Lo que estamos observando en estos días parece un arrebato institucional del Congreso de la República en contra de la Junta Nacional de Justicia, pero viene gestándose desde hace meses en paralelo a otros 13 proyectos de ley que también apuntan a cambiar leyes, requisitos y procedimientos claves en el sistema de justicia. Todo esto se hace en un contexto en el que voces de distintos sectores advierten el peligro de un quiebre constitucional y el riesgo para el estado de derecho. 

“Cuando tú quieres someter a una investigación para botar a estos miembros [de la Junta Nacional de Justicia] bajo el argumento de una falta grave (...), apartándoles de un proceso normal, eso es abusivo. Están haciendo un abuso del derecho y el comportamiento del Congreso es de abuso y eso es inconstitucional: artículo 103 de la Constitución”, declaró en entrevista para Convoca.pe, Marianella Ledesma, ex presidenta del Tribunal Constitucional, sobre la colisión entre el Parlamento y la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El 22 de septiembre último, los miembros de la Junta Nacional de Justicia se presentaron ante la Comisión de Justicia del Congreso, como parte de la investigación sumaria que se les sigue. Foto: Difusión.

Para comprender mejor el escenario en el que se encuentra el país, debido a esta situación, es necesario recordar fechas clave en el inicio de la actual crisis entre el Parlamento y la Junta Nacional de Justicia.

El 31 de enero de 2022, Norma Yarrow, del partido Avanza País, presentó una moción ante el Pleno invitando a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos a explicar "la suspensión de los actos de investigación preliminar contra el señor José Pedro Castillo", cuando era presidente. El 30 de marzo de ese mismo año, Ávalos dejó el cargo y  el 23 de mayo de 2023, ante las noticias de que la ex fiscal sería inhabilitada por el Congreso durante cinco años —vía acusación constitucional— la Junta Nacional de Justicia  se pronunció.

En un comunicado, titulado "Sobre la independencia del Sistema de Justicia", la Junta le solicitó al Congreso "la mayor reflexión en torno de la acusación constitucional que se tramita contra la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera” y advierte que "la justicia no puede ser afectada por la política, sin riesgo del quiebre de la autonomía de las instituciones”. 

Al día siguiente, el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, respondió presentando una moción ante el Pleno del Parlamento, en la que alega que el comunicado de la Junta es una acción que "interfiere y constituye una presión indebida contra el Congreso de la República”. 

El 21 de junio de 2023, Zoraida Ávalos fue inhabilitada, pero eso no bastó. "En realidad, el objetivo no es la Junta Nacional en sí misma, sino tener control total desde el Congreso sobre el Poder Judicial y la Fiscalía, es decir, liquidar en los hechos, la independencia de ambos poderes del Estado. Ese es, en realidad, el mensaje que se está lanzando. Es este es el objetivo de este proceso sumario que el Congreso ha iniciado a la Junta Nacional [de Justicia]”, opina el antropólogo y analista Carlos Monge, en comunicación con Convoca.pe.

El ambiente se tensa hasta que, el 24 de agosto, la legisladora Patricia Chirinos, de Avanza País, presenta otra moción ante el Congreso. Esta vez pide encargar a la Comisión de Justicia del Parlamento "la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave" y, además, la remoción de todos sus integrantes. El 4 de septiembre se agenda la investigación en el Pleno y el 7, tres días después, es aprobada.

Finalmente, el 21 de septiembre, los miembros de la Junta Nacional de Justicia se presentan ante Chirinos y el resto de congresistas de la Comisión de Justicia. Su defensa responde a los argumentos de la investigación sumaria, pero el proceso no está pronto a resolverse todavía.

“Son cinco imputaciones que no tienen ningún sustento para remover a los siete integrantes de la Junta”, señala Samuel Abad, abogado constitucionalista encargado de la defensa de la Junta Nacional de Justicia en esta investigación del Congreso

“Pero no solo eso, sino lo que también se ha dicho es que lo están haciendo a través de algo que no tiene procedimiento. Primero, pidieron siete días luego 14 y, ahora, [se] pidió una ampliación. No tiene un desarrollo procesal como sí tienen todos los procedimientos parlamentarios, lo cual afecta el debido proceso”, concluye Abad. 

El 15 de septiembre, las embajadas de Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, México, Francia, Argentina y Reino Unido, firmaron un pronunciamiento abogando por la "separación de poderes y la independencia de las instituciones" en el Perú.

Leyes contra leyes y el regreso de Hinostroza

Un día después de que los miembros de la Junta Nacional de Justicia se presentaron ante la Comisión de Justicia del Congreso, el ex juez supremo, César Hinostroza Pariachi, desde la clandestinidad, apareció en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿El motivo? Responder a la acusación constitucional interpuesta en su contra por la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

En la sesión, Hinostroza pidió una aclaración en cuanto a la prescripción del delito de patrocinio ilegal que se le imputa, con relación a la recién aprobada Ley 31751, llamada también "Ley Soto".

