El miedo al contagio de COVID-19 se expande por los calurosos campamentos donde pasan los días los trabajadores del grupo agroindustrial Ocho Sur, dedicado a la producción de palma aceitera, en un enclave deforestado de la selva de Ucayali, en el distrito de Nueva Requena. Durante el estado de emergencia decretado por la pandemia del nuevo coronavirus, iniciado el 16 de marzo de este año, el Grupo Ocho Sur –que hoy maneja las mismas tierras que el investigado Grupo Melka, su antecesor, consiguió con maniobras que la Fiscalía considera criminales– no ha detenido las operaciones en sus plantaciones, donde se propagan los casos positivos de esta enfermedad.

Por recomendación de la Defensoría del Pueblo, el último viernes 5 de junio, funcionarios del Ministerio Público, del Ministerio de Cultura y de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ucayali intervinieron las instalaciones de Ocho Sur, a donde llegaron alrededor del mediodía luego de unas tres horas de viaje bajo la lluvia desde Pucallpa, la capital del departamento. Convoca.pe pudo conocer que la Diresa tomó una muestra de 39 pruebas rápidas a los trabajadores. Ya procesadas en su oficina de epidemiología, 35 de ellas resultaron positivas para COVID-19.

Ocho Sur concentra sus trabajos en dos grandes plantaciones en las cercanías del distrito de Nueva Requena, al interior de la selva ucayalina, que ocupan casi 12.200 hectáreas deforestadas, según el Monitoring Andean Amazon Project, y representan el 12% del total del área cultivada de palma aceitera en el Perú. Casi la totalidad de sus trabajadores, el 87% de acuerdo con su propia información difundida, proviene de las regiones amazónicas de Ucayali y Loreto. 

Como se sabe, en 2012, las compañías del empresario estadounidense Dennis Melka, Plantaciones de Ucayali y Plantaciones de Pucallpa –hoy Ocho Sur U y Ocho Sur P–, empezaron a adquirir tierras con esquemas cuestionables y a destruir el bosque amazónico, razón por la que hoy son investigadas en Ucayali por usurpación de terrenos y deforestación. El Grupo Melka también tiene indagatorias en Loreto y una de ellas ha llegado a una sentencia condenatoria en primera instancia contra sus directivos.

En todo Ucayali, al 7 de junio, ya se han confirmado 5.306 casos positivos de COVID-19 y 117 decesos por esta enfermedad. La región tiene, además, una situación deficitaria de personal de salud: contaba solo con 7,8 médicos por cada 10 mil habitantes en 2017. Y, según denuncian los vecinos de Pucallpa, por estos días el precio de un balón de oxígeno de 10 m3 para aliviar la enfermedad, se ha elevado hasta un rango entre los 3 mil 500 y los 5 mil soles, por su alta demanda y la especulación de los empresarios.

Las plantaciones de Ocho Sur abarcan un área de más de 12 mil hectáreas en la selva de Ucayali . De estas, según el Monitoring Amazon Project, más de 9.400 hectáreas han sido deforestadas en bosque primario. Foto: Diego Pérez/Oxfam.

Luego de que Convoca.pe revelara las estrategias del Grupo Melka para acceder a sus tierras y arrasar grandes zonas de bosque primario, ahora recoge los testimonios de dos actuales trabajadores de estas mismas plantaciones que afirman que el Grupo Ocho Sur no tomó las medidas mínimas de prevención cuando el gobierno central decretó el estado de emergencia por el avance del nuevo coronavirus.

Las versiones de los informantes, cuya identidad hemos confirmado pero no publicaremos para no ponerlos en riesgo, tienen muchos puntos coincidentes. Los dos pertenecen a dos campamentos distintos de la zona denominada Zanja Seca, entre los nueve campamentos que tiene este grupo agroindustrial en toda su extensión. Al mismo tiempo, ambos aseguran haber presentado malestares como fiebre y dolores de cabeza, garganta y cuerpo. Por lo menos, hasta la tercera semana de mayo, a ninguno se le había hecho una prueba de descarte. Tampoco habían sido aislados. Seguían interactuando con sus colegas y desconocían su diagnóstico real.

