El proyecto de creación de la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental-Kapanawa, entre Loreto y Ucayali, para proteger a los remo, mayoruna y kapanawa, poblaciones indígenas en aislamiento, ha generado una serie de reacciones en contra. El 27 de mayo, el alcalde provincial de Contamana, Rodolfo Lovo, increpó a sus colegas duramente en la ciudad de Iquitos. “Los alcaldes anteriores tampoco dieron importancia al tema PIACI, y eso afectó el desarrollo y la defensa de nuestros territorios”, afirmaba enérgicamente el alcalde. “Llegamos a la etapa final de la definición de la reserva en Contamana (la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental) sin una representación adecuada, lo que nos obligó a recurrir al Ministerio del Interior y al Ministerio de Energía y Minas para realizar investigaciones exhaustivas”.

Según el alcalde, estas investigaciones demostraron que no existen pueblos no contactados en la zona, a pesar de que el Ministerio de Cultura ha reunido 300 evidencias y el Estado Peruano reconoció en 2019 su existencia. “El Ministerio de Cultura también realizó sus propios estudios, pero encontramos serias deficiencias. Inicialmente, apoyaron la protección de los no contactados basándose en investigaciones ligeras e irresponsables,” insistió Lovo.

El discurso es ya conocido. Es el que están usando los grupos negacionistas, particularmente el que ha posicionado como propio la Coordinadora para el Desarrollo Sostenible de Loreto (CDSL). Su representante, Christian Pinasco Montenegro, quiere hacernos creer que en la selva peruana, particularmente en Loreto, no existen poblaciones indígenas en aislamiento, a pesar de la amplia documentación y el reconocimiento formal del Estado. Según él y su grupo, esto no es más que un “cuento” del Ministerio de Cultura y las ONG, que inventan “hombres calatos” para controlar la Amazonía.

Así lo dijo el 13 de julio del año pasado, en el Forum Intercultural “Reservas PIACI y derecho al desarrollo de los pueblos originarios de Loreto”, desarrollado en Iquitos. “No podemos inventar ahora que existen más de 7000 pueblos no contactados, que existen más de 5000 indígenas no contactados. ¿Dónde están esos pueblos?”, preguntó. E insistió en que la población debía “rechazar la presencia de banderas extranjeras en nuestro país, rechazar la injerencia de las ONG que manipulan a los pueblos indígenas y les dan una propina con los bonos de carbono”.

Pinasco usa como caja de resonancia para sus discursos antiderechos y extractivistas varios medios de comunicación que son afines a él o con los que mantiene acuerdos como Corporación Peruana de Medios Satelital (CPM Satelital) que es de su propiedad o donde tiene control, entre ellos, Amazónica TV.

Amazónica TV muestra su aprecio a Pinasco. El representante de la Coordinadora tiene presencia en este medio loretano. Foto: Facebook Amazónica TV

CPM Satelital es propiedad de Christian Pinasco, según consta en los Registros Públicos. Foto: Sunarp
 

Por ejemplo, eventualmente emite un programa llamado “Pinasco sin Asco” y maneja personalmente las redes sociales de la CDSL, como la página de Facebook que está vinculada a su número celular. Su actitud intolerante puede leerse en las respuestas que le da a quienes no coinciden con sus planteamientos.

La página de Facebook de la CSDL tiene un contacto de Whatsapp que dirige directamente al teléfono de Pinasco. 

Pinasco es secundado por un grupo pequeño dentro del cual todos aseguran ser representantes legítimos del sentir de los pobladores de Loreto, la región más grande del Perú. En este grupo hay ingenieros, políticos y líderes gremiales que hace años se organizaron para elaborar una campaña incansable en contra de la ratificación del Acuerdo de Escazú y de la protección que requiere la población amazónica en aislamiento. El Acuerdo de Escazú está destinado a mejorar la transparencia en temas ambientales de los gobiernos y a una protección efectiva de los defensores ambientales, como lo han manifestado numerosos expertos así como entidades privadas y públicas, como la Defensoría del Pueblo o la Fundación Friedrich Ebert.

