Actualización, 9 de diciembre de 2020

La investigación y sanción a los responsables de la violencia, la reforma de la Policía Nacional del Perú para que respeten los derechos humanos de los manifestantes y la reparación a las víctimas de la violencia durante las manifestaciones son las recomendaciones más importantes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó en el informe elaborado por la delegación de esa entidad supranacional que investigó los hechos de violencia registrados entre el 10 al 15 de noviembre en Lima, durante las manifestaciones que se realizaron luego de que el Congreso decidió destituir al mandatario Martín Vizcarra y poner como jefe de Estado al presidente del Congreso, Manuel Merino.

En su informe, la CIDH señala que observó con preocupación que la respuesta del Estado frente a las movilizaciones de los jóvenes se caracterizó por la represión mediante el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por la Policía en las protestas realizadas en el Centro de Lima. Los comisionados señalaron que recogieron testimonios sobre la participación de agentes policiales vestidos de civil y sin identificación pertenecientes al llamado "Grupo Terna".

Respecto a los hechos de violencia vinculados a la muerte de Inti Sotelo y Jack Pintado, y tal como adelantó el comisionado Edgar Ralón a Convoca.pe, la CIDH afirmó que las actas médicas y peritajes fiscales demuestran que los jóvenes fallecieron por el impacto de proyectiles de plomo. Por ello, la delegaciónhizo un llamado a las autoridades para que investiguen el origen y el uso de los perdigones metálicos en protestas sociales.

Como adelantó Convoca.pe, la CIDH confirmó el uso de proyectiles de plomo para reprimir las protestas. Foto: La República.

La delegación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos señaló que tuvo conocimiento de casos que afectaron particularmente los derechos de mujeres manifestantes, que fueron intervenidas por agentes policiales y llevadas a comisarías, donde sufrieron violencia sexual, desnudez forzada e inspección vaginal aparentemente abusiva, así como burlas y humillaciones por su condición de mujeres.

Sobre los hechos de violencia protagonizados por las fuerzas de seguridad del Estado, la CIDH recomendó que el Perú tome medidas de no repetición, protección y reparación a los familiares de las personas que fallecieron y a las que resultaron heridas en las protestas. La Comisión también señaló que el Estado debe adoptar medidas para investigar diligentemente, con miras a identificar, juzgar y sancionar a los responsables penales y administrativos de todos los actos de agresión durante las manifestaciones. 

Además, recomendó que el Estado tome las medidas necesarias para garantizar que la Policía cese el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones y asegurar que las fuerzas de seguridad, en sus intervenciones en manifestaciones, tengan como prioridad la defensa de la vida y la integridad de las personas.

La Comisión también recogió las denuncias del uso de efectivos sin uniforme y no identificados para la captura de manifestantes. Foto: RPP

Por ello, la Comisión recomendó que la PNP sea capacitada permanentemente en materia de derechos humanos. "El Estado debe garantizar que las condiciones de detención en comisarías sean acordes con el respeto a la dignidad, salud e higiene de las personas privadas de libertad", indica el comunicado de la CIDH.

Respecto a las personas que denunciaron la agresión de las fuerzas del orden durante las protestas, la Comisión recomendó al Estado que ofrezca las garantías efectivas para proteger a estos ciudadanos, así como a los que han rendido testimonio ante la CIDH.

Entrevista publicada el 4 de diciembre de 2020

- ¿Cuál es el mandato que tiene la delegación de la CIDH que ha llegado al Perú para verificar lo ocurrido en las protestas de noviembre?

Como uno de los principales órganos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH tiene la obligación de velar por los derechos humanos en la región. Uno de los instrumentos que tenemos, y que se ha puesto en práctica en Perú, consiste en las visitas de trabajo a solicitud de la Comisión, que es recibida por el Estado que gira una invitación.

