Desde una habitación muy pequeña en el corazón de la Amazonía, Hortez Baitug Wajai, el presidente de la Organización de Desarrollo de Comunidades Fronterizas de El Cenepa (Odecofroc), se acomoda en un espacio donde la señal no se corte para hablar por teléfono. Mientras brinda esta entrevista físicamente su cuerpo está en Santa María de Nieva, uno de los tres distritos que forman la provincia de Condorcanqui, al norte del departamento de Amazonas. Pero la verdad es que su espíritu no está ahí, sino más bien a 90 kilómetros, en el distrito de El Cenepa, en el límite con Ecuador.

Para ser más exactos, en las raíces de Papag Entsa en Mamayaque, su comunidad awajún de origen y lugar en el que vivía con sus dos hijos, Gladis y Jhosep, y su esposa Elicia. A partir de 2019, año en que fue nombrado presidente de Odecofroc para cumplir con su misión de defender el territorio del pueblo indígena, Baitug y su familia comenzaron a recibir constantes amenazas de muerte de mineros ilegales que los obligaron a abandonar su hogar sin fecha de retorno.

En esa zona del río Cenepa, los mineros se dedican a la extracción de oro en embarcaciones fluviales donde montan maquinaria —conocidas como dragas— y utilizan el mercurio que contamina el ambiente.

En su lucha por mantener a su familia, hace cuatro años Baitug tomó la decisión de vivir separado de sus seres queridos. Hoy habita fuera de Papag Entsa. Su esposa y su hijo pequeño también dejaron el pueblo, aunque tienen que vivir en un domicilio distinto, distanciados del defensor ambiental. Una medida de defensa extrema que Baitug pensó que ayudaría a reducir los ataques, pero estos solo se intensifican. Hace dos semanas un grupo de mineros ilegales quiso prenderle fuego a la antigua casa de los Baitug, en la comunidad awajún, donde aún vivía la hija mayor, Gladis. Cinco días después, la joven sufrió el ataque de un minero que intentó abusar de ella de forma sexual. Ahora Gladis ha tenido que seguir el mismo camino y abandonar su comunidad nativa.

Casa que el lider awajún Hortez Baitug y su familia habitaban en su comunidad nativa Papag Entsa. Foto: Hortez Baitug. 

—¿A mi familia quién me la protege?—se pregunta Hortez en voz alta, mientras piensa en cuándo podrá salir de la habitación en la que ahora vive en secreto, puesto que caminar con libertad se ha convertido en un riesgo muy alto para el defensor awajún que podría costarle la vida.

—Cuando visito a mi familia nunca viajo solo porque a mí me pueden matar en medio del río—dice. Por el momento solo imagina que algún día regresará a Papag Entsa—. Deseo volver a encontrarme con mi tierra para sacar adelante a mi familia y mi comunidad.

Una pausa indefinida

Según el Ministerio de Cultura (MINCUL), los awajún son el pueblo indígena amazónico demográficamente más numeroso del Perú. Se encuentran desde San Ignacio, en Cajamarca, pasando por Moyobamba y Rioja, en San Martín, hasta el Datem del Marañón, en Loreto, y las provincias de Bagua y Condorcanqui, en el departamento de Amazonas, donde precisamente se encuentra Baitug.

Si hay algo que resalta la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios (BPDI) del Ministerio de Cultura respecto al pueblo awajún es su compromiso frente a la defensa de su territorio. Una característica que definiría muy bien y en pocas palabras la historia de Hortez Baitug, pero sin tomar en cuenta el verdadero costo de dicho compromiso, que en el pasado ya ha cobrado la vida de más un awajún haciéndole frente no solo a la actividad extractiva ilegal. Una de esas heridas fue el Baguazo, el 5 de junio de 2009, donde murieron, según las cifras oficiales, 10 nativos y 23 policías, y resultaron heridas más de 100 personas.