El papel de la Coordinadora es abrirle paso a la extracción forestal y a mayores inversiones estatales en carreteras y otras obras civiles. Estos pedidos coinciden, de manera curiosa, con las demandas e iniciativas de personas y grupos vinculados a actividades ilegales, como el sembrío de coca, el tráfico de madera y el trabajo forzoso. Estos esfuerzos tuvieron eco en el Congreso de la República y aunque no prosperaron, abrieron una ola de desinformación y que se extiende por la Amazonía Peruana.

El objetivo es claro: abrir las reservas indígenas a las actividades extractivas, a las carreteras, a los cultivos industriales. Ese es el modelo de “sostenibilidad” que defiende la CDSL. El botín en Loreto y el resto de la Amazonía peruana es enorme.

En julio de este año, le preguntamos a Pinasco sobre la representatividad de la Coordinadora y su discurso seguía la línea planteada: anti ONG y la “falsa narrativa de la defensa de la Amazonía”. 

“Solo basta preguntarse cuántas ONG extremistas se irrogan el derecho de representarnos como amazónicos, cuántas federaciones y organizaciones indígenas de fachada se han creado para que hablen en nombre del pueblo indígena y sus dirigentes sólo son los únicos que han visto el progreso. La legitimidad de la CDSL la dan sus propios directivos, sus asociados y los ciudadanos que creen en su visión.  Lideres que, además, han sido atacados por el poder económico de las ONG extremistas que pretenden callar la única voz que cuestiona sus actividades”, puntualizó en un escrito. 
 

¿Por qué son tan importantes para los extractivistas e ilegales no reconocer los PIACI?

A la fecha, el Estado peruano ha delimitado oficialmente dos reservas territoriales (Madre de Dios y Kugapakori, Nahua, Nanti y otros) y seis reservas indígenas (Isconahua, Yavarí Tapiche, Murunahua, Kakataibo Norte y Sur, Mashco Piro y Sierra del Divisor Occidental). 

Estas reservas están ubicadas en las regiones de Cusco, Madre de Dios, Loreto, Huánuco y Ucayali, y suman un total de 4.6 millones de hectáreas, que corresponden al 3.6% del territorio nacional. Las reservas se han establecido como parte de una serie de medidas para salvaguardar la vida de la población indígena amazónica en situación de aislamiento y contacto inicial. Adicionalmente, se espera la creación de las reservas Yavarí Mirím, Atacuari, Pupuña y Napo Tigre, en Loreto y Alto Abujao en Ucayali, algunas de las cuales han estado en trámite de creación desde hace más de 20 años, a pesar de que la Ley establezca un plazo legal de aproximadamente 2 años para el proceso de creación de las reservas.

El territorio de las reservas ya existentes a favor de los PIACI y las que están en proceso de creación se ubican en zonas poco exploradas y donde se ha dado una muy baja o nula presencia de actividades extractivas. Es decir, son zonas donde los recursos forestales, de fauna y el petróleo o la minería no se han desarrollado, por lo que permanecen con toda su riqueza o potencial.

El potencial de varias de las reservas ha sido identificado y se encuentra documentado en diversos expedientes técnicos, como los planes maestros de las áreas protegidas con los que colindan o se superponen y por supuesto, en los mapas de exploración que se brinda a los inversionistas petroleros. Las reservas son también espacios que, por su ubicación, son atractivas para la extracción maderera y otras actividades ilegales.

El petróleo y la desinformación: una nueva forma de exterminio

La campaña de desinformación en contra de los indígenas en aislamiento no es nueva. Los antecedentes datan de inicios de este siglo, con las declaraciones del expresidente Alán García Pérez en 2007, que en su retórica desarrollista acusaba a las ONG: “Y contra el petróleo, han creado la figura del nativo selvático ‘no conectado’; es decir, desconocido pero presumible, por lo que millones de hectáreas no deben ser exploradas, y el petróleo peruano debe quedarse bajo tierra mientras se paga en el mundo US$90 por cada barril. Es preferible para ellos que el Perú siga importando y empobreciéndose”.

