Asesinados, desaparecidos, amenazados. Esta es la situación que defensores de derechos humanos y, en especial, líderes indígenas de la Amazonía peruana vienen enfrentando. Los agresores actúan al amparo de la impunidad, ante la inacción de las autoridades, lo que hace más vulnerables a sus víctimas y sus familiares.

“Sacar una garantía personal es solo un papel, pero no nos va a respaldar. No nos da seguridad. Para el narcotráfico, para el terrorismo, no hay garantías personales. Cuando quieren, alzan sus armas, y ¡pum!, nos matan”, dice a Convoca.pe el apu Jennrri Zegarra, presidente de la Asociación de Nacionalidad Asháninka del Pichis (ANAP), que representa a 147 comunidades de los distritos de Puerto Bermúdez y Constitución, en la provincia de Oxapampa, en la región Pasco.

El apu Jennrri Zegarra habla de sus temores en base a evidencias. El 30 de noviembre último asesinaron a Lucio Pascual Yamanga, líder de la comunidad la Paz de Pucharine y, el 1 de julio de este año, a Mario Marco López Huanca, dirigente de la comunidad de Shirarine. Ambos eran dirigentes de pueblos asháninkas del distrito de Puerto Bermúdez. 

A estos crímenes, se sumaron las desapariciones, en agosto pasado, de Santiago Meléndez Dávila, líder de la comunidad San José de Apuracayali, también en Puerto Bermúdez; y en setiembre último, de Luis Tapia Meza, presidente de las rondas indígenas de la comunidad Alto Lorencillo II, en el distrito de Constitución.

Los distritos de Puerto Bermúdez y Constitución se encuentran en la zona más peligrosa para los líderes indígenas: la intersección de Huánuco, Pasco y Ucayali, marcada por el avance del narcotráfico. En estas regiones, cuatros dirigentes fueron asesinados este año, dos han desaparecido y varios viven bajo amenaza, según confirma a Convoca.pe Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Los que faltan

El número de asesinados en el 2021 varía de acuerdo con la entidad que registra los crímenes y la categoría que asigna a las víctimas: defensores ambientales o del territorio, líderes indígenas o comuneros. Para la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hubo cuatro asesinatos este año. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, fueron cinco las muertes violentas. En tanto, la Defensoría del Pueblo sólo cotabiliza tres crímenes.

Herasmo García Grau, Yener Ríos Bonsano, Estela Casanto Mauricio, Mario Marco López Huanca y Lucio Pascual Yumanga figuran en la relación de líderes y defensores indígenas asesinados este año que maneja la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. A esta lista se suman Santiago Meléndez Dávila y Luis Tapia Meza, desaparecidos oficialmente, pero sus familiares y comuneros sospechan que también han sido asesinados.

El 2020 no fue mejor. Ese año hubo seis asesinados, entre líderes indígenas y defensores ambientales en Amazonas, Ucayali, Huánuco, Madre de Dios, Junín y Lambayeque. Desde que se dispusieron las restricciones por la pandemia del Covid-19 se ha reducido la presencia de los representantes del Estado en las zonas más alejadas de esas regiones, lo que ha sido aprovechado por narcotraficantes, taladores ilegales, traficantes de tierras, mineros ilegales, entre otras personas dedicadas a actividades ilícitas que han extendido sus operaciones sobre territorios indígenas, según han venido denunciando representantes de diversas comunidades nativas.

Para Mar Pérez es un paso importante que, en abril de este año, el gobierno del entonces presidente Francisco Sagasti haya promulgado el decreto supremo que crea el "Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de Derechos Humanos". Sin embargo, recuerda que hay que trabajar para cumplir con el objetivo de reducir la situación de riesgo de los defensores, más allá de acciones puntuales como la extracción de personas de su lugar de residencia por la Policía cuando se encuentran en situación de peligro.

Medir el impacto de esta norma y sus consecuencias prácticas es para Mar Pérez tan importante como su promulgación. Por ello, advierte que no hay una rendición de cuentas del Estado sobre este mecanismo. “Cuando el Ministerio de Justicia participa en eventos, se limita a informar el número de solicitudes de protección que han aprobado, las que están en estudio, las que han sido rechazadas, pero no hay una evaluación del impacto de las medidas otorgadas”, indica.

El Ministerio de Justicia ya ha recibido 31 solicitudes de protecció de defensores de derechos humanos desde que entró en vigencia el protocolo de seguridad, en 2019. Según la última información hecha pública, la institución admitió 23 de estas. Además, emitió 17 alertas tempranas, que permitieron otorgar 14 acciones urgentes de protección, y ejecutó 42 acciones de protección, en favor de 71 defensores, sus familiares o comunidades. 

