Actualización: 4 de enero de 2022

El último día del 2021, el presidente de la República, Pedro Castillo, promulgó la Ley 31388, que amplía hasta el 2024 el plazo de formalización minera para los pequeños mineros y mineros artesanales que operan al margen de la legalidad. El presidente dispuso la publicación de la norma avalado por el Ministerio de Energía y Minas, pero con la oposición del Ministerio del Ambiente (Minam).

Como se recuerda, durante el debate parlamentario para la aprobación de esta ley, el Minam advirtió que esta medida de prórroga "no incentiva a aquellos mineros que avanzaron en sus procesos de formalización". Por el contrario, señaló que provocaría que "muchos operadores ilegales se inscriban sin que hayan demostrado cambios en sus prácticas" que generan contaminación en las fuentes de agua.

Pese a las indicaciones del sector Ambiente, el jefe de Estado decidió no observar la norma o evitar su publicación para que sea el mismo Congreso el que promulgue la autógrafa de ley por insistencia. 

Los aplausos a la decisión presidencial llegaron de parte del titular del sector Energía y Minas, Eduardo Gonzales. El primer día del 2022, Gonzales destacó que "el trabajo conjunto y coordinado entre el Poder Ejecutivo, Congreso y dirigentes mineros" posibilitó la promulgación de la Ley que prorroga la vigencia del proceso de formalización de la minería ilegal.

Nota original: 17 de diciembre de 2021 

Congreso prorroga nuevamente plazo de formalización de los mineros ilegales con respaldo del Ejecutivo

Tres años más de contaminación y un proceso de formalización interminable. El último jueves, casi la totalidad de los miembros del Congreso de la República aprobaron la prórroga del proceso de formalización de la minería informal, por más de mil días más, a los que se suman los casi 10 años desde que el Estado inició la regularización de las actividades de los pequeños mineros y mineros artesanales.

Tal como publicó Convoca.pe, en noviembre último, dos congresistas de Perú Libre y uno de Alianza para el Progreso (APP) presentaron tres proyectos de ley que buscaban una nueva prórroga del plazo de formalización de las actividades mineras informales.

El proyecto presentado por el congresista Víctor Cutipa, de Perú Libre, buscaba que se prorrogue el plazo para la formalización hasta el 31 de diciembre del 2022, mientras que el de su colega de bancada, Jorge Marticorena, perseguía que se amplíe hasta fines del 2025. La propuesta de Eduardo Salhuana de APP pretendía que el periodo para los informales se extienda hasta el final del 2024. Precisamente, ese último plazo propuesto fue aprobado por la mayoría de los parlamentarios.

Los congresistas Salhuana (izquierda), Cutipa (centro) y Marticorena (derecha) lograron que se amplíe el plazo de formalización a los mineros ilegales. Foto: Congreso

Con 104 votos a favor, tres en contra y una abstención, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que agrupó las tres iniciativas presentadas. Se opusieron los congresistas Sigrid Bazán y Edgard Reymundo, de Juntos por el Perú, y Hamley Echevarría, quien solo unas horas antes de la votación de esos proyectos renunció a las filas de Perú Libre.

La aprobación de este proyecto fue saludada por el Ministerio de Energía y Minas, a través de un pronunciamiento del viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, quien señaló que la norma permite a los mineros pequeños y artesanales continuar su camino a la formalidad. 

Luego de la presentación de estos proyectos, el viceministro Chávez fue uno de los que se reunió con los representantes de los mineros informales de cuatro regiones del país y les prometió que impulsará las gestiones necesarias para que el Congreso apruebe a su favor una prórroga más, lo que ocurrió en el Pleno de este último jueves.

La norma vigente para el proceso de formalización de los mineros ilegales es el Decreto Legislativo 1293, firmado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en diciembre de 2016, que dispuso la inscripción de los mineros de la pequeña minería y minería artesanal en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), administrado por el Ministerio de Energía y Minas.

Propuesta de Salhuana fue la que se impuso respecto a los plazos propuestos por Perú Libre. 
 

La minería informal y, en ocasiones, ilegal, a diferencia de la minería formal, es la que se realiza en lugares prohibidos, como riberas de ríos, lagunas o zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. También se considera ilegal a la actividad extractiva que se realiza con maquinaria pesada, como las dragas que extraen material del fondo ribereño y de las riberas de las fuentes de agua donde operan.

La ampliación del plazo de formalización de estos mineros también promueve la impunidad de los empresarios que operan y contaminan la tierra y el agua a nivel nacional, ya que los exime de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal.

En enero de 2017, el gobierno de Pedro Pablo Kucyznski aprobó un decreto legislativo que evita que la Fiscalía o el Poder Judicial procesen a los mineros ilegales que se encuentren en proceso de formalización, por lo que con la sola inscripción en el Reinfo, el Estado protege al minero que realiza actividades en lugares no permitidos.

Mineros informales inscritos en el Reinfo no pueden ser investigados por el delito de minería ilegal. Foto: Ministerio Público

Consultado por Convoca.pe, el abogado César Ipenza, especialista en derecho ambiental, advirtió que con esta ampliación aprobada por el Congreso y con el beneplácito del Ministerio de Energía y Minas, se evidencia una complacencia del Ejecutivo para que los mineros informales continúen sin cumplir las normas ambientales.

Además, resaltó que las direcciones de minería de los gobiernos regionales no tienen instrumentos para fiscalizar a los mineros informales y, en la práctica, la formalización "es un saludo a la bandera".

Ipenza también alertó que hay una intención del Poder Ejecutivo y un grupo de congresistas para plantear una norma que buscaría ampliar el uso de dragas, que se encuentra prohibido desde 2012, de acuerdo con un fallo del Tribunal Constitucional. Además, en el 2015, esa instancia jurídica sentenció que es constitucional la labor del Estado peruano para realizar labores de interdicción y persecución de la minería ilegal en la Amazonía y en todas las regiones.