El artículo de Alan García titulado “El perro del hortelano”, es una antología de los motivos extractivistas y denota la carencia de respeto a los derechos indígenas, que recogieron empresas y políticos y que perdura hasta nuestros días.

Mientras Alan García publicaba sus artículos, Perenco, una empresa franco inglesa, adelantaba los trámites para la explotación del Lote 67, en Loreto, al norte del Perú, en una zona donde en el año 2003 las organizaciones indígenas habían pedido la creación de la Reserva Indígena Napo Tigre. Perenco había comprado el Lote 67 de la empresa Barret Resources, quienes comprobaron la existencia de yacimientos que podrían producir, en una primera fase, hasta 11 mil barriles de petróleo por día.

Para desmerecer la demanda territorial de los indígenas, Perenco contrató a Daimi Perú, de propiedad del ecuatoriano Milton Ortega, un conocido consultor de la industria petrolera, para demostrar la inexistencia de pueblos en aislamiento. Ortega ya tenía serios cuestionamientos en Ecuador por parte de organizaciones indígenas.

En 2009, Perenco presentó el informe de investigación sobre la propuesta de reserva Napo Tigre Curaray, señalando que “como resultado de la presente investigación no es posible validar la propuesta contenida en el Expediente Técnico (que proponía la creación de la Reserva Napo Tigre) (...) no existiendo información que muestre o que haga presumir la existencia reciente de etnias en aislamiento en el área de investigación”.

El informe de Daimi tuvo duras críticas porque trascendió que no se había consignado información clave para el estudio. Efectivamente, dos de los antropólogos que participaron en el trabajo hicieron referencia a datos cruciales que ellos recogieron y que Daimi retiró del documento.

De acuerdo al profesor Teodulio Grández Cárdenas, actual docente de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, se recogió en campo testimonios de pobladores que habían tenido avistamientos recientes y otros elementos que apoyaban la existencia de población en aislamiento. A pesar de los reclamos de los especialistas, la información no fue incorporada en el estudio publicado.

Pocos años después, Daimi fue declarada en quiebra por incumplimiento de contratos.”Pacific Stratus decidió ejecutar las dos cartas fianza de Daimi por el incumplimiento de los contratos que mantenía con la empresa para hacer los estudios ambientales de los lotes 135 y 138. Hallamos en nuestra revisión de los borradores de los estudios información incompleta y falsa, hecho que Pacific no podía aceptar de ninguna forma”, dice Enrique Ramirez Puig, exgerente en Perú de Pacific Stratus, en entrevista para Convoca.pe.

La producción estimada del Lote 67 de Perenco, en los años en que se publicó el estudio de Daimi, ascendía a 11,000 barriles de petróleo por día, es decir, unos 990 mil dólares del  año 2012. Perenco había comprometido una inversión de 2,000 millones de dólares en el Lote 67, según manifestó el propio presidente de la empresa durante su visita al Perú. Hoy las inversiones petroleras en el Lote 67 siguen siendo defendidas por Perenco y por la Coordinadora para el Desarrollo Sostenible de Loreto (CDSL).

En una audiencia privada ocurrida el 23 de junio del 2023 en el Congreso de la República, el presidente de la CDSL, Christian Pinasco, protestó contra la creación de la Reserva Indígena Napo Tigre, argumentando que Perenco se retiraría y demandaría al país. Luego, insistió en que no solo había que facilitarle el camino a la petrolera sino también a la industria forestal; asimismo, que había que prescindir de las ONG, el mecanismo de bonos de carbono, el apoyo ambiental de Noruega y, en general, de los esfuerzos de titulación de tierras para los pueblos indígenas. Esta es una posición que mantiene desde hace años, según puede revisarse en sus publicaciones de redes sociales y en las respuestas que nos brindó de forma escrita. Efectivamente, Perenco hace pocos días anunció su retiro de los lotes 67 y 39 aduciendo conflictos sociales.

