Cuando James Pérez Pacaya escuchó el sonido de armas disparándose, se tiró al piso y empezó a huir arrastrándose entre unos mástiles que se encontraban en las inmediaciones del lote 95, en Loreto. "Parecía una guerra", recuerda James Pérez, presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (Aidecobap). El 9 de agosto pasado, él y decenas de indígenas del pueblo Kukama protestaron frente a las instalaciones de la empresa Petrotal, ubicada en la localidad de Bretaña, provincia de Requena, en la región Loreto, y fueron reprimidos por agentes de la Policía Nacional del Perú.

Efectivos policiales custodiaban las instalaciones de la empresa petrolera. A raíz del enfrentamiento, tres manifestantes perdieron la vida por impactos de bala. Mientras James Pérez se encontraba en el piso, vio como sus compañeros eran repelidos y caían al suelo tras recibir los proyectiles. "Nosotros teníamos nuestras armas ancestrales y la Policía estaba armada".

A Wilian López Ijuma, de 29 años,  le impactaron balas que le perforaron el pulmón izquierdo y el estómago, mientras que Chemilton Flores Crispín, de 37, fue baleado en la pelvis y el muslo derecho. Ambos fallecieron en el mismo lugar del enfrentamiento. Camino al centro de salud de Bretaña, murió Elix Ruiz Ortiz, de 35 años.  

La investigación aún se encuentra en etapa preliminar y se ha programado el recojo de declaraciones del 3 al 5 de diciembre. Tanto Tacuri como López señalaron a Convoca.pe que, durante esta etapa de la investigación, vienen siendo hostigados. El abogado de las familias señala que la Policía los ha llamado, haciéndose pasar por periodistas, para obtener información del caso, mientras que James Pérez denuncia una presunta interferencia en sus telecomunicaciones.

Última disposición del Ministerio Público que dispone diligencias para diciembre en el caso del enfrentamiento en Loreto. 

El asesinato de los tres ciudadanos kukamas figura en la lista de 159 ejecuciones extrajudiciales, realizadas durante enfrentamientos con la Policía, que no han sido sancionadas. La relación, elaborada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), da cuenta de estos casos desde el año 2002.

Entre los casos más antiguos de la lista se encuentran los asesinatos de Edgar Pinto Quintanilla y Fernando Talavera Soto, ocurridos durante el 'Arequipazo' en el 2002. La familia de Edgar Pinto tomó la decisión de desistir de un juicio en la vía civil contra la Policía, para solicitar una reparación civil por la muerte del joven, quien fue golpeado en la cabeza por una bomba lacrimógena. 

Ángel Pinto, hermano de la víctima, contó a Convoca.pe que se encontraban cansados de los juzgados. Por diez años, persiguieron en la vía penal a 12 policías acusados de estas muertes. En el 2012, la Segunda Sala Penal Transitoria absolvió a los acusados.

Familiares de las víctimas del Arequipazo realizaban protestas frente al Poder Judicial exigiendo justicia. Foto: Los Andes.

Lo único que le queda a Ángel es un sentimiento de impotencia, causado por la impunidad del asesinato de su hermano. También siente desilusión por la clase política que, durante años, hizo anuncios  de ayuda a las familias de los asesinados durante el Arequipazo, pero que nunca se concretaron.

Mar Pérez Aguilera, responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la CNDDHH señaló que la mayoría de casos donde hay muertos en enfrentamientos con la Policía, se archivan en el Ministerio Público. De acuerdo con la CNDDHH, solo 50 de los 159 casos que tiene registrados han logrado pasar a un proceso judicial. "Algunos han pasado a juicio, pero han concluido con sentencias absolutorias", explica Mar Pérez.

El último gobierno de Alan García es el que registra más de estos casos. Durante su gobierno, fallecieron 80 personas en enfrentamientos con la Policía. La masacre de Bagua ocurrió en este periodo. Le sigue el gobierno de Ollanta Humala, con 52 fallecidos.

Mar Pérez, además, señala que, por los enfrentamientos con la Policía, muchas personas fueron heridas de gravedad y continúan viviendo con las secuelas, sin recibir apoyo del Estado. Los traumas oculares son comunes.

Es el caso de David Rivas Espíritu, estudiante de nutrición de la Universidad Nacional Federico Villarreal, quien el 2016 fue herido en el ojo por un disparo de perdigones, durante un enfrentamiento con la Policía. 

David Rivas indicó a Convoca.pe que aún persisten las secuelas en su ojo izquierdo. Foto: captura Panamaricana.

Durante la pandemia, se interrumpieron las consultas médicas, por lo que su ojo izquierdo no recibió tratamiento. Los médicos le advirtieron que podría desprenderse su retina, por lo que ahora ha reforzado los cuidados. En su caso, tampoco se identificó a los responsables. La Fiscalía archivó el caso, señalando que no podían dar con los responsables por falta de pruebas. David, al igual que otras víctimas de la represión policial, siente que no hubo justicia en su caso y ya perdió la esperanza de que algún día llegue.

Actualización 7 de diciembre del 2020

Durante la presentación del Ministro del Interior, Cluber Fernando Aliaga, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, el congresista Alberto de Belaunde recordó las muertes de personas durante enfrentamientos en conflictos sociales que quedaron en la impunidad. 

"La impunidad tiene efectos perversos en este tipo de caos. Quienes cometen un acto ilícito y no reciben castigo, no dudan en repetir su acción", indicó el congresista. También pidió al ministro que la policía se abstenga de responder violentamente a las manifestaciones y respetar los derechos humanos.