El viernes pasado la Corte Superior de Justicia de Arequipa ratificó la sentencia de 6 años de prisión efectiva contra Omar Candia Aguilar, el alcalde provincial en funciones de esa ciudad. Con esto, el edil se suma a la lista de otros doce burgomaestres que fueron sentenciados en los últimos cinco años por actos de corrupción en las regiones del sur del Perú: Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna. Algunos de ellos, al igual que Candia, fueron sentenciados en medio de sus gestiones.

Cuando Candia Aguilar postuló al sillón de Arequipa su caso estaba en medio del juicio oral y la Fiscalía ya contaba con elementos de convicción que hacían prever que sería condenado. Mientras la lista de autoridades municipales sentenciadas se alarga, especialistas consultados por Convoca explican que se debería modificar la ley electoral con el fin de impedir que candidatos con juicios por corrupción, que pasaron la etapa de control de acusación, postulen a cargos de representación.

Candia sentenciado

Omar Candia supo dilatar su caso y aplazó el día de su sentencia por más de diez años. Y es que en el 2012 se denunció que cuando aún era alcalde del distrito de Alto Selva Alegre se había coludido con sus funcionarios y empresarios del consorcio Soluciones Andinas para beneficiarlos con el contrato del proyecto de adquisición e implementación de 40 cámaras de seguridad para dicha comuna. El costo fue de más de S/ 2 millones. El Ministerio Público abrió un expediente y acusó a Candia por el delito de colusión agravada. En dos oportunidades los funcionarios de Candia fueron sentenciados y él dejado libre, pero la Fiscalía apeló y logró un nuevo enjuiciamiento. Finalmente Candia fue sentenciado a 6 años de prisión efectiva y la pena fue ratificada el último viernes 18 de noviembre.

Tras el término del juicio, el juzgado arequipeño ordenó la captura del alcalde de Arequipa, pero desde el viernes nadie conoce su paradero. Actualmente está prófugo y las autoridades ya dieron aviso a Migraciones y a la Interpol para su pronta captura. Luego de eso será llevado hacia el penal de Socabaya, donde se encontrará con el ex gobernador regional Elmer Cáceres Llica, con prisión preventiva desde noviembre del año pasado también por supuestos delitos de corrupción.

Omar Candia (derecha) se unirá al exgobernador Elmer Cáceres Llica (izquierda) en el penal de Socabaya.

Más alcaldes sentenciados

Omar Candia no es el primer edil que recibe una condena por actos de corrupción entre las regiones del sur peruano. En los últimos cinco años al menos doce alcaldes de las regiones del sur han sido procesados y cumplen sus condenas. 

La región con más casos es Tacna, donde un exalcalde de la provincia patriótica y otros de tres distritos fueron condenados por actos de corrupción. El caso más representativo es el del exalcalde Jacinto Gómez Mamani. Este gestionó la ciudad entre el 2003 y 2006 y se coludió con varias empresas para beneficiarlas con contratos para ejecutar 18 obras por un valor total de S/ 33 millones. Gómez Mamani y sus funcionarios fueron condenados en segunda instancia a 7 años de pena privativa de la libertad en octubre de este año. Y también fueron sentenciados los representantes de cuatro empresas.

Otras ex autoridades municipales tacneñas que fueron condenadas son Denis Quenta Cruz, del municipio de Sitajara (2011-2014), Fausto Foraquita, de Pocollay (2007-2010), e Ysaúl Rivera Chávez, de Ite (2007-2010).

En Moquegua también hay un exalcalde provincial con sentencia condenatoria. Se trata de Alberto Coayla Vilca, quien fue edil entre 2011 y 2014 y tuvo tiempo para interesarse por la venta de un terreno de propiedad de la comuna en beneficio de un empresario. En 2019 fue sentenciado a cuatro años de pena suspendida por el delito de negociación incompatible. Y en la provincia de Sánchez Cerro también recibió una condena judicial el exalcalde Pascual Baylón Coaquira (2011-2014) por fraccionar de manera indebida una obra de mejoramiento de infraestructura de riego.

Y la misma situación pasó en la ciudad imperial de Cusco. Luis Flores García fue alcalde entre 2011 y 2014 y en setiembre del 2019 fue sentenciado a 3 años de prisión suspendida luego de ser encontrado culpable por la muerte de un obrero municipal. Esto porque como alcalde no garantizó la seguridad del trabajador, quién murió luego de que una máquina le cayera encima. Flores García se presentó para las elecciones municipales de este año, pero no consignó esta sentencia en su hoja de vida. Por este motivo fue excluido del proceso electoral.

En este departamento también fueron sentenciados Wilman Caviedes Choque, que fue alcalde distrital de Maranura (2015-2018), y Manuel Sutta Pfocco, exburgomaestre de Quispicanchi (2019-2022).

Y en Puno, los alcaldes Gregorio Luque Apaza y Edgar Mamani Coriapaza, quienes gestionaron entre el 2011 y 2014 en los distritos de San Juan el Oro y Platería, fueron sentenciados por malversar dinero para obras y favorecer a empresas en licitaciones. El último caso es el de Felipe Vilca Chambi, alcalde del distrito de Muñani hasta marzo de este año. Este se declaró culpable y se acogió a la terminación anticipada luego de pedir una coima de S/ 7.400 para acelerar la elaboración de un expediente de obra.

La ley debe cambiar

Al respecto, los analistas políticos de la Universidad Católica San Pablo, Carlos Timana Kure y Fernando Mendoza Banda, indican que la ley electoral debe cambiar con el fin de evitar que candidatos con procesos judiciales en trámite puedan postular. 

Timana Kure aclara que estos casos no son simples denuncias fiscales, sino que han sido investigados por el Ministerio Público y han pasado la etapa de control de acusación, que es donde el juez verifica si existen elementos de convicción para iniciar un juicio.

“La idea no es restringir que cualquiera con investigaciones fiscales pueda postular, porque así un candidato sería muy fácil de bloquear, simplemente los contrincantes políticos podrían presentar una denuncia y con eso evitarían su postulación", aclara el especialista. "Se trata de exautoridades o autoridades en ejercicio que están investigadas por el Ministerio Público y que ya han sido acusadas ante el Poder Judicial. Esas personas no deberían poder postular porque ya está en duda su integridad y en muchos casos existen pruebas, elementos de convicción, que los involucran”, explica.

Por su parte Mendoza Banda cuestiona la integridad de estos candidatos y autoridades, que se ven envueltos en actos de corrupción e insisten en continuar en el poder. “Deja mucho que desear. Siendo un poco perspicaz, me preguntaría: si ya tengo un juicio, ¿para qué insistir? Aparte del tiempo y dinero que se pierde también está el descrédito personal. Pero no, insisten. Y algunas veces son reelectos y en medio de sus gestiones son sentenciados y tienen que dejar el cargo. Como le ha pasado a Omar Candia”, añade.

Finalmente, Carlos Timaná y Fernando Mendoza proponen una reforma, al menos en el reglamento electoral. Timana, por ejemplo, pide que en las balotas de votación se incluya una casilla en blanco, para que los electores la marquen en caso ningún candidato les convenza. “Que el voto en blanco sea explícito. Creo que así se le da la opción al ciudadano. Si el voto blanco es mayoritario se realiza un nuevo proceso electoral con nuevos candidatos que no estén cuestionados, que no tengan juicios o que no estén involucrados en la corrupción”, puntualiza.