecedente una sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), del 13 de mayo de 2016 al 13 de enero de 2017 por el proceso de renovación de ventiladores mecánicos para hospitales del Ministerio de Salud. Fue inhabilitada para contratar con el Estado durante ocho meses, por no suscribir el contrato derivado del proceso de selección de manera injustificada y no presentar los documentos requeridos en el plazo legal establecido, pues demoró para tramitar la carta fianza de la empresa fabricante de los productos ofertados.

Marco Antonio Montalvo, gerente general de Cardiopulmonary Care, es investigado por corrupción en agravio del Gobierno Regional de Áncash. Foto: Cardiopulomonary Care

 
Convoca.pe buscó la versión de Marco Moltavo, quien negó las acusaciones del Ministerio Público. El empresario aseguró que “no tienen fundamentos objetivos, ya que nosotros no conocemos a ninguno de los imputados. No hemos cometido dolo alguno”.
 
De acuerdo con la versión de Montalvo, la Fiscalía dice que está coludido con funcionarios públicos en base a una llamada del gobierno regional de Áncash, de 60 segundos, que -señala- recibió en el teléfono de su oficina. “Primero, me citaron como testigo, luego como investigado y, ahora, voy a juicio”, agregó el empresario.
 
Marco Montalvo explicó a este medio digital que su empresa es uno de los principales proveedores de ventiladores del Minsa porque el 90% de su negocio es el suministro de ventiladores volumétricos para las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), desde hace 16 años. “Teníamos la disponibilidad de dicho equipamiento en plena pandemia, debido a que nuestro proveedor extranjero duplicó su producción y también hemos sido adjudicados en orden de prelación, corto tiempo de entrega y precio menor”, precisó.

Más empresas investigadas
 
Spectrum Ingenieros S.A.C. es otro de los proveedores de ventiladores del Ministerio de Salud investigado por el Ministerio Público por actos de corrupción relacionados con el Gobierno Regional de Áncash. En diciembre último, la Fiscalía pidió cuatro años con seis meses de cárcel, por el delito de colusión, para Franklin Valle Urcos, gerente general, accionista y representante legal de esta empresa que vendió ventiladores mecánicos, por 780 mil soles (224 mil 783.86 dólares), el 22 de junio de 2020, para equipar al Hospital Eleazar Guzmán Barrón, de Nuevo Chimbote.
 
Tres meses después, el 10 de marzo de 2022, a pesar de que ya era pública la investigación fiscal por corrupción, el Ministerio de Salud firmó contrato con Spectrum Ingenieros para la compra de nueve ventiladores volumétricos + PCV avanzado, por 1 millón 170 mil soles (312 mil 917 dólares), destinados al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. El 8 de abril de este año, ambos suscribieron un nuevo contrato para adquirir 42 ventiladores mecánicos adulto-pediátricos, por 4 millones 109 mil 700 soles (2 933 mil 155 dólares). En total, le pagó 5 millones 279 700 soles (3 millones 246 mil 072 dólares).
 
A Spectrum Ingenieros se le ha aplicado tres penalidades por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales en 2022. Las sanciones suman 5 mil 399 soles por días de retraso en la entrega de kit completos de tubos corrugados y accesorios para el Instituto Nacional de Salud del Niño.
 
Nova Medical S.A.C. también es un proveedor del Ministerio de Salud investigado por corrupción en el mismo caso que involucra al Gobierno Regional de Áncash. En junio de 2021, la socia, gerente general y representante legal, Carmen Yvone Valdiviezo Cano, fue incluida en las indagaciones del Ministerio Público, por la venta de desfibriladores (Para reanimar a pacientes con paro cardiaco) por 200 mil soles y bombas de infusión (Para administrar medicamentos a los pacientes en terapia intensiva) por 300 mil soles, para equipar las áreas destinadas a la atención de personas con Covid-19 en el Hospital Eleazar Guzmán Barrón.
 
