El último 19 de abril, el líder nomatsiguenga Ulises Rumiche Quintimari, gerente de Pueblos Originarios Amazónicos de la Municipalidad de Pangoa, fue hallado muerto en la carretera Naylamp de Sonomoro, en la Provincia de Satipo, en Junín. El líder nativo recibió un disparo en la cabeza horas después de participar en una reunión con Grecia Rojas, viceministra de Poblaciones Vulnerables, y otros dirigentes indígenas, en la que se trató la temática del desarrollo territorial del Vraem.

Rumiche Quintimari se suma al grupo de 17 líderes indígenas y defensores ambientales que fueron víctimas de homicidio durante la pandemia.

En 2019 entró en vigencia el "Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos", a cargo del Ministerio de Justicia (Minjus). Y en 2021 se creó, en la misma línea y mediante decreto supremo, el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, herramienta legal encabezada por el Minjus y que vincula a otros siete ministerios y a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

Sin embargo, dirigentes de comunidades nativas siguen denunciando que la violencia del crimen organizado sigue escalando sin freno en la Amazonía mientras sus defensores continúan desprotegidos. ¿Qué ocurre con el mecanismo?

Katherine Sánchez Lozano, abogada del programa Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), explica que los presupuestos que tienen los ministerios resultan insuficientes para implementar medidas efectivas. "No hay metas específicas en los ministerios que intervienen. Entonces, hay un desorden de la sostenibilidad del mecanismo, financieramente hablando", comenta la especialista en diálogo con Convoca.pe.

Por esta razón, las medidas de "extracción de víctimas" de la zona de peligro no son efectivas, pues solo hay presupuesto para retirar a la persona defensora y no a su familia. “Si todos logran salir, les alcanzará para las primeras semanas. Y una extracción no se hace por unas semanas. Pueden ser semanas o meses, hasta que el riesgo disminuya”, anota Sánchez.

Sin embargo, para la abogada, los puntos mencionados anteriormente dificultan la ejecución del mecanismo, pero el principal problema recae en el no abordaje de los problemas estructurales detrás del fenómeno de la violencia del crimen organizado.

Problemas estructurales

“Pensamos en el mecanismo como la solución, pero es importante visibilizar que el mecanismo extrae a la persona mientras que la actividad ilegal continúa. El mecanismo puede responder unas veces, pero no más. En tanto no haya una visión al problema estructural [de la presencia del crimen organizado en la Amazonía y su accionar], la herramienta va a fallar en algún momento”, afirma Sánchez Lozano.

La extracción ilegal de recursos naturales y el narcotráfico son problemas de asunto mayor en la Amazonía. La minería ilegal, la tala y el tráfico de tierras generan conflictividad entre las poblaciones locales y los capitales ilegales que ambicionan sus recursos. Sanchez explica que los pueblos originarios tienen una vinculación especial con sus tierras, pues representan su seguridad alimentaria, sus proyectos de vida y los planes de crecimiento de sus etnias. En este sentido, los líderes que defienden estos territorios son un obstáculo para el avance de la criminalidad.

Otra problemática que complica la ejecución del mecanismo recae en la crisis política que atañe al país. El presidente Pedro Castillo Terrones nombró cuatro gabinetes en seis meses que incluyen 30 modificaciones de ministros. Esto ha generado cambios de rumbo en las políticas de gobierno y en el personal especializado de las distintas carteras ministeriales.

El líder amazónico Ulises Rumiche ejercía como profesor en Pangoa, Junín. Foto: Facebook

“Muchas de las personas defensoras no confían en el Estado. Recordemos que están en dinámicas de corrupción constantemente: hay una ruptura en el término de confianza”, comenta Sánchez.

Para la especialista de la SPDA, la confianza es un elemento clave que no se gana de un día para otro: es un proceso. El conocimiento que tienen los funcionarios en campo se pierde con los cambios tan repentinos de funcionarios. “Hay un trabajo que tienen que hacer los poderes del Estado en beneficio de las personas defensoras”, enfatiza.

En la misma línea, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz Molleda, sostiene que la improvisación del gobierno central genera aún más desconfianza. “Han sacado a personas capacitadas para poner personal sin la capacitación necesaria. El cambio constante no ayuda”, acota.