Voces de la plantación

“Primero, el dolor comenzaba despacio, pero no le hacía caso. De pronto empezó con fuerza”, señaló el primer trabajador consultado. Su “gripe”, sostenía, era “más larga” de lo normal y los síntomas, “muy fuertes”. Al momento de nuestra comunicación, llevaba once días sintiéndose enfermo y cuatro con descanso médico, pero ya sentía una mejoría. Apuntó que un compañero de habitación también tenía los mismos síntomas. En su campamento, reducido a unas 60 personas por la ola de renuncias provocada por la pandemia, habrían sido 13 trabajadores que hasta ese momento presentaban malestares, detalló.

–¿Vas a volver al trabajo el lunes? –preguntamos.
–Si me siento mejor voy a trabajar. Si no, no tanto –respondió.

El segundo trabajador aseguró que también había estado con descanso médico y con 39 grados centígrados de fiebre. “Yo estoy recién levantándome de cuatro días [enfermo]”, comentó. No obstante, no pudo explicar si se trataba de una gripe común, el nuevo coronavirus o el dengue, una enfermedad que en lo que va del año ya ha registrado 24 mil 957 casos a nivel nacional –la mayoría en la selva peruana–, según cifras oficiales difundidas en mayo por la Agence France-Press.

“Aquí en el campamento, ‘todos’ los trabajadores están con esa gripe (...). Anteanoche, han llevado a cuatro pacientes que estaban ya una semana [enfermos] para hacer un análisis de prueba rápida [de despistaje de COVID-19] a Pucallpa. Eran dos mujeres y dos varones”, cuenta el trabajador. 

“Los trajeron de nuevo y dijeron que habían dado negativo, que estaban sin ese ‘COVID’ (...). La misma empresa los ha llevado para descartar (...). Dicen que es dengue. Eso sí [se] está propagando ahorita en el campamento (...), toditos los campamentos. Hay seis campamentos acá”, continúa.

–¿Cuántas personas hay?
–Acá ya estamos pocos. Habrá unos 180 en el campamento en el que estoy yo. 
–¿Y cuántas personas calculas que han caído enfermas?
–Acá, unas cuarenta… Cuarenta, sí. 
–¿Y todos con los mismos síntomas?
–Es el mismo ‘síntoma’. No hay otra cosa, es el mismo: dolor de cabeza, tos seca, fiebre (...), malestar, todo eso. 

Trabajadores de Ocho Sur aseguran haber tenido malestares físicos durante el estado de emergencia por la pandemia de COVID-19. Fotos: Facebook - Italo García.

Los testimonios de los dos trabajadores también concuerdan en la fecha en que habrían empezado a tomarse las medidas de prevención contra el coronavirus dentro de Ocho Sur: el 15 de mayo de 2020. Es decir, dos meses después de decretado el estado de emergencia y las medidas sanitarias obligatorias para todo el territorio nacional. 

“Desde el comienzo no hubo nada. Dijeron que estábamos más aislados de la ciudad y es por eso que, quizás, no nos implementaban [medidas de prevención]”, prosigue la declaración del segundo trabajador.

De acuerdo con los dos empleados, ese 15 de mayo se pegó un afiche con información sobre el nuevo coronavirus, se repartieron mascarillas y recién se empezó a exigir su uso tanto para sus labores diarias como para su ingreso al comedor, al tópico y a las oficinas. 

Declaraciones de William Mejía, un extrabajador del campamento 2 de Ocho Sur que renunció ese mismo 15 de mayo, refuerzan las versiones de los informantes sobre la fecha de entrega de implementos de prevención. “[Al] último, ese día que estaba saliendo, me dieron [la mascarilla]”, asegura. Mejía advierte, sin embargo, que no fue testigo de ningún caso de COVID-19 o de alguien con síntomas parecidos en los cuatro meses que trabajó ahí. “Yo no te puedo informar de que ha habido el caso [de COVID-19]. ¿No ves que la empresa estaba bien cerrada? No había ingreso ni salida de personal. Por esa razón se estaba manteniendo así. No sé cómo será ahorita”, agrega.