El conflicto involucró a la empresa Afrodita SAC, dedicada a la explotación subterránea de minerales metálicos que empezó sus operaciones en el Cenepa en 2001, luego de que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizara el desarrollo de sus tres proyectos —Campana I y Comaina I y II—, colocando en riesgo a los ríos Cenepa, Sawientsa, Comaina, Marañón y Amazonas, territorios cercanos a la frontera con Ecuador. 

Con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, en 2009 se promulgaron decretos legislativos que negaban a las personas la posibilidad de acudir a una asamblea pública y decidir sobre sus territorios. Foto: Red Internacional de Estudios Interculturales. 

La negociación ignoró la consulta previa, libre e informada a las comunidades awajún y wampis, respecto a sus territorios y prioridades para el desarrollo. Afrodita fue una de las compañías que desató el Baguazo, pues su situación se encontraba dentro del pliego de reclamos de los ciudadanos de la provincia de Condorcanqui. Tras 55 días de protesta pacífica, miembros del Ejecutivo del segundo gobierno del fallecido expresidente Alan García, entre ellos la exministra del Interior Mercedes Cabanillas y el expremier Yehude Simon, ordenaron la incursión de un contingente policial en la zona, lo que generó el enfrentamiento.

Mercedes Cabanillas fue investigada por el presunto delito de homicidio culposo y exposición de personas al peligro. La acusación señalaba que ella ordenó el operativo policial, liderado por la DINOES, que desencadenó los hechos de violencia. Foto: Andina. 

El caso de Afrodita es muy importante dentro de la historia de lucha de las comunidades awajún y wampis, pues la compañía nunca detuvo su interés en asegurar su establecimiento dentro del territorio de los pueblos originarios en cuestión, hasta que en marzo de este año ocurrió el punto de quiebre. 

La Sala Civil de la provincia de Utcubamba, en Amazonas, emitió la sentencia que declaró la nulidad de tres resoluciones, entre ellas la que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de explotación “Afrodita” en la Concesión Minera Comaina 1, en el distrito de El Cenepa. Además, ordenó al Gobierno Regional de Amazonas que se abstenga de emitir cualquier acto administrativo que apruebe el inicio de la etapa de explotación minera en el proyecto “Afrodita”. 

La demanda fue interpuesta en 2016 por la defensora awajún Augostina Mayán, acompañada de la abogada Rocío Meza, del Instituto de Defensa Legal (IDL), y los líderes awajún Zebelio Kayap y el propio Hortez Baitug. En este caso en particular, el Poder Judicial rectificó y corrigió al Tribunal Constitucional en su posición de desconocer la consulta previa como derecho fundamental de los pueblos indígenas. 

En 2017, el Comité de Defensa Ambiental "Reservistas Awajún" realizó el desalojo del campamento de la empresa minera en la zona. Foto: Instituto de Defensa Legal. 

No obstante, la provincia de Condorcanqui heredó una bomba de tiempo. Los defensores awajún temen que este golpe al extractivismo ilegal pueda terminar en un enfrentamiento con los mineros invasores. Según relata Baitug a Convoca.pe, estos ya han empezado a sumar miembros de las propias comunidades indígenas en sus organizaciones delictivas, lo que ha generado divisiones en el pueblo awajún.

En 2019, la vida de Baitug dio un giro radical, cuando decidió hacer una pausa en su trabajo como profesor de inicial y primaria en la institución educativa Moisés Moreno Romero, en el centro poblado Huampami, para postularse al cargo de presidente Odecofroc, que agrupa a 63 comunidades nativas awajún. Lo hizo, señala, para cerrarles el paso a los candidatos presuntamente vinculados a la minería ilegal que buscaban tomar un cargo dirigencial.

Cuando asumió la presidencia, también se convirtió en el brazo derecho del Comité de Autodefensa Ambiental “Reservistas Awajún”, que brinda seguridad a 48 comunidades awajún pertenecientes a la jurisdicción de El Cenepa que desemboca en el río Marañón. Sin embargo, nunca pensó que esta pausa en su vida, como docente de colegio, lo obligaría a alejarse indefinidamente de su familia los próximos cuatros años. En efecto, apenas fue elegido presidente de Odefroc, en mayo de 2019, él y su familia empezaron a recibir las amenazas de los mineros ilegales que invaden el río Cenepa.