Territorios

En opinión de Ruiz, un punto clave para mejorar la seguridad de los pueblos indígenas es que sus territorios deben ser reconocidos con títulos de propiedad. Según el experto, de las cerca de 2 mil comunidades nativas que existen en el país, unas 680 aún no tienen reconocidos sus derechos de propiedad. "Una comunidad sin título significa una puerta abierta para madereros, cocaleros, narcotraficantes, traficantes de terreno y colonos", señala.

El especialista del IDL comentó a Convoca.pe que los pueblos son guardianes de su territorio, pero no tienen seguridad jurídica sobre ellos. “El Estado no los titula y no tienen capacidad para enfrentar a los madereros", advierte. "Si soy el Estado, debo reconocer que tengo limitaciones en vez de mirar a los pueblos indígenas como principales perpetradores”, indicó.

Los cultivos ilegales de coca para el narcotráfico generan constantes tensiones entre colonos agricultores y pueblos indígenas. Foto: Andina

Pero no poseer un título de propiedad que los proteja jurídicamente no es el único problema que presentan los pueblos originarios. Muchas comunidades poseen títulos que están desactualizados porque se han utilizado tecnologías o métodos antiguos que no permiten que sean incorporados en los catastros vigentes, una situación que genera superposición de derechos.

“Al no estar en el catastro se siguen otorgando derechos, certificados de posesión [a favor de terceros], que es un método muy común en la Amazonía que impacta en los pueblos indígenas”, explica Katherine Sánchez.

Si no se determinan los límites de la propiedad, una comunidad colindante no se podrá titular y generará conflictos intercomunales o con otras personas. “Estas diferencias y demoras facilitan las invasiones en este tipo de espacios. Un espacio que es ocupado por la comunidad y no se encuentra reflejado en su título de propiedad puede ser objeto de [de ser entregado a un tercero a través de] un certificado de posesión”, advierte Sánchez.

Acuerdo de Escazú: la solución

El Acuerdo de Escazú ha sido reconocido como un instrumento para la protección de los defensores del medio ambiente en Latinoamérica. Sin embargo, todavía no es ratificado en Perú pese a las opiniones favorables de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y diez ministerios. 

El expediente del Acuerdo de Escazú no llegó siquiera a su discusión en el pleno del Congreso en octubre de 2020. Asimismo, la comisión parlamentaria de Relaciones Exteriores, que debería debatir el tema, es presidida por el congresista de Fuerza Popular Ernesto Bustamante, abierto opositor al acuerdo por considerar que “rinde a terceros la soberanía nacional”. 

Al ser consultado sobre esta postura, Juan Carlos Ruiz explica que los más interesados en que no se ratifique este acuerdo internacional son aquellos que lucran con los recursos de la Amazonía. Por ejemplo, los madereros ilegales. “No les conviene este tipo de norma porque quieren seguir deforestando”, enfatizó.

Katherine Sánchez considera que el Acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos que, de ser ratificado por el Congreso del Perú, tendrá rango constitucional. “No vamos a necesitar únicamente leer el mecanismo intersectorial [de protección de defensores de derechos humanos], sino que todos los poderes del Estado y niveles de gobierno ejecutarán medidas para proteger ese derecho constitucional”, afirmó.

Incluir a los gobiernos regionales, que son los que están más cerca del conflicto, en la estrategia nacional para la protección generaría una activación más rápida del mecanismo y determinaría con mayor certeza las causas estructurales detrás de los agravios que vulneran constantemente a los líderes amazónicos y los pueblos originarios.

“El acuerdo incluye el principio de no regresión que permite que no retrocedamos. El principio de no regresión es una garantía para que nuestro sistema mejore y lo único que se puede hacer es ir para adelante”, concluye Sánchez.

El mecanismo

Si una persona defensora de derechos humanos quiere activar voluntariamente el mecanismo intersectorial, puede llamar, enviar un correo electrónico o presentar una carta dirigida hacia la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (Minjus). El afectado debe cumplir ciertos requisitos: rellenar sus datos, explicar qué ha pasado y ofrecer alguna prueba de la situación de emergencia en la que está, si es que la tiene.

La solicitud inicia el procedimiento y es evaluada. Cabe la posibilidad de ser declarada inadmisible si no se cumple con un requisito de forma. Luego, el Minjus inicia las acciones de investigación, toma contacto con agentes de campo y comienza a diseñar las medidas de protección.

"El problema va con la [poca] rapidez con la que se responden a estas solicitudes y tiene que ver con el sistema público que tenemos. No hay un mecanismo especial que brinde celeridad", lamenta Sánchez, de SPDA.