México: la empresa de un ex funcionario de Peña Nieto vendió ventiladores a Defensa con sobreprecios del 123%

En México, un contrato “a dedo” por 52,6 millones de euros benefició a una empresa creada 15 meses antes por un ex alto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, que ahora es investigada por presunto lavado de activos y posible elusión fiscal. La Secretaría de la Defensa Nacional le pagó ventiladores a más del doble del valor declarado en Aduanas. Pero no es el único caso: otras dos compañías improvisadas vendieron equipos hasta cinco veces más caros. Este reportaje integra la serie investigativa Contratos Investigados y forma parte de Vigila la Pandemia*, una iniciativa transfronteriza de periodistas de cinco países de América Latina para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción.

 

Valeria Durán / MCCI | 1 de septiembre de 2022

El Ministerio de la Defensa de México adquirió ventiladores para atender a enfermos con Covid-19 a una empresa que es investigada por presunto lavado de dinero, la cual cobró por cada equipo de origen “español-chino” más del doble del valor declarado ante la Administración General de Aduanas, al momento de la importación, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). 

La empresa, denominada Gestión de Riesgos de Desastres S.A. de C.V., tiene entre sus  accionistas principales al ex congresista José María Tapia Franco, quien durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue el responsable de gestionar recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), área que dependía del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Según el contrato entre las partes al que accedió MCCI, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena, equivalente al Ministerio de la Defensa) realizó la compra para ayudar en la capacidad del Sistema Nacional de Salud por la emergencia del coronavirus y pagó por cada equipo proveniente de China y España 822 mil pesos (unos 35 mil dólares), mientras que el precio que la empresa declaró en Aduanas, al momento de la importación, fue de alrededor de 400 mil pesos (casi 18 mil dólares). Pero, además, una factura consultada por MCCI muestra que cada equipo había sido cotizado por el fabricante en 368 mil pesos (unos 16 mil dólares).

 

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José Tapia Franco fue responsable de gestionar recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Renunció en 2016. Luego, ocupó la Secretaría de Acción Electoral del PRI y fue senador. CRÉDITO Senado de México.
 

El contrato implicó, además, que la Sedena adelantara el 50% del valor del contrato a la empresa. La compañía debía también realizar una capacitación técnica no menor a seis meses de práctica y tres meses de teoría al personal de los hospitales que recibirían los ventiladores.

Cuando la compañía realizó en 2020 la importación de algunos de los ventiladores, se reportó a las autoridades de Aduanas que la importación sería temporal, con lo cual omitió el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó que la importación había sido definitiva, y no temporal, por lo que envió requerimientos a la empresa para exigirle el pago del IVA que había omitido, de acuerdo con un documento de la Aduana del Aeropuerto Internacional de México al que accedió MCCI. En esos exhortos quedó en evidencia que el valor declarado en Aduanas de cada ventilador proveniente de China fue de alrededor de 400 mil pesos, la mitad del precio al que fue vendido cada equipo al Ministerio de la Defensa de México. 

En auditorías realizadas al contrato, consta que la compañía Gestión de Riesgos de Desastres S.A. de C.V. incumplió con los plazos de entrega de los equipos, por lo que la Sedena le impuso una sanción de más de 61 millones de pesos. A partir de ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una revisión de las transacciones de la compañía, y, el 20 de noviembre de 2020, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por lavado de dinero. La investigación sigue en curso.

Documentos revelan sobrecosto

El caso comenzó cuando, en marzo de 2020, la Secretaría que organiza y administra al Ejército mexicano asignó, con carácter de extra urgente, un contrato por 52 millones 606 mil euros (unos mil 350 millones de pesos) a Gestión de Riesgos de Desastres S.A. de C.V. 

 

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La compañía del exfuncionario se conformó en diciembre de 2018. Captura del Registro Público de Comercio de México.
 

 

La empresa tenía entonces poco más de un año de haberse creado. Había sido fundada el 19 de diciembre de 2018, durante los primeros días del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El contrato fue “a dedo”, es decir, sin licitación o concurso, por contratación directa, y se formalizó el 30 de marzo de 2020 para la adquisición de 1.330 ventiladores para atender a pacientes con Covid-19.

De los 1.330 equipos que contempla el contrato, 600 son de origen suizo y otros 730 fueron adquiridos en China a la empresa AEONMED, identificados con el modelo “Ventilador MYE005SDVG70”. 

Cada uno de los equipos de China fue vendido a la Sedena a un precio de 35 mil euros. Al momento de formalizarse el contrato, el tipo de cambio estaba en 23.51 pesos por euro, por lo que el pago por cada pieza fue de 822 mil 900 pesos.

