Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (Care), y Clementina Shinquireri, jefa de la comunidad asháninka Catungo Quimpiri, de la región Junín, exigen con urgencia la intervención del Poder Ejecutivo para garantizar la protección de los pueblos indígenas de la zona norte de los Valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Los defensores ambientales afirman que la seguridad de las comunidades y sus líderes hoy depende únicamente de sus comités de autodefensa, que no cuentan con el equipamiento suficiente para resguardar su territorio. 

La amenaza proviene de colonos invasores que —aseguran los líderes indígenas— han generado una deforestación masiva para desarrollar cultivos ilícitos de coca que proveen al narcotráfico. 

La situación de peligro se ha intensificado desde 2017 en la comunidad Catungo Quimpiri, ubicada en el distrito de Río Tambo, en la provincia de Satipo, Junín. En estos días, solo quedan en la zona 40 familias asháninkas debido a las constantes amenazas y hostigamientos que reciben por parte de más de 200 colonos cocaleros no identificados. Los agricultores ilegales han tomado tierras entre las zonas Tiñovancani, Manantial, Tsonkiriari, Gran Shinongari y Unión Quempiri, territorios que conforman la comunidad nativa.

Clementina Shinquireri, lideresa de la comunidad, actualmente en situación de riesgo, informó a Convoca.pe que la violencia ha escalado aún más desde que ella asumió la jefatura de su pueblo en enero de 2021. Desde entonces, ha denunciado que recibe amenazas de muerte por defender su territorio, pese a que Catungo Quimpiri cuenta con título de propiedad desde 1999 gracias al trabajo de Ernesto Shinquireri Sinansero, padre de Clementina.

La violencia ha estado presente en esta parte del Perú durante décadas. Ernesto Shinquireri fue fundador de la comunidad nativa y también se desempeñó como su jefe en años pasados. Fue asesinado por el grupo terrorista Sendero Luminoso.

Deforestación en bosques de la comunidad Catungo Quimpiri. Foto: CARE

Debido a las amenazas en dicha zona, el dirigente asháninka Ángel Pedro Valerio, como representante de Care, solicitó en octubre del año pasado protección para Catungo Quimpiri y su jefa Clementina Shinquireri a través del "Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos", a cargo del Ministerio de Justicia (Minjus). Dicho mecanismo se creó con la finalidad de garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de defensores de derechos humanos. Sin embargo, hasta la fecha, no ha llegado una respuesta a la comunidad respecto a los avances para su activación. 

“Nuestras comunidades han sido invadidas por parte de los grandes cocaleros ilegales que han sembrado la hoja de coca dentro de nuestros territorios. Mi persona no solo ha sido amenazada de muerte, [también] he sido desprestigiado por los cocaleros, me han tratado de la peor manera. Y hasta ahora sigo recibiendo esos malos tratos por parte de ellos porque saben que aún sigo luchando para defender los intereses de las comunidades”, indica el presidente de la Care. 

De hecho, en setiembre de 2019, Pedro Valerio denunció en la Cumbre sobre la Acción Climática, evento promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la invasión y depredación de los bosques de Catungo Quimpiri. Un año después, en 2020, continuó trabajando para hacer visible esta problemática ante el Estado, pero las autoridades no otorgaron ningún tipo de protección. “Eso quedó en nada, prometieron que iban a darnos protección, pero fueron puras palabras”, lamenta.

“Desde que inició el gobierno de Pedro Castillo no hemos tenido la oportunidad de poder sentarnos de jefe a jefe, para poder plantear estas problemáticas. El último desplante fue que este 26 de mayo se iba a dar la sesión de Consejo de Ministros Descentralizado, aquí en [el distrito de] Pangoa, en la provincia de Satipo, Junín. Sin embargo, no se dio, y por eso nos sentimos indignados”, afirma el dirigente indígena.