El Comité de Autodefensa Ambiental “Reservistas Awajún” está conformado por 7 miembros que incluye a mujeres. Foto: Hortez Baitug. 

Estos se dedican a la extracción de oro ilegal. Para esta actividad, utilizan el mercurio —un elemento altamente dañino para el ambiente y el organismo humano— y las dragas que remueven el lecho ribereño y alteran el ecosistema. Las comunidades han logrado identificar en lo que va del año, por sus propios medios, más de 30 dragas operativas en la extracción de oro con mercurio en los casi 40 kilómetros de la cuenca de El Cenepa. 

—Yo comencé haciendo intervenciones de una forma diplomática, amable y con respeto para que los mineros ilegales se retiraran voluntariamente del río Cenepa. No sirvió de nada. Luego de un tiempo hicimos varios llamados al Estado para poder hacer algo, pero no vimos ninguna voluntad política. Estamos cansados y muy agotados, porque sentimos que nadie nos está protegiendo—relata Baitug.

Pero vayamos atrás, porque antes que las comunidades se organizaran para obtener esta data, hay varios hechos importantes que evidencian una vez más el histórico abandono de las autoridades en lugares donde familias, como las de Hortez Baitug, deben vivir separadas para mantenerse a salvo de las amenazas de la minería ilegal. Son ellos mismos, los awajún, quienes crean estrategias para sortear los peligros y evitar la muerte, mientras demuestran al Estado peruano la magnitud del problema del que no se hace cargo.

Odecofroc ha identificado más de 30 dragas operativas en la extracción de oro con mercurio en casi 40 kilómetros de la cuenca de El Cenepa. 

El año pasado, ante el aumento acelerado de los mineros ilegales en la zona, Odecofroc convocó a una asamblea de emergencia que se llevó a cabo los días 29 y 30 de agosto. Los apus y dirigentes awajún exigieron el cese inmediato de las actividades de minería ilegal, retiro del personal y maquinaria utilizada para la extracción de oro en la cuenca del Cenepa, con la misión de devolverle la tranquilidad a la población y el territorio.

—El Estado peruano no vive en el Cenepa, somos nosotros. Nosotros mismos estamos coordinando con los apus y las comunidades para poder intervenir y desalojar a los mineros ilegales—explica el presidente de defensor ambiental.

Si bien la solicitud fue dirigida sobre todo a los invasores, los cuales tuvieron el plazo para retirarse hasta el 12 de setiembre de 2021, la reunión también demandó el cumplimiento del propio pueblo awajún, que está dividido debido a esta problemática. Con el tiempo se han formado grupos integrados por los mismos ciudadanos de las comunidades nativas que se han sumado a la actividad ilícita frente a la pobreza.

El pedido también demandó el cumplimiento del propio pueblo awajún.  

—Se han formado grupos encabezados incluso por apus de las comunidades, que aparentemente están coludidos con personas involucradas en minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico por sembrío de hoja de coca. Es un problema muy grave—explica Baitug. 

No obstante, el defensor awajún está convencido de que esa ruta que depreda sus medios de vida no puede ser “el camino hacia el desarrollo”. “Esa no es una alternativa para mí”, afirma. Tampoco lo es para otros defensores del pueblo, como ya se lo han expresado más de una vez Zebelio Kayap y la expresidenta de Odecofroc Augostina Mayán, líderes de la misma etnia que también están amenazados de muerte por los mineros ilegales. 

Recientemente Kayap y Mayán estuvieron en Lima durante el Primer Encuentro Nacional de Defensores Ambientales que reunió los días 15, 16 y 17 de junio a más de 100 líderes, para intercambiar experiencias y las luchas que viven en las diferentes regiones del Perú. 

En conjunto, reclamaron al Estado peruano la urgente suscripción del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de Latinoamérica y el Caribe que refuerza el acceso a la información, participación pública y otorgamiento de la justicia a los defensores ambientales. 

Primer Encuentro Nacional de Defensores Ambientales en Lima. Foto: Daniela Valdivia.