MCCI consultó una factura de AEONMED de marzo de 2020 en la que el fabricante chino cotizó en 16 mil dólares cada ventilador del modelo vendido a México, que equivale a 368 mil pesos, al tipo de cambio de aquella fecha. El precio es 123% superior, en comparación con los 822 mil pesos que pagó la Sedena por cada equipo.

Dos requerimientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirman que la empresa vendió los equipos a la Sedena a más del doble del valor declarado en Aduanas.

 

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Los ventiladores VG70 fueron vendidos al Estado mexicano por unos 35 mil dólares, mientras que la empresa declaró en Aduanas un precio menor a los 18 mil dólares.

 

En los oficios fechados el 10 de diciembre de 2020, la autoridad fiscal le pidió a la empresa que pagara un impuesto que omitió por la importación de algunos de esos ventiladores de origen chino. 

La empresa había declarado a las autoridades que la importación de los ventiladores era temporal, lo cual, según la legislación aduanera, le permitía exentar el pago del IVA. Sin embargo, el SAT identificó que la transacción era en realidad una importación definitiva y, por lo tanto, exigió a la compañía que pagara el impuesto omitido.

Los ventiladores a los que el SAT hace referencia, son los identificados con el modelo “VG70”, el cual coincide con la descripción de los ventiladores de origen chino que aparecen en el contrato que firmó con la Sedena. 

El IVA por importación definitiva que reclamó el SAT fue de 64 mil 851 pesos por equipo, que representa el 16% del valor unitario. Eso significa que se declaró en Aduanas un valor de alrededor de 400 mil pesos por cada ventilador.

 

Un político beneficiado

El dueño de la mitad de las acciones de esta empresa que se benefició con la tragedia de la pandemia es José María Tapia Franco, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa. El exfuncionario fue director general para la gestión de riesgos en la Coordinación de Protección Civil en México, entre 2013 y 2016. En la compañía que fundó en 2018, también figura como administrador único, además de socio mayoritario.

 

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José Tapia Franco figura en un documento del Registro Público de Comercio de México como accionista mayoritario de la compañía investigada por la venta de ventiladores.

 

Entre las funciones principales de Tapia estaba tramitar los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), con los que se auxilia a estados afectados por huracanes, sismos o sequías. En el periodo en el que fue director de gestión de riesgos, el Fonden tuvo un presupuesto promedio anual de 7 mil millones de pesos.

En junio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en la administración de su antecesor, Enrique Peña, se hizo un negocio millonario con el Fonden.

“Al declarar una emergencia, ya no se licita nada y todo se compra de manera directa y había toda una constelación de empresas alrededor del Fonden, que vendían todo: láminas, despensas, catres, todo eso manejado por Gobernación (sic), miles de millones de pesos”, denunció el presidente.

Tapia gestionó los recursos del Fonden durante cuatro años (2013-2016), periodo en el que la Auditoría Superior de la Federación documentó constantes desvíos o malos manejos por cientos de millones de pesos.

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En el documento público, Tapia Franco también aparece como administrador único de la empresa que vendió los ventiladores.
 

 

Tapia dejó su cargo en el gobierno en octubre de 2016 para ocupar la Secretaría de Acción Electoral del PRI, y un año después, se convirtió en senador al ocupar la vacante que dejó Pablo Escudero Morales, del Partido Verde, quien pidió licencia por motivos personales.

El 28 de febrero de 2018, Tapia fue nombrado por el entonces candidato del PRI-Partido Verde-Nueva Alianza a la presidencia de México, José Antonio Meade, como su coordinador de campaña en la Ciudad de México.


Una oficina virtual y una investigación por lavado

A principios de julio de 2022, el periódico Reforma reveló que la Fiscalía General de la República en México tenía  una investigación por presunto lavado de activos de la empresa Gestión de Riesgos de Desastres S.A. de C.V., y sus accionistas.

Adicionalmente, el SAT inició una investigación sobre posible elusión de impuestos por la importación de ventiladores, además de que declaró no localizable el domicilio fiscal de la empresa, ya que un notificador que realizó una visita de inspección, no dio con la dirección que el proveedor de la Sedena dijo tener en Querétaro, según consta en oficios de la autoridad fiscal.

MCCI buscó a José María Tapia desde el 12 de julio en sus oficinas, ubicadas en el estado de Querétaro. El inmueble se encuentra en el Anillo Vial Fray Junípero Serra 517, donde hay un edificio en el que se rentan oficinas virtuales.

El edificio está resguardado con personal de seguridad y la recepcionista confirmó que la renta de los espacios depende de la dimensión de las oficinas. La más barata cuesta 10 mil pesos, más IVA mensuales, e incluye servicios como agua, luz, aire acondicionado y acceso a las salas de juntas. Son espacios de aproximadamente 10 metros cuadrados y solo hay una mesa principal para que se sienten un par de personas. 