El compromiso de acudir a Pangoa en dicha fecha fue asumido por el premier Aníbal Torres el pasado 21 de abril, durante la instalación de la Mesa Técnica de Desarrollo Territorial y Descentralizado del Vraem. En ese lugar ocurrió el último asesinato de un defensor ambiental en el Perú, el líder nomatsiguenga Ulises Rumiche Quintimari, que fue hallado muerto el pasado 19 de abril en la carretera de Naylamp de Sonomoro, también en la provincia de Satipo, en Junín.

Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (Care) que agrupa a 19 comunidades y 33 anexos de la cuenca del río Ene. Foto: Aidesep.

Pero Catungo Quimpiri no es la única comunidad amenazada de la provincia de Satipo. En el distrito de Mazamari, a orillas del río Ene, se encuentra la comunidad Unión Puerto Asháninka, la misma que el 26 de mayo —el mismo día que debió haber ocurrido el Consejo de Ministros prometido— reportó alrededor de las cuatro de la tarde la aparición de pintas con una amenaza de muerte directa hacia sus miembros. "El lugar Unión Ashaninka derramará sangre", pintaron los intrusos sobre el suelo.

Es importante resaltar que la zona donde queda esta comunidad es parte de la ruta de grupos armados que trasladan droga, proveniente de Vizcatán del Ene, hacia las pistas de Oxapampa y Ucayali, vigilados por los remanentes de Sendero Luminoso. 

Comité de Autodefensa encontró una amenaza directa contra la comunidad Unión Puerto Asháninka. Foto: Care.

La selva central del Perú es el territorio tradicional de los pueblos nomatsiguenga, yánesha y asháninka. Este último fue muy golpeado por el conflicto armado interno. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la mayoría de especialistas e instituciones calculan que debido a la violencia del periodo 1980-2000, de 55 mil asháninkas, cerca de 10 mil fueron desplazados de manera forzada en los valles de los ríos Ene, Tambo y Perené.

Asimismo, se estima que 6 mil personas de esta etnia fallecieron y alrededor de 5 mil estuvieron cautivas por Sendero Luminoso. Durante los años del conflicto, además desaparecieron entre 30 y 40 comunidades asháninkas. 

En el informe de la CVR también se especifica que hacia mediados de los 80 el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) comenzó a expandirse hacia la región amazónica colindante con la sierra central. Este grupo desarrolló sus operaciones en las provincias de Oxapampa y Chanchamayo (Junín), mientras que en la provincia de Satipo el grupo con mayor presencia fue Sendero Luminoso. Este último intensificó sus acciones —como la incursión a las asambleas de comunidades lejanas en distritos como San Martín, en Pangoa— y para 1990 llegó a tener el control absoluto en todo el río Ene y en el Alto Tambo.

Ante la necesidad de defenderse, la población formó el llamado "Ejército Asháninka", que logró expulsar a Sendero Luminoso y el MRTA de la zona. Se calcula que estuvo conformado por alrededor de 2 mil personas y operaron en colaboración con las Fuerzas Armadas.

El Ejército Asháninka defendió sus territorios de los avances de los grupos terroristas Foto: Lugar de la Memoria. 

Bomba de tiempo

En abril del año pasado se publicó el Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, mediante el cual se creó el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Según el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, este grupo de líderes requiere especial protección por el riesgo de potencial afectación a sus derechos fundamentales. Entre estos líderes se incluye a los miembros de pueblos indígenas. 

A lo largo del tiempo, este grupo poblacional se ha visto afectado por la falta de medidas legislativas y administrativas para reconocer sus derechos individuales y colectivos, en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los países que han ratificado el convenio, entre ellos el Perú, deben respetar estándares mínimos respecto a las propiedades de las tierras indígenas, sus recursos naturales, la preservación de conocimiento tradicionales, el derecho a la autodeterminación y el procedimiento adecuado para efectuar la consulta previa, que tiene como fin proteger los territorios que habitan las comunidades originarias ante decisiones del Estado que las puedan afectar.

Según el referido Plan de Derechos Humanos (2018-2021), en la actualidad el 50,2% de las comunidades nativas se encuentra sin título de propiedad, situación que perjudica su derecho a utilizar sus tierras con fines ancestrales o tradicionales.

