Por Convoca | 9 de abril de 2021
Más de 20 candidatos al Congreso por Lima, jurisdicción que concentra la mayor cantidad de integrantes en el Legislativo, figuran en investigaciones por delitos de corrupción y de lavado de activos, según información de la Fiscalía de la Nación a la cual tuvo acceso Convoca.pe, registros oficiales que corresponden a su sede central en la capital y a las ubicadas en los distritos fiscales de Lima Este, Lima Sur, así como en Lima Norte.
Lideran este funesto ranking los postulantes al Parlamento de Alianza para el Progreso (5), Podemos Perú, Victoria Nacional, Somos Perú (3), Avanza País y el Partido Morado (2). También de las organizaciones políticas Fuerza Popular, Partido Nacionalista, Unión por el Perú, Perú Patria Segura, Democracia Directa y Renacimiento Unidos Nacional, con un candidato en cada agrupación.
Entre los casos más relevantes está la pesquisa iniciada al expresidente y aspirante a una curul por Lima, Martín Vizcarra Cornejo, cabeza de la lista de candidatos de Somos Perú en la capital, quien tiene tres investigaciones por corrupción en su contra por el caso 'Club de la Construcción', el caso Richard 'Swing' Cisneros y el escándalo del 'vacunagate'.
En el caso del 'Club de la Construcción', el fiscal Germán Juárez investiga a Vizcarra por presuntamente haber recibido un total de S/ 2 millones 300 mil a cambio de dos adjudicaciones cuando era gobernador regional de Moquegua. Las obras eran el proyecto de irrigación 'Lomas de Ilo', otorgada a la empresa Obrainsa, y el Hospital Regional de Moquegua, cuya buena pro fue entregada al consorcio ICCGSA-Incot.
Tanto ICCGSA como Obrainsa integraban la red ilegal del 'Club de la Construcción', cártel de constructoras peruanas y brasileñas que se repartían las adjudicaciones de obras públicas en el país, de acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía e Indecopi.
En el caso Richard 'Swing', Vizcarra es investigado de forma preliminar por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado y obstrucción de la justicia, por la contratación irregular en el Ministerio de Cultura del cantante y productor musical.
Entre 2018 al 2020, Cisneros fue contratado hasta nueve veces por el Ministerio de Cultura para actividades ajenas a su experiencia y formación, como charlas motivacionales y de liderazgo, por un monto total de S/ 175 mil. Estos contratos realizados a través de órdenes de servicio se dieron en contexto de la pandemia y la emergencia sanitaria.
La investigación más reciente abierta contra Vizcarra es la relacionada al caso ‘vacunagate’, por el que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió pesquisas preliminares contra el exmandatario por los delitos contra la administración pública, concusión, y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
De acuerdo con el Ministerio Público, se habría configurado el delito de aprovechamiento indebido del cargo cuando Martín Vizcarra usó su alta investidura para la aplicación de dosis experimentales de la vacuna de Sinopharm a él, su esposa y su hermano.
Según información de la Fiscalía, a la que accedió Convoca.pe, entre los candidatos al Congreso por Lima que fueron investigados también se encuentra Patricia Juárez, candidata al Congreso y a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular, quien fue investigada por el Equipo Especial Lava Jato en relación al caso Línea Amarilla (Lamsac), en el que además está implicado el exalcalde de Lima, Luis Castañeda, otros exfuncionarios ediles y exdirectivos de la constructora brasileña OAS.
A la postulante fujimorista se le encontró sospecha sobre los delitos de concusión, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho pasivo propio. Según la información oficial del Ministerio Público, el caso fue archivado en el 2019 pese a la oposición de la Procuraduría Ad Hoc.
Según la hipótesis del Equipo Especial Lava Jato, la gestión edil de Castañeda presuntamente favoreció a la constructora OAS con la entrega de peajes de la comuna limeña a cambio del aporte de US$ 480 mil, suma que la empresa brasileña dio para la campaña municipal de Solidaridad Nacional de 2014, en la cual participó Juárez.
Como se recuerda, Juárez fue la teniente alcaldesa de la gestión de Castañeda entre 2015 y 2018, y como tal fue férrea defensora de la administración municipal de Solidaridad Nacional en la capital. La ex regidora metropolitana perteneció a las filas de ese partido, ahora denominado Renovación Popular, desde noviembre de 2004 a noviembre de 2018.
La hipótesis fiscal señala que la gestión edil de Luis Castañeda otorgó tres reajustes a las tarifas de los peajes de Línea Amarilla incrementando el costo de S/ 4.50 a S/ 5.70, cambio que permitió a OAS ganar irregularmente más de S/ 16 millones del 2014 al 2016, pese a que las tarifas reajustadas iban contra las condiciones del peaje.