Sin embargo, en diciembre de 2021, al formular acusación ante el Poder Judicial, el fiscal Robert Rojas solicitó que se archive la investigación a la empresaria Carmen Valdiviezo Cano y a dos representantes de otras compañías proveedoras.
 
Las contrataciones entre el Ministerio de Salud y Nova Medical, durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, se remontan al 10 de diciembre de 2020, cuando firmaron contrato para la compra de 60 ventiladores adulto-pediátricos, por 11 millones 760 mil soles (3 milllones 266 mil dólares). El 20 y el 30 de abril de 2021, suscribieron otro contrato para la compra de 60 ventiladores, como parte de la adquisición de kits de UCI, por un valor total de 12 millones 480 mil soles (3 millones 372 mil dólares)
 
Nova Medical ya no pudo seguir vendiendo bienes al Ministerio de Salud ni a otra institución pública porque el Tribunal de Contrataciones del Estado la sancionó por presentar documentos falsos o adulterados a las entidades. Esta empresa está inhabilitada para contratar con el Estado desde el 20 de agosto de 2021 hasta el 20 de agosto de 2024.
 
El origen de la sanción tiene que ver con la suscripción de un contrato entre Nova Medical y el Hospital de Emergencias Pediátricas, el 10 de diciembre de 2018, para la adquisición de monitores de funciones vitales, por S/639.260,00. El nosocomio detectó que la empresa presentó documentos falsos durante la presentación de ofertas y resolvió el contrato.
 
En su oferta, Nova Medical presentó una carta poder suscrita por Jorge Ernesto Azuero Oviedo, gerente regional de ventas de la empresa Nihon Kohden Latin America S.A.S., pero directivos de esta compañía manifestaron que no emitieron dicho documento. Por ello, el Tribunal de Contrataciones del Estado inició un procedimiento administrativo sancionador al contratista, que terminó en su inhabilitación por 36 meses.
 

El club de las farmacéuticas
 
La empresa Tecnología Industrial y Nacional S.A. (Tecnasa) es otro de los proveedores de ventiladores del Ministerio de Salud. Su gerente general, Jorge Máximo del Busto Herrera, es investigado junto a la ex presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli y otras 12 personas, por el delito de organización criminal y colusión agravada en agravio del Estado. 
 
Siete funcionarios del Seguro Social de Salud y siete directivos de dos empresas proveedoras son acusados de integrar el denominado “Club de las farmacéuticas”, que presuntamente concertaba las compras públicas de equipos médicos sobrevalorados durante la pandemia del Covid-19 y que, según la hipótesis fiscal, era liderado por Molinelli.
 
La modalidad delictiva empleada por la organización criminal habría consistido en aprovechar la condición de funcionarios públicos, para centrar su atención en las necesidades de bienes que requería EsSalud e idear formas de obtener un beneficio patrimonial ilícito, previa concertación realizada con los representantes de determinadas empresas proveedoras, para que sean brindadas por estas últimas, según señala el expediente de la carpeta fiscal. 
 
En 2020, Tecnasa tuvo dos contrataciones directas con EsSalud para la adquisición e instalación de tomógrafos de emergencia, por un total de 16 millones 031 mil 257.15 soles. De acuerdo con la investigación del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, los precios de estos equipos estaban sobrevalorados. Los tomógrafos fueron vendidos a 13 millones 380 mil soles, cuando su precio real era de 8 millones 458 mil 20 soles, por lo que se identificó una sobrevaloración de 4 millones 921 mil 980 soles (36% más).
 
Para el Ministerio Público, Jorge Máximo Del Busto Herrera, habría formado parte de la presunta organización criminal “Club de las farmacéuticas” al haber participado con su empresa en la contratación directa “a sabiendas que los tomógrafos estaban sobrevalorados”, según la resolución del Poder Judicial que resuelve el allanamiento de los inmuebles de los investigados. En respuesta, la defensa legal del empresario argumentó que la Fiscalía no ha considerado que existen costos adicionales de impuestos al señalar una presunta sobrevaloración de los equipos respecto a la declaración aduanera.