Gavino Vásquez, exagricultor, perteneció al mismo campamento que Mejía y dejó la plantación en la primera semana de abril impulsado por el temor al contagio y la preocupación por su familia. “Todo teníamos que comprar [mascarilla] por nuestros propios medios, pero no había dónde comprar. Trabajábamos así, normal, no más, sin mascarilla, sin nada”, recuerda. 

Por la orden de inmovilización, los trabajadores no podían acceder a mascarillas fuera de las instalaciones de Ocho Sur. Afirman los trabajadores consultados que estas les fueron entregadas recién el 15 de mayo. Foto: Facebook - Ocho Sur Comunidades.

Los dos trabajadores que se mantienen en la plantación comentan que han recibido tratamiento médico en el tópico con ampollas inyectables y pastillas (no supieron precisar cuáles, salvo el paracetamol). Además, informan que en el comedor se ha empezado a suministrar infusión de eucalipto. “Pusieron ollas ahí en el comedor y nos dijeron que deberíamos tomarlo como un té. Eso es bueno, dicen, para el COVID. Eso he visto hoy y el domingo pasado”, señala el segundo informante. 

Hoy, con las comprobaciones realizadas por la DIRESA de Ucayali, Ocho Sur tendrá que cambiar sus experimentales tratamientos alternativos para cubrir con sus propios recursos el verdadero protocolo médico para enfrentar al virus del COVID-19 que requieren sus trabajadores. Después de que el 89.7% de los primeros analizados dieran positivo en las últimas pruebas, ahora la dirección regional recomienda un testeo total. 

“Quisiéramos saber la verdadera magnitud de lo que ha acontecido en esta empresa. Siendo una transnacional, me imagino que deberá tener los fondos como para poder salvaguardar la integridad de cada uno de sus trabajadores”, dijo el 8 de junio a Convoca.pe, Javier Cruz Marcelo, director de la oficina de epidemiología de la DIRESA de Ucayali, quien participó en la intervención del último viernes.

“Nuestra recomendación es la paralización completa de sus actividades, la desinfección de todas sus instalaciones y el testeo lo más pronto posible”, agregó Cruz.

Silencio y casos positivos

El funcionario de la DIRESA de Ucayali advirtió que en un primer momento, personal de recursos humanos y del equipo médico de Ocho Sur le indicaron que no había ningún tipo de enfermo ni nadie que presentara la sintomatología del coronavirus en sus instalaciones. Entonces se desplegaron tres equipos de respuesta rápida para hacer la toma de 39 pruebas en tres sectores distintos de la plantación. 

El primer grupo, donde estaba Cruz, intervino a 19 trabajadores y los 19 resultaron positivos para COVID-19. Un segundo grupo hizo cuatro pruebas y, de nuevo, todas fueron reactivas. Y un tercer grupo intervino a 16 trabajadores: en 12 de ellos se confirmó la enfermedad.

De los 35 trabajadores que dieron positivo, 9 tienen la infección en proceso (IGG/IGM) y uno está en la fase inicial de infección (IGM). Los 25 restantes ya están recuperados (IGG), lo que quiere decir que presentaron la enfermedad tres semanas atrás.

Sin embargo, hace dos semanas, a raíz de una denuncia del periodista local Italo García, quien señalaba que habría unos 15 infectados de COVID-19 en las inmediaciones del Grupo Ocho Sur, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Campo Verde programó de oficio una inspección preventiva para el 23  de mayo. El objetivo era constatar los hechos mencionados: si la empresa continuaba con sus actividades, si incumplían los protocolos sanitarios, la situación del posible riesgo de contagio al interior y si había trabajadores de comunidades nativas. Los resultados fueron distintos a los que encontraron el último viernes.

Consultada por Convoca,pe, Alejandrina Cuayla Huacho, fiscal a cargo de la diligencia inspectiva, explicó que se acercó a constatar, en específico, solo lo que se había señalado en la denuncia mediática. “Hemos encontrado que la empresa efectivamente se encontraba desarrollando sus actividades. Segundo: también se ha verificado que hay personal que se encuentra trabajando ahí, un promedio de 400 trabajadores”, apuntó. 