Para este año, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) tiene planificado otorgar 153.180 títulos de propiedad a agricultores y comuneros de comunidades campesinas y nativas para que puedan acceder de manera más rápida a la seguridad jurídica de sus tierras. Foto: Agencia Agraria de Noticias  

La cifra revela la necesidad de que el Estado reconozca el derecho colectivo a la propiedad y a la posesión de las tierras de los pueblos originarios, con el objetivo de ejecutar medidas que permitan el desarrollo ágil de los procesos de titulación de sus predios. Esto permitiría a las comunidades defender mejor sus territorios a nivel legal, así como los ecosistemas de la Amazonía. La falta de titulación, en efecto, es usualmente utilizada como argumento por los invasores y atrae a las actividades ilícitas que generan la violencia en estas zonas.

En lo que va de la pandemia del Covid-19, se registran 17 defensores socioambientales asesinados en su lucha por defender sus territorios. Otros permanecen en riesgo, como es el caso de Clementina Shinquireri, quien está amenazada de muerte por colonos armados que han invadido el territorio de la comunidad Catungo Quimpiri desde 2008. 

La lideresa indígena integra el comité de autodefensa de la comunidad, que viene realizando acciones de patrullaje y vigilancia del territorio para el decomiso de herramientas utilizadas para cometer delitos, como la tala ilegal. 

Cabe resaltar que la comunidad también ha convocado a reuniones con los colonos invasores para exhortarlos a su retiro voluntario, sin obtener algún tipo de respuesta positiva. Por el contrario, denuncian haber recibido amenazas, insultos y agresiones físicas. Por otro lado, se ha reportado la presencia de contaminación en el río Quimpiri, que proveía a la comunidad con alimentos —como peces de la especie carachama— por el vertimiento de gasolina y otras sustancias tóxicas para el ecosistema. La comunidad también sospecha que esta situación comenzó a darse con la llegada de los colonos invasores. 

"Actualmente solo contamos con el apoyo de la comisaría de Natividad [en Satipo], Care y Serfor [Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre], pero no tenemos apoyo del gobierno regional", sostiene la lideresa Clementina Shinquireri.

La Central Asháninka del Río Ene ha calculado la presencia de más de 200 colonos invasores entre las zonas Tiñovancani, Manantial, Tsonkiriari, Gran Shinongari y Unión Quempiri de la comunidad Catungo Quimpiri. Foto: Care.

De acuerdo al decreto supremo N° 004-2021-JUS, que crea el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, el plazo de trámite ordinario para activar el mecanismo es de 30 días hábiles. No obstante, si la evaluación preliminar de la solicitud evidencia la gravedad de la situación o un inminente peligro, el plazo no debería exceder de 15 días hábiles. 

El pedido de protección para la jefa de la comunidad asháninka Catungo Quimpiri, Clementina Shinquireri, se hizo el 19 de octubre de 2021. Convoca.pe tuvo acceso a la solicitud enviada por Care, en la que se detallan los ataques que recibe, que incluyen acoso, difamación, destrucción de la propiedad y agresiones físicas. Además, se describe que los colonos infunden miedo a través de amenazas a su integridad física y moral.

No obstante, Irupé Cañari Aragón asesora legal de la Central Asháninka del Río Ene (Care), informa que hasta el momento no han tenido respuesta con relación a la activación del mecanismo intersectorial, donde se le solicita al Ministerio de Justicia (Minjus) medidas de protección como lo son la realización de patrullajes policiales, visitas públicas en zonas de riesgo y brindar asistencia legal. Por otro lado, respecto a las acciones de carácter urgente, se demanda la protección de la jefa de la comunidad.

“Hasta la fecha no tenemos conocimiento [del trámite] de la solicitud. Hemos reiterado el pedido vía telefónica, vía documento, vía correo. Inclusive, hemos tenido reuniones con el Ministerio de Justicia para saber qué es lo que está pasando y no hay ninguna respuesta”, alerta Cañari. 

Luego de presentar la solicitud en octubre de 2021 y no recibir ninguna comunicación durante los meses posteriores, Care solicitó una reunión con el Ministerio de Justicia (Minjus). Esta se dio, finalmente, el 10 de marzo de este año.

