La organización internacional Human Rights Watch puso el ojo en diversas normas que protegen a los agentes de las fuerzas del orden que cometen abusos durante conflictos sociales. En un informe sobre los excesos cometidos durante las marchas realizadas entre el 9 y 15 de noviembre, en contra del gobierno de Manuel Merino, recomendó que estas leyes sean derogadas.

Una comisión de este organismo internacional estuvo en Perú, donde entrevistó a 76 personas, entre testigos, abogados y defensores de derechos humanos, y concluyó que hubo graves abusos policiales contra los manifestantes. 

Los comisionados identificaron que algunas normas de la legislación peruana permiten abusos de la Policía Nacional del Perú durante manifestaciones, como la Ley Nº 31012, denominada Ley de Protección Policial, que fue  promulgada por insistencia de Manuel Merino, cuando era presidente del Congreso de la República. 

Cuando se publicó esta norma, recibió el rechazo de la Organización de Naciones Unidas, ONU, que a advirtió que generaba espacios de impunidad. La ley derogó el principio de proporcionalidad del uso de la fuerza, prohibió la detención preliminar de los efectivos que causen lesiones o muerte y modificó la causal de exención de responsabilidad penal para la PNP y las Fuerzas Armadas. Human Rights Watch insistió en la necesidad de cambiar esta norma. 

La organización recomendó al presidente Francisco Sagasti "derogar leyes que protejan las actividades policiales abusivas, incluyendo la Ley de Protección Policial ". 

Otras norma que sugirió derogar es la Ley 30151, emitida durante la gestión del presidente Ollanta Humala, que modificó el Código Penal, para que se exima de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que, en cumplimiento de su deber y uso de sus armas, cause lesiones o muerte. 

Los testimonios recogidos por Human Rights Watch también dan cuenta del abuso de la Policía de la norma de control de identidad, la cual permite la intervención de personas hasta por un máximo de cuatro horas, para verificar su identidad. 

Durante las protestas, la Policía detuvo a 57 personas. El informe señala que 39 de ellas habían sido intervenidas con la excusa del control de identidad. 

"La Fiscalía dijo a Human Rights Watch que la Policía no incluye en su registro de detenidos a los “intervenidos”, que se encuentran bajo custodia con fines de control de identidad", señala el informe. Esta situación no permite que los fiscales den con estas personas para investigar si se cometió un abuso durante su detención. 

La comisión también recomendó que se reforme el sistema disciplinario de la PNP, para asegurar su independencia y transparencia. En ese sentido, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos pidió que los agentes asignados a Inspectoría se la PNP tengan una línea de carrera que no permita que estén en otras unidades y se familiaricen con personal que, luego, puede ser investigado por ellos. Además, pidió la inclusión de personal civil en esta dependencia.