—Ha habido muchas amenazas directamente hacia mí, Zebelio y Augostina por oponernos al “desarrollo” con la minería ilegal. Las familias son las que nos han dado seguridad protegiéndonos —dice Baitug—. Ahora mismo nos están buscando a los tres—agrega.

El nivel de peligro hizo que Zebelio, Augostina y Hortez solicitaran en febrero de este año la activación del “Procedimiento de Alerta Temprana”, prevista en el protocolo del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus). Sobre el pedido, el Minjus identificó dos amenazas claras y explícitas que pondrían en riesgo la vida e integridad de los tres defensores awajún. Por ello, el nivel de riesgo fue estimado como alto, pues existe una fuerte probabilidad de que se lleven a cabo nuevos ataques de parte de los mineros ilegales. 

La Resolución Viceministerial Nº 008-2021-JUS/DGDH indica que como medidas de acción la situación amerita la visita de funcionarios de la Dirección General de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y otras entidades del Estado, así como la comunicación con las autoridades competentes para que Zebelio Kayap, Augostina Mayán y Hortez Baitug reciban protección policial. Sin embargo, estas aún no han sido brindadas, según confirman a Convoca.pe los líderes Mayán y Baitug.

Sin embargo, pese a que la resolución viceministerial se emitió el 4 de junio de 2021, hasta el momento ninguna de las medidas de protección ha sido implementada confirmaron a Convoca los defensores involucrados.

—El protocolo de alerta temprana solo es un documento, un papel, no tenemos protección. Yo ya no puedo salir a trabajar, porque como ser humano tengo miedo por mi familia, por mi pueblo y mi cultura, que es defender el agua, la biodiversidad ecológica, nuestros derechos colectivos y ambientales—expresa Baitug.

—El mecanismo no funciona. Hasta ahora no hemos visto que haya una acción directa. ¿Qué hacemos mientras tanto? Las dragas aumentan. Y pobre mi río Cenepa, ya no aguanta. Los chaluperos [embarcaciones a motor] ya no pueden pasar en nuestros propios ríos porque las casas flotantes [de las dragas] están por todos lados y hacen lo que quieren con total impunidad, riéndose en nuestras caras de que el Estado permite todo—confirma Augostina Mayán. 

Embarcaciones fluviales son utilizadas por los mineros ilegales para montar maquinaria y realizar la extracción de oro. 

La resistencia de la autogestión

A inicios de este año, Odecofroc, con el apoyo de la ONG Paz y Esperanza, realizó un reporte en la cuenca del Río Cenepa y determinó la cantidad y ubicación de las dragas que se utilizan en la extracción del oro de forma ilegal. En el informe, al que tuvo acceso Convoca.pe, se detalla que la organización indígena pidió al Estado peruano una interdicción contra estas operaciones extractivas, pero no se pudo concretar debido a la falta de asignación de recursos públicos para enfrentar esta problemática.

—No hay dinero para interdicción, nos han dicho—recuerda Hortez Baitug. 

En su informe Odecofroc indica que el Estado reconoció públicamente que no contaba con los recursos para realizar la interdicción. Informe: Odecofroc.

Esta operación debía estar a cargo de la comisión multisectorial permanente presidida por 13 entidades en el Alto Comaina y por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), cartera con la que Convoca.pe intentó comunicarse para conocer las razones de la falta de recursos para la interdicción, sin conseguir respuesta. Lo que sí se sabe es que este grupo de trabajo se conformó hace más de dos años para realizar un mapeo de la minería ilegal en la zona y el seguimiento de las acciones para combatir el avance de esta actividad ilícita en el Alto Comaina. Los mapeos finalmente los está realizando hoy, por sus propios medios, el pueblo awajún. 
 

Los ciudadanos que atraviesan en el día el Río Cenepa para realizar sus actividades cotidianas ven las dragas con frecuencia.

Pero el pasado 28 de marzo, en una reunión entre la Defensoría del Pueblo y distintas entidades, entre ellas el Minem, se concluyó que casi no hubo avances en la interdicción de la minería ilegal en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas. Entonces, se solicitó al Ministerio del Interior (Mininter) que priorice presupuestos y recursos para mejorar la efectividad del Estado frente a esta problemática. 