Es oportuno anotar que la página institucional de Ocho Sur menciona, por su parte, que el grupo tiene una masa laboral no de 400 sino de más de 1.700 empleados. 

Cuayla Huacho luego procedió a verificar los documentos de identidad de cada trabajador para verificar quiénes y cuántos eran los miembros de comunidades nativas, poblaciones consideradas de mayor vulnerabilidad. “En todo el reporte que he sacado, no había ninguno apareciendo como integrante de una comunidad, ninguno”, recalcó. De hecho, los dos informantes de Convoca.pe son originarios de comunidades shipibas, pero el criterio utilizado por la fiscalía para identificar la pertenencia a este pueblo fue la del domicilio legal de los trabajadores. 

Por otro lado, la fiscal asegura que al momento de la inspección la empresa cumplía con las medidas sanitarias para el ingreso y salida de personas por su garita. Asimismo, afirma que también ocurría lo mismo al interior de la plantación: había tachos de agua y de lejía para la desinfección.

“Lo concreto de esto es que cuando se estaba realizando este trabajo, la señora responsable de recursos humanos señala que justamente una semana antes de que nosotros fuéramos, había dos o tres personas con fiebre”, narra la fiscal. Por ello, la empresa habría solicitado pruebas rápidas y dos personas habrían dado positivo para COVID-19 en los dos días anteriores a la inspección, de acuerdo con lo que le informó la empresa. Los trabajadores enfermos fueron derivados a una clínica con la que Ocho Sur tienen convenio y luego iniciaron su aislamiento y tratamiento dentro del campamento. 

Esto difiere de lo que semanas después el personal administrativo y médico de Ocho Sur dijo a la DIRESA, cuando señalaron que ningún trabajador presentaba sintomatología de la enfermedad, según lo relatado por Cruz. 

De cualquier modo, a la fiscal Cuayla Huacho se le refirió que esos dos enfermos de COVID-19 habían sido mantenidos dentro de la plantación. “El protocolo señala que estas personas tienen que ser aisladas por su cuenta [en sus hogares] (...).  [Pero] atendiendo a que no tienen su domicilio ni familiares acá, porque son traídos de Alto Ucayali o zonas lejanas, no hay forma de que se trasladen, y han decidido tenerlos en la empresa a un costado, en un ambiente”, relata la fiscal.

¿Si ningún trabajador ha salido de la plantación desde el 16 de marzo, día del inicio del estado de emergencia, cómo ha sido posible el contagio? 

“La exhortación que se les ha hecho es que (...) realicen controles en sus tierras, en el acceso (...), salidas, ingresos, para controlar a su personal (...), para que no se presente este riesgo, porque ellos mismos no pudieron explicar por qué estas personas resultaron con esto [el coronavirus]”, sostiene Cuayla.

“Nosotros de manera preventiva vamos a aperturar una investigación [de oficio], porque lo que se desea es que no puedan salir más personas y estar en riesgo de infectarse”, concluye la fiscal.

Bosque adentro

Las primeras alertas sobre una presunta falta de medidas de prevención en Ocho Sur provinieron del ya mencionado periodista Italo García, de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y del portal Dino Ucayalino. Sus publicaciones, ya desde marzo y abril, referían que Ocho Sur habría estado operando sin medidas de prevención y haciendo entrar vehículos y personal en la etapa de cuarentena obligatoria.

El 9 de abril, además, el Instituto de Estudios Forestales y Ambientales Kené denunció al personal de las empresas Ocho Sur U SAC y Ocho Sur P SAC, que conforman el grupo Ocho Sur, por el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad por transportar insumos agrícolas en camiones cisternas hacia el interior de sus instalaciones. Esta conducta, señala el documento policial, incumpliría las disposiciones del estado de emergencia decretado por el gobierno, entre ellas las de inmovilización y aislamiento social.

