Esta semana el brasileño Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú, ha sido el gran protagonista del caso Lava Jato, tanto por sus apariciones como por sus desapariciones. Mientras que el martes volvió a ausentarse en el juicio oral seguido al expresidente Ollanta Humala, y se le tuvo que requerir por última vez que venga al Perú, el último jueves se manifestó a través de videoconferencia, por primera vez de manera pública, para dar su testimonio en otro juzgamiento, el del Metro de Lima.

Pero ahora Barata, que tiene la calidad de colaborador eficaz, se encuentra en una encrucijada personal, en la que tiene que elegir entre seguir cooperando con la justicia peruana o dejar de hacerlo. Y tiene motivos para detenerse a sopesar esta decisión.

A mediados de agosto, y a pedido de Humala, el Supremo Tribunal Federal de Brasil prohibió a Barata, junto a otros testigos de Odebrecht, declarar en el caso de los aportes de campaña electoral al expresidente sobre los sistemas MyWebDay y Drousys, que albergan las planillas de los desembolsos ilegales y coordinaciones clandestinas de Odebrecht (pruebas invalidadas hace unos meses en ese país). Es decir, si Barata habla en Perú, incumplirá lo dictado por la justicia brasileña. Y, por el contrario, si acata la orden de su país, quebrará el acuerdo de colaboración eficaz firmado en Lima y se evaluará de inmediato su revocatoria.

Barata sólo apareció el último jueves con su abogado Carlos Kauffman en el juicio oral por el caso Metro de Lima. Captura de pantalla.

Lo cierto es que su situación es mucho más delicada en Perú, pues aquí se cometieron varios de los delitos en los que ya ha aceptado participación. Si bien en Brasil ya tiene un acordo de leniência, este solo abarca el delito organización criminal que cometió allá, pero no lo protege de los ilícitos que pudiera haber cometido en otros países.

La revocatoria del acuerdo peruano llevaría a Barata a pasar de testigo a investigado en múltiples casos, a lo que se suman las numerosas pruebas que ya se tienen para incriminarlo.

¿Qué privilegiará el brasileño? El Equipo Especial Lava Jato estará en vilo hasta el próximo 10 de octubre, que es la nueva y última fecha que el Tercer Juzgado Colegiado Penal de la Corte Superior de Lima ha fijado para que declare en el caso Humala y cumpla los términos de su acuerdo de colaboración.

Baches judiciales

Más allá de las tribulaciones que pasará Barata en las próximas semanas, hasta el momento los casos en Perú se mantienen a flote a pesar de los altibajos.

En el caso Humala, por ejemplo, por cuestiones de tiempo y porque se tiene que avanzar en el juicio oral, se prescindirá de los testimonios de cinco exdirectivos de Odebrecht a los que la justicia brasileña también extendió su prohibición: Marcelo Odebrecht, Luiz Antonio Mameri, Fernando Migliaccio, Gilberto Mascarenhas y Raymundo Trindade Serra. Las declaraciones que ofrecieron durante la fase de investigación serán incorporadas y leídas en el juicio.

No se prescinde de ellas por la decisión del Supremo Tribunal de Brasil de manera directa, sino por los retrasos que están generando para el proceso y a pedido de la propia Fiscalía.

Por lo demás, el fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil que invalida las pruebas para el caso Humala en ese país no tiene mayor impacto en los jueces peruanos.

Si los investigados o acusados pretendieran invalidar esas pruebas aquí, la discusión tendrían que plantearla ante los jueces locales, algo que ningún investigado o acusado ha intentado. La defensa de Humala solo ha podido obstaculizar la declaración de los testigos brasileños con recursos interpuestos en el exterior, pero no ha cuestionado la validez de las pruebas en Perú.  

Humala emprendió acciones en Brasil para evitar que hablaran los testigos brasileños. Foto: Andina.

Sin embargo, Convoca.pe ha podido conocer que al interior del Equipo Especial Lava Jato los fiscales están en alerta, ya que otros implicados podrían recurrir a la misma estrategia de Humala en Brasil para evitar que los mismos testigos (u otros) hablen en sus casos.

Por lo pronto, y a pesar de que se negó a presentarse en el proceso judicial contra Humala debido a la prohibición, Barata sí apareció el último jueves ante el Poder Judicial peruano para dar su testimonio público en el juicio oral seguido contra Jorge Cuba, exviceministro aprista, y otros funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el caso Metro de Lima. Fue interrogado por el fiscal José Domingo Pérez, del Primer Despacho del Equipo Especial.

El exejecutivo se presentó en la audiencia como un "ingeniero mecánico jubilado" y ratificó lo que ya había señalado antes en reserva ante los fiscales como colaborador eficaz. Confirmó que Cuba ofreció al entonces director de contratos de Odebrecht, Carlos Nostre Junior, ajustar los requisitos técnicos del proyecto para beneficiar a la constructora durante el proceso de licitación. Se acordó que los sobornos solo se pagarían luego de la "conquista del proyecto", como de hecho sucedió.

De acuerdo con Barata, él mismo autorizó los pagos ilícitos y envió la orden al Departamento de Operaciones Estructuradas para que se desembolsara el dinero que luego Nostre se encargaría de entregar a través de transferencias bancarias y en efectivo.

