Por Edwin Azaña / Periodistas en Red - Áncash | 16 de octubre del 2020
Durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, el Gobierno Regional de Áncash (GRA) compró equipos médicos y ambulancias por 8 millones 361 mil 500 soles a cuatro empresas que estuvieron inhabilitadas para contratar con entidades públicas, en diferentes periodos, sanciones que fueron impuestas por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), según información de diferentes fuentes oficiales analizada por Convoca.pe.
Se trata de Representaciones Unimport S.R.L., Bertonati Technologies S.A., Cardiopulmonary Care S.A.C., y Spectrum Ingenieros S.A., que obtuvieron los contratos con el GRA entre marzo y agosto de este año.
Hace unas semanas, dos de estas compañías fueron penalizadas por las autoridades regionales de Áncash con multas por 518 mil 601 soles en total, debido la demora en la entrega de los bienes que les habían adquirido, de acuerdo con fuentes de este medio digital. Además, hay informes de la Contraloría que también reportaron esta práctica de algunas de las firmas mencionadas, en plena pandemia.
Los contratos con estas empresas, realizados por la gestión del gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa, se adjudicaron de manera directa y en el marco del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, que permite aplicar esta modalidad para comprar bienes de forma rápida, con el fin de atender la crisis sanitaria. El gobernador Morillo estuvo contagiado de COVID-19 y se recuperó en un hospital de Lima, donde permaneció internado en una sala de cuidados intensivos.
En marzo pasado, la región Áncash aprobó un proyecto de construcción y equipamiento de ambientes para los tres hospitales más importantes de su jurisdicción. En tal sentido, la administración regional efectuó adquisiciones para el Hospital Víctor Ramos Guardia (Huaraz) por 8 millones 223 mil soles; el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón (Nuevo Chimbote), por 7 millones 523 mil 850 soles; y el Hospital La Caleta (Chimbote), por 5 millones 980 mil 100 soles.
La finalidad era que todo el equipamiento necesario para la atención de salud llegara a los nosocomios y poder usarlo en la etapa más dura de la crisis por el coronavirus en esta zona del país, pero las compañías no cumplieron con los plazos establecidos en los contratos.
“Los equipos se necesitaron en el tiempo más crítico de la pandemia —que fue en mayo y junio—. Por ejemplo, había ambulancias que no tenían ventilador mecánico y sin eso era imposible hacer una referencia del paciente [para que lo atiendan en un centro de salud]. No hubo una atención oportuna [por la falta de equipos] y por eso se puso en peligro la vida [de los pacientes]”, cuestionó Leandro Pérez Rodríguez, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Eleazar Guzmán Barrón y de la Federación Médica Áncash-Costa, al ser consultado por Convoca.pe.
Solo en el hospital de Nuevo Chimbote se registró 539 muertes por COVID-19, de un total de 1,558 ocurridos hasta el último 7 de octubre en toda la región. Pero, si se toma en cuenta a Nuevo Chimbote y a los otros ocho distritos de la provincia del Santa, la cantidad de fallecimientos se eleva al 67%. Mientras que la provincia de Huaraz concentra el 18% de decesos causados por el nuevo coronavirus. La Sala Situacional de la Dirección Regional de Salud también consignó, hasta esa fecha, 35,725 contagios por COVID-19, el 59% en la provincia de Santa y un 21% en la provincia de Huaraz.
Directivo investigado por corrupción
Representaciones Unimport S.A. consiguió que el Gobierno Regional de Áncash le adjudicara contrataciones por 875 mil 500 soles en total, en el periodo del estado de emergencia sanitaria por el coronavirus. Fueron contratos para la compra de coches de paro equipado destinados al Hospital La Caleta, de Chimbote (349 mil 300 soles); del Hospital Víctor Ramos Guardia, de Huaraz (199 mil soles); y del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, de Nuevo Chimbote (199 mil 600 soles), nosocomio que también adquirió camillas multipropósito tipo UCI (127 mil 600 soles).