Las vinculaciones de la CDSL con Perenco y con Tamshi, empresa agrícola de cacao, con procesos por deforestación, usurpación, entre otros delitos, y que también tiene capitales franceses, son un tema que requiere atención. Pinasco y la CDSL han manifestado públicamente su apoyo a ambas empresas cuestionadas. En el caso de Tamshi, se han sumado a los ataques difamatorios contra la ONG Kené y a su directora, Lucila Pautrat.

En marzo de 2023, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) envió un proyecto de ley para abrir las áreas naturales protegidas a la exploración y explotación de petróleo. El interés era abrir a la exploración los yacimientos identificados en varias áreas protegidas de la región Madre de Dios. Aunque esta iniciativa no prosperó por la negativa del Ministerio del Ambiente y la sociedad civil, las presiones extractivistas no han cesado. De hecho, PeruPetro continúa ofreciendo como áreas de exploración petrolera a una parte de las Reservas Indígenas. Y en este caso, la desinformación se hace sútilmente.

Perenco, en Loreto, es quizá el mejor ejemplo de una activa oposición de una empresa petrolera a la protección de la población en aislamiento, pero el Estado Peruano mantiene prácticas que siguen incentivando estas situaciones. Al ingresar en el servidor de mapas de PerúPetro, la agencia peruana encargada de atraer inversiones en gas y petróleo, la página no muestra las comunidades nativas, ni las reservas indígenas, ni las reservas territoriales. Sólo al activar las capas necesarias en el servidor web, recién se comprueba que las nuevas áreas en promoción se superponen efectivamente con la Reserva Territorial Madre de Dios y la Reserva Indígena Murunahua, en las regiones Madre de Dios y Ucayali, respectivamente. A primera vista, las comunidades nativas, las áreas naturales protegidas y las reservas para indígenas en aislamiento no existen en ese vistazo a los mapas oficiales.

Capturas de pantalla del Geoservidor de PerúPetro (junio de 2024). Las zonas en rosa más claro se mezclan con las zonas en verde que corresponden a Reservas a favor de los PIACI. Foto: PerúPetro
 

Es necesario reiterar que las áreas de promoción para exploración y explotación petrolera sí se ubican sobre territorios intangibles reservados para los indígenas en aislamiento, los PIACI, en los cuales no es posible hacer este tipo de actividades. Aún así, PeruPetro insiste en promocionar internacionalmente áreas donde están prohibidas las actividades de hidrocarburos, como lo hizo en Houston, Estados Unidos, en 2023.

Esta “ilusión óptica” es parte de una serie de acciones del sector petrolero para atraer inversiones al país. De acuerdo con Enrique Ramirez y otros exfuncionarios de empresas petroleras, los inversionistas revisan los mapas geológicos. “Es muy raro que los desarrolladores de negocios revisen los mapas ambientales o sociales. Siempre se enfocan solamente en la información geológica.”, dice.

Fuentes cercanas a miembros de la Comisión Multisectorial PIACI, que solicitaron mantener su nombre en reserva, indicaron que la posición usual del Minem, que también designa a los funcionarios de Perupetro, es oponerse al establecimiento de casi cualquier tipo de área protegida, especialmente cuando son de protección estricta, como los parques nacionales y las reservas indígenas.

Abrir la exploración en tierras indígenas e incluso con parques nacionales y otras áreas protegidas es una demanda constante del Minem y del gremio petrolero. Aunque personal de asuntos sociales de Perupetro indicó telefónicamente a Convoca.pe que existe un procedimiento para desarrollar actividades de exploración dentro de reservas indígenas, la ley PIACI y su reglamento establecen claramente la intangibilidad de estas áreas. Estos incentivos se están dando también en el sur del Perú, en Madre de Dios, donde se promueve la explotación petrolera en zonas donde se ha comprobado, sin lugar a dudas, la presencia de población indígena en aislamiento.