Para que Hinostroza lograra hacer su reclamo, primero tuvo que producirse la modificación del artículo 84 del Código Penal, con la finalidad de que se reduzca a un año el plazo para que un delito se considere prescrito. Esta cuestionable disposición llegó de la mano del congresista de Perú Libre Flavio Cruz Mamani, quien presentó el 13 de enero de 2023 el Proyecto de Ley N° 03991/2022-CR. El 30 de marzo se agendó en el Pleno, el 11 de mayo se aprobó y el 25 de ese mismo mes la ley fue publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Para rastrear el primer embate del Congreso contra del sistema de justicia, debemos retroceder al 26 de octubre de 2021, cuando la congresista Teresa Vega y otros parlamentarios de Podemos Perú presentaron el Proyecto de Ley 00565/2021-CR para modificar los artículos 473, 476-A y 481-A del Código Procesal Penal, respecto a la colaboración eficaz. 

Según los especialistas, esta medida pondría en riesgo la eficacia y el éxito de la colaboración eficaz en más de 200 procesos sobre crimen organizado, incluidos "Los Cuellos Blancos del Puerto" y el caso Lava Jato. La iniciativa fue observada por el Poder Ejecutivo, el 21 de julio de 2023, y solo se planteó una modificatoria al plazo de ocho meses para la colaboración eficaz que propone la iniciativa parlamentaria, reemplazándola con 36 meses. Desde esa fecha, el proyecto de ley se encuentra de nuevo en la Comisión de Justicia, a la espera de su aprobación final en el Pleno.

"Formalmente el Congreso puede modificar una ley como ésta, independientemente de la opinión de los sectores involucrados. O sea, independientemente de la opinión del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, independientemente de todo porque el Congreso tiene tiene autonomía y tiene competencia para la creación de leyes", declaró para Convoca.pe, Heber Joel Campos Bernal, profesor de derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Peru, PUCP.

"El único límite que tiene es que la ley sea incompatible con la Constitución. Es decir, si el Congreso aprobó una ley que es contraria a la Constitución, podría ser susceptible de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal podría declararla inválida y, por consiguiente, expulsarla del sistema jurídico. Pero, en principio, el Congreso tiene plena libertad para aprobar las leyes que considere, al margen de que estas sean buenas o malas leyes", concluye Campos.

Casi un año después, el 11 de octubre de 2022, el parlamentario de Somos Perú Esdras Medina presentó el Proyecto de Ley 03270/2022-CR. Propuso que el Congreso, el Poder Judicial y todos los organismos constitucionalmente autónomos designen a sus procuradores públicos sin participación del procurador general de la República. Algo que, para los expertos, debilita la lucha anticorrupción. La autógrafa de esta iniciativa estuvo lista el 18 de mayo de 2023 y Dina Boluarte la promulgó el 7 de junio pasado. 

"Me parece que lo ideal sería más bien que la Procuraduría General de la República se convierta en un órgano constitucional autónomo. Es decir, que se halle al margen del Ministerio de Justicia, por ejemplo, que es el que actualmente lo elige", menciona Heber Campos, profesor de derecho constitucional de la PUCP.

“Lo que correspondería sería reforzar la autonomía de la Procuraduría General de la República, en lugar de darle la potestad a los potenciales órganos susceptibles de ser investigados por esta, de elegir a sus procuradores, porque podría surgir una suerte de conflicto de interés”, concluye el abogado constitucionalista.

El último de este tipo de proyectos fue presentado el 17 de noviembre de 2022, por el congresista de Fuerza Popular Jorge Figari. La iniciativa adiciona al texto del Decreto Legislativo 1373 las palabras "delictiva" y "penal", con lo cual, según los entendidos, se necesitaría una sentencia firme para que el Estado pueda incautar bienes de terceros envueltos en tramas criminales. En los últimos días se ha advertido acerca del retroceso que significa su aprobación, sin embargo, el proyecto sigue en agenda del pleno desde el 20 de septiembre último.

“Mira, esto de la extinción [de dominio], efectivamente, dificulta que el Estado incaute de manera cautelatoria los bienes de terceros que están envueltos en tramas criminales. Esto le hace la vida más fácil a las personas involucradas en casos de corrupción”, opina el analista político Carlos Monge.

“La explicación es que la mayoría del Congreso está dedicada a proteger intereses corruptos. Eso es clarísimo”, concluye.

Los intentos del Congreso por cambiar las reglas de juego en el terreno judicial

El cuestionado presidente del Congreso, Alejandro Soto, de la bancada de Alianza Para el Progreso, presentó el 13 de abril de este año el Proyecto de Ley  N° 04720/2022-CR, que pretende aumentar la cantidad de jueces supremos en la Corte Suprema, de 20 a 25. Además, busca crear cuatro Salas Especializadas con carácter “permanente”, dos de ellas en materia de Derecho Constitucional, una en materia Civil y una en materia Penal. La iniciativa se encuentra en las comisiones de Constitución y Justicia.