Entre octubre de 2010 y enero de 2018, esta empresa había sido sancionada cuatro veces con impedimento para contratar con entidades estatales, por disposición del Tribunal de Contrataciones del Estado de OSCE, de acuerdo con la base de datos del ente supervisor. En dos de ellas, se debió a presentó documentación falsa.
Estas inhabilitaciones del tribunal de OSCE correspondieron a periodos de 7, 10, 12 y 15 meses de suspensión de su registro como proveedora del Estado. En total, 44 meses de inhabilitación, es decir 3 años y 8 meses, en distintos lapsos.
Representaciones Unimport, cuyas actividades comerciales se iniciaron en agosto de 2002, tiene como principal accionista y gerente general a Perci Villanueva Velásquez, quien registra investigaciones en su contra por presunta comisión de delitos de corrupción, según un informe de la Procuraduría Anticorrupción. Convoca.pe confirmó que Perci Villanueva —en 2017— tenía un proceso abierto por colusión agravada y negociación incompatible en la Corte de Justicia de Lima Sur.
El domicilio oficial de esta sociedad comercial se encuentra en Lima, en la cuadra 50 de la avenida Paseo de la República, en el distrito de Surquillo.
La primera y más severa sanción administrativa contra esta compañía fue impuesta el 21 de octubre de 2010, cuando se le sancionó con 15 meses de inhabilitación por presentar información "adulterada o inexacta" para ganar la adjudicación directa selectiva de la adquisición de mesa de partos destinada al Hospital María Auxiliadora (San Juan de Miraflores, Lima Sur), por un monto de 47 mil 198 soles.
El Hospital María Auxiliadora denunció ante OSCE que Representaciones Unimport presentó una constancia falsa de venta de equipos de la Sociedad Peruana de la Cruz Roja. En su defensa, la empresa alegó que tal documento no influenció en el proceso de selección. Finalmente, se le impuso la referida sanción.
Al siguiente año, el 25 de mayo de 2011, el Tribunal de Contrataciones del Estado volvió a inhabilitar a esta proveedora por presentar documentos falsos. En este caso, Representaciones Unimport había alcanzado documentación falsificada de la compañía Thermos del Perú S.A. con la finalidad de solicitar un plazo adicional para cumplir con la venta de termos que se entregaría a la Red de Salud Rímac - San Martín de Porres - Los Olivos, por 29 mil 280 soles.
En aquella ocasión, Thermos del Perú aseguró que no había remitido ninguna carta sobre la demora de la llegada de los productos. Ante el desmentido, Representaciones Unimport responsabilizó a su trabajador Pablo Huamanyalli Elías de haber falsificado el documento.
Las otras dos sanciones de inhabilitación contra Representaciones Unimport se emitieron el 31 marzo de 2011 (por 12 meses) y el 26 de enero de 2018 (por 7 meses). Una fue por demora en la entrega de productos a la Red de Salud Rímac del Ministerio de Salud, y la otra debido a que las camillas que vendió no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas por el Instituto Nacional Materno Perinatal.
Empresa chilena sancionada
En el caso de Bertonati Technologies S.A., el Gobierno Regional de Áncash le otorgó contratos mediante los cuales se le compró tres ambulancias por una suma de 1 millón 260 mil soles en total. Dos de estos vehículos son urbanos, para el Hospital La Caleta, de Chimbote; y el tercero, acondicionado para zonas rurales, fue trasladado al nosocomio de Huaraz.
Esta empresa, cuya matriz está en Chile, empezó a operar en el Perú desde diciembre de 2007. En el país, su gerente general es el chileno Jorge Fernández Osorio y la oficina principal, en Lima, está situada en Miraflores.
Bertonati Technologies S.A. registra una sanción de inhabilitación temporal por presentar documentos falsos en un proceso de compra de una ambulancia para el Hospital de Emergencias Pediátricas, ubicado en Lima, por 460 mil 454 soles. La licitación pública se realizó entre agosto y noviembre de 2008.
En setiembre de 2009, el Tribunal de Contrataciones del Estado inhabilitó a la compañía durante 10 meses luego de constatar que había presentado constancias de conformidad de entrega de Inversiones Velaochaga S.A. con firmas aparentemente adulteradas.
