Actualización 1 de marzo de 2021

A pesar de que los abogados del expresidente Alberto Fujimori, tres exministros de salud y otros acusados intentaron aplazar la audiencia de presentación de cargos por las esterilizaciones forzadas a 1321 mujeres, cometidas durante el gobierno fujimorista, el Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado negó este pedido y el Ministerio Público pudo formalizar la acusación contra los imputados.

Una hora y media después de iniciada la audiencia, el Ministerio Público formuló una acusación penal contra el expresidente Alberto Fujimori; los exministros de Salud, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga Recuenco; como autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves, seguidas de muerte, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

La denuncia también incluye al exdirector general de la Región Salud IV de Cajamarca, Segundo Henry Aliaga Pinedo; el fallecido exdirector de la oficina de Salud de las Personas de la región de Cajamarca, Enrique Octavio Marroquín Osorio; la doctora Magda Isabel González Carrillo y el exasesor del sector Salud, Ulises Jorge Aguilar.

Al inicio de la audiencia, el abogado del exministro de Salud, Marino Costa Bauer, pidió al juzgado que aplace la audiencia porque su cliente no estaba presente y se debía resguardar su derecho a la defensa. Argumentó que había viajado a Chile, donde será intervenido quirúrgicamente el 11 de marzo y que debe pasar por una cuarentena días antes. Este pedido fue apoyado por el abogado del expresidente Fujimori.

El fiscal Pablo Espinoza y los abogados de las víctimas se opusieron a esta solicitud pues dijeron que la presencia de los acusados no era obligatoria y calificaron este pedido como un intento de dilatar más el proceso judicial. Recordaron que la audiencia inicial fue fijada para el 9 de diciembre de 2019 y había sido postergada tres veces. 

Finalmente, el juez Rafael Martínez Vargas declaró improcedente la solicitud de la defensa de los acusados. Se espera que el magistrado abra investigación judicial a los acusados.

Después de casi cinco horas, el juez Vargas suspendió la audiencia y anunció que la retomarán este martes 2 de marzo a las 9:30 a.m.

Abogados de Alberto Fujimori y del ministro de Salud Marino Costa Bauer pidieron que se aplace la audiencia de acusación por esterilizaciones forzadas. Foto: Difusión

Actualización 25 de enero de 2021

El 1 de marzo se realizará la audiencia de presentación de cargo contra los acusados por las esterilizaciones forzadas de mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori, según dispuso el Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado.

Milton Campos, abogado de los familiares de las fallecidas Mamérita Mestanza y Celia Ramos, informó a Convoca.pe que el Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado le notificó la nueva fecha de la audiencia, luego de que la diligencia anterior fuera suspendida por la falta de intérpretes de las variantes del quechua, idioma natal de la mayoría de las 1321 agraviadas incluidas en el expediente.

Los acusados por este caso son el expresidente Alberto Fujimori; los exministros de Salud, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga Recuenco; el exdirector general de la Región Salud IV de Cajamarca, Segundo Henry Aliaga Pinedo; el fallecido exdirector de la oficina de Salud de las Personas de la región de Cajamarca, Enrique Octavio Marroquín Osorio; la doctora Magda Isabel González Carrillo y el exasesor del sector Salud, Ulises Jorge Aguilar.

Actualización 11 de enero de 2021

Por tercera vez, se frustró la audiencia de presentación de cargos contra los responsables de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, del año 1995 al 2000. En esta ocasión, la diligencia virtual no se pudo realizar por la falta de intérpretes de las distintas variantes de quechua, idioma que es hablado por la mayoría de 1321 las agraviadas.

Inicialmente, la audiencia fue fijada para el 9 de diciembre de 2019 pero, a pedido del Ministerio Público, fue reprogramada para el 20 de marzo. En dicha fecha no pudo concretarse la diligencia porque el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19 y dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial. El 19 de octubre de 2020, el juzgado reprogramó la audiencia para este 11 de enero.

Debido a que en la audiencia, solo estuvo presente un intérprete del quechua ayacuchano, el juez Rafael Martínez Vargas, titular del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado, dispuso que el juzgado considere incorporar a personas que manejen las distintas formas de quechua, para que las agraviadas puedan tener uso de su derecho en la audiencia. Para la próxima fecha, que aún no se define, oficiarán a la entidad correspondiente para que haya un intérprete del idioma quechua, en las variantes más significativas.

