El número de casos de corrupción que investiga la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción casi se ha triplicado en la última década, pasando de 18.782 en 2012 a 54.680 en 2022. Cada año este registro en promedio ha sumado 3 mil nuevos casos en los que se ven involucrados distintos funcionarios públicos. "Y a nivel nacional estaríamos enfrentándonos a más de 100 organizaciones criminales", asegura Javier Pacheco, actual procurador público anticorrupción.

Pero quienes resaltan en esta nómina son, sobre todo, quienes dicen representar a la población. Según la estadística oficial, de todos los casos activos que lleva este despacho en 2022, 7 mil 895 expedientes corresponden a procesos que involucran a  autoridades electas de gobiernos regionales y locales. La cifra creció en 87% desde el 2018. Actualmente, 3 mil 976 exfuncionarios de elección popular aparecen como imputados en estas carpetas.

La región que más autoridades regionales y locales procesadas tiene es Áncash, con 369, seguida de Cusco (351), Junín (327) y Lima (304).

¿Por qué aumentan tanto las cifras año tras año? La Procuraduría aún no termina de averiguarlo. Lo único cierto es que los expedientes son cada vez más. “O la lucha contra la corrupción se estaría perdiendo o todo lo contrario: la gente cada vez es menos tolerante con la corrupción y se hacen más denuncias a todo nivel en el país”, comenta.

De acuerdo con los datos de la entidad, el 35% de los delitos son de peculado (apropiación o utilización de bienes públicos), el 19% son delitos de colusión (acordar la intervención en una contratación pública) y el 13% de cohecho (sobornos).

Protestas en 2021. Foto: Convoca.pe/Maria Alejandra Gonzales

Pacheco explica que gran parte de los presuntos delitos de peculado investigados se concentran en los casos de funcionarios municipales que utilizaron mal los fondos destinados a luchar contra la pandemia del Covid-19. “Se habían destinado recursos para entregar alimentos a población vulnerable y sin embargo esto no cumplió su finalidad'', apunta. Esto ocurrió, por ejemplo, en el distrito de Lagunas de Yurimaguas, Loreto, y en Pallasca y Cajacay, en Áncash, donde se hallaron distintas irregularidades en el uso de los recursos para adquirir canastas de víveres.

Cabe recordar que en los últimos dos años las modificaciones a la ley de contrataciones públicas por la pandemia permitió desembolsos de dinero estatal para compras directas, sin pasar por licitaciones. Son 1.446 casos de corrupción que la Procuraduría Pública Anticorrupción ha identificado solo en torno a las adquisiciones que tuvieron como pretexto la emergencia sanitaria.

Las malas compras no solo ocurren en los pequeños municipios. Por ejemplo, también se han abierto expedientes durante la emergencia sanitaria a raíz de las compras del Ministerio de Salud de equipos médicos que presentaron fallas, especialmente los ventiladores mecánicos para asistir a los enfermos graves de Covid-19, como lo reveló Convoca.pe en reportajes anteriores.

De hecho, el procurador afirma que los funcionarios de ministerios y gobiernos regionales son los que están más involucrados en los presuntos delitos de colusión. “Los mayores casos de corrupción se dan en las entidades que tienen mayor presupuesto. Está el Ministerio de Transportes, le sigue el Ministerio de Salud por los recursos que manejó al enfrentar la pandemia y el Ministerio de Vivienda porque también ejecutó recursos para saneamientos de obras para brindar condiciones básicas a los pobladores a nivel nacional”, dice Pacheco.

Delitos de corrupción con mayor incidencia entre los 54 mil casos activos. Números en porcentajes. Elaboración: Procuraduría Anticorrupción.

Pocas son las instituciones en las que no se han identificado actos delitctivos. El Índice de Corrupción e Inconducta Funcional, elaborado por la Contraloría General de la República, evidenció en 2021 que 9 de cada 10 entidades inspeccionadas incurrían en dos o más de sus indicadores negativos: negligencia, carencia de rendición de cuentas, uso irregular del cargo, contratación de familiares de autoridades, perjuicio económico al Estado e impunidad. Los sectores que encabezan dicho índice son Transporte, Educación, Salud e Interior. El daño económico generado al Estado se calcula en S/ 10 mil 500 millones.

