Para las elecciones generales de abril próximo, se han presentado 22 fórmulas presidenciales ante el órgano electoral, de las cuales hasta la fecha 14 han terminado con su proceso de inscripción y tienen el camino expedito para participar en los comicios, mientras que otras cuatro listas fueron declaradas improcedentes y cuatro se hallan en el período de tachas.

Siete de estos postulantes a la presidencia de la República fueron incluidos en investigaciones fiscales o procesos judiciales por casos de corrupción, lavado de activos y hasta por violación contra los derechos humanos.

Entre ellos, está Keiko Fujimori, hija del recluido expresidente Alberto Fujimori, quien postula por tercera vez al más alto cargo del país. Es investigada por el presunto delito de lavado de activos a raíz de las declaraciones del exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, pues este indicó a los fiscales peruanos que entregó más de 1 millón de dólares para la campaña presidencial de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular).

Barata declaró que la constructora brasileña entregó US$ 1 millón para la campaña de Fuerza Popular. Foto: Difusión

En diciembre de 2019, el exsuperintendente de la constructora brasileña ratificó ante el Equipo Especial Lava Jato la entrega de dinero para la campaña presidencial fujimorista del 2011. Semanas después de este interrogatorio, el 28 de enero de 2020, el Poder Judicial dictó 15 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular.

Sin embargo, tras una apelación de la defensa de Fujimori, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada en mayo de 2020 ordenó revocar la orden de prisión preventiva por comparecencia con restricciones, por lo que fue excarcelada.

El 1 de diciembre de 2020, el fiscal Domingo Pérez solicitó al juez Víctor Zúñiga Urday que se suspendan las actividades políticas del partido Fuerza Popular por un plazo de dos años y medio, como parte de la investigación por el caso Odebrecht. El magistrado Zúñiga rechazó la pretensión del Ministerio Público. 

No obstante, el fiscal Pérez ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del juez, con el objetivo de que una instancia superior revoque esa decisión y suspenda a la organización política liderada por Keiko Fujimori.

Nacionalista en apuros

Un candidato que busca colocarse por segunda vez la banda presidencial es Ollanta Humala, quien también es procesado por el delito de lavado de activos por presuntamente haber recibido dinero ilícito del gobierno venezolano y de la empresa Odebrecht para financiar sus campañas electorales del 2006 y del 2011, respectivamente. Durante el 2020, la Fiscalía también le abrió investigación por los casos Gasoducto del Sur y Club de la Construcción.

Sobre la investigación por los aportes de campaña, el fiscal Germán Juárez Atoche pidió al Poder Judicial 20 años de cárcel contra Humala Tasso y 26 años de prisión contra su esposa, Nadine Heredia. Según la acusación, en el 2011 la empresa brasileña suministró 3 millones de dólares al partido y al menos 1 millón de dólares fue recibido por Heredia, de acuerdo con las confesiones de Jorge Barata.

Odebrecht asegura que entregó US$ 3 millones para financiar la campaña electoral del Partido Nacionalista. Foto: Andina.

En agosto de 2020, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos abrió una nueva investigación preliminar por ocho meses contra el expresidente y su cónyuge, a quienes se les sindica como presuntos líderes de una organización criminal dentro del Poder Ejecutivo para beneficiar a Odebrecht con la licitación del proyecto Gasoducto del Sur. Las pesquisas también incluyen a tres exministros y exfuncionarios del gobierno nacionalista.

El fiscal Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, presentó ante la Fiscalía de la Nación las declaraciones de dos aspirantes a colaboradores eficaces que revelarían que el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia recibieron más de 16 millones de dólares en presuntas coimas del 'Club de la Construcción'.

Según los testimonios de colaboradores eficaces, entre los que destaca el exdirectivo de OAS, José Adelmário Pinheiro Filho, Heredia y Humala tenían conocimiento de la existencia de ese cartel de constructoras y aceptaron la entrega de sobornos. En este caso, Ollanta Humala aún no está incluido por el antejuicio político que mantiene hasta julio de 2021, pero se conoce que de no ser electo como mandatario, el fiscal Juárez lo incluirá en la investigación.

Actualización, 22 de febrero de 2021

Control de la acusación contra Humala

Luego de más de año y medio desde que inició el control de la acusación que el fiscal Germán Juárez presentó contra el exmandatario y actual candidato presidencial, Ollanta Humala Tasso, y la exprimera dama Nadine Heredia Alarcón, el juez Richard Concepción Carhuancho anunció que dentro del plazo procesal dará a conocer si admite o rechaza las pruebas ofrecidas por la Fiscalía.

Carhuancho dio ese anuncio el 17 de febrero, en la última audiencia de control de acusación, proceso donde el juez identificó los elementos que integran la acusación fiscal, determinar su validez y recibir la posición de la defensa legal de Humala y Heredia contra esos argumentos.

El Ministerio Público solicitó 20 años de prisión para Humala Tasso y 26 años y medio para Heredia Alarcón, por los presuntos aportes de la constructora brasileña Odebrecht a la campañas electoral del Partido Nacionalista del 2011.

