Historias para recordar que merecemos una vida con dignidad y justicia 
 

NAZARETH, OLVIDADA DOS VECES
 

La comunidad awajún que sufrió un derrame de petróleo en 2016 ahora padece los efectos del nuevo coronavirus. De 77 personas testeadas en Nazareth, 28 han dado positivo al Covid-19. Los centros de salud cercanos a este pueblo de la región Amazonas se encuentran desabastecidos de medicamentos y la gente ha empezado a tomar ivermectina veterinaria. Como parte de la serie investigativa “Expediente tóxico”, un equipo de Convoca.pe llegó hasta la zona en agosto de 2019 para conocer a quienes, luego de la tragedia ambiental, recolectaron el crudo con sus propias manos. Su salud seguía afectada: tenían dolores de cabeza, ardores en el cuerpo, mareos. Hasta la fecha, el Estado no ha sido capaz de darles una atención especializada.

Bryan Pintado Sánchez, de 22 años, e Inti Sotelo Camargo, de 24 años, fallecieron el sábado 14 de Noviembre durante las manifestaciones de protesta contra el gobierno de Manuel Merino. La necropsia de los cuerpos ha confirmado que los manifestantes perdieron la vida por impactos de armas de fuego.

La cocha de Ushpayacu es la fuente de agua más importante del distrito de Pastaza que abastece a cerca de 400 familias de la comunidad de Loboyacu y es uno de los lugares más alejados de la Provincia de Datem del Marañón, considerado como uno de los sitios más contaminados de la región amazónica de Loreto.

Los niños que respiran plomo en el Callao
 

“Yoran Vigo tiene cuatro años y 20.9 microgramos de plomo por decilitro de sangre. Vive en el asentamiento humano Virgen de Guadalupe, muy cerca de una zona industrial del Callao. El aislamiento lo pone irritable”. Así empieza la historieta 'Un niño con plomo no aguanta la cuarentena', que inicia la serie periodística 'Expediente tóxico', el cómic', con la que Convoca.pe continúa su investigación sobre los metales pesados, esta vez en formato de historietas interactivas.

En el Perú existen otros tipos de violencia que no se visibiliza y viene por parte de las autoridades que abusan de su poder para violentar a mujeres dentro de las instituciones.

Entre 1995 y 2001, las esterilizaciones forzadas fueron parte de las medidas que tomó el gobierno del expresidente Alberto Fujimori como parte del llamado Programa de Salud Reproductiva, con el supuesto objetivo de reducir la pobreza en el país.

Covid-19: ¿A quién le importa las 915 peruanas desaparecidas durante la cuarentena?

La emergencia sanitaria confirmó cuán desprotegidas están las mujeres en el Perú. Desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio, 309 adultas y 606 niñas y adolescentes fueron reportadas como desaparecidas, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Un promedio de 10 denuncias por día. Un caso cada tres horas. 

La explotación sexual y la trata de personas es una realidad que está latente en el Perú desde hace muchos años, pero que no ha sido visibilizada durante la pandemia del Covid-19. Desde 1999, cada 23 de setiembre, se conmemora el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas..

UCAYALI: EL 90% DE LOS TRABAJADORES DE OCHO SUR TESTEADOS DIERON POSITIVO PARA COVID-19
 

Convoca pudo confirmar que el último viernes la Dirección Regional de Salud de Ucayali tomó pruebas de detección del nuevo coronavirus a 39 trabajadores que se encuentran al interior de las plantaciones del Grupo Ocho Sur, de capitales internacionales, que concentra el 12% de las áreas cultivadas de palma aceitera en el Perú. Entre los intervenidos, 35 dieron positivo para COVID-19. En este reportaje, los trabajadores narran cuándo se presentaron los síntomas de la enfermedad y la ausencia de medidas de protección sanitaria: ellos aseguran que la empresa no entregó mascarillas ni tomó medidas de prevención dentro de los primeros dos meses del estado de emergencia. En ese periodo, las autoridades nacionales y regionales no se ponían de acuerdo sobre qué entidad debía supervisar lo que sucedía en el fortín de estas plantaciones de palma que crecieron sobre más de 12 mil hectáreas de bosques arrasados.

La crisis económica agudizada por la pandemia del COVID-19 reactivó conflictos en las zonas más pobres y remotas del país. La población de Espinar, en Cusco, y la comunidad kukama en Bretaña, en Loreto, reaccionaron directamente contra empresas que realizan actividades extractivas en su territorio, como la minera Antapaccay y la petrolera Petrotal.

La madrugada del jueves 14 y viernes 15 de abril de 1983, una patrulla militar del Ejército ingresó a la comunidad de Llusita, ubicado en Huancaraylla, provincia de Víctor Fajardo, en Ayacucho, y detuvieron a 17 pobladores, a quienes ejecutaron a orillas del río Cachimayo. Sus cuerpos fueron enterrados en fosas clandestinas, en una zona conocida como Chulkupampa.