Una de las principales funciones de la Procuraduría Anticorrupción es solicitar un monto de reparación civil al Estado y cobrarlo cuando se consigan las condenas. Esta facultad también sufrió un bajón debido a la pandemia. Mientras que en 2018 se cobró a los sentenciados 45 millones de soles y en 2019 otros 37 millones, en 2020 se recuperaron solo 4 millones soles y en 2021, 6,4 millones. Sin embargo, con la reactivación de las actividades, el 2022 ha conseguido un repunte. A septiembre último, el monto recobrado alcanzaba los 15 millones y, según Pacheco, ha seguido aumentando hacia el final del año.

"Nuevamente, ya con todo activado, estamos ahorita al cierre de este año con un aproximado de 20 millones de soles. Sin embargo, todavía tenemos por cobrar unos 7 millones que están en un juzgado, pero no nos entregan los cheques de un remate que se ha hecho después de 20 años de los bienes de la mafia Fujimori-Montesinos, el caso Villanueva Ruesta", asegura.

Los cobros de reparaciones civiles sufrieron un descenso durante los años más críticos de la pandemia (2020-2021). Montos actualizados a septiembre de 2022. Elaboración: Procuraduría Anticorrupción.

 
Pero más allá del perjuicio patrimonial, el aumento de casos de corrupción también desacredita al Estado frente a la ciudadanía, advierte el procurador Pacheco.

“Cuando un funcionario público comete un delito, un policía o un funcionario de una Municipalidad que recibe una coima o incluso una autoridad que malversa un dinero para gastarlo en otro fin distinto al que fue dirigido, afecta la imagen del Estado y lo deslegitima”, manifiesta. “Lo que se ve hoy en las calles [las protestas] es un claro ejemplo de la deslegitimación de las instituciones del Estado. Las personas están yendo a romper el Poder Judicial, el Ministerio Público, etcétera, porque ya no creen en el Estado”, enfatiza. 

Concentraciones

La capital peruana es la que más escándalos acumula. A septiembre de 2022, el 19,7% (10.765) de todos los casos provienen de Lima, en todos los niveles de gobierno. Le siguen Áncash (10,3%), Cusco (6,5%), Junín (6,3%) y Ayacucho (5,3%). 

Caso 100 casos son "emblemáticos", es decir, mediáticos y de connotación nacional, como Los Dinámicos del Centro, Puente Tarata, la compra irregular de fertilizantes, Club de los farmacéuticos, Cuellos Blancos y más. 

Sobre los casos más recientes vinculados al entorno de Pedro Castillo, “la Procuraduría Anticorrupción el año pasado (noviembre de 2021) realizó las primeras denuncias contra este gobierno en contra de Bruno Pacheco por los ascensos irregulares de los militares, la cual terminó estando en el despacho de la Fiscal de la Nación”, indica el procurador Anticorrupción. 

“Las siguiente denuncias fueron por las irregularidades y favorecimientos en la Sunat, y luego nos aproximamos al caso del Puente Tarata por las visitas de la señora Karelim. Asimismo, hemos venido participando activamente haciendo denuncias en contra de Samuel Abullabeh, Hugo Chávez y todo lo que implica a los integrantes de este círculo de la de esta presunta organización criminal”, puntualiza Javier Pacheco. 

La Procuraduría Anticorrupción lleva más de 54 mil casos. Lima y Áncash acumulan el 30% del total nacional. Elaboración: Procuraduría Anticorrupción.

Autoridades electas en casos de corrupción

Existen 7.895 casos activos en la Procuraduría Anticorrupción que involucran a autoridades electas de 2002 a 2018. Y el 62% de estos está vinculado a los procesos de contratación con el Estado. “Hay incluso quienes tienen más de 60 procesos y han sido reelectos. O si bien ya no son gobernadores, tienen otros cargos públicos bajo la presunción de inocencia”, advierte Pacheco. Esto se debe a que el 91% de los casos están aún sin sentencia.

Un último informe de la Procuraduría Anticorrupción resalta la necesidad de fortalecer la presencia de operadores de justicia. Crear sedes de fiscalías anticorrupción, una dirección contra la corrupción de la Policía Nacional del Perú y nombrar jueces en las regiones de mayor incidencia delictual como Cusco, Lima, Junín y Ancash.

Del total de 3.976 autoridades regionales y locales investigadas, 761 tienen medidas coercitivas aprobadas por el Poder Judicial. Así, hay 664 con comparecencia simple, 53 con comparecencia restrictiva 42 con prisión preventiva y dos con prisión preliminar.

Hay 44 autoridades regionales y locales que cumplen prisión preventiva por presuntos ilícitos de corrupción. Elaboración: Procuraduría Anticorrupción.