Vulnerar el debido proceso, extraviar expedientes judiciales, recibir coimas, afectar los derechos de víctimas de violencia sexual, interferir en investigaciones fiscales, o cometer violencia de género son algunas de las poderosas razones que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha tomado en cuenta para sancionar firmemente a jueces y fiscales. Convoca.pe analizó una base de datos con 297 procedimientos disciplinarios concluidos o en proceso de reconsideración durante los últimos tres años y encontró a 161 juristas con la máxima sanción: la destitución.

Del total de magistrados destituidos entre el 2020 y el 2023, Convoca.pe halló que el 25.5% (41) corresponde a exmiembros del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación; mientras que el 74.5% (120) se trata de exfuncionarios del Poder Judicial. Al menos una docena de jueces acumularon entre cinco y catorce procesos disciplinarios con resoluciones firmes de destitución.

La Junta Nacional de Justicia destituyó a 41 fiscales y 120 jueces entre el 2020 y el 2023.

Convoca.pe  también identificó que los cargos con más sanciones son: fiscal adjunto provincial, fiscal provincial, fiscal superior, fiscal supremo, juez civil, juez mixto, juez de investigación preparatoria, juez superior, juez supremo y presidente de la corte superior. Asimismo, ubicó las regiones con mayor volumen de magistrados destituidos: Amazonas (13%), Callao (12%), Loreto (6%), Piura (5%), Lima (4%) y Lambayeque (4%).

Juez mixto (33) y juez de investigación preparatoria (21) son los cargos que se repiten más veces en la lista de exmagistrados destituidos en los últimos tres años. 

La mayoría de los jueces y fiscales destituidos por la JNJ en dichas regiones cometieron "faltas muy graves" como dilatar procesos judiciales, vender expedientes y emitir fallos irregulares.

Fiscales agresores y sin ética

Uno de los casos más graves es el del exfiscal adjunto provincial Luis Añamuro Machicao, quien fue destituido de su cargo como titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román - Juliaca, en Puno, por haber golpeado salvajemente a su expareja. La sanción llegó el 4 de enero de 2022, luego de seis años de ocurridos los hechos.

Según la Resolución N°001-2022 de la JNJ, el 17 de agosto de 2016 el exfiscal Añamuro Machicao llegó alcoholizado en horas de la madrugada al domicilio de su entonces pareja y al no encontrarla decidió esperarla para reprocharle su hora de llegada, “golpeándola con puñetes en la cara y puntapiés en las piernas, quedando (dejándola) inconsciente”. El relato continúa: “(la mujer) al reaccionar vio a su conviviente (el exfiscal) provisto de dos cuchillos en las manos, increpándole que lo había cortado. No obstante, la agraviada logró escapar de la casa y acudir a la comisaría”.

El agresivo comportamiento de Luis Añamuro, de acuerdo al documento de la JNJ, vulnera el Código de Ética y el Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, incurriendo así en la infracción disciplinaria de “conducta deshonrosa”.

La denuncia de la víctima fue elevada a un proceso judicial contra el exfiscal Añamuro Machicao por tentativa de feminicidio. Una vez iniciada la etapa de investigación y con pedido de prisión preventiva el exfiscal se dio a la fuga por casi ocho años. Fue capturado en noviembre pasado.

En el grupo de fiscales sancionados también aparece el exfiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos, a quien la Junta Nacional de Justicia lo destituyó por haber cometido “falta ética muy grave” cuando se desempeñó como Fiscal de la Nación entre junio de 2018 y enero de 2019.

Según la Resolución N°007-2021-PLENO-JNJ, Chávarry Vallejos impulsó el deslacrado y la sustracción de bienes de la oficina de su exasesor Juan Manuel Castro Duarte, vulnerando la investigación preparatoria de la Carpeta Fiscal N°055-2017, a cargo del Equipo Especial de Fiscales; y convocó a funcionarios del Congreso de la República al despacho del Fiscal de la Nación para tomar acciones sobre una diligencia judicial. Ambos hechos están relacionados al caso Keiko Fujimori.

El exfiscal de la Nación también fue destituido por haber negado y mentido sobre sus vínculos con el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, sindicado líder de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

El exfiscal de la Nación fue destituido el 2 de febrero del 2021.

Jueces acumularon entre 5 y 14 resoluciones de destitución

Otro hallazgo de Convoca.pe es la lista de once exmagistrados del Poder Judicial que han sido destituidos hasta catorce veces. Los motivos son graves:  afectación de los derechos de víctimas de acoso sexual, cobros de coimas, vulneración del debido proceso, emisión de fallos irregulares e incumplimiento de plazos legales, entre otros.