Autodefensa

“No hay resultados de la investigación sobre los asesinatos, solo algunas informaciones verbales. El caso de Santiago Meléndez quedó ahí y el de Luis Tapia también quedó pendiente. Los familiares siguen desesperados buscándolos”, cuenta el apu Jennrri Zegarra, presidente de la Asociación de Nacionalidad Asháninka del Pichis (ANAP). Zegarra recuerda que Tapia era presidente de las rondas indígenas de la comunidad de Alto Lorencillo II, en el distrito de Constitución, cuando desapareció, tres días después de dar información a la Policía Antidrogas sobre un campamento de pasta básica de cocaína.

La impunidad no solo es un agravio adicional para los familiares sino también propicia un clima de mayores agresiones a los defensores, advierte Mar Pérez. La abogada considera que, por allo, es alentador que la Fiscalía ahora esté trabajando un protocolo para investigar adecuadamente los ataques a estas personas.

La sanción a los asesinos no es lo único que los familiares de las víctimas piden a las autoridades. “Hay niños que han quedado huérfanos porque han matado a sus padres [que eran] líderes indígenas. Hay una responsabilidad del Estado que debió protegerlos y no lo hizo. Le corresponde darle una reparación a estas familias”, comenta la representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

El líder asháninka Jennrri Zegarra y los miembros de su comunidad piden al Congreso que legalice la Seguridad Indígena Amazónica para protegerse ellos mismos, ante la ineficacia del Estado. Fuente: Difusión

Como los asesinatos, desapariciones y amenazas continúan, las comunidades nativas están buscando nuevas estrategias para defenderse. “Estamos organizados, pero nuestras organizaciones son limitadas dentro de nuestra jurisdicción”, reconoce el apu Jennrri Zegarra, quien recuerda que están convocando a un congreso de comunidades nativas para este 10 de enero, en Huánuco, en el que tratarán el problema de la seguridad.

Las comunidades nativas insisten en solicitar el reconocimiento legal del Estado a sus comités de autodefensa. Por ello, participaron en la elaboración de dos proyectos de ley que reconocen a la Seguridad Indígena Amazónica (SIA) y la incorporan al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, presentados en los años 2018 y 2019, y que se encuentran estancados en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.

“Queremos que debatan este proyecto en el Congreso. No pedimos armas, solo pedimos que nos reconozcan, como han reconocido a las rondas campesinas”, explica el apu Jennrri Zegarra.

Las comunidades indígenas quieren más que un agradecimiento del Estado, como cuando el Ministerio de Cultura destacó el apoyo de miembros de la Seguridad Indígena Asháninka (SIA), presidida por el presidente de la ANAP, Jennrri Zegarra, en la búsqueda de cuatro comuneros del distrito de Puerto Bermúdez perdidos, en diciembre último. Estos, a su vez, trataban de ubicar al dirigente de la comunidad La Paz de Pucharine Lucio Pacual Yamanga, quien luego fue hallado asesinado.

“Por la distancia de ubicación, no es posible implementar un esquema de seguridad y protección a favor de las familias integrantes de la Comunidad de Flor de Ucayali, por carencia de recursos logísticos y humanos”, dice una carta de respuesta del comisario de Pucallpa, comandante PNP Juan de la Cruz Roldán, enviada el 24 de diciembre último, a Saúl Martínez Guimaraes, defensor indígena de la comunidad Flor de Ucayali. Convoca.pe tuvo acceso a este documento.

El 10 de noviembre de 2021, el líder indígena Saúl Martínez solicitó a la comisaría de Pucallpa que se expida una normativa de reconocimiento de la Policía Comunal y/o Guardia Indígena Comunal, como mecanismo de protección y de autodefensa de la Comunidad Flor de Ucayali. Además, exhortaba a que se implemente un mecanismo de protección policial y/o militar en favor de las familias integrantes de la comunidad.

La respuesta policial concluyó con una recomendación a la comunidad para que gestione la creación de una Ronda Campesina Comunal Indígena, en cumplimiento de la Ley de Rondas Campesinas, “mientras que el gobierno central, a través de sus instancias competentes, presta urgentemente el apoyo de seguridad necesaria erradicando el cultivo de la hoja de coca, el tráfico ilícito de drogas, la deforestación de los bosques y otras labores ilícitas que su comunidad denuncia”. En otras palabras, la Policía les comunicó que las cosas por ahora no cambiarán.