Bertonati Technologies apeló la sanción argumentando que desconocía que las rúbricas eran falsas y logró que en enero del 2010 el tribunal de OSCE redujera el periodo de sanción a cinco meses.
Licitación frustrada
En tanto, las contrataciones de Cardiopulmonary Care S.A.C. con el gobierno regional de Áncash en la pandemia ascienden a 3 millones 626 mil soles, en total. Este monto corresponde a la venta de monitores de funciones vitales destinados al Hospital Eleazar Guzmán Barrón (1 millón 657 mil 600 soles), al Hospital Víctor Ramos Guardia (1 millón 243 mil soles), y al Hospital La Caleta (725 mil 200 soles).
La empresa, con domicilio en la calle Raúl Vera, en Miraflores, Lima, inició sus operaciones en marzo de 2006. Los accionistas de esta sociedad comercial son los ingenieros Raúl Bellido y Marco Antonio Montalvo, este último además es el gerente general.
En abril de 2016, el tribunal de OSCE inhabilitó a Cardiopulmonary Care S.A.C. como proveedora del Estado por 12 meses. De acuerdo con la Resolución 506-2016-TE-S3, la compañía incumplió con lo requerido en la venta de ventiladores mecánicos para el Ministerio de Salud, en una licitación pública del 2014.
La empresa alegó que el fabricante Maquet, de Suecia, demoraba en otorgarle el "financiamiento para la emisión de garantías de fiel cumplimiento”. No obstante, el OSCE concluyó que Cardiopulmonary Care empezó las gestiones para conseguir la carta fianza, recién cinco días después de obtener la buena pro.
La compañía apeló y el tribunal de OSCE decidió —en mayo de 2016— reducirle la sanción a ocho meses de inhabilitación, pero sí confirmó que debía abonar una multa de 477 mil 615 soles.
Inhabilitada por un año
En relación a Spectrum Ingenieros S.A., durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, obtuvo contratos con el Gobierno Regional de Áncash por 2 millones 600 mil, en total. Esta empresa vendió ventiladores mecánicos para el Hospital Víctor Ramos Guardia (1 millón 40 mil soles), el Hospital La Caleta (780 mil soles) y el Hospital Eleazar Guzmán Barrón (780 mil soles).
La compañía, con actividades comerciales desde febrero del 2002, tiene su sede en el jirón Gregorio Paredes, en Surquillo, Lima. Como gerente general figura Franklin Valle, quien también es uno de los accionistas.
El 29 de diciembre de 2010, Spectrum Ingenieros fue sancionada por OSCE con 12 meses de inhabilitación, que debió impedirle contratar con entidades públicas en ese lapso.
Al menos 14 empresas suscribieron contratos con el Gobierno Regional de Áncash para venderle equipos médicos por S/ 21'726,000. El 28% tenía antecedentes de sanciones e inhabilitaciones".
El Tribunal de Contrataciones del Estado le impuso ese castigo administrativo por no demostrar el funcionamiento de los repuestos para el mantenimiento de maquinarias (densitómetro óseo) que había vendido a la Red Asistencial Almenara, en Lima, por 78 mil 230 soles.
En su defensa, la empresa sostuvo que sí realizó las verificaciones respectivas y que lo hallado luego eran "problemas ocultos” ajenos al producto suministrado. Al final, el ente supervisor concluyó que Spectrum Ingenieros era responsable por la resolución del contrato en perjuicio de la Red Asistencial Almenara.
Práctica reiterada
En acciones de control concurrente en Áncash, realizadas en el periodo de estado de emergencia por la pandemia, la Contraloría reportó que las cuatro compañías mencionadas, con antecedentes de inhabilitación, incumplieron el plazo de entrega de equipos a centros hospitalarios de la región.
En el Informe de control N° 6290-2020-CG/GRAN-SCC, de la Gerencia Regional de Control de Áncash, se consignó que —hasta la primera semana de julio— Spectrum Ingenieros S.A. no había entregado ocho ventiladores mecánicos al Hospital Víctor Ramos Guardia, a pesar de que el plazo se había cumplido el 15 de junio. Una situación similar se registró con Cardiopulmonary Care S.A.C., que debió alcanzar 12 monitores de funciones vitales a los nosocomios, el 17 de junio.