La falta de respuesta indignó tanto a las comunidades awajún que sus miembros decidieron capacitarse, gracias al trabajo en conjunto con Paz y Esperanza, en el manejo de tecnologías para la vigilancia territorial, como la de los vehículos aéreos no tripulados (drones). Así consiguieron recorrer alrededor de 38 kilómetros por la cuenca de El Cenepa, desde la desembocadura en el río Marañón hasta la comunidad nativa Nakchik Entsa, en el río Comaina. 

En el trayecto lograron identificar 20 dragas de minería ilegal. Es decir, una draga cada dos kilómetros. Del total, el 35% estaban operativas. La mayor actividad de dragas se detectó en las comunidades awajún Nuevo Tutino y Tuutin, donde se encontraron hasta seis dragas. Los awajún también observaron afectaciones en las comunidades Aintam, Huampami, Shpijim, Mamayaque, Pagki, Sua San Antonio y Nakchik Entsa. 

Ante la preocupación, la ciudadanía del Cenepa ha comenzado a registrar con su celular una cantidad cada vez más mayor de embarcaciones fluviales que utilizan los mineros ilegales para montar maquinaria utilizada en la extracción de oro ilegal. 

—Yo solamente agradezco a las ONGs que nos han protegido más que un hermano awajún. Gracias a su trabajo hemos sobrevivido y apoyado a las familias más vulnerables. Nos han guiado mucho para seguir insistiendo fuerte al Estado peruano en las acciones respecto a la protección de los defensores ambientales—comenta Baitug, presidente de Odefroc.

Otras organizaciones que han acompañado a las comunidades awajún del Cenepa en sus denuncias son CooperAcción y el Instituto de Defensa Legal (IDL). 

El 23 de junio Odecofroc, a través del portal Vigilante Amazónico, reportó el aumento de dragas que incluso ya obstaculizan el paso de los ciudadanos y la movilidad fluvial. Se estima que para esa fecha había más de 30 dragas operativas en la extracción de oro usando mercurio, lo que genera contaminación del ecosistema y de las comunidades que viven a orillas de la cuenca, entre ellas Nuevo Kanam, comunidad de la defensora Augostina Mayán. 

Draga abandonada en el río Cenepa en Amazonas.

La lideresa indígena comenta a Convoca.pe que los niños de dicha zona ya presentan afectaciones en su salud, como erupciones en la piel e irritación en los ojos, debido a que utilizan el agua del río para sus actividades diarias. Y por otro lado, ha impacto en la actividad económica de las comunidades, sobre todo en la labor de las madres ceramistas del Cenepa, que ya no pueden hacer uso del agua de la cuenca para realizar de forma tradicional sus trabajos a causa de la contaminación por mercurio. 

—Yo cuando era niña era feliz bañándome en mi Cenepa y ahora no me puedo bañar, mi gente no se puede bañar. Los niños ya están teniendo problemas en su piel y ellos no entienden. Se bañan todos los días con toda la basura y tóxicos que están botando—cuenta. 

El aumento de las dragas en el río Cenepa está provocando la afectación de la cuenca, así como el impacto negativo en las actividades económicas de las comunidades nativas en esta zona del país. 

Una ley que pone en jaque al comité de autodefensa 

La problemática de la minería ilegal en el Cenepa es silenciosa y pasa desapercibida, especialmente por la falta de seguimiento de las autoridades respecto a sus avances. Sin embargo, la comunidad no se queda de brazos cruzados. El monitoreo se realiza gracias a la organización de la ciudadanía y la autogestión de Odecofroc, que trabaja en conjunto con su comité de autodefensa ambiental “Reservistas Awajún”, conformado por siete miembros.  

Actualmente este cuenta con armas artesanales, como lanzas, por ejemplo, pues no tienen más equipamiento por falta de recursos. Por lo tanto Odecofroc ha planteado realizar en la quincena de julio una feria artesanal gastronómica, a nombre del comité de autodefensa de la organización indígena, con la participación de las autoridades locales, para recaudar fondos y adquirir armas de fuego, entre otros equipos. 