En febrero de este año, el pleno de la Junta Nacional de Justicia destituyó a Justo Quispe Apaza de su cargo como juez del Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, por dilatar durante tres años y 25 días la emisión de acciones constitucionales, afectando negativamente los derechos de una menor de edad que había sido víctima de actos contra el pudor. El exmagistrado sumó cuatro destituciones más por “retrasos en la administración de justicia”.

En este bloque también resalta el nombre de la destituida exjurista Bony Gamarra Flores por el cobro de coimas. Según la JNJ, la exjueza del Primer Juzgado Mixto de Santiago de la Corte Superior del Cusco demostró su “desdén” frente al cumplimiento de sus funciones, al entregar el expediente original de un proceso a una de las partes a cambio de 10 mil soles. Se trata de un caso registrado en marzo de 2016, cuando el señor Pariccoto Quispe interpuso una medida de amparo para impedir ser desalojado del local comercial que le fue arrendado por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial - CORPAC, y buscó “ayuda” de la exjueza. La JNJ ordenó su salida del Poder Judicial, acumulando cinco destituciones hasta la fecha.

Otro exjuez destituido por aceptar sobornos es Alan Cabanillas Barrionuevo, quien se desempeñó como juez de paz letrado en Madre de Dios y juez mixto en Amazonas. En este caso, la JNJ consideró que Cabanillas recibió coimas de hasta “50 gringas” (sic) de parte de Eric Bartoli Orlandini, un recluso del pabellón 6b del establecimiento penitenciario Castro Castro, a cambio de favorecerlo en los procesos en su contra. Cabanillas Barrionuevo acumuló nueve destituciones entre el 2020 y el 2023.

En tanto, el exjuez Juan Carlos Becerra Marroquín aparece en once procedimientos disciplinarios, que concluyeron en su destitución. De acuerdo a la Resolución N°084-2021-PLENO-JNJ, el extitular del Juzgado Mixto de Datem del Marañón de la Corte Superior de Loreto fue sancionado por otorgar una medida cautelar a favor de la empresa CEBA S.A. inhabilitada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) pese a no tener competencia por territorio ni por materia, permitiendo que la empresa siga contratando con el sector público. Asimismo, cometió otra “falta muy grave” cuando fue juez del Juzgado Mixto de Huapetuhe de la Corte Superior de Madre de Dios, favoreciendo a la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A.

A esta relación de exjueces —destituidos varias veces— se adicionan los nombres de Jorge Castañeda Rivadeneyra (9), Albarino Díaz Arrobas (7), José Antonio Bravo Soto (7), José Antonio Cárdenas Reynaga (5), Walter Mejía Acosta (5), César Hinostroza Pariachi (6) y Walter Ríos Montalvo (14). Los dos últimos relacionados a “Los Audios de la Corrupción”, una investigación periodística elaborada en agosto del 2018 por Convoca.pe y otro medios aliados, que revela los acuerdos bajo la mesa de reconocidos jueces supremos implicados en el caso Los Cuellos Blancos.

El exjuez supremo César Hinostroza y el expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos son investigados por organización criminal desde el 2018.

Persecución del Congreso contra la JNJ paralizó 159 procedimientos disciplinarios

El asedio que ha sufrido la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a manos del Congreso de la República ha paralizado la tramitación de 159 procedimientos disciplinarios, impidiendo de esta manera que jueces y fiscales con responsabilidad acreditada sean sancionados y, por el contrario, continúen como operadores de la ley.

“Estamos hablando de un total de 159 procedimientos disciplinarios, entre ellos 10 procesos contra magistrados supremos y 36 procedimientos en reconsideración para ser resueltos de manera firme”, informó la JNJ a inicios de marzo en un intento de disuadir al Congreso de la inhabilitación de sus magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, quienes finalmente han sido repuestos por el Poder Judicial.

La JNJ informó sobre las estadísticas generales de los procedimientos disciplinarios a su cargo desde el año 2020 hasta el 2024. Imagen: Junta Nacional de Justicia.

La Junta también señaló que los procedimientos disciplinarios enviados por las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público “se verían imposibilitados de iniciar, teniendo como único destino su estancamiento”. Sumado a ello, indicó que “hay 55 investigaciones preliminares que quedarían suspendidas, más 3 cuya reconsideración tampoco podría ser resuelta”.

