Elecciones 2021: Seis virtuales congresistas tienen investigaciones y procesos vigentes en su contra en la Fiscalía y el Poder Judicial

Seis virtuales congresistas, que podrán asumir sus cargos el 27 de julio próximo luego de que los organismos electorales oficialicen su elección, tienen la condición de investigados o procesados por casos de corrupción, violación de derechos humanos y nexos con una organización terrorista, de acuerdo con información de la Fiscalía y el Poder Judicial revisada por Convoca.pe.

Los flamantes legisladores no tendrán inmunidad parlamentaria, pues desde el 2 de febrero último el Congreso eliminó esa prerrogativa que los "blindaba" de procesos judiciales e investigaciones por delitos comunes imputados antes de la toma del cargo en el Parlamento o durante el ejercicio de su función.

Hasta el momento, este medio digital encontró que en Fuerza Popular hay tres virtuales congresistas en esa situación, quienes no podrán acogerse a la inmunidad parlamentaria. Se trata de Patricia Juárez, representante por Lima Metropolitana; Alejandro Aguinaga, por Lambayeque; y Raúl Huamán Coronado, por Ica. 

Patricia Juárez es investigada junto al exalcalde Luis Castañeda por el caso Línea Amarilla. Además de virtual legisladora, ella es candidata a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular.

Patricia Juárez, quien fue regidora y teniente alcaldesa de Lima, es investigada por el Equipo Especial Lava Jato en relación al caso Línea Amarilla (Lamsac), en el que está implicado el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, así como otros exfuncionarios municipales y exdirectivos de la constructora brasileña OAS.

A la postulante fujimorista se le imputa los delitos de concusión, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho pasivo propio. Según información oficial del Ministerio Público, ese caso se encuentra en investigación preliminar.

Las pesquisas del Equipo Especial Lava Jato señalan que la gestión edil de Luis Castañeda presuntamente favoreció a la constructora OAS con la entrega de peajes de la comuna limeña a cambio del aporte de US$ 480 mil, suma que la empresa brasileña dio para la campaña municipal de Solidaridad Nacional de 2014, en la cual participó Juárez.

En tanto, el virtual reelecto Alejandro Aguinaga, legislador fujimorista entre 2006 y 2016, es procesado judicialmente por el caso de las esterilizaciones forzadas de por lo menos 1,300 mujeres pobres e indígenas durante el gobierno de Alberto Fujimori, en cuyo periodo presidencial fue ministro de Salud.

Este caso estuvo cerca de ser archivado por un recurso legal presentado por Marino Costa Bauer, exministro fujimorista. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en octubre de 2020, rechazó esa pretensión y estableció que el proceso judicial debe continuar. En el caso también está incluido el expresidente Fujimori, preso por delitos de lesa humanidad y corrupción, quien es padre de la candidata Keiko Fujimori que en junio próximo participará en el balotaje por la presidencia de la República.

Alejandro Aguinaga volverá al Congreso y a la vez estará procesado por el caso de las esterilizaciones forzadas. Foto: Congreso

El 1 de marzo último, el fiscal Pablo César Espinoza expuso los cargos de la denuncia penal formalizada contra el expresidente Fujimori y exfuncionarios de ese gobierno, entre ellos Aguinaga. El Ministerio Público les atribuye el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en las modalidades de lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

Otro virtual parlamentario fujimorista investigado por la Fiscalía es Raúl Huamán Coronado, quien tiene esa condición en la pesquisa por el presunto delito de "hurto agravado sobre vehículo automotor", que está a cargo del fiscal Ángel Mendoza Supo, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Ica.

Esta denuncia fue interpuesta en diciembre de 2020 y el Ministerio Público la formalizó el 3 de marzo último. Actualmente, el caso se encuentra en investigación preliminar, de acuerdo con información oficial a la que Convoca.pe accedió.

Según información fiscal, Huamán Coronado está incluido en una investigación preliminar en Ica. Foto: Difusión

En el partido de Cerrón

En Perú Libre, el virtual congresista por Lima Metropolitana, Guillermo Bermejo Rojas, tiene una acusación fiscal en su contra por presuntos vínculos con el grupo terrorista Sendero Luminoso.