Foto: El Peruano

Cañari, quien estuvo presente en la reunión como asesora legal de la organización, asegura que las autoridades se comprometieron a emitir el informe de evaluación de riesgo en el plazo de una semana posterior al diálogo.

“En la reunión estuvo Ángel Antonio González Ramírez, director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos [del Minjus], representantes de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales (UNIDA), el Ministerio del Ambiente. Y vía virtual, representantes del Ministerio del Interior (Mininter)”, indica la asesora legal de CARE.

El documento de evaluación de riesgo fue remitido a la Central Asháninka del Río Ene (Care) recién el pasado 22 de marzo. Luego de evaluar el potencial daño que ocurriría si se concretasen las amenazas, la Dirección General de Derechos Humanos del Minjus determinó que el nivel de riesgo contra Clementina Shinquireri era solo “medio”, una categorización con la que Care no está de acuerdo. Shinquireri está amenazada de muerte.

Por otra parte, respecto a las medidas de protección solicitadas, el Minjus comunicó que realizarían patrullajes periódicos para mitigar el contexto de riesgo y se comprometió al otorgamiento de garantías personales a favor de la jefa de la comunidad

Sin embargo, aún no se expide la Resolución Viceministerial, documento que debe ser emitido por el Despacho Viceministerial de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, para luego ser enviado a las entidades competentes en un plazo de cinco días, y así articular finalmente su ejecución. Esto quiere decir que aún faltan más pasos para que se active el mecanismo de protección que debió implementarse en noviembre de 2021.

En la solicitud de activación del mecanismo para Shinquireri, a la que tuvo acceso Convoca.pe, también se precisó la urgencia con que se requerían las medidas, debido a las amenazas de muerte que se recibían. También se detalló que durante los últimos 10 años la zona ha sufrido la presencia masiva de invasores.

Según el informe "Policía Nacional contra las Drogas al 2030", en 2017 se registró una extensión de 3.368 hectáreas con cultivos ilícitos de coca en territorios de pueblos indígenas. La cifra más alta se encontraba en tierras del pueblo asháninka, donde ocupaban 1.521,79 hectáreas, seguida de los territorios kichwa (719,02) y ticuna (300,82).

En 2020, Devida reportó una extensión de alrededor de 5,900 ha de cultivos de coca en los territorios de pueblos indígenas u originarios. Esta situación representó un incremento del 19% de superficie cultivada registrada en el 2019. Foto: Gobierno del Perú

La importancia de autoconvocarse 

En la reunión realizada el 10 de marzo con los representantes de los ministerios de Justicia, Cultura, Ambiente e Interior, en la que también participaron Ángel Pedro Valerio e Irupé Cañari, de Care, se presentaron algunas propuestas desde el frente indígena para mejorar su situación.

“La agenda trató de cómo se podían impulsar algunas mejoras normativas que puedan agilizar el PAT (Procedimiento de Alerta Temprana del Mecanismo Intersectorial) y ver el caso de la solicitud que habíamos pedido para la comunidad Catungo Quimpiri. Desde Care se busca crear una mesa de trabajo multisectorial, en la que intervengan todos los ministerios, para abordar esta problemática que actualmente afecta a gran escala a los líderes indígenas”, dice Cañari. 

Una de las propuestas que buscan ejecutar es la creación de una ley que permita articular de mejor manera la interacción entre los tres poderes del Estado —Legislativo, Judicial y Ejecutivo— para el control de los delitos ambientales y la protección de los defensores de derechos humanos a nivel nacional. Esta estrategia se está coordinando con la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. 

Por otro lado, también proponen la modificación de reformas normativas en el Código Penal, enfocadas en la prevención de la usurpación de tierras deforestadas de comunidades indígenas, principalmente por parte de colonos agricultores. Hasta la fecha, Care ha interpuesto 10 denuncias por tala ilegal, causada presuntamente por cocaleros en los bosques de la comunidad Catungo Quimpiri. De estas, una fue archivada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) a causa de una supuesta insuficiencia probatoria. El resto continúa en proceso de investigación sin ningún avance, informa Cañari a Convoca.pe.