El 1 de marzo la JNJ advirtió que las investigaciones preliminares a su cargo también se verían afectadas por falta de quórum. Imagen: Junta Nacional de Justicia.

Por otro lado, el máximo órgano de justicia precisó que tiene un total de 26 magistrados condenados de manera firme por haber cometido delito doloso, sin embargo, su “destitución quedaría paralizada por encontrarse en trámite”.

Tras la inhabilitación de dos de sus miembros, la JNJ tiene pendientes de resolver un total de 32 casos de magistrados condenados por delito doloso. Imagen: Junta Nacional de Justicia.

Poder Judicial repone a Tello y Vásquez a la JNJ

El 8 de marzo los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez fueron inhabilitados para ejercer la función pública durante diez años por decisión del Congreso. La votación parlamentaria se dio en medio de un proceso polémico lleno de irregularidades, y pese a la opinión de expertos que la consideran inconstitucional. No obstante, el viernes 22 el Poder Judicial admitió la solicitud de medida cautelar presentada por ambos juristas y ordenó sus reposiciones a la JNJ, que ya había declarado vacantes sus cargos y convocado a dos miembros suplentes.

     JNJ había declarado la vacancia del puesto de la magistrada Inés Tello.

 JNJ había declarado la vacancia del puesto del magistrado Aldo Vásquez.  

La resolución del Poder Judicial justifica su decisión en que la causal que significó la infracción constitucional no se encuentra "previamente tipificada en la Norma Fundamental ni en el Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso", así como señala que la votación de los parlamentarios José Jerí y José Luna, miembros de la Comisión Permanente, fue a favor de la destitución y "eso está prohibido".

También considera que el Congreso actuó de manera "arbitraria e inconstitucional". Además, el Poder Judicial precisa que la decisión del Pleno del Congreso "pondría en serio riesgo nuestro Estado democrático y de Derecho, (...) lo cual pone en grave riesgo el adecuado funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia".

El Parlamento ha rechazado el pronunciamiento del Poder Judicial y ha indicado una supuesta injerencia y vulneración de la independencia de poderes.

Efectos negativos: politización y desconfianza alrededor de la JNJ 

Para el abogado constitucionalista Franco García, la decisión del Poder Judicial de reponer a Tello y Vásquez tendrá efecto hasta que se emita la resolución definitiva en última instancia en el proceso de amparo. “Ahora la Sala Constitucional debería demorar para sentenciar no menos de 6 a 7 meses, es decir, el proceso no llegaría al Tribunal Constitucional y (los magistrados) cumplirían su mandato (que vence a finales de este año)”.

García también explicó que el “supuesto” control político que ha ejercido el Congreso de la República sobre la JNJ ha originado “efectos negativos” en el control del sistema de justicia. Lamentó que el Poder Legislativo “no tenga la madurez constitucional” para haber analizado las consecuencias de sus presiones, como la paralización de los procesos disciplinarios. 

“Una de las externalidades negativas y preocupantes del comportamiento del Congreso de la República ha sido dejar sin quórum a una Junta Nacional de Justicia que tenía cientos de procesos disciplinarios contra jueces donde se ha comprobado su actuar delictivo”, subrayó García.

Por su lado, la politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP, Katherine Zegarra, sostuvo que un problema mayor es la “politización” de la justicia, afectando directamente la labor de los juristas que puedan sentirse “presionados” por los grupos de poder político. “Creo que estamos en un momento bastante crítico en términos de sistema de justicia, porque parece que el poder se concentra únicamente en el Parlamento y esto afecta, pues, el derecho ciudadano de acceder a un sistema judicial imparcial”, remarcó.

Zegarra consideró, además, que es necesario impulsar una reforma del sector judicial pese a que en muchas ocasiones ese intento se ha visto “amenazado”. “Creo que sería muy importante que tengamos no solamente un análisis completo de cómo es que podemos atraer jueces idóneos al sistema de justicia, sino en términos de ciudadanía. ¿Cómo es que la ciudadanía identifica que exista o no justicia en el Perú?”, añadió.

El sistema de justicia peruano sigue perdiendo la confianza de la población. De acuerdo a una reciente encuesta de Datum, el 73% de los ciudadanos no cree en la Fiscalía y el 85% tampoco confía en la Corte Suprema de Justicia, al considerarlas “corruptas” y que quienes las conforman “reciben coimas”. Mejorar esta imagen requiere una Junta Nacional de Justicia firme y sólida, que realice sus labores sin la influencia ni el amedrentamiento de los poderes políticos.