Afectadas reclaman por demora

Aunque Rute Zúñiga, presidenta Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef), reconoció la importancia de que haya traductores en la audiencia, manifestó su malestar por la demora para encontrar justicia.

"Se están burlando las autoridades. Ellas quieren manipular, hacer las cosas como a ellas les conviene. Nos están alargando. No es justo que nos hagan eso. Son casi 25 años que estamos esperando. Algunas compañeras se han cansado, hay otras que han fallecido, insistiendo en justicia y reparación", dijo Zúñiga. 

Milton Campos, abogado de los familiares de la fallecida Mamérita Mestanza, destacó la necesidad de que se garantice a las víctimas la posibilidad de entender la audiencia, pues estas provienen de Cajamarca, Apurímac, Cusco, Ayacucho, entre otras regiones. Sin embargo, afirmó que hubo descuido y negligencia del Poder Judicial y del Ministerio Público para que no se tenga que esperar y se continúe el proceso judicial.

"Desde el 2018, que se denunció, casi 3 años después, recién tenemos la audiencia para saber si van a empezar o no un proceso judicial. Es una responsabilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial garantizar la presencia de traductores de los diferente dialectos o idiomas. Solo se previó contar con un traductor para las más de 1300 demandante de diversas regiones", explicó Campos.

Fujimori no se presentó en audiencia

Hoy, el fiscal Pablo Espinoza Vásquez debía sustentar los cargos contra Alberto Fujimori y sus exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y otros funcionarios de salud.

Fujimori debía participar desde la plataforma virtual de la sede de la Diroes, en el penal de Barbadillo, en Ate, donde cumple una condena de 25 años de prisión por su autoría intelectual en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, no se presentó porque se encontraba descompensado y estaba siendo evaluado por una enfermera, según informó el jefe de seguridad del establecimiento penitenciario.

César Nakasaki, abogado de Fujimori, dijo que presentó un escrito señalando que su patrocinado no estaba obligado legalmente a participar en esta audiencia porque tiene la protección del tratado de extradición entre Perú y Chile y del Código Procesal Penal, que establece que solamente puede ser sometido a los procesos penales que son objetos de la sentencia del proceso de extradición y de sus dos ampliatorias.

Mujeres que sufrieron esterilizaciones forzadas se reunieron en Cusco con el fin de prepararse para la audiencia de este 11 de enero. Foto: Difusión/Ampaef

Nota original 25 de octubre de 2020

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió que el Poder Judicial continuará con el proceso de los más de 1,300 casos de mujeres sometidas a esterilizaciones forzadas durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori.

En una sesión reservada, la mayoría de magistrados del TC declaró infundado el recurso interpuesto por el exministro de Salud del gobierno fujimorista, Marino Costa Bauer, para que se archive la investigación fiscal alegando que se habían violado sus derechos fundamentales y que el plazo para las indagaciones había vencido.

La presidenta del TC, Marianella Ledesma, y los magistrados Carlos Ramos, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda votaron contra el pedido del exministro Costa, mientras que Ernesto Blume, Augusto Ferrero y José Luis Sardón votaron a favor.

Magistrados del TC que votaron a favor de archivar los casos de esterilizaciones forzadas

Con el fallo del TC, el proceso continuará en el Poder Judicial el 11 de enero de 2021, con la audiencia para la presentación de cargos contra el expresidente Alberto Fujimori; los exministros de Salud, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga Recuenco; el exdirector general de la Región Salud IV de Cajamarca, Segundo Henry Aliaga Pinedo; el fallecido exdirector de la oficina de Salud de las Personas de la región de Cajamarca, Enrique Octavio Marroquín Osorio; la doctora Magda Isabel González Carrillo y el exasesor del sector Salud, Ulises Jorge Aguilar.

A los demandados se les acusa de ser presuntos autores del delito contra los derechos humanos y otros en agravio de la fallecida María Mamérita Mestanza Chávez y otros, según la citación dispuesta por el Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado.