—Por el momento usamos nuestras lanzas, pero la realidad es que no podemos estar así para protegernos. Estamos dentro de un territorio muy complejo y además los mineros ilegales nos amenazan con pistolas. Así lo han hecho cuando han intentado capturarme—asegura Baitug—. Nosotros mismos tenemos que ver cómo nos vamos a articular y hacer un esfuerzo por conseguir los chalecos, las botas y la chalupa [embarcación de motor], para el transporte fluvial del comité de autodefensa de Odecofroc con el que se hará el patrullaje en el río Cenepa.

Otra de las acciones que plantea el Comité de Autodefensa es la vigilancia de 24 horas en la entrada del río Cenepa, para controlar la entrada y salida de personas extrañas al territorio indígena. 

En junio de este año, el Congreso promulgó la Ley Nº 31494, que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) que cumplen roles en el orden interno y la defensa nacional y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana. 

Según la nueva ley, la Polícía y las Fuerzas Armadas capacitarán y entrenarán a miembros de los comités de autodefensa para el uso apropiado de las armas debidamente autorizadas. La ley no especifica cuáles serían estas. Foto: Radio Marañón ORG. 

En el artículo 8 se detalla que los CAD pueden adquirir por compra o donación, por parte del Estado o de particulares, las armas de uso civil que el Ministerio de Defensa autoriza, pero no especifica su tipo. La norma dispone la creación de un registro del armamento de dichos comités, administrado por el Ministerio de Defensa a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Stefano Corzo, sociólogo y especialista en el área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL), considera que el riesgo sobre esta ley es bastante puntual.

—Como sociedad civil estamos normalizando cada vez más que el Estado renuncie a su obligación de brindar seguridad. Y esto se ve en la fuerte presencia que le dan al sector privado en la ley, y de una manera completamente irregular y al parecer sin ningún control de por medio, para que pueda interferir en estos procesos—comenta Corzo.

Asimismo, el especialista indica que otros de los peligros radica en los posibles enfrentamientos con mayor violencia que podrían sucitarse entre las comunidades y organizaciones que se dedican a este tipo de actividades ilícitas, que ya están captando a personas nativas.

Foto: Gobierno del Perú

—A largo plazo se podrían generar dinámicas violentas, no solamente entre las comunidades y las organizaciones que realizan estas actividades ilícitas sino también entre comunidades que podrían aprovechar el marco de la ley y la dotación de armas para zanjar rencillas comunitarias que puedan existir o intentar resolverlas de esa manera—explica el especialista. 

Por otro lado, menciona que el punto a favor de la ley sería el registro de armamento, ya que a través de este se podrían determinar los fines para los cuales van a estar destinadas las armas y también a qué tipo de ellos tendrían acceso las comunidades. Dos puntos que no están claros en la nueva norma.

—El aspecto rescatable de la ley es que podría haber un registro de las armas, para evitar que las comunidades las adquieran a través de la vía informal—opina Corzo.

Una cadena de ataques que no se detiene

Según ha informado el portal Vigilante Amazónico, un informe del Grupo de Trabajo Amazonas, presidido por el Ministerio del Interior, señalaba que en 2019 el Mininter destacó en la zona a 45 efectivos policiales para enfrentar la minería ilegal como parte de un plan integral de dos años. Al 2020, la cifra se redujo a 23. Y el año pasado ya solo quedaban ocho agentes para combatir esta actividad ilícita. 

Desde que inició el año, Odecofroc ha informado a través de ese portal distintos ataques por parte de presuntos mineros y madereros ilegales. Uno de los más recientes ocurrió en marzo en las instalaciones de la central de radio de Odecofroc, ubicada en las comunidades Tuutin y Nuevo Kanam, donde se afectó su patrimonio. Zebelio Kayap, defensor awajún y compañero de Hortez Baitug, estuvo presente durante el incidente.