Sobre las superposiciones, los funcionarios de Perupetro declararon que “que si bien son áreas en promoción, ello no implica que ya se van a entregar a los inversionistas, ya que si no muestran interés, las áreas quedan intactas. Además, previo se debe cumplir con proceso de participación ciudadana y consulta previa, de acuerdo a las normas vigentes”.  El problema es que las reservas indígenas, establecidas para la población en aislamiento, no pueden ser entregadas a ninguna actividad económica que rompa el principio de no contacto. De acuerdo con Iris Olivera, de la ong DAR, estas actividades deberían ser compatibles “o al menos no deben romper el principio de protección para el que fueron creadas estas áreas. Y el principio de protección en principio debe respetar la línea de no contacto. No respetar estos principios lo único que hace es generar más conflictos”. 

Carreteras y Madera
El problema es que la protección que las reservas indígenas deberían garantizar a las poblaciones amazónicas, en especial las no contactadas, queda en el papel  El militante del partido político Alianza para el Progreso (APP) Fernando Meléndez, exgobernador de Loreto, adjudicó a través de la Gerencia Regional Forestal concesiones forestales sobre tierras ya solicitadas para la creación de las Reservas Indígenas Yavarí Tapiche y Yavarí Mirím, yendo en contra de las leyes vigentes. Su discurso, similar al de la Coordinadora para el Desarrollo Sostenible de Loreto (CDSL), es que los indígenas en aislamiento, los PIACI, supuestamente no existen a pesar de su reconocimiento oficial por parte del Gobierno Peruano.

Los congresistas de APP se han hecho aliados políticos incondicionales de otro partido a favor del extractivismo, Fuerza Popular. Juntos impulsan proyectos a favor del crimen organizado (por ejemplo, la minería ilegal) y en contra de los derechos humanos.

El congresista por Loreto que hasta hace unas semanas militaba en Fuerza Popular y que ahora pertenece a APP, Jorge Morante Figari, propuso a inicios del 2022 una ley que, en la práctica, buscaba eliminar la protección de las reservas indígenas, pasando su control a los Gobiernos Regionales y quitando al Ministerio de Cultura (Mincul) la administración y protección de estas zonas. Su principal argumento era que las reservas eran un obstáculo para el desarrollo del país y que en resumen, los aislados eran un invento de las ONG y las organizaciones indígenas. Morante y los miembros de la CDSL montaron una fuerte campaña de desinformación, atemorizando a la población indígena respecto a que serían expulsados de sus tierras por la declaración de reservas o que ya no podrían cazar ni pescar en sus territorios. 

También, sembraron en la población de Iquitos la idea de que la región no prosperaba por la oposición de las ONG a cualquier tipo de proyecto extractivo, desarrollo carretero o de interconexión con el resto del país. Las reservas para la población en aislamiento eran, también en su versión, un mecanismo para que las ONG vendieran bonos de carbono para su propio beneficio sin dejar nada para la región Loreto.

Morante y los miembros de la CDSL están directamente vinculados a los gremios petroleros, madereros y de construcción civil, promoviendo estas actividades en las zonas donde se han propuesto las reservas indígenas para población en aislamiento. Coincidentemente, estas son también zonas de expansión del crimen organizado, de acuerdo a los reportes de la agencia antidrogas del Perú, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y la oficina especializada de Naciones Unidas UNODC.

Dos ejemplos de esta afirmación son los casos de la carretera Jenaro Herrera - Colonia Angamos, que tiene el apoyo de miembros de la CDSL, como figura en las actas de las reuniones de negociación para su construcción; y la carretera Caballococha - Palo Seco - Buen Suceso, que va del río Amazonas al río Yavarí y que tiene el apoyo activo político del congresista Morante, de acuerdo a declaraciones de personal de su despacho entrevistado para este reportaje.
 

Actas de la reunión sobre la Carretera Jenaro Herrera Angamos. Salvith Ojanama firma a nombre de Organización Nacional de la Justicia Especial de los Pueblos Indígenas Nativos y Campesinos (Onajepinc) (resaltado en amarillo). 

