La jueza superior Olga Lourdes Palacios Tejada sigue ejerciendo funciones en el Poder Judicial, a pesar de que fue condenada en primera instancia, el pasado 4 de julio, a seis años de prisión suspendida luego de que se le encontrara culpable de recibir un soborno de 100 mil soles. Además de la pena privativa de libertad, también se le impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos que hasta ahora es letra muerta.

Convoca.pe ha podido confirmar que ante la evidencia, y meses antes de que se le condenara, la Autoridad Nacional de Control Judicial envió en febrero de 2023 una propuesta de destitución a la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, ha seguido cobrando hasta hoy su sueldo de 16 mil 695 soles mensuales, más sus beneficios correspondientes, pues en los más de siete meses que pasaron la entidad que debe decidir su expulsión todavía ha tomado ninguna decisión. Palacios Tejada continúa impartiendo justicia en la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima.

“Ha habido casos en la Junta Nacional de Justicia en los que han destituido a jueces, por ejemplo, sólo por tener comunicaciones con Walter Ríos, sin necesariamente haber derivado todavía en una sentencia condenatoria”, señala a este medio el abogado penalista Andy Carrión. "Si uno transpola esos estándares al caso que estamos comentando, de una jueza que ya tiene una sentencia condenatoria, en una primera instancia, y por un delito grave, como es cohecho pasivo, se cae de maduro el hecho de afirmar que esta persona debería ya de estar destituida", advierte el letrado.

La jueza Olga Lourdes Palacios Tejada fue encontrada culpable en primera instancia de haber recibido un soborno de cien mil soles de parte de Adolfo Mattos Vinces, un expolicía involucrado en el caso de desvío de fondos de la Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (AMOF-PNP). Foto: Internet.

Para entender este caso, hay que retroceder algunos años y revisar el caso de la Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (AMOF-PNP), una organización que administra los ahorros de los oficiales policiales, y que desde 2003 ha sido manejada por Adolfo Mattos Vinces, un general de la PNP en retiro. Como ya lo detalló en un informe anterior Convoca.pe, Mattos es investigado por la Fiscalía por lavado de activos porque presuntamente usó empresas de fachada para desfalcar a la institución ahorrista.

Para que el exgeneral se mantuviera en el máximo cargo de la AMOF-PNP, fueron claves dos personajes: el abogado Orlando Machinares Cortez y la jueza Olga Palacios Tejada.

En 2013, Palacios ratificó a Mattos como curador "provisional" de la millonaria institución ahorrista, situación por la que se habría dado el soborno de 100 mil soles a la magistrada. Según la tesis de la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, Marchinares habría sido el intermediario entre Mattos y la jueza, "con el objeto de influir en la decisión para su designación como curador especial de los bienes de la AMOF-PNP y mantenerlo en el cargo".

En este caso, además de la jueza Palacios, también fueron condenados Mattos y Marchinares a cinco años de prisión. Mattos en la actualidad se encuentra prófugo.

Por esto, la “conducta disfuncional de la jueza Olga Palacios” fue investigada por la ex Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y, cuando culminó el procedimiento disciplinario, “al hallarla responsable de los hechos materia de la investigación”, se elevó la propuesta de su destitución como jueza el 3 de febrero de 2023, ante la Junta Nacional de Justicia, según confirmó a este medio la Autoridad Nacional de Control Judicial. Sin embargo, Palacios continúa en su puesto.

“Lo que señala la Junta es que un juez no debe solamente practicar el ámbito de la justicia, sino también debe parecer un juez y aquí lo que aplica es el código de Bangalore, que promueve las prácticas éticas de un funcionario público vinculado a la administración judicial”, explica Andy Carrión.

"Entonces, si estamos hablando de estándares éticos, que no necesariamente son penales, este tipo de irregularidades, el solo hecho de estar investigados, por ejemplo, en una causa penal, puede ya tener la entidad suficiente para derivar en una destitución o en alguna otra sanción. Por ejemplo, una suspensión preventiva hasta que se decida el fondo del asunto", puntualiza el abogado penalista.

Una jueza inamovible

Las pruebas que ofrece la Fiscalía para acusar a la jueza Palacios de cohecho pasivo específico, consisten en un audio en el que se oye a Mattos y a Marchinares refiriéndose a “la entrega de dinero a la “doctora””, según consta en el texto de la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima. La Fiscalía también se refiere a la "cercanía" entre Marchinares y la jueza, "existiendo 458 comunicaciones telefónicas entre ambos", así como llamadas entre Marchinares y la asistenta de Palacios en los años 2013 y 2014, cuando el primero era abogado de la AMOF-PNP. 