Morado turbio

Otro aspirante que mantiene una investigación preliminar por la supuesta recepción de dinero de Odebrecht es Julio Guzmán, dirigente del Partido Morado. De acuerdo con la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez, la constructora brasileña habría aportado 400 mil dólares para su campaña presidencial del 2016, cuando Guzmán postulaba a la presidencia con la agrupación Todos por el Perú.

La investigación empezó en agosto último y durará al menos ocho meses, pues el Equipo Especial para el caso Lava Jato la considera como un “caso complejo”. La indagación fue abierta con una denuncia del excongresista del Frente Amplio, Humberto Morales, quien el 30 de enero de 2019 declaró que Guzmán había recibido dinero de Odebrecht.

El Equipo Especial Lava Jato investiga a Julio Guzmán por supuestos aportes de Odebrecht a su campaña electoral de 2016.

Violación contra Derechos Humanos y lavado de activos

En noviembre último, se inició el nuevo juicio contra Daniel Urresti, candidato presidencial por Podemos Perú, por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, en 1988. El Ministerio Públicó acusa al también congresista como autor mediato de ese crimen, razón por la cual solicitó 25 años de prisión en su contra. El homicidio ocurrió en Ayacucho, durante la época de terrorismo y conflicto interno.

Según el fiscal Luis Pinto, el entonces capitán del Ejército, Daniel Urresti, le dijo al jefe político-militar de la provincia de Huanta, el coronel Víctor La Vera Hernández, que Bustíos era colaborador de la organización terrorista Sendero Luminoso.

El fiscal añadió que el 24 de setiembre de 1988, fecha del asesinato, Urresti indicó a sus subordinados que acaben con la vida del periodista, por orden del jefe militar La Vera Hernández. Este último personaje, en octubre de 2017, fue condenado por el Poder Judicial a 17 años de prisión como autor de homicidio calificado en agravio de Hugo Bustíos.

Además de los 25 años de prisión contra Urresti, la Fiscalía pide el pago de reparación civil de 500 mil soles a favor de los herederos de Hugo Bustíos.

Actualización, 22 de febrero de 2021

En la más reciente audiencia virtual del juicio del Caso Bustíos, la abogada Vanessa Alfaro Mendoza, renunció a la defensa legal del candidato presidencial Daniel Urresti. Esto fue a causa de la revelación del intento de compra de dos testigos en el juicio contra el congresista de Podemos Perú.

“Hoy voy a defender y cautelar mi nombre, reputación y exigencia profesional que he empleado siempre. Hoy me toca cautelar mi rol como letrada no persiguiendo más como objetivo primordial y crucial la defensa de Daniel Urresti Elera, por tanto, renuncio a la continuación de la defensa en el presente juicio oral”, dijo Alfaro en la sesión. 

Daniel Urresti es procesado judicialmente por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, en Ayacucho, en 1988.

Por otro lado, el candidato presidencial por Alianza por el Progreso (APP), César Acuña Peralta, es investigado por lavado de activos por la adquisición de un inmueble en la urbanización Soto de La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de la capital de España, Madrid, valorizado en 1 millón 200 mil euros. La compra se realizó en octubre de 2016 y se pagó al contado.

La investigación contra el líder de APP está a cargo del fiscal Eduardo Cueva Poma, del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. 

Dos fiscalías indagan al candidato César Acuña por lavado de activos.

En paralelo, César Acuña es investigado por la Segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos desde abril de 2018, para determinar el origen de su patrimonio y las transacciones financieras desde cuentas del exterior que realizó entre 2014 y 2016 a otras cuentas bancarias de su partido y de una empresa del publicista argentino-brasileño Luis Favre. 

Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los movimientos financieros de Acuña Peralta sumaron más de 30 millones 287 mil dólares.

El candidato presidencial por Somos Perú, Daniel Salaverry, también registra una investigación por parte de la Fiscalía, que le atribuye haber usado recursos del Parlamento, destinados a su semana de representación, para fines personales. En julio de 2020, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos lo denunció por los presuntos delitos de peculado doloso y falsedad ideológica.

Al expresidente del Congreso se le imputa haberse apropiado de los gastos de representación parlamentaria y de presentar informes con datos falsos en relación a sus actividades oficiales durante los meses de enero, febrero y diciembre del 2017; y en los meses de enero, febrero y marzo del 2018.

Daniel Salaverry es investigado por peculado doloso respecto a los gastos de representación cuando era legislador. Mientras que a Rafael López Aliaga se le incluyó en el caso Panama Papers.

Otro imputado es el postulante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, empresario que es investigado por lavado de activos en relación al caso Panama Papers. Su nombre figura  como accionista de las offshore Acres Investments International Ltd. Inc., y Acres Investments Ltd. por el bufete panameño Mossack Fonseca.

Como reveló la investigación global, en la que participó Convoca.pe, el estudio de abogados Mossack Fonseca operaba diferentes offshore desde paraísos fiscales, con la finalidad de ocultar las operaciones bancarias y financieras de corporaciones y empresas de todo el mundo.