La debilidad estatal

La responsabilidad del manejo y protección de las Reservas Indígenas y Territoriales en el Perú recae en el Ministerio de Cultura y, específicamente, en la Dirección de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial (DACI). Esta dirección, de acuerdo a fuentes al interior del mismo ministerio, tiene una notoria ausencia de recursos para cumplir su función. De acuerdo a información entregada por el área de comunicaciones del MINCU, para el año 2024 se le ha asignado a la DACI un presupuesto de S/ 4,189,856.00 (alrededor de 1.13 millones de dólares), es decir, menos de 1 sol por cada hectárea a proteger, o sea, menos de la cuarta parte de lo que se invierte en parques nacionales y otras áreas naturales protegidas. La inversión anual por hectárea del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) al 2023, fue de 4.5 soles por hectárea. El monto destinado por el Ministerio de Cultura a la DACI también contrasta con los 20 millones de soles que se invierte en estímulos culturales a nivel nacional.

La DACI debe atender con este presupuesto los patrullajes y monitoreos que se requieren realizar al año, así como el personal de planta en la sede central y en cuatro de las cinco regiones con presencia de PIACI, lo cual, por la magnitud del área a cubrir y la complejidad de los temas a atender, resulta totalmente insuficiente.

Según información enviada por el Mincul se cuenta con 53 agentes de protección que tienen como principal función garantizar los derechos de la población en aislamiento y contacto inicial, por medio de patrullajes para la identificación de posibles amenazas, informar a las comunidades sobre la situación de vulnerabilidad y capacitar sobre el Protocolo de Actuación ante la aparición de aislados. Con estas pautas, se resguarda la seguridad, tanto de los aislados como de los que viven en las comunidades. Asimismo, se cuenta con 17 puestos de control y vigilancia en las regiones de Madre de Dios, Ucayali, Cusco y Loreto, sin embargo, de acuerdo a un informe de Convoca.pe solo 6 están en buen estado.

Siempre de acuerdo al área de comunicaciones del Mincul, durante el año 2023 se realizaron 754 patrullajes, los cuales cubrieron 18 frentes de acceso a las reservas PIACI. Adicionalmente, durante el 2023, se realizaron 93 monitoreos en las Reservas. El MINCU indicó que respecto a las necesidades no cubiertas, “se vienen sumando esfuerzos para contar con mayores recursos que permitan tener mayor presencia de personal en territorios, contar con mejor infraestructura y mantenimiento de puestos de control y vigilancia para fortalecer la protección de las reservas en donde viven los PIACI”.

Documento recibido por la AIDESEP relativo al presupuesto necesario para la protección de las reservas a favor de los PIACI

Sin embargo, esta versión contrasta con lo revelado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De acuerdo a las fuentes consultadas, el 2023 la DACI solicitó 13 millones de soles (unos 3.5 millones de dólares) para poder cumplir con la protección de las reservas y de la población en contacto inicial que vive en los alrededores de las reservas, la cual está también protegida por ley. AIDESEP solicitó la información oficial y el MEF respondió que el pedido de la DACI nunca fue presentado por el Mincul. Es decir, hubo una decisión del Mincul para no solicitar los recursos requeridos.

Un informe reservado elaborado por una institución de la cooperación internacional que evalúa la relación entre las organizaciones indígenas y el Mincul, señala que este ministerio no asumía los costos de mantenimiento de infraestructura, salarios y actividades necesarias para la protección de los PIACI. Asimismo, incide en la carencia de personal adecuado y suficiente para apoyar la protección de las reservas. Un informe publicado por ORAU, DAR y ProPurús identifica problemas similares para las reservas PIACI de Ucayali específicamente.

Las reservas a favor de la población en aislamiento siguen bajo riesgo y no solo son actores privados quienes impulsan su desaparición. Sin un Ministerio de Cultura sensible a esta problemática las vidas de algunos de los peruanos más vulnerables están en mayor riesgo.