El Instituto de Estudios Forestales y Ambientales Kené denunció por presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad al personal de Ocho Sur. 

¿Las compañías de Ocho Sur podían operar? Elvis García Torreblanca, director general de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, señala que si bien las empresas agrícolas realizaban una de las pocas “actividades esenciales” permitidas durante los dos primeros meses del periodo de cuarentena, estas debieron cumplir en todo momento los lineamientos básicos y generales del Ministerio de Salud para toda la población.

“Cuando empezó el estado de emergencia, el Ministerio de Salud, que es la entidad rectora en toda la materia [sanitaria] para evitar el contagio, sacó disposiciones que regían el accionar de todos los peruanos respecto a la COVID-19”, explica García. El funcionario señala que estos lineamientos generales, que desde el 16 de marzo debían cumplirse, luego se fueron precisando y aumentando con las recomendaciones del propio Ministerio de Agricultura, como las medidas publicadas el 3 de abril en la resolución ministerial 094-2020-MINAGRI, que especifica en su artículo 1: “los productores, empresarios y trabajadores del sector agropecuario (...) deben activar y ejecutar los protocolos de seguridad y sanitarias [sic] para salvaguardar la salud de las personas dedicadas a la actividad agropecuaria, personal y contratados [sic] para dichos fines”.

No obstante, fotografías publicadas el 8 de abril por el referido portal Dino Ucayalino muestran camiones cruzando el río en balsas en la localidad de Tres Islas, acompañadas de un texto que indica que los vehículos habrían ingresado de esta manera a las inmediaciones de Ocho Sur cargando fertilizantes.

Camiones cruzan el río en balsas en Tres Islas, Nueva Requena, Ucayali. Fotos: Facebook - Dino Ucayalino.

¿Este conjunto de fotografías fue tomado durante el estado de emergencia? ¿Tiene alguna relación con Ocho Sur? Personal con uniforme de la empresa Geminis Security SAC, que Convoca pudo comprobar que presta servicios de seguridad a Ocho Sur, aparece con mascarilla y guantes, como es obligatorio en todo el territorio para todos los ciudadanos desde el último 3 de abril. Otras personas en la misma balsa, a proximidad, incluido el conductor de un camión, no llevan los tapabocas necesarios para transitar. Este medio pudo confirmar que dichas imágenes están ahora en poder de la procuraduría del Ministerio del Ambiente (Minam), que evalúa tomar acciones sobre esta situación, no tanto por un eventual incumplimiento de la cuarentena sino porque ejercería sus actividades empresariales sin autorización ambiental.

“Los casos de estas empresas tienen tres momentos criminales muy marcados”, apunta Julio César Guzmán, procurador público del Minam. “El primero, que es en el papel, sería el tráfico de tierras, porque se han asentado en lugares donde la transferencia de predios no ha sido muy clara. Después de ese, otro momento criminal es la actividad de la empresa que deforesta”, señala. “Y el tercer momento criminal sería el de la comercialización clandestina de los productos, pues no te importaron los dos primeros momentos y encima sigues trabajando”, advierte el abogado del Estado.

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“Esta empresa no tiene instrumento [de certificación] ambiental ni PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental) aprobado. Sin embargo, está cosechando e incorporando en la actividad comercial productos que han sembrado y que vienen de un hecho ilegal. Si no tenían autorización para deforestar, menos para sembrar y aún menos para producir. Es una cadena”, puntualiza Guzmán. 

De hecho, en 2018, en el especial Palmas para nadie, Convoca ya había revelado el circuito comercial que recorren los productos de palma aceitera provenientes de los bosques arrasados por el Grupo Melka, desde que salen como materia prima de las plantaciones de Ucayali hasta que llegan en forma de aceite de palma a Lima, a las instalaciones de Alicorp, la empresa de bienes de consumo masivo más grande del Perú, con presencia en toda América. 

El Grupo Melka, liderado por el checo-estadounidense Dennis Melka, ha sido acusado por el Ministerio Público de usurpar tierras y deforestar 13 mil hectáreas de la Amazonía peruana. Ocho Sur tiene ahora las tierras que el Grupo Melka deforestó en Ucayali. Foto: Cacao del Perú Norte.