"Lo que tengo que hacer referencia [respecto al audio entre Mattos y Machinares] es lo siguiente: ¿en qué momento de ese audio se hace referencia a que la señora Olga ha recibido algún donativo, promesa, dinero, vinculado a un ilícito penal, en ningún extremo (...). No se puede aseverar del propio contenido que la magistrada recibió dinero, eso es claro. Tanto es así, que no ha servido para la sentencia, al momento de condenarla, algún extracto donde se haya identificado la comisión de un ilícito delictivo. No hay, no existe", sostiene Elio Riera, abogado de la jueza Palacios.

Riera precisó a este medio que el proceso se encuentra en vía de apelación ante la Corte Suprema y esperan nuevas diligencias para su continuidad. “Confiamos en la [Corte] Suprema para obtener una sentencia nula porque, evidentemente, consideramos que hay una motivación aparente, o absolutoria, porque no hay nada que involucre la comisión de delito con respecto a la magistrada. Se está lesionando su condición de mujer, de magistrada y de profesional durante todos los años de su trayectoria académica y profesional”, señaló el abogado. 

La sentencia parece no afectar las labores de Palacios como jueza superior en la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima. Según el Casillero Digital del Poder Judicial, la magistrada siguió emitiendo resoluciones un día antes y un día después de ser condenada en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, el 4 de julio de este año.

Registro de la actividad de la jueza superior Olga Lourdes Palacios Tejada.

"El problema, en este caso, es que a pesar de que tiene una sentencia condenatoria [en primera instancia], todavía no se llega a una decisión (...). Causa mucha sorpresa que, por lo menos, no haya habido una decisión, si quieren, en un primer término en la Junta Nacional de Justicia", refiere el abogado Andy Carrión.

Palacios tiene a su cargo causas similares al caso por el que fue sentenciada. Una de las recientes resoluciones emitidas por el colegiado del cual forma parte, el 8 de septiembre, tiene como demandado a la Policía Nacional del Perú. 

Demanda a la Policía Nacional del Perú, abordada por el colegiado que integra la jueza Olga Palacios.

Cuando Palacios formó parte de la Novena Sala Laboral Permanente de Lima, el año 2021, emitió resoluciones en casos contra el Ministerio del Interior en materia de pensiones. El escándalo de la AMOF-PNP involucra aportes de miembros de la Policía que serían, luego, para su propio beneficio, similar a los aportes por el derecho de pensión.

Olga Palacios, como miembro de la Novena Sala Laboral Permanente de Lima, emitió resoluciones en casos de materia de pensiones contra el Ministerio del Interior.

Para Elio Riera, abogado de la jueza Olga Palacios, la sentencia en primera instancia de su defendida no es motivo suficiente para que sea retirada de su cargo. "No considero que el hecho de que exista una sentencia tenga que generar como una necesaria consecuencia que una persona deje su cargo. Recuerde que a nivel constitucional rige el principio de doble instancia y de presunción de inocencia”, dijo a Convoca.pe. 

El letrado consideró que se deben agotar las instancias para aseverar, en cualquier fuero, que se cometió un delito. ”Hasta que la causa quede consentida en todas las instancias, no se puede aseverar que una persona ha cometido un ilícito penal. Eso es inconstitucional, la norma es que una persona puede acudir a una doble instancia para determinar si cometió o no un delito. Confiamos en que el superior jerárquico podrá advertir todo lo que hemos hecho referencia y en su oportunidad, desestimar lo resuelto en primera instancia", manifestó Riera.

En la cancha de la Junta Nacional de Justicia

Ante la demora en el trámite de la propuesta de destitución enviada hace siete meses por la Autoridad Nacional de Control Judicial, le corresponde tomar una decisión a la Junta Nacional de Justicia. Más aún cuando para la destitución de altos magistrados, en otras ocasiones, no se esperó a una sentencia en primera instancia, como en este caso.

Por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia resolvió destituir a Hugo Enrique Higinio Custodio de su cargo como juez en Amazonas por no haber motivado sus fallos; o retirar a Jorge Enrique Sanz Quiroz, de la función de juez superior, por no motivar una resolución judicial y haber establecido relaciones extraprocesales con una de las partes.  

“Si uno ve las audiencias y los casos que está viendo la Junta Nacional de Justicia, hubo hasta cuatro procesos en los cuales han destituido sucesivamente a Walter Ríos, pero ¿qué sentido tiene destituirlo más veces? Lo que deberían hacer es optimizar sus tiempos de las audiencias, a fin de priorizar casos como estos”, señala a Convoca.pe el abogado penalista Andy Carrión. “”Es un tema que está absolutamente en la cancha de la Junta”, finaliza.