También se han hecho tres denuncias por usurpación, de las cuales dos han sido desestimadas por la fiscalía de delitos comunes.

“Lamentablemente, todas las denuncias que hemos hecho por usurpación por la invasión de colonos en áreas forestales han sido archivadas. En el Código Penal estas no tipifican como el delito de usurpación, ya que el área forestal no le pertenece legalmente a la comunidad, ni al Estado”, lamenta Cañari. “La crítica que se le hace al Poder Judicial es que cuando las denuncias se realizan estas no tienen ninguna efectividad para la protección de los defensores. Por eso queremos impulsar estas propuestas”, añade.

El 20 de febrero de 2021, el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) emitió un informe donde se concluyó que miembros de la comunidad nativa Gran Shinongari autorizó a el ingreso de colonos para realizar la tala de árboles en tierras de Catungo Quimpiri. Acción que continúan realizando hasta el día de hoy, según informó Care a Convoca.

Para el mes de julio, la Central Asháninka del Río Ene planea realizar una mesa de trabajo con la invitación de otras organizaciones indígenas a nivel nacional, tales como la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), que representa a comunidades originarias de Putumayo, Napo, Tigre, Corrientes, Marañón, Yaquerana, Bajo Amazonas y Ucayali. 

"Como organización hemos hecho todo lo posible para exigir al gobierno, a través de las instancias que corresponden en la defensa de los bosques y territorios, para que ellos tomen cartas en el asunto, pero hasta la actualidad no hemos visto ninguna acción que haya reducido el riesgo que están corriendo nuestros hermanos en sus comunidades nativas", opina el presidente de la organización CARE, Ángel Pedro Valerio.

Este último viernes activistas colectivos, organizaciones y grupos artísticos se autoconvocaron para exigir frente al Congreso que se protejan los derechos y la vida de los defensores del medio ambiente. Esta actividad formó parte de la antesala para Acción Ciudadana por la defensa de la tierra, el agua y la vida, y el Primer Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras que reunirá durante los días 15, 16 y 17 de junio a más 70 defensores en la capital para dar a conocer su contexto, y exigir justicia y protección. Foto: Defensoras y Defensoras del Perú

Burocracia

Desde abril de 2019, entró en vigencia el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, encabezado por el Minjus. Y, en abril 2021, se creó el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, conformado por ocho ministerios, entre ellos el de Agricultura, Ambiente, Interior, Energía y Minas, y Cultura, que cuenta con un registro de situaciones de riesgo de los defensores para determinar los patrones de ataque y sus causas. 

Según información solicitada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) al Minjus, al cierre de 2021 el registro de situaciones de riesgo del Mecanismo reportaba 139 casos de defensores y/o familiares amenazados. Asimismo, en el reporte se precisó que los territorios que concentran la mayor cantidad de situaciones de riesgo están en Ucayali, donde se han registrado más de 29 casos. Solo en los distritos de Masisea se detectaron 19 y en Callería, 10.  

En segundo lugar, se encuentra el departamento de Piura, donde hubo un total de 21 situaciones de riesgo notificadas. Otros departamentos con casos de alerta fueron Lambayeque, donde en el distrito de Chongoyape se registraron 11 casos. En tanto, en Huánuco, en el distrito de Puerto Inca, se reportaron siete. Madre de Dios también está dentro de la lista de regiones con situaciones de riesgo a personas defensoras de derechos humanos. En estos departamentos se detectaron las situaciones más peligrosas por actos provenientes de la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras.  

En el mismo reporte, el Minjus comunicó que en el marco de su implementación, desde abril de 2021, se recibieron 31 solicitudes de procedimiento de alerta temprana del Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos (PAT). De estas, 23 fueron admitidas y 5 fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos que el propio protocolo establece. Asimismo, el mecanismo se activó en 17 ocasiones que involucraron a 71 beneficiarios, entre personas defensoras de derechos humanos y sus familiares y medidas de carácter colectivo para miembros de comunidades nativas. 