De un lado al otro

Después de dos meses y medio de denuncias, ¿quién fiscaliza el cumplimiento de los protocolos para evitar contagios de COVID-19 en Ocho Sur y el resto del sector agrario? Días antes de que se diera la intervención a Ocho Sur recomendada por la Defensoría del Pueblo, que reveló los primeros 35 casos confirmados de contagio, buscamos las versiones de las autoridades respecto a sus responsabilidades frente a la pandemia y las condiciones de trabajo.

El Ministerio de Agricultura (Minagri), responsable del sector, emitió el último 10 de mayo una resolución ministerial con el “protocolo para la implementación de medidas de vigilancia, prevención y control frente a la COVID-19 en la actividad agrícola”. Pero, según Elvis García, director de Políticas Agrarias de esa entidad, la evaluación del cumplimiento dentro de las empresas “excede las competencias” de esa cartera. 

“Esos protocolos están muy relacionados al tema de seguridad y salud en el trabajo, y el fiscalizador de eso es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Esta va a hacer la evaluación en campo y, además, el Ministerio de Salud [también supervisa], que está revisando cada plan [de las empresas]”, anota García. 

Semanas atrás, ante una pregunta de Convoca en una conferencia de prensa, el ministro de Salud Víctor Zamora había dejado entender que no era el Minsa sino los gobiernos regionales los encargados de “las labores de supervisión y vigilancia” a través de sus Direcciones Regionales de Salud (DIRESAS). Solicitamos al Ministerio de Salud, por intermedio de su director de comunicaciones Manuel Suárez, precisiones sobre este tema. Hasta el momento, no hemos obtenido respuesta. 

Por su parte, Willy Lora Zevallos, director de la DIRESA de Ucayali, al filo del cierre de este reportaje, señaló que en este caso la labor de su institución fue la constatación del estado de salud de los trabajadores, para lo que debió destinar un stock de pruebas rápidas y disponer su testeo. 

Por otro lado, el titular de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, Edwin Miranda Ruiz, nos señaló que su oficina tenía un rol más promotor que supervisor de la actividad agraria. Apuntó que quienes deberían tomar acciones para verificar el cumplimiento de los protocolos son la policía y la fiscalía. El funcionario también apuntó al Ministerio de Trabajo y cerró la lista con el Ministerio de Salud y la DIRESA. 

Una hora después, Miranda nos reenvió por Whatsapp una publicación de la página de Facebook “Comunidades Ocho Sur”, publicada dos horas atrás, que señalaba que “los trabajadores de Ocho Sur son la prioridad en estos momentos difíciles” y que “el cumplimiento de los protocolos establecidos está permitiendo controlar la COVID-19”. “Comunidades Ocho Sur” no publicaba nada hacía más de un año. 

Le preguntamos al funcionario público si algún trabajador de este grupo empresarial le había alcanzado esa publicación. Nos contestó que sí, que fue Ulises Saldaña, el gerente de sostenibilidad de Ocho Sur, un exalcalde de la provincia de Coronel Portillo (2009-2010), quien también fue gerente en tiempos en que estas empresas pertenecían al Grupo Melka y se llamaban Plantaciones de Ucayali y Plantaciones de Pucallpa. 

Solicitamos también una entrevista con Sunafil, pero no hubo un vocero que pudiera atendernos. La institución sí nos informó, no obstante, que la empresa Ocho Sur P SAC registraba desde 2017 hasta la actualidad cinco denuncias laborales ante el ente fiscalizador y una de ellas se convirtió en un acta de infracción que tocaba varias materias. Su empresa hermana, Ocho Sur U SAC, había tenido cuatro denuncias en el mismo periodo y también una terminó en un acta de infracción. 