Extracto de expediente judicial sobre el caso del "Club de las farmacéuticas" que precisa la participación del empresario Jorge del Busto en la presunta organización criminal.

 
El escándalo del “Club de las farmacéuticas” se hizo público cuando, la madrugada del 30 de julio de 2021, personal de la Fiscalía Anticorrupción allanó los domicilios y otros inmuebles de 14 personas sospechosas de compras irregulares en Essalud, entre quienes figuraba Jorge Máximo Del Busto Herrera.
 
Para esa fecha, Tecnasa ya le había vendido ventiladores al Ministerio de Salud en dos ocasiones durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, por un total de 4 millones 840 mil 300 soles (1 millón 314 mil 662 dólares). El 2 de diciembre de 2020, firmó contrato por la venta de 13 ventiladores por 2 millones 554 mil 500 soles (708 mil 992 dólares) y, el 11 de mayo de 2021, por 11 de estos equipos a un valor de 2 millones 285 mil 800 soles (605 mil 670 dólares).
 
Después de conocerse la investigación a Tecnasa por corrupción, el Ministerio de Salud siguió contratando directamente a dicha empresa, pues el 8 de abril del 2022, firmó contrato para la adquisición de cuatro ventiladores a 741 mil 824 soles (198 mil 348 dólares).
 
Jorge Máximo Del Busto Herrera, podría recibir una pena de cárcel mayor a cuatro años, como colaborador de una organización criminal y por el delito de colusión. Junto al empresario, también está investigado Duilio Mesinas Chiabra, quien fue representante legal de Tecnasa, en el 2020, y suscribió el contrato con EsSalud por la preinstalación de los tomógrafos, a pesar de que este servicio se encontraría incluido en el contrato de venta suscrito por esta empresa.
 
Convoca.pe solicitó al Ministerio de Salud una entrevista con la directora de la Dirección General de Operaciones en Salud, Antonieta Alarcón, a cargo de las compras de ventiladores por Covid-19. Nos pidieron enviar un cuestionario que no ha sido respondido hasta el cierre de esta edición.

Este medio digital también solicitó por teléfono la versión de los representantes de Tecnasa, Nova Medical y Spectrum Ingenieros y envió correos electrónicos a dichas empresas, pero no obtuvimos respuesta.

Abuso de los proveedores
 
Jorge Perleche García, consultor y docente experto en contrataciones públicas, recordó que al inicio de la pandemia del Covid-19, se advirtió sobre los sobreprecios de equipos de salud. “Si bien en el contexto de una contratación directa por situación de emergencia, se prioriza la obtención del bien, servicio u obra, antes que los principios de libre competencia, eso no quita que los costos correspondan a aquellos que deberían ser. En esta situación, ha habido mucho abuso de posición de los proveedores. Hay gente que ha hecho mucho dinero durante la pandemia”, explicó a este medio digital. 

Como una forma de evitar que esta situación se repita durante una emergencia sanitaria o de otro tipo, Perleche propone que el Estado compre los bienes de manera directa. Sin embargo, reconoce que la Ley de Contrataciones del Estado es limitada con relación a las contrataciones por una situación de emergencia. “No regula que puedas comprar directamente en el mercado internacional”, señala.

Para prevenir la sobrevaloración de los bienes que compran las instituciones públicas, Perleche advierte que el Estado debe contar con otras herramientas que le permitan identificar y rastrear precios y tener la posibilidad de negociar directamente con los proveedores, en situaciones particulares. Además, destaca la necesidad de que los procesos de adquisición sean transparentes y que existan mecanismos de rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Con el fin de identificar el direccionamiento de las compras públicas, Perleche sugiere que se pueda revisar el contenido del expediente de contratación. Actualmente, esta información no es pública, solo se puede acceder a los datos del proceso de adquisiciones desde la publicación de las bases para la compra.