El expediente judicial contempla 1,321 casos de mujeres que fueron esterilizadas contra su voluntad, cinco de ellas tuvieron lesiones graves seguidas de muerte y el resto fue víctima de lesiones graves. Sin embargo, los casos de esterilizaciones forzadas superan esta cifra, según los reportes de la Defensoría del Pueblo y del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO).

Audiencia judicial en 2021

La audiencia de presentación de cargos fue fijada, inicialmente, para el 9 de diciembre de 2019 pero, a solicitud del Ministerio Público, fue reprogramada para el 20 de marzo. En dicha fecha no pudo concretarse la diligencia porque el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19 y dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial.

El 19 de octubre último, el juzgado reprogramó la audiencia para el 11 de enero del próximo año y dispuso que se realice mediante videoconferencia con la sede de la Diroes, en el distrito limeño de Ate, donde el expresidente Alberto Fujimori cumple 25 años de cárcel por su autoría intelectual en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).

Citación para audiencia de presentación de cargos contra los acusados fue reprogramada para el 11 de enero de 2021. 

María Esther Mogollón, asesora de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF), dijo a Convoca.pe que Marino Costa Bauer podría ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para insistir en que se impida la actuación del Poder Judicial.

Pese a esta victoria en el TC, Mogollón expresó su preocupación porque no está garantizada la participación de todas las mujeres afectadas en la audiencia programada por el Poder Judicial en el 2021, debido a la lejanía de sus viviendas en el interior del país y a la carencia de abogados y recursos tecnológicos para comunicarse. "Si la sesión es virtual, las señoras ni siquiera tienen WhatsApp, no tienen abogados privados, dependen de la defensa pública. Aún no les ha llegado la convocatoria a todas porque varias viven en zonas lejanas", explicó.

Los abogados de Mamérita Mestanza y Celia Ramos, fallecidas como consecuencia de la esterilización forzada, exigieron al Poder Judicial que se investigue con celeridad, garantías judiciales y que las 1,316 denunciantes sean notificadas y cuenten con defensa pública.

“Exigimos que la investigación se haga de forma rápida y conforme a los plazos de ley y que concluya que se trató de un crimen de lesa humanidad y, con ello, se acuse a Alberto Fujimori, sus exministros de salud y a todos los coautores de este crimen para que vayan a juicio, que las víctimas llevan esperando más de 20 años”, declaró María Ysabel Cedano, abogada de Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.

Cedano solicitó al juez encargado del caso, Rafael Martín Martínez, que inicie con prontitud y transparencia las investigaciones “sin revictimizar a las mujeres que han luchado tanto por justicia”.

Esperan respuesta de ministra de Justicia

Las mujeres de AMPAEF y del Grupo de Seguimiento a la Reparaciones en Esterilización Forzadas (GREF) están a la espera de una respuesta de la ministra de Justicia, Ana Neyra, a la carta que le enviaron solicitándole información sobre las medidas adoptadas por su ministerio para proteger el derecho a la reparación de las víctimas afectadas por graves violaciones de derechos humanos.

El GREF le recordó a la ministra Neyra que, el 16 de agosto, el Ministerio de Justicia publicó una resolución que crea un grupo de trabajo multisectorial que eliminó la participación de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil y que establece como plazo de trabajo hasta el 31 de julio de 2021.

La mayoría de las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas vive en provincias y no tiene un abogado que las represente. Foto: Difusión

Además, esta organización insistió en rechazar la decisión de dicho ministerio de realizar un nuevo diagnóstico sobre las esterilizaciones, como requisito para elaborar una política pública de reparaciones, a pesar de los más de 7 mil testimonios consignados en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO).

Respuesta pendiente en la ONU

En setiembre pasado, cinco casos de mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas en Huánuco y Huancavelica fueron llevados ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Estado peruano tendrá que responder a esta denuncia. 

En la demanda, las denunciantes solicitan que se declare la responsabilidad del Estado peruano por la falta de reparación integral del daño ocasionado por las esterilizaciones forzadas a las víctimas y por la falta de una investigación diligente de los hechos. Además, piden al estado que otorgue una compensación económica a las víctimas y que realice una investigación para identificar y sancionar a los responsables.

Foto principal: Difusión/AMPAEF