En total se pagó US$ 1,4 millones por el Tramo 1 del proyecto y US$ 6,7 millones por el Tramo 2. Ya en junio pasado Nostre había confirmado los pagos y asegurado que los miembros del comité de licitación también le pidieron otros US$ 2,2 millones.

Cuba Hidalgo fue detenido en enero de 2017. El Ministerio Público ha pedido 35 años de cárcel en su contra. Foto: Andina.

Durante la última audiencia, Barata además afirmó que había aportado a las campañas presidenciales de Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, así como a la campaña electoral de "no revocatoria" de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán. Aseguró que tenía una "relación fluida" con todos los presidentes.

Respecto a García, explicó que lo conoció por presentación de Luis Alva Castro, aunque luego, cuando asumió el gobierno en 2006, su principal contacto con el líder aprista fue Luis Nava Guibert, el secretario de la presidencia, que en la actualidad también es investigado por recibir dinero de Odebrecht.

Algo que pasó desapercibido durante el interrogatorio es que Barata declaró que la compañía oriunda de Salvador de Bahía no solo había aportado a la campaña presidencial ganadora de Alan García en 2006, sino también a la anterior de 2001 "cuando recién regresa del exilio". No obstante, no precisó el monto.

Por otro lado, confirmó el aporte de US$ 3 millones de dólares a Ollanta Humala en 2011. A pesar de que Barata no dijo esto en el juicio contra el expresidente nacionalista, sino en el del Metro de Lima, el Equipo Especial Lava Jato podrá utilizar esta breve referencia confirmatoria en el otro proceso judicial valiéndose del mecanismo legal llamado "prueba trasladada".

Al otro lado

En el país más grande de Sudamérica ya se percibe un cambio de aires y criterios que coincide con la entrada de Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva a la presidencia. Uno de los giros más notables es el que ha experimentado el magistrado José Antonio Dias Toffoli, quien es el actual presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia judicial en esas latitudes.

Dias Toffoli no solo fue el juez que aceptó el pedido de Humala, sino que en las últimas semanas también hizo lo mismo con los casos que involucraban al correísta Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, al abogado de Odebrecht Rodrigo Tacla Durand, al exgobernador de Rio de Janeiro Sérgio Cabral y a Gilberto Kassab, actual secretario del gobierno de Sao Paulo.

Y este último miércoles, Dias Toffoli emitió una resolución que anuló todas las pruebas que provenían del acuerdo de colaboración de Odebrecht y de sus sistemas informáticos que podían incriminar a Lula, ante un pedido judicial que hizo el político. En su disposición, señaló que “la prisión del reclamante, Luiz Inácio Lula da Silva, hasta podría calificarse como uno de los mayores errores de la historia del país”.

Resolución de juez supremo Dias Toffoli que elimina las pruebas de Odebrecht en Brasil by Convoca on Scribd

Entre las páginas 132 y 133 se pueden leer las calificaciones que hace Dias Toffoli sobre el caso de Lula.

“Pero, en realidad, fue mucho peor. Se trató de un montaje producto de un proyecto de poder de determinados agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contra la ley”, agregó. Y siguió: “Digo, sin miedo a equivocarme, que fue el verdadero huevo de la serpiente de los ataques a la democracia y a las instituciones que ya se anunciaban en acciones y voces de esos agentes contra las instituciones y el propio STF”.

Ese mismo día trascendió en distintos medios de comunicación que Dias Toffoli había sido nombrado magistrado supremo por el propio ‘Lula’ en 2009. Además, tenía un pasado muy vinculado al Partido de los Trabajadores (PT), cuyo líder histórico es el actual presidente brasileño.

El juez que acaba de anular las pruebas contra Lula, el mismo que lo nombró en el cargo. Foto: Dida Sampaio/Estadao.

Según el diario Estadão, Toffoli en los años 90 había trabajado como asesor jurídico de la dirigencia del PT en la Cámara de Diputados. Entre 2003 y 2005, bajo el primer mandato de Da Silva, se desempeñó como subjefe de la Secretaría Especial para Asuntos Jurídicos del Gabinete de Ministros (Casa Civil). De acuerdo con el mismo medio, esta oficina es la encargada de decidir qué documentos llegan al escritorio del presidente de la República.

En las elecciones de 1998,  2002 y 2006 fue abogado del propio PT. Y en marzo de 2007 fue designado como procurador general de la República (Advogado-Geral da União) durante el gobierno petista, cargo que desempeñó hasta su nombramiento como magistrado supremo.

El diario Folha de Sao Paulo, además, recuerda que Dias Toffoli tuvo una relación estrecha con el expresidente Jair Bolsonaro cuando este estuvo en el poder e incluso en ese período hizo pronunciamientos antidemocráticos. Por ejemplo, calificó como un "movimiento" el golpe militar de 1964 en ese país que desencadenó una larga dictadura hasta 1985, en la que murieron o desaparecieron 475 personas por motivos políticos.

En 2019, con Bolsonaro en el poder, el magistrado negó a Lula la posibilidad de asistir al velorio de su hermano, y luego, cuando este volvió a salir elegido presidente de la república en 2022, le pidió perdón.

Estos son algunos de los datos que retratan a Dias Toffoli, la máxima autoridad de justicia brasileña que ahora tiene en sus manos los casos más importantes del escándalo internacional que conocemos como Lava Jato.