“No es una ley de impunidad, los que están criticando son ignorantes en el tema o son amigos de los terroristas que quieren hacer daño a las Fuerzas Armadas”.

Con estas palabras el almirante en retiro, Jorge Montoya, congresista de la nueva bancada Honor y Democracia (ex Renovación Popular) defendía en marzo de este año la aprobación de la polémica norma en la comisión de Constitución.

Montoya Manrique es un exalmirante de la Marina de Guerra del Perú,  se desempeñó como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el período 2007-2008, en el segundo gobierno de Alan García Pérez, reemplazando su hoy colega en el Congreso, el general del Ejército, José Williams. 

Es precisamente, en el régimen de García donde se promovió y promulgó el Decreto Legislativo 1097, que tenía como objetivo liberar de todo proceso judicial y excarcelar a miembros de la policía y de las fuerzas armadas acusados de crímenes de lesa humanidad, cometidos antes de 2003. Catorce años después, Montoya vuelve a formar parte del grupo que insiste en promover la impunidad de militares y policías. 

Del Ministerio de Defensa al Congreso 

En 2010 un informe de IDL Reporteros reveló quiénes eran los personajes que estuvieron detrás de la creación, discusión y promulgación del decreto 1097. El informe daba detalles de las reuniones sostenidas en el despacho del ministro de Defensa de aquel entonces, Rafael Rey y también en la sede del Cuartel General del Ejército, conocido como el “Pentagonito”. El informe señala: 

“Ese día por la tarde, miércoles 25 (de agosto), Rey tuvo otra interesante reunión, esta vez en el Pentagonito. Ahí estuvieron los congresistas fujimoristas Rolando Sousa y Cecilia Chacón; la también congresista Lourdes Alcorta; el vicepresidente Luis Giampietri y, otra vez, el abogado Sergio Tapia. Asistió también el ex jefe del Comando Conjunto, Jorge Montoya Manrique”.

En el informe se detalla que se presentaron los alcances de los decretos que buscaban la impunidad sobre los delitos de lesa humanidad en esa reunión y además Rey anunció que no se logró discutir ese tema en el Consejo de Ministros. 

Montoya, que participó en esa reunión, es ahora 14 años después uno de los principales defensores y promotores de una norma bastante similar a la que finalmente fue derogada por García Pérez tras una serie de presiones políticas y de organismos internacionales que miraban con preocupación la impunidad que afectaría el derecho de las víctimas de acceder a la justicia. 
 

“Hubo asesinatos y excesos, pero no delitos de lesa humanidad; se ha generado una corriente de opinión que hace actuar de manera equivocada (...) jamás se puede juzgar a una persona por un delito que no existe”, remarcaba el ahora congresista Montoya en mayo de este año al defender la ley 32107, una ley que cierra el círculo de un proceso iniciado en 2010 de la mano de célebres personajes vinculados al fujimorismo que también tiene intereses centrados en beneficio de su fundador.

Para entender y recordar quiénes son los grupos de interés que están detrás de la promoción de esta norma, basta ver el listado de las votaciones en las comisiones donde se debatió este proyecto, en el Pleno y finalmente en la Comisión Permanente y ver cómo las bancadas de Montoya y de los autores de la norma, José Cueto (Honor y Democracia ex Renovación Popular) y Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) aprobaron al unísono cada paso que dio este proyecto hasta su promulgación el 7 de agosto, con una sutil mirada de costado del Ejecutivo que optó por no observar la norma. 

Algunos votos de los miembros de la Comisión Permanente, para aprobar la denominada "ley de impunidad". Foto: Congreso

Beneficiados con prisa 

Apenas una semana después de su promulgación, diversos personajes empezaron a remitir pedidos a los juzgados que llevan sus casos, para que se aplique la norma y con ello se termine el proceso judicial en su contra. 

Uno de ellos fue el exmarino Augusto Gabilondo García del Barco quien solicitó -desde la clandestinidad- la aplicación de esta ley para evitar consecuencias legales por la desaparición forzada de 69 personas en Huanta, Ayacucho, en 1984. Entre los desaparecidos en este caso, se encuentra el periodista Jaime Ayala, corresponsal del diario La República. 

Gabilondo, se suma a la lista que conforman otros ex miembros de las fuerzas armadas como los exintegrantes del Grupo Colina, Carlos Pichilingue Guevara y Julio Chuqui Aguirre, que también presentaron un pedido para solicitar la prescripción de los delitos por los cuales se les procesa en el caso Pativilca, en el cual también la defensa del expresidente Alberto Fujimori solicitó la excepción de su patrocinado en este caso. 

Es decir, los efectos de la ley cumplen su objetivo y los procesados por delitos de lesa humanidad empiezan a pedir que se haga efectiva. Lo que buscaban Montoya, Cueto y Rospigliosi se ha cumplido, tal como hace 14 años el mismo Montoya lo intentó junto a otros personajes de los grupos políticos que hoy han ejecutado este proceso. 

Beneficiados inesperados

Sin embargo, un aspecto no previsto por los promotores de la ley ha sido el de los efectos y la amplitud de los posibles beneficiados. 

“Los casos de las matanzas de Lucanamarca y Soras, perpetrados por Sendero Luminoso sí fueron considerados delitos de lesa humanidad”, recuerda Christian Huaylinos, coordinador del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

En diálogo con Convoca.pe, Huaylinos señala que a la luz de la nueva ley, los terroristas sentenciados por estos casos “podrían pedir la nulidad de sus sentencias”. 

Por su parte, David Velasco, abogado de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), recuerda que en el caso Lucanamarca existe una resolución de la Corte Suprema de Justicia que desestimó el pedido de la cúpula terrorista, entre ellos la número 2 de Sendero Luminoso, Elena Yparraguirre, que buscaba eliminar la figura de lesa humanidad en la sentencia. 

Tanto Huaylinos como Velasco coinciden en señalar que la norma no señala impedimento alguno para los delitos de terrorismo. En efecto, en comparación con el DL 1097 de 2010, la ley 32107 es amplia al señalar en su artículo 5 lo siguiente:

“Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra.”

Aquí se puede aplicar el viejo dicho de “nadie sabe para quién trabaja” y es que, en el afán por conseguir la impunidad para militares, policías y políticos como Fujimori envueltos en estos casos, terminan dándole herramientas a delincuentes terroristas que podrían interpretar las normas, al mejor estilo de quienes por años buscan evadir la justicia y dejar sin justicia a las víctimas y sus familias. 

Para Gisela Ortiz, vocera de los familiares de las víctimas del caso La Cantuta, esta no es la primera vez que deben enfrentar una lucha contra la impunidad. En declaraciones a Convoca En Vivo, Ortiz Perea señala que " En 1995 se hizo con la ley de amnistía que benefició a los (miembros del grupo) Colina. En el gobierno de (Alan) García con el (decreto) 1097 que es un calco de lo que se ha aprobado ahora".

Ortiz asegura que esta norma y la dejadez del Ejecutivo por no observarla "nos roba la poca justicia que hemos logrado como familiares en los pocos casos que tienen condena".