14 derrames de petróleo han ocurrido durante la pandemia en el Perú

La mayoría se registró en el Lote 192, en la región Loreto. La empresa que tiene adjudicada esta área, la canadiense Frontera Energy del Perú S.A., no ha estado operando, sin embargo, el crudo sigue contaminando el suelo. Las causas están en investigación por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Con este reportaje, Convoca.pe inicia la serie investigativa “Selva negra”, que analiza la magnitud del daño de los hidrocarburos y el estado de la remediación de los sitios impactados.

Los adultos mayores son los más vulnerables al coronavirus. Precisamente por ello todos se preocupan por protegerlos. Sin embargo, este sector de la población sufre desde hace años penosas situaciones que van desde la indiferencia, las demandas postergadas y hasta los maltratos.

Llevan décadas clamando por justicia. Madres, hermanas, viudas e hijas de los periodistas asesinados en el Perú nos narran su lucha incansable por encontrar la verdad..

La muerte no era esto
 

Antes de la pandemia, podíamos despedirnos de nuestros familiares con ceremonias que ayudaban a procesar el dolor. Ahora los protocolos sanitarios impiden acercarse al que se va. Miles han partido en el Perú, más de un millón en el mundo. Este año el Día de los Muertos no es el mismo, todo ha cambiado. Convoca.pe buscó ocho testimonios para saber cómo miran hoy la muerte estas personas desde sus diversas experiencias, profesiones y oficios. Todos coinciden en algo: el nuevo coronavirus ha transforma nuestra forma de decir adiós.

El 15 de mayo del 2017, el periodista Javier Váldez recibió doce disparos cuando salía del diario RíoDoce. A tres años de su asesinato, su familia y colegas lo continúan recordándolo y exigiendo justicia para que cesen los crímenes contra periodistas.

El Estado no ha remediado ninguno de los más de 3 mil pasivos ambientales de hidrocarburos que hay en el Perú
 

Nueve años después de recibir el encargo de gestionar la limpieza de los lugares contaminados, el Ministerio de Energía y Minas dice que no ha podido hacerlo. Tampoco le ha sido posible identificar a las empresas privadas responsables de estos sitios de riesgo, principalmente, pozos petroleros mal abandonados. Este paso es clave, pues las operadoras señaladas deben financiar la rehabilitación. De momento, el ministerio ha priorizado la remediación de 15 pasivos, un proceso que costeará con dinero público. Este reportaje de Convoca.pe es la segunda parte de la serie investigativa “Selva negra”, realizada a partir de la construcción y análisis de una base de datos que forma parte de la herramienta más poderosa elaborada hasta ahora por nuestro equipo.

Impunidad y muerte en los campamentos de la gran minería
 

En los últimos quince años, más del 60% de trabajadores mineros que fallecieron víctimas de accidentes laborales fueron obreros subcontratados por las empresas de la gran y mediana minería a través de empresas tercerizadoras.  La compañía Buenaventura, del Grupo Benavides, y Volcan, de la suiza Glencore, tienen a su cargo los campamentos mineros donde se concentran las muertes de los trabajadores y también encabezan la lista de empresas más infractoras de las normas de seguridad laboral.

En 18 años, 159 personas murieron en protestas sociales y ningún policía acusado recibió sanción 
 

Las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, en las marchas contra el gobierno de Manuel Merino, son el corolario de un historial de violencia y represión que la Policía Nacional ha tenido durante las manifestaciones de protesta de los ciudadanos a nivel nacional. Desde el 2002, han muerto 159 personas y nadie fue sancionado. Este año, en Loreto, tres nativos de la etnia Kukama fueron asesinados con armas de fuego, en enfrentamientos con agentes policiales, pero la investigación judicial no avanza.

Human Rights Watch pide al Perú que derogue leyes que atentan contra el derecho de protesta
 

Human Rights Watch señaló que durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, en noviembre pasado, hubo abusos de la Policía contra los manifestantes. Según la organización internacional, algunas normas permiten estos atropellos, entre ellas la Ley de Protección Policial, publicada por insistencia de Merino, cuando era presidente del Congreso. Por ello, recomendó al presidente Francisco Sagasti que derogue esta ley y otras que permiten el abuso de la PNP y que reforme el sistema disciplinario policial.

CIDH recomienda al Estado dar reparación y protección a familias de fallecidos en protestas
 

El abogado Edgar Ralón, delegado de la CIDH y relator para el Perú, ese organismo internacional emitió un informe que confirma las evidencias clínicas sobre el uso de proyectiles de plomo por la Policía Nacional para reprimir las protestas sociales, así como las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante las movilizaciones contra el gobierno de Manuel Merino.

Créditos:

Edición: Milagros Salazar Herrera. Coordinación: Sonia Tello Santibañez. Reporteras: Karla Velezmoro, Cristina Alvarado, Ghiovanni Hinojosa, Edwin Montesinos, Jackeline Cárdenas, Gonzalo Torrico y Mirelis Morales Tovar. 
Diseño e Ilustraciones: Francisco Fernández e Iván Palomino. Desarrollo: Elvis Rivera Cotrina. Editor de Audiencias: Antonio Manco.