Según el Ministerio Público, Bermejo habría tenido reuniones clandestinas con mandos del Comité Central del mencionado grupo terrorista en la zona del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) y habría recibido adoctrinamiento y adiestramiento de armas de fuego de parte de la cúpula de los hermanos Quispe Palomino: Víctor ("camarada José") y Jorge ("camarada Raúl"), durante el 2009.

Respecto a esta investigación, en 2017 la Sala Penal Nacional absolvió a Guillermo Bermejo. Sin embargo, un año después, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló la absolución y ordenó que se abriera un nuevo juicio.

El virtual congresista por Lima, Guillermo Bermejo (Perú Libre), es procesado por presuntos vínculos con Sendero Luminoso.

El caso José Luna

El exintegrante de Solidaridad Nacional y virtual legislador José Luna Gálvez (Podemos Perú) es investigado por el Equipo Especial Lava Jato y se le imputa haber recepcionado sobres de dinero con los aportes de la constructora brasileña OAS. 

Según el colaborador eficaz Martín Bustamante, ex hombre de confianza del exalcalde Luis Castañeda, él mismo llevaba las sumas de dinero de OAS y se los entregaba a Luna Gálvez en la sede de su Universidad Privada Telesup, en el distrito de San Isidro. Cabe anotar que Telesup no logró obtener el licenciamiento de parte de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) al no demostrar el cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad educativa.

Vizcarra defenestrado

Uno de los virtuales parlamentarios investigados por la Fiscalía y que está en el limbo entre ingresar o no al Congreso, es el expresidente Martín Vizcarra, quien postuló por Somos Perú y es el candidato más votado en Lima Metropolitana. El viernes último, Vizcarra fue inhabilitado por diez años por el caso 'vacunagate', que le impediría asumir el cargo. Aún queda por definir si el Poder Judicial emitirá una resolución que anule los efectos de la decisión del Congreso, ante un recurso de amparo presentado por la defensa legal del exmandatario.

Martín Vizcarra está incluido en tres investigaciones por corrupción: en los casos 'Club de la Construcción', Richard 'Swing' Cisneros y la vacunación irregular con las dosis de Sinopharm durante los ensayos clínicos.

En el caso del 'Club de la Construcción', el fiscal Germán Juárez investiga a Vizcarra por presuntamente haber recibido un total de S/ 2 millones 300 mil a cambio de dos adjudicaciones cuando era gobernador regional de Moquegua. Las obras eran el proyecto de irrigación 'Lomas de Ilo', otorgada a la empresa Obrainsa, y el Hospital Regional de Moquegua, cuya buena pro fue entregada al consorcio ICCGSA-Incot.

El Congreso inhabilitó de la función pública por diez años a Martín Vizcarra. Foto: Congreso

Tanto ICCGSA como Obrainsa integraban la red ilegal del 'Club de la Construcción', cártel de constructoras peruanas y brasileñas que se repartían las adjudicaciones de obras públicas en el país, de acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía e Indecopi.

En el caso Richard 'Swing', Vizcarra es investigado de forma preliminar por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado y obstrucción de la justicia, por la contratación irregular en el Ministerio de Cultura del cantante y productor musical.

Entre 2018 al 2020, Cisneros fue contratado hasta nueve veces por el Ministerio de Cultura para actividades ajenas a su experiencia y formación, como charlas motivacionales y de liderazgo, por un monto total de S/ 175 mil. Estos contratos realizados a través de órdenes de servicio se dieron en contexto de la pandemia y la emergencia sanitaria.

La investigación más reciente abierta contra Vizcarra es la relacionada al caso ‘vacunagate’, por el que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió pesquisas preliminares contra el exmandatario por los delitos contra la administración pública, concusión, y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

De acuerdo con el Ministerio Público, se habría configurado el delito de aprovechamiento indebido del cargo cuando Martín Vizcarra usó su alta investidura para la aplicación de dosis experimentales de la vacuna de Sinopharm a él, su esposa y su hermano.

De confirmarse su inhabilitación, Vizcarra quedaría fuera de toda posibilidad de asumir como congresista y su puesto sería tomado por el segundo congresista más votado de Somos Perú en Lima, el candidato José Jeri, quien en declaraciones durante la campaña dijo que los "errores" de Vizcarra, respecto al 'Vacunagate' "no son para crucificarlo".