Esta delegación ha sido presidida por el titular de la CIDH, Joel Hernandez, por mi persona, como relator para Perú, y un equipo de la secretaría ejecutiva. La metodología que se utiliza es la toma de testimonios, de entrevistas y reuniones con diferentes actores de la sociedad. No es una visita enfocada únicamente en instituciones del Estado o autoridades sino tomando en cuenta una visión de la centralidad de las víctimas en materia de derechos humanos. Por ello, nos hemos reunido con personas afectadas y familiares de las víctimas.

La visita terminará con un informe que será redactado en un formato de comunicado de prensa, que publicaremos la semana entrante. Es una especie de marco conceptual y resumen de lo que la Comisión pudo detectar y, también, recomendaciones para evitar que vuelvan a repetirse situaciones que violenten los derechos humanos.

Edgar Stuardo Ralón, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Perú. Foto: Difusión

- De las reuniones que tuvieron, ¿Qué impresión tienen de lo ocurrido en Perú? ¿Se reunieron con las familias víctimas de Inti Sotelo y Jack Pintado?

La primera sensación o impresión que tenemos en la CIDH es que Perú ha vivido unas semanas lamentables de hechos que no deben volver a repetirse. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con familiares de personas que resultaron con gravísimas lesiones y que, incluso, quedaron con problemas de discapacidad para continuar con sus vidas. También nos hemos reunido con los padres y hermanos de los jóvenes que fallecieron en las protestas.

Hemos tenido reuniones con la Cordinadora Nacional de Derechos Humanos, con la Defensoría del Pueblo. Nos hemos reunido también con el presidente Francisco Sagasti, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, y recibimos  testimonios de policías que tienen lesiones, como causa de las protestas. Hoy, martes, vamos a cerrar la visita con la recepción de los últimos testimonios.

- En el informe, ¿Qué tipo de recomendaciones podría emitir la CIDH al Estado y a las partes que han protagonizado la crisis política que causaron las protestas?

Este informe tendrá entre siete y diez páginas, donde se hará un breve resumen de lo que la delegación ha observado, pero sobre las materias que normalmente se abordan en este tipo de informes. Tienen que ver con aspectos desde el enfoque de la institucionalidad democrática. Recordemos que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la CIDH tiene una posición complementaria y, por lo tanto, podemos hacer recomendaciones para que en el propio marco constitucional normativo se vayan tomando decisiones que se acerquen a los estándares internacionales.

Adicionalmente, se indicarán recomendaciones sobre temas referidos a las libertades civiles, la libertad de pensamiento y el derecho a la manifestación. El Estado es el responsable de mantener el orden público a través de las fuerzas de seguridad, pero bajo criterios adecuados de proporcionalidad, de necesidad, de legalidad, sin caer en situaciones de excesos, si caer en arbitrariedad, o de enfrentamiento contra la ciudadanía que está llamada a proteger. 

Ese informe será público, en el formato de comunicado, para que todos tengan acceso y para que las recomendaciones sean tomadas con urgencia y prioridad, y sean implementadas por el Estado de acuerdo con las decisiones y las leyes del Perú.

- ¿Qué ha encontrado la CIDH respecto a las denuncias de excesos de las fuerzas policiales? ¿Hay elementos que puedan concluir que han existido esos excesos para la Comisión?

Sin duda alguna, hay situaciones, que no son solo testimonios, sino hechos que quedaron en historias clínicas de algunas personas que tienen lesiones con proyectiles, que no son permitidos en ningún tipo de protocolo para el uso de la fuerza. El tipo de balines de material de plomo que se ha encontrado y que están, incluso, en lugares del cuerpo de los heridos donde los médicos no han podido extraerlos, por su riesgo. Son situaciones que, lamentablemente, encontramos en el historial clínico y que hemos verificado en algunas personas heridas.

Hemos encontrado que una persona no podrá volver a caminar, otra persona no podrá moverse más y, cuando se verifica la evidencia científica del tipo de lesión, hemos encontrado la utilización de un tipo de proyectil que no es permitido, que la legislación interna prohíbe para el uso en marchas.

En base a estos testimonios, documentos y hacer control cruzado, el informe tendrá un conclusiones bastante objetivas. También hemos conversado con policías que tienen lesiones, pero no de gravedad como los ciudadanos, y tuvimos acceso a su información médica.