Por otro lado, se informó que al cierre de 2021 se detectaron 139 casos en el registro de situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos. 

La protección de los defensores ambientales es una preocupación constante en la selva. Foto: CooperAcción

Sin embargo, los retrasos respecto al pedido para la comunidad Catungo Quimpiri y su jefa Clementina Shinquireri revelan una evidente falta de celeridad, mientras las invasiones de los cocaleros siguen avanzando.

Irupé Cañari, asesora legal de Care, señala a Convoca.pe que una de las dificultades que mencionaron las autoridades durante la última reunión del 10 de marzo fue la falta de presupuesto para llevar a cabo la planificación del mecanismo intersectorial. 

“Algo que también mencionaron como debilidad, en la reunión que hemos tenido en marzo, es que se ha creado el mecanismo, pero sin presupuesto. Cada institución lo asume con el presupuesto que tiene. El Estado debe ver que se asigne un presupuesto netamente para la protección de defensores”, agrega Cañari.

El Ministerio del Ambiente (Minam) es una de las carteras que integra el conjunto de entidades que prevén el desarrollo del Mecanismo Intersectorial. Durante la realización de este informe Convoca.pe consultó al Minam acerca de su compromiso para frenar los delitos relacionados a los defensores ambientales. 

El 13 de octubre de 2021 Catungo Quimpiri presentó una denuncia penal a la Fema de San Francisco por delito contra los bosques.

Al respecto, la institución contestó que se ha previsto implementar la primera Guía de Protección de Personas Defensoras Ambientales, este 15 de junio, de manera virtual. Dicha guía buscará fortalecer las acciones de capacitación para la activación del mecanismo de protección de los defensores ambientales, bajo un enfoque intercultural. También que actualmente se encuentra construyendo el Sistema Nacional sobre Delitos Ambientales, para ofrecer mayor información pública sobre la situación de los defensores ambientales en el país.

En esa misma línea, comunicaron que se ha aprobado la Guía de Valoración Económica de Delitos Ambientales, herramienta que permitirá a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales estimar los montos económicos de las indemnizaciones que el Estado debe requerir en los procesos judiciales por los impactos generados por la criminalidad ambiental, que incluyen delitos como tala ilegal, minería ilegal y el tráfico de fauna silvestre. 

Convoca.pe también intentó comunicarse con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) para conocer su versión respecto a los retrasos para activar el Mecanismo Intersectorial para la comunidad Catungo Quimpiri. No obstante, no respondió nuestro pedido de entrevista.

Deforestación en la comunidad asháninka Catungo Quimpiri. Foto: CARE

El artículo 18 de la Ley de Comunidades Nativas indica que las zonas de las comunidades que se encuentren dentro de parques nacionales pueden ser reconocidas, pero no tituladas. Si bien el territorio de Catungo Quimpiri no es parte de ningún parque nacional, de acuerdo a la clasificación de sus suelos solo se ha titulado la zona para uso agrícola y de pastoreo, ya que el resto de sus tierras corresponde a áreas forestales y de conservación.

Es decir que la comunidad puede ejercer actos posesorios ancestrales en estas áreas forestales, más no cuenta con título de propiedad sobre ellas. Conforme a la Ley de Forestal y Fauna Silvestre, el Estado ejerce el dominio sobre los recursos del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación. Es precisamente en estas zonas donde se han asentado los cocaleros ilegales.

Bosques de Catungo Quimpiri arrasados por habilitar chacras de coca. Foto: Care.

Cuando se produce una deforestación masiva por tala ilegal en las áreas forestales y de conservación, la entidad encargada de realizar la investigación es la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema). Pero, por ejemplo, si se produce el ingreso de personas no identificadas en áreas agrícolas tituladas por comunidades nativas, las denuncias son llevadas por las fiscalías de delitos comunes por el delito de usurpación.

La comunidad asegura que para cada una de las denuncias el Comité de Autodefensa Catungo Quimpiri colaboró con las fiscalías pertinentes para la entrega de pruebas y testimonios. Sin embargo, los avances de las investigaciones aún no son conocidas por los defensores del bosque.