En torno al tráfico ilícito de drogas en la provincia de Puerto Inca, en Huánuco, se han incrementado los delitos de secuestro, extorsión, homicidio, minería ilegal, tráfico de tierras y tala ilegal de madera. Desde hace algunos años, esta situación está llevando a que esta región se convierta en un "segundo VRAEM" (área cocalera del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) o en una zona liberada para el accionar del narcotráfico y la criminalidad organizada, según advirtieron a Convoca.pe expertos y dirigentes indígenas.

Una muestra de esta peligrosidad ocurrió la noche del 22 de marzo último, cuando tres personas fueron asesinadas a balazos y una empresaria que había sido secuestrada fue liberada en la carretera de acceso al caserío Nueva Esperanza, en el distrito de Puerto Inca. Las autoridades no descartan que haya una relación entre estos dos sucesos, los cuales se suman a una larga lista de crímenes reportados en los últimos años.

Cinco días antes de estos asesinatos, el gobierno del presidente Pedro Castillo había prorrogado, una vez más, el estado de emergencia en los distritos de Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis, Codo del Pozuzo y Honoria, de la provincia huanuqueña de Puerto Inca, a pedido de la Policía Nacional del Perú, “con la finalidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado dedicado al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en las zonas antes indicadas”.

Esta situación excepcional en los distritos de Puerto Inca viene desde el gobierno del presidente Francisco Sagasti, quien, el 6 de diciembre de 2020, declaró el primer estado de emergencia, por 60 días, sobre la base de informes reservados de la Policía Nacional del Perú sobre las actividades ilícita que desarrollaban organizaciones criminales.

A partir de esa primera declaratoria, se han venido prorrogando los estados de excepción en Puerto Inca, cada 60 días, con el mismo argumento policial. Sin embargo, los registros de secuestros, asesinatos, extorsiones y otros crímenes siguen en aumento y generan temor entre los pobladores, que tienen identificadas las zonas “rojas”, donde hay mayor riesgo de ser víctimas de la delincuencia organizada, como la carretera que conecta Puerto Súngaro con las comunidades de Esperanza, Cleyton y Santa Teresa.
 

Entre la población más afectada por la delincuencia organizada figuran los miembros de las comunidades indígenas asháninkas, yaneshas y shipibo-konibo. Un ejemplo de ello es que de las tres personas asesinadas el 22 de marzo pasado, una, Gemerson Pizango Narvaes (45), era de la comunidad yanesha Santa Teresa y otra, Nusat Parisada Benavides de la Cruz (42), de la comunidad asháninka Cleyton. El esposo de esta última, Jesús Berti Antayhua Quispe (42), también fue ultimado a balazos esa misma noche. 

Apenas se conoció el asesinato de estas tres personas el hecho fue destacado por diversas organizaciones civiles debido a que, en un primer momento, se informó que eran defensores ambientales en sus comunidades nativas y que fueron víctimas de mafias del narcotráfico o de madereros ilegales. Sin embargo, la Federación de Comunidades Nativas de Puerto Inca y Afluentes (Feconapia) precisó que los fallecidos no eran líderes ambientales: eran una pareja de agricultores y un trabajador que estaban sacando la cosecha de papayas por la carretera hasta donde están los camiones de carga que trasladan la fruta a Lima.

En el territorio de las comunidades, los indígenas se sienten protegidos de la delincuencia común, pero cuando tienen que salir, sobre todo por la vía que une a los caseríos de Puerto Inca, Puerto Súngaro y las comunidades Esperanza, Cleyton y Santa Teresa, se exponen a diversos peligros. “Por la carretera, nos pueden extorsionar, secuestrar, matar”, dice a Convoca.pe Fernando Carpio, presidente de la Feconapia, organización que agrupa a nueve comunidades de las etnias asháninka, yanesha y shipibo-konibo.

Para reforzar la seguridad no solo en la provincia de Puerto Inca, en Huánuco, sino también en las provincias de Oxapampa, en Pasco, y de Atalaya, en Ucayali, el 25 de noviembre de 2017, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski creó el Frente Policial Puerto Inca, dependiente de la V Macro Reglón Policial Huánuco de la PNP. 

El Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, establece que “los frentes policiales se crean de manera excepcional y temporal”, en el mismo nivel y organización funcional de una Región Policial. Sin embargo, al igual que los Estados de Emergencia, que deben ser excepcionales, la existencia del Frente Policial Puerto Inca ha pasado a ser indefinida.

Policía de Puerto Inca hizo operativo por la carretera Fernando Belaúnde Terry y capturó a banda que secuestró a una mujer. Crédito: Difusión

“Puerto Inca es el típico ejemplo de que la sola declaratoria del Estado de emergencia es absurda y demagógica si no se acompaña con medidas y estrategias concretas para enfrentar a la criminalidad organizada. El Estado de Emergencia es el recorte de derechos fundamentales y, por sí solo, no va a resolver la criminalidad”, explica a Convoca.pe Rubén Vargas, exministro del Interior del gobierno de Francisco Sagasti.

Para Rubén Vargas, quien también es experto en crimen organizado y política antidrogas, el gran problema en Puerto Inca es que las organizaciones criminales han crecido porque se ha juntado el tráfico ilícito de drogas con la minería ilegal. “Estas dos economías ilegales están engendrando a organizaciones criminales que se están dedicando, además del narcotráfico y la minería ilegal, al sicariato, al secuestro y al robo agravado”, advierte.