Meses después se inscribió en el partido Fuerza Popular que lidera la candidata Keiko Fujimori, quien también es investigada por el Equipo Especial Lava Jato por el delito de lavado de activos por los aportes que recibió de parte de la constructora brasileña Odebrecht durante la campaña presidencial de 2011 y 2016.
Otro político que está involucrado en el mismo caso que Juárez, es el exintegrante de Solidaridad Nacional y actual candidato al Congreso por Podemos Perú, José Luna Gálvez, quien es investigado por el Equipo Especial y se le imputa que habría recepcionado los sobres de dinero con los aportes de OAS.
Según Martín Bustamante, hombre de confianza de Luis Castañeda, quien se acogió a la colaboración eficaz, él mismo llevaba los sobre de dinero de OAS y se los entregaba a Luna Gálvez en la sede de su Universidad Privada Telesup, en el distrito de San Isidro.
De la documentación a la que accedió Convoca.pe también se encuentran dos investigaciones contra el candidato al Congreso por Lima de Alianza para el Progreso (APP), Miguel Ángel Salcedo Ugalde, vinculados a presuntos delitos de corrupción y de lavado de activos.
Según los datos del Ministerio Público, Salcedo Ugarte, está siendo investigado de forma preliminar desde enero de 2020 por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de El Agustino por los delitos de peculado de uso, organización criminal y usurpar una función pública. El caso está a cargo del fiscal Julián Mejía Rueda.
Salcedo es hijo del alcalde del distrito de El Agustino, Víctor Modesto Salcedo Ríos, quien también está incluido en la investigación. Según la denuncia, el candidato Salcedo Ugarte y la regidora Kasumi Ito Ferreira, daban órdenes a otros funcionarios del municipio distrital para realizar publicaciones donde se habría difamado al empresario Aron Espinoza Velarde.
Respecto a la segunda carpeta fiscal, el candidato al Legislativo de APP, Víctor Salcedo, tiene abierto desde el 3 de marzo último, una investigación preliminar vigente por lavado de activos por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaycán seguida por el fiscal Álvaro Castañeda Rojas.
Otro candidato de APP que está siendo investigado por lavado de activos es el exalcalde de Comas y postulante al Congreso, Miguel Saldaña Reátegui, caso que recayó en en la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delito de Lavado de Activos que dirige la fiscal Sonia Baylón.
También candidatos presidenciales
En tanto, en la documentación enviada a Convoca.pe por la Fiscalía, también se encontraron investigaciones abiertas y aún vigentes contra candidatos presidenciales. Uno de ellos es Julio Guzmán del Partido Morado, quien tiene una investigación por presuntos aportes de Odebrecht.
La investigación contra Guzmán en un primer momento recayó en la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, aunque el 27 de febrero de 2020 esa denuncia fue remitida al Equipo Especial Lava Jato.
Meses después, en julio de 2020, el fiscal Domingo Pérez, dispuso abrir investigación preliminar contra el líder morado, por el presunto delito de lavado de activos debido a la supuesta recepción de US$ 400 mil de la constructora Odebrecht para su campaña presidencial de 2016. En esos comicios, Guzmán intentó postular con la inscripción del partido Todos por el Perú, pero su candidatura fue declarada improcedente por el Jurado Nacional de Elecciones.
La denuncia está basada en una supuesta anotación de Fernando Migliaccio da Silva, extesorero de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, conocida como 'Caja 2', en el servidor My Web Day, en la cual se consignó "Guzmán recebeu 400 tudo bem, pede mais inversao" (en castellano, "Guzmán recibió 400, todo bien, pide más inversión").
Además, otro candidato presidencial que tiene una investigación por lavado de activos es el líder de APP, César Acuña Peralta, quien busca por segunda vez llegar a Palacio de Gobierno. El también exgobernador regional de La Libertad, es investigado desde abril de 2018 por la Segunda Fiscalía Especializada en delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.
Las pesquisas que también se encuentran en etapa preliminar, es por las operaciones de transferencias de fondos al exterior efectuadas por Acuña, su partido y una compañía vinculada al candidato, por más de 30 mil dólares a la cuenta de la empresa ‘Epoke Consultoria em Midia Ltda.’, que pertenece al consultor brasileño Luis Favre. Los montos fueron enviados a la empresa de entre junio de 2014 a agosto de 2016.
En tanto, la investigación contra la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es la que registra más avance hasta el momento, ya que el fiscal Domingo Pérez, después de dos años de investigación, presentó acusación contra la lidereza fujimorista y otros integrantes de la cúpula partidaria por el presunto delito de organización criminal y lavado de activos.
El 11 de marzo último, el fiscal Domingo Pérez, presentó la acusación contra Keiko Fujimori y otras 41 personas investigadas por los aportes presuntamente irregulares que habría recibido Fuerza Popular para financiar las campañas presidenciales de 2011 y 2016, entre ellas de las constructora brasileña Odebrecht y del banquero Dionisio Romero Paoletti.