Respecto a este proyecto de ley, Marianella Ledesma, en entrevista con Convoca.pe, consideró que la iniciativa era deficiente por no estar plenamente justificada: “Habría que tener una justificación de cómo existe tremenda demanda de casos constitucionales para justificar que existan [las Salas adicionales en materia constitucional]. Yo no creo que exista tremenda demanda de casos. ¿Por qué? Porque los casos constitucionales son los que se ven en el Tribunal Constitucional, que es totalmente distinto a la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Son dos temas totalmente distintos. ¿Qué ve de Derecho Constitucional la Corte Suprema? Lo único son los temas de control difuso, que es el 0,1% de casos que se ven en el Poder Judicial”, dijo la expresidenta del Tribunal Constitucional.

Como esta iniciativa, se presentaron otras que pretenden modificar los procesos de elección dentro del Poder Legislativo. Una de ellas proviene de Acción Popular. El Proyecto de Ley N° 02841/2022-CR, presentado por el parlamentario Wilson Soto, busca que la elección del presidente del Poder Judicial ya no sea a través de los vocales supremos sino que a este lo elijan los jueces titulares del país en elecciones de tipo general. Elizabeth Taipe, de Perú Libre, presentó el 10 de octubre de 2022, una iniciativa que va por el mismo camino y que, adicionalmente, busca que el fiscal de la Nación sea elegido por los fiscales en ejercicio. Ambos proyectos se encuentran en la Comisión de Justicia del Congreso. 

"Me resulta un poco contraintuitiva la propuesta porque, quizás, puede resultar perniciosa en un órgano que tiene como como razón de ser la administración de justicia y que se rige, además. por unos parámetros objetivos”, refiere Heber Campos, profesor de derecho constitucional de la PUCP.

“Porque eso implica que los potenciales presidentes de la Corte Suprema o fiscales de la Nación tendrían que hacer campañas para lograr el favor de los integrantes tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Eso puede poner en cuestión un valor fundamental del sistema de administración de justicia, que es el de la autonomía y la imparcialidad judicial”, concluye Campos.

Entre otros intentos por modificar aspectos esenciales dentro del Poder Judicial, destacan el Proyecto de Ley 03025/2022-CR, que busca cambiar los requisitos para acceder a la jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. La iniciativa reduce el tiempo que duraría el cargo de cinco a tres años y establece como requisito que el postulante no haya tenido nunca "cargo alguno en el Poder Judicial y Ministerio Público o ejercido carrera judicial o fiscal durante su trayectoria profesional", cuando la disposición actual solo pide cinco años de inactividad en esos campos. El proyecto está en la Comisión de Justicia.

Josué Gutierrez, actual defensor del pueblo, propuesto por Perú Libre al cargo y respaldado por Fuerza Popular, cambió los requisitos para acceder a altos cargos en la Defensoría del Pueblo. Foto: Difusión

“No me llama la atención que el grupo de Perú Libre esté tratando de desmantelar los requisitos para ocupar estos cargos. Ya lo hemos visto en la Defensoría del Pueblo, cómo el defensor del pueblo, de este grupo Perú Libre, ha bajado los requisitos, sobre todo de la experiencia, para ejercer el cargo de defensor adjunto”, refiere Marianella Ledesma, ex presidenta del Tribunal Constitucional.

“Entonces, con esa misma lógica, con esos mismos antecedentes, lo que se busca no es beneficiar que un funcionario haga de mejor forma su labor al servicio del ciudadano. Más bien, lo que se buscaría es estar tratando de colocar a personas —que ya me imagino que lo deben tener mapeado— para que luego puedan encargárseles estos cargos”, concluye la también doctora en derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Finalmente, están también el Proyecto de Ley de Silvio Gutiérrez, del Bloque Magisterial, que pretende eliminar del Consejo para la Reforma del Sistema Judicial al presidente del Tribunal Constitucional; la iniciativa del fallecidos congresista fujimorista Hernando Guerra García, que busca incrementar la edad de trabajo de los jueces y fiscales de los 70 a 75 años; y también el Proyecto de Ley de Víctor Cutipa, de Perú Bicentenario, que modificaría los requisitos para ser juez de paz, añadiendo que este no esté afiliado a ninguna organización política en los últimos seis meses antes de ser elegido. 

Como hemos podido advertir, esto no es de ahora. El Congreso ha tratado, a través de la gran mayoría de bancadas —Perú Libre, APP, Fuerza Popular, Acción Popular, Avanza País, Perú Bicentenario, Podemos Perú, Renovación Popular, Bloque Magisterial y Somos Perú— de cambiar leyes que acabaron favoreciendo a intereses muy cuestionables y de golpear al Poder Judicial en distintos ámbitos, siendo el más visible de todos ellos, la Junta Nacional de Justicia.

Estas maneras de actuar en el escenario político actual alertan a algunos de que estamos a puertas de una dictadura parlamentaria, una que puede hacerse realidad si se siguen ignorando las señales y las acciones de un Congreso que, además, viene de tener un 90% de desaprobación. 

"Ya capturaron el Tribunal Constitucional, ya capturaron la Defensoría del Pueblo y, ahora, viene la Junta Nacional de Justicia. ¿Para qué lo quieren hacer? o, en todo caso, ¿cuál es el mensaje que le están dando al Poder Judicial? Lo que le están diciendo al Poder Judicial es: 'a partir de que nosotros controlemos la Junta Nacional de Justicia, vamos a controlar también al Poder Judicial'", advierte Carlos Monge.