Odecofroc reportó los materiales que fueron deteriorados por los agentes extraños. Foto: Vigilante Amazónico. 

Después de ese hecho, el 24 de marzo, los padres de familia de la comunidad de Sua San Antonio denunciaron a través del medio de comunicación local Corporación de Comunicaciones AW la instalación de una draga en los exteriores de un colegio inicial. La operación, según aseguraron los ciudadanos entonces, fue autorizada por el mismo Apu de la comunidad para realizar la actividad ilícita. 

Ante los insistentes pedidos de la población a las autoridades para que se tomaran acciones inmediatas, el 22 de mayo la Defensoría del Pueblo demandó al Ministerio Público y al Mininter intervenir con urgencia en el Cenepa. Esa madrugada, el comité de Reservistas Awajún había realizado en la zona denominada Umar 7, ubicada entre las comunidades Tutino y Pagki, la intervención de dos dragas y la detención de mineros ilegales identificados como Erik Anauca Romaero, Herasmo Mejía, Cristian Chavez, Elvis Vasquez y Amanas Asqui. 

Leyenda: Acta levantada en la interdicción hecha por el Comité de Autodefensa Ambiental Reservistas Awajún el pasado 22 de mayo donde se detalla el nombre de los mineros ilegales detenidos. 

Pero el esfuerzo fue en vano, ya que días después la comisaría de Santa María de Nieva autorizó su liberación. El mismo día, Baitug, como presidente de Odecofroc, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (Fema) de Bagua contra los responsables de la comisión de los delitos de minería informal y contaminación ambiental.

Denuncia penal interpuesta por Hortez Baitug el 22 de mayo contra los responsables del delito de minería ilegal y contaminación ambiental. 

Mientras tanto, las comunidades afectadas se mantenían a la espera de la respuesta por parte del Ejecutivo, que recién estableció comunicación el 25 de mayo. Ese día la Presidencia de Consejo de Ministros convocó para el 27 de ese mes la realización del XIII Consejo de Ministros Descentralizado en Amazonas, que tendría como lugar de encuentro el coliseo Juan Velasco Alvarado, en el distrito Santa María de Nieva, en Condorcanqui. 

Sin embargo, el evento no se realizó en la fecha prevista y la PCM envió un comunicado al día siguiente para indicar que “por motivos de fuerza mayor” tuvo que cambiarse la sede del evento en el mismo departamento. La sesión de instalación de la Mesa Técnica de Desarrollo de Condorcanqui finalmente se confirmó para el día jueves 2 de junio en Santa María de Nieva. 

A través de un oficio dirigido a Hector Orlando Requejo Longinote, alcalde de Condorcanqui, por parte de Jesús Oswaldo Quispe Arones, viceministro de Gobernanza Territorial se comunica la cancelación XIII Consejo de Ministros Descentralizado en Amazonas. 

Baitug asistió a dicha mesa técnica en la que el ministro de Defensa, José Luis Gavidia Arrascue, se comprometió a impulsar a través del Consejo de Ministros la declaratoria del Estado de Emergencia en la provincia. Una estrategia que permitiría que las Fuerzas Armadas puedan brindar apoyo en las operaciones que realice la Policía Nacional. 

"Esto va a permitir iniciar operaciones contra la minería y la tala ilegal, y trabajar contra este flagelo que es la contaminación del medio ambiente. Tengan la plena seguridad de que lo haremos bien", aseguró el ministro de Defensa. 

A pocos días de cumplirse un mes de la realización de dicha mesa técnica, el 24 de junio se publicó el decreto supremo que declara en estado de emergencia en la provincia de Condorcanqui a consecuencia de las actividades delictivas como minería ilegal y tala ilegal. 

Hasta hoy, la minería ilegal en el Cenepa perturba y amenaza de forma grave el bienestar de las familias awajún, entre ellas las de Hortez Baitug. Si bien el estado de emergencia atiende el pedido de la población en tomar atención a la provincia, aún existen trabas para implementar las medidas de protección que los ciudadanos solicitan con urgencia ante el temor de que las organizaciones ilícitas se fortalezcan cada vez más.