A fines del 2020, el Frente Policial Puerto Inca advirtió a la gestión del presidente Francisco Sagasti -a través del Informe reservado Nº 070-2020-SCG PNP/FP-PUERTO INCA-SEC-UNIPLEDU- que las condiciones geográficas y la escasa presencia de las fuerzas del orden en las provincias de Puerto Inca, en Huánuco, y de Oxapampa, en Pasco, eran aprovechadas por organizaciones criminales para realizar las diversas modalidades de tráfico ilícito de drogas (sembrío, elaboración, acopio, trasteo y embarque de droga), así como aquellas dedicadas a los delitos conexos (minería ilegal, terrorismo, secuestro, extorsión, homicidios, tala ilegal, entre otros).

En esa ocasión, el Frente Policial Puerto Inca alertó que, a pesar de las medidas restrictivas dispuestas por el gobierno por la pandemia del Covid-19, seguían operando estas organizaciones criminales. Así lo demostraban distintas actividades, como la construcción o reparación de pistas de aterrizaje clandestinas, el cultivo de hoja de coca, el incremento de la tasa de homicidios y otros actos delictivos.

Esta advertencia fue refrendada, también a fines del 2020, por dos informes de inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro), uno reservado y otro secreto, que señalaban a Puerto Inca y Oxapampa como zonas de mayor incidencia de tráfico ilícito de drogas, donde las organizaciones delictivas usan la vía marítima, aérea y terrestre para transportar la droga a los puntos de tránsito, antes de enviarla a los mercados de consumo en el extranjero.

Más de un año después, con el nuevo gobierno de Pedro Castillo, la situación en Puerto Inca y Oxapampa sigue igual, tal como lo señala la Policía Nacional en el Informe reservado Nº 006-2022-COMASGEN PNP/FP-PUERTO INCA-SEC-UNIPLEDU, que remitió al Ejecutivo para sustentar la prórroga de la declaratoria del estado de emergencia en los distritos de las provincias de Puerto Inca, en Huánuco; Oxapampa, en Pasco, y Atalaya, en Ucayali. La prórroga fue aprobada el 17 de marzo último.

“Desde Devida, de la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), están transmitiendo mensajes que están alentando al cultivo ilegal de la hoja de coca y, por ende, al narcotráfico. Estos mensajes alientan de manera irresponsable los cultivos ilegales de hoja de coca, a nivel nacional, de manera especial en esa zona, porque allí se están invadiendo territorios de las comunidades nativas por narcotraficantes y cocaleros ilegales. Eso está generando esta violencia adicional a la que existía anteriormente”, afirma el exministro Rubén Vargas.

El narcotráfico se intenta infiltrar constantemente en los territorios indígenas de Puerto Inca. El dirigente Fernando Carpio recuerda que, el año pasado, tuvieron que desalojar a personas extrañas que estaban habilitando grandes extensiones de chacra sin permiso de la comunidad. “Nos avisan que tenemos alerta temprana de evaluación de bosques primarios, patrullamos nuestro territorios. Vimos que eran personas que no se conocían y estaban beneficiándose con tierras de la comunidad”, recordó el presidente de la Feconapia.

Distritos de Puerto Inca se encuentran en Estado de Emergencia, como parte de la lucha contra el narcotráfico. Crédito: Andina

Según Rubén Vargas, lo que ocurre en Puerto Inca es más grave que en el VRAEM, porque se ha convertido en una zona liberada de la criminalidad organizada, donde el narcotráfico y la minería ilegal han originado estructuras criminales que han convertido al secuestro en una acción cotidiana. “Todos los empresarios, pequeños, medianos, ganaderos, agricultores, están siendo secuestrados de manera impune. De manera paralela, están creciendo los cultivos de hoja de coca”, agrega.

Es inevitable la comparación entre lo que ocurre en las provincias de Puerto Inca (Huánuco), Oxapampa (Pasco) y Atalaya (Ucayali) con el accionar en las cinco regiones que conforman el VRAEM (Cusco, Junín, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac), con respecto al avance del narcotráfico y otros delitos a su alrededor.

“Estamos ad portas de generarse un segundo VRAEM, mucho más fuerte, tal vez, por el silencio y la inoperancia del Estado. Tendemos a llegar a un segundo Vraem, tal vez mucho más controlado por el narcotráfico”, alertó Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali-ORAU, durante una entrevista con Convoca en vivo, donde se refirió a los tres recientes asesinatos en Puerto Inca y a los diez crímenes cometidos contra defensores ambientales de comunidades nativas durante la pandemia del Covid-19.

Para proteger su territorio del narcotráfico y otras mafias, algunas comunidades indígenas de la provincia de Puerto Inca han formado rondas, como en los centros poblados de Puerto Súngaro y Nuevo Porvenir. Otras comunidades están organizándose para implementar la llamada Seguridad Indígena Amazónica (SIA), como las que integran la Feconapia, que tratará sobre este tema en su próximo Congreso.

“En la medida de que el Estado es incapaz de proveer un derecho fundamental, que es la seguridad, está obligando a las comunidades nativas y otras poblaciones de la selva alta a tomar decisiones radicales y, probablemente, la justicia en sus propias manos. Eso es contraproducente porque pone en tela de juicio la existencia del Estado”, alerta Vargas.