La Fiscalía Anticorrupción ha investigado 35 casos relacionados con la compra de ventiladores durante la pandemia del Covid-19. Foto: Fiscalía Anticorrupción

Compras internacionales

El Ministerio de Salud no sólo compró ventiladores directamente sino que también recurrió a la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC) gracias a una autorización especial del gobierno, para realizar contrataciones internacionales con el fin de adquirir, instalar y poner en funcionamiento hospitales equipados para la atención de pacientes con Covid-19.

Dos de las contrataciones internacionales realizadas por la ARCC para el Ministerio de Salud están siendo investigadas por los presuntos delitos de colusión y contra la administración pública en la Fiscalía.

En Lima, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria tiene en su despacho los casos de dos procedimientos de contratación para la compra de 501 ventiladores volumétricos + PVC avanzados y 59 ventiladores de transporte, mientras que la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción investiga la compra de 31 ventiladores volumétricos que no cumplían las características técnicas ante indicios del delito contra la administración pública. El proveedor era la empresa IQ Medical Services, con sede en Miami.

Estos dos casos forman parte de las 35 investigaciones que están a cargo del Ministerio Público y en los cuales la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ha ejercido la defensa pública del Estado, y que están relacionadas con irregularidades en la compra, distribución y uso de ventiladores para brindar soporte respiratorio a los pacientes afectados gravemente por esta enfermedad, en 16 regiones del Perú, de acuerdo con información a la que accedió Convoca.pe.

Colusión, peculado, contra la administración pública, cohecho, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y cobros indebidos son los delitos que han venido investigado las autoridades desde que se hicieron públicos los primeros cuestionamientos a las compras de ventiladores realizadas por el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, hospitales y otras entidades públicas.

Hacer clic en el mapa del Perú y en cada región, para ver el estado y número de las investigaciones que sigue la Procuraduría Anticorrupción.

Áncash, Amazonas, Ayacucho, Apurímac, Ica, Cusco, Lima, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali, Junín, Huánuco, Loreto, Piura y Moquegua son las regiones donde se están realizando las investigaciones relacionadas con el mal uso de los recursos públicos por la pandemia del Covid-19.

Del total de investigaciones sobre ventiladores, 10 fueron archivadas y 25 se encuentran en trámite. A casi dos años del inicio de las indagaciones, sólo cuatro de estos casos han pasado del Ministerio Público al Poder Judicial, aunque aún no se ha emitido sentencia en ninguno de estos.

El relajamiento de los procedimientos de adquisición de bienes y la reducción de los controles durante la pandemia del Covid-19 ha sido considerado como una especial oportunidad por algunos servidores y funcionarios públicos para defraudar al Estado, según un informe de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Las investigaciones de las autoridades de justicia están poniendo al descubierto las modalidades usadas por funcionarios públicos y empresarios para lucrar durante la emergencia sanitaria. 

Si bien legalmente no hay impedimento para que las entidades públicas, como el Ministerio de Salud, sigan contratando directamente a las empresas investigadas por corrupción, es de interés público que las autoridades respondan por qué siguen contratando a proveedores que enfrentan estos procesos con la justicia y que han encontrado en esta forma de hacer negocios con el Estado una millonaria fuente de ingresos durante la pandemia del  Covid-19.

Metodología

Para el análisis de los montos de los contratos de las empresas proveedoras de ventiladores y el Ministerio de Salud, Convoca.pe accedió a dos fuentes principales de información: El registro de los contratos entregado por el Ministerio de Salud, como respuesta a un pedido de acceso a la información pública, vía la Ley de Transparencia, y el historial de contratos de las empresas y entidades públicas registrado en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce). Para calcular el valor del dinero desembolsado por el Minsa, solo se eligieron los contratos firmados posteriormente a la fecha de conocerse el inicio de las investigaciones del Ministerio Público.

(*) La iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela). ‘Vigila la pandemia’ es un esfuerzo colaborativo para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19.

(**) Tipo de cambio promedio de ese período, según el Banco Central de Reserva del Perú, BCR.