 

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Fachada del complejo de oficinas donde se encuentra la sede de la empresa de José Tapia Franco. CRÉDITO MCCI

 

Un hombre que se encontraba en la oficina, y que se identificó como empleado de la empresa Gestión de Riesgos de Desastres, dijo a los periodistas de MCCI que los abogados de José María Tapia se comunicarían para dar una respuesta sobre la venta de los ventiladores. Sin embargo, no lo hicieron.

MCCI envió un correo electrónico con la petición formal de entrevista a la empresa y al ex funcionario federal, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. 

Durante la primera etapa de esta investigación, en abril de 2020, MCCI solicitó una entrevista con la Sedena para conocer su postura respecto a este contrato, pero no hubo respuesta. Tras acceder a nuevos documentos, se volvió a consultar al organismo, pero tampoco respondieron.

 

Más indicios de sobrecostos

Multicorporación Brexot, una empresa originalmente dedicada a actividades de mercadotecnia, cine, teatro y danza, vendió los ventiladores más caros de la emergencia sanitaria por Covid-19, según un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El ISSSTE, institución enfocada en atender la salud de los trabajadores del gobierno mexicano, asignó en abril de 2020 un contrato a Brexot por 800 millones de pesos, equivalente a 35 millones de dólares al tipo de cambio de entonces, por el suministro de 300 ventiladores, la mayor parte provenientes de China.

 

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MCCI buscó a José María Tapia desde el 12 de julio en sus oficinas, ubicadas en el estado de Querétaro. CRÉDITO MCCI.

 

Cada ventilador fue vendido en 2 millones 300 mil pesos, sin impuestos, que equivalía en esos días a unos 100 mil dólares. El precio que pagó el ISSSTE representa más de cinco veces el valor declarado en Aduanas de ventiladores de características similares, también originarios de China.

El contrato a favor de Brexot fue firmado el 20 de abril de 2020, por el suministro de 250 ventiladores. Al mes siguiente, el subdelegado de administración del ISSSTE avaló un convenio modificatorio para ampliar a 300 el número de equipos.

Para la firma del contrato se adjuntó el acta constitutiva de Brexot, en la que se menciona que la empresa fue establecida el 27 de enero de 2017, con el objeto de prestar servicios en mercadotecnia, cine, publicidad, teatro, danza y fotografía. El 9 de abril de 2019, se amplió el objeto a 61 servicios en los sectores industriales, mercantiles, textiles y de salud.

En los documentos entregados al ISSSTE, el representante legal declaró que la empresa tenía registrados sólo cuatro trabajadores ante el Seguro Social.

En una visita realizada el 8 de noviembre de 2021, personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no localizó a la empresa en el domicilio fiscal que había proporcionado en el estado de México. Tampoco se le pudo rastrear por otros medios, ya que carece de página electrónica, redes sociales o directorio.

 

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José Tapia junto al expresidente Peña Nieto. El exfuncionario se desempeñó durante la gestión del ex mandatario.

 

Un reporte de la ASF menciona que, al entregar  los equipos, la empresa no presentó los registros sanitarios de 253 ventiladores, de los cuales 200 provenían de China.

Ante el incumplimiento de los acuerdos pactados en el contrato, la Secretaría de la Función Pública resolvió sancionar a Brexot con una multa de 1.9 millón de pesos y la inhabilitación de 3 años y 9 meses.

Las supuestas fallas en los equipos vendidos por esta compañía contribuyeron al deterioro de la salud de pacientes y la muerte de, al menos, uno de ellos, de acuerdo con un reporte periodístico de la publicación Emeequis. 

Con base en documentos del Registro Público del Comercio, MCCI pudo comprobar que la representante legal de Brexot ha sido también accionista de Gentsai Hoon, una empresa “fachada” involucrada en el desvío de fondos públicos de la empresa estatal Segalmex, dedicada a abastecer de alimentos baratos a la población más pobre de México.

La constructora Koloss Infraestructura vendió los segundos ventiladores más caros de la pandemia, a un precio unitario de 1 millón 744 mil pesos, equivalente a 75 mil dólares. El contrato BI-160002-20 implicó un importe de 22.6 millones de pesos por 13 equipos.

La mencionada empresa tiene su domicilio en una casa en Metepec, estado de México, y carece de experiencia en el ramo médico. En su página de internet dice dedicarse a la construcción y remodelación de obras comerciales, habitacionales e industriales; jardinería, sistema de riego, obra hidráulica e instalación eléctrica, mantenimientos generales de albañilería, plomería, electricidad, herrería, impermeabilización y pintura.

La contratación de Koloss la realizó en mayo de 2020 la delegación en el estado de México del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a pesar de que la ASF alertó un año antes, mediante una auditoría, que la empresa había incumplido Cinco contratos de obras comunitarias.

 

(*) La iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela). ‘Vigila la pandemia’ es un esfuerzo colaborativo para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19.