- Luego de las manifestaciones las fuerzas policiales recibieron muchas críticas por el uso de grupos no uniformados que realizaron capturas de manifestantes, grupos conocidos como 'Terna'. ¿Recibieron denuncias sobre los 'Terna'? ¿Darán recomendaciones sobre esas intervenciones?

Sí, recibimos denuncias sobre la participación de los grupos Terna. No puedo ahondar en mayores detalles acerca de las recomendaciones que daremos sobre el uso de ese escuadrón en las manifestaciones, pero nuestro informe abordará esa temática.

- Hemos visto que en el continente ha habido actuaciones de fuerzas policiales que han causado muertos o personas con discapacidad en las protestas, ¿Ha encontrado alguna similitud con el comportamiento de las fuerzas de seguridad en Chile y Perú?

Tuve la oportunidad de estar en la visita de la CIDH a Chile y viendo el fenómeno de la protesta social que ese país experimentó, la Comisión emitió un informe el 2019, que recopila estándares sobre la materia de derechos humanos.

La Comisión está clara en que ningún tipo de violencia es justificable y de ningún actor. Existe un legítimo derecho a reunión, manifestación pacífica, pero también existen obligaciones de la fuerza pública de conducirse con enfoque de derechos humanos. No puede utilizarse un tipo de arma o de proyectil que pueda causar un daño a la integridad física o hacer que una persona pueda morir porque se está reprimiendo una manifestación pacífica. 

Esto es un enorme desafío en la región, donde no hay una frontera claramente definida de cuándo es protesta o cuándo es delito. No se puede criminalizar la manifestación social y la única manera de que esté clara la frontera, bajo el enfoque de derechos humanos, es con la capacitación y la implementación de los protocolos de la fuerza pública, y que las manifestaciones se realicen en el marco de la ley y el respeto. 

Brigadas médicas trasladan a uno de los heridos en las protestas del 14 de noviembre en Lima. Foto: Andina.

- Algunos analistas coinciden en que la crisis política en Perú continuará, al menos, hasta que se realicen las elecciones, ¿Su comisionado en Perú mantendrá un monitoreo de la situación nacional en los próximos meses?

Sí. Dentro de los instrumentos que tiene la comisión también está el sistema de monitoreo de todas las situaciones que están pasando, ya sea requiriendo información o dando seguimiento a situaciones particulares. El caso de Perú es de alto perfil. En el seno de la CIDH hay una enorme preocupación por la situación, por lo que, sin dudas, mantendremos un monitoreo. 

La visión de nuestra visita es colaborativa, no adversarial, con el fin de ofrecer las capacidades técnicas que puedan ser requeridas por alguna autoridad para tener apoyo sobre aspectos formativos en derechos humanos. La Comisión quiere ser un elemento que colabore en ir enfrentando estos desafíos que no son un tema político, como tal, sino que un enfoque más amplio para el fortalecimiento de la cultura de derechos humanos en Perú.

Delegación de la CIDH encontró evidencias de uso de proyectiles no reglamentarios. Foto: Difusión.

- ¿Se hará un llamado a las fuerzas políticas para escuchar las exigencias de la ciudadanía?

Es un tema que lo percibimos en cuanto hay diferentes puntos de vista. Es legítimo en una sociedad que haya diferentes propuestas en una sociedad, pero ello tiene que generar un debate de ideas, para conversar. En una democracia debe ser libre poder expresar esas opiniones sin que haya represión. 

- Si se genera impunidad en el sistema de justicia peruano respecto a las victimas, ¿Estos casos podrían ser elevados a la Corte Interamericana?

Percibimos en la visita que lo ocurrido generó una profunda reflexión en diferentes actores. Vemos que hay una disposición de querer abordarlo de manera extraordinaria y prioritaria, por lo que esperamos que se resuelvan en el plano interno, sin demoras o retardos injustificados. Sería prematuro hablar de esto, pero las recomendaciones serán en la línea de que estos casos de víctimas se ventilen de una manera técnica, oportuna y priorizada en las instituciones del Perú.