Sanciones de Sunafil a las empresas Ocho Sur by ConvocaRedes on Scribd

Detalle de las actas e informes emitidos por Sunafil emitidos sobre el caso de las empresas Ocho Sur U SAC y Ocho Sur P SAC. Fuente: Sunafil

Por último, tomamos contacto con la Oficina Defensorial de Ucayali de la Defensoría del Pueblo, que había recibido las quejas del Instituto Kené y de la organización indígena ORAU. En un oficio, fechado el 15 de mayo y dirigido a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ucayali, esta oficina recomendaba a ese despacho “adoptar acciones urgentes para supervisar a la empresa Ocho Sur P SAC”, constatar los hechos con el Ministerio Público y la Fiscalía, así como coordinar con la Dirección Regional de Salud de Ucayali un tamizaje a los trabajadores. Pudimos confirmar que la solicitud aún estaba siguiendo su trámite en la Dirección Regional de Trabajo, que no participó en la intervención que se dio el último viernes 22. 

Defensoría recomienda inspección a Ocho Sur P by ConvocaRedes on Scribd

La Oficina Defensorial de Ucayali, de la Defensoría del Pueblo, ha recomendado a la Dirección Regional de Trabajo tomar acciones. 

Por las ramas

Antes de conocer los últimos resultados del testeo de la DIRESA, insistimos con Ocho Sur para coordinar una entrevista para que se pueda aclarar la información que habíamos recogido de sus trabajadores. Enviamos nuestras preguntas a Ulises Saldaña, el gerente de sostenibilidad. ¿Cuántos casos positivos de COVID-19 se han registrado entre los trabajadores? ¿Qué medidas se están tomando con ellos? ¿Qué tipo de atención están recibiendo? 

Preguntamos también a cuántos trabajadores les habían hecho pruebas descarte y cuándo se empezaron a tomar medidas, cuándo se entregaron las mascarillas, cuándo se les entregó información, cuándo se iniciaron las desinfecciones, cuántos han enfermado de dengue durante el estado de emergencia y cómo se está enfrentando este otro padecimiento. Nada de ello fue respondido.

Estado del tópico donde se atiende al personal de Ocho Sur. Foto: Facebook - Ulises Saldaña. 

A pesar de que nunca solicitamos información confidencial de los enfermos, sino estadística, como la que manejan los centros de salud y las empresas formales, la respuesta de Saldaña empleó tres de seis párrafos para recordarnos las prohibiciones en torno a la divulgación de datos personales, los derechos fundamentales de la persona humana y la multa de hasta 1 millón 290 mil soles que la Superintendencia Nacional de Salud podría imponer a quien difundiera información de los pacientes de COVID-19.

A nuestro pedido de mayores detalles sobre la primera diligencia fiscal del 23 de mayo, así como de una copia simple del acta, señaló que “la única persona o autoridad que puede divulgar o publicar el contenido de las actas o documentos fiscales es el propio fiscal siempre que sean de naturaleza pública, que no es este caso”. “Podríamos ser sujetos a sanción por la divulgación”, comentó. 

Ulises Saldaña revelando datos del acta de inspección en un comentario público en Facebook. Captura de pantalla.

Tras confirmarse que 35 de 39 trabajadores resultaron positivos de COVID-19 en los tamizajes del viernes, intentamos una vez más comunicarnos con Ocho Sur, a través del mismo Ulises Saldaña, a quien le comentamos estos nuevos hechos. Al cierre de esta edición no hubo una respuesta formal.

Mientras el coronavirus ha seguido extendiéndose por Ucayali, hasta hoy las respuestas de Ocho Sur y de varias autoridades no han demostrado la suficiente celeridad para abordar la gravedad del riesgo que corren los trabajadores de este grupo empresarial, varios de ellos indígenas. 

Actualizado al 9 de junio a las 5:55 pm:

Horas después de la publicación de este reportaje, Convoca accedió al acta fiscal de la inspección del último viernes 5 de junio de 2020, donde se dejó constancia de la toma de pruebas de detección de COVID-19 a solo 39 de los 560 trabajadores presentes. De ellos, 430 laboraban en el campo. En su mayoría provenían de las localidades de Iquitos y Yurimaguas, en la región Loreto.

Acta fiscal sobre las prueb... by ConvocaRedes on Scribd