"La entidad [Gobierno Regional de Áncash] no cautela que los proveedores del equipamiento cumplan con los plazos establecidos en las órdenes de compra", precisa el documento del 9 de julio último.
El informe añade que Representaciones Unimport S.R.L. entregó cuatro coches de paro equipado con tres días de retraso al hospital de Huaraz. Y se señala que Bertonati Technologies S.A. tardó diez días adicionales en la entrega de la ambulancia rural (tipo II) al mismo establecimiento de salud.
En otro informe de control concurrente, del 16 de junio, se determinó que Representaciones Unimport S.R.L. no entregó el material médico al Hospital Eleazar Guzmán Barrón en los plazos que estipulaba el contrato. Esto sucedió con la entrega de siete camillas multipropósito tipo UCI y cuatro coches de paro equipado, que estaba prevista para abril y mayo pasado, respectivamente.
La cláusula 12 de los contratos firmados entre el GRA y los representantes de las empresas consigna que se aplicarán las respectivas penalidades si es que el proveedor tiene una demora "injustificada" en la entrega de los bienes. También se precisó que el pago se haría luego de la recepción y conformidad de los equipos.
Medio millón en multas
Precisamente, por incumplimientos del plazo de contrato en plena crisis sanitaria, el Gobierno Regional de Áncash impuso penalidades a cinco compañías por un monto total de 776 mil 37 soles. Entre estas se encuentran Cardiopulmonary Care S.A.C. y Spectrum Ingenieros S.A., con antecedentes de haber sido inhabilitadas temporalmente por OSCE.
Cardiopulmonary Care fue multada con 362 mil 601 soles por no entregar a tiempo monitores de funciones vitales a los centros hospitalarios. En tanto, Spectrum Ingenieros fue penalizada con el pago de 156 mil soles por la demora en entregar ventiladores mecánicos a los nosocomios de la región. La suma de ambas multas llega a 518 mil 601 soles.
“No se va a dejar de sancionar a las empresas por no haber entregado a tiempo los equipos”, aseveró la gerente general regional de Áncash, Gina Gálvez, en diálogo con Convoca.pe.
Asimismo, la funcionaria del GRA refirió que las proveedoras ya entregaron todos los equipos, excepto algunas camillas que están en proceso de adquisición con Representaciones Unimport S.R.L.
La gerente regional Gina Gálvez también se pronunció sobre las contrataciones de proveedoras con historial de graves infracciones.
“[Los responsables de Abastecimiento] tenían que haber hecho un estudio de mercado y revisar los antecedentes [de las empresas]. He entrado al OSCE y las compañías no tiene sanción vigente. Pero el OSCE debería tener un registro histórico y ponerlo a disposición de todos los encargados de compras. Sería una forma de filtrar a las empresas que no cumplen o no entregan a tiempo los bienes que se comprometen a entregar”, manifestó.
La funcionaria advirtió que se podría sancionar a los funcionarios que decidieron otorgarle contratos a esas compañías.
La Contraloría consignó en sus informes que Representaciones Unimport, Bertonati Technologies, Cardiopulmonary Care y Spectrum Ingenieros incumplieron los plazos del contrato sobre la entrega del equipamiento médico adquirido".
Por su parte, el especialista en contrataciones con el Estado, Roberto Benavides, consideró que en la compra de equipos médicos a empresas con antecedentes de graves infracciones, existe responsabilidad de diferentes funcionarios del Gobierno Regional de Áncash, desde los que hicieron las cotizaciones hasta el mismo gobernador Juan Carlos Morillo.
Entrevistado por Convoca.pe, el experto dijo que los responsables de las adquisiciones deberían conocer el mercado y así como el historial de las compañías.
“El funcionario que va a contratar debería hacer lo posible para evitar que ese proveedor (con antecedentes de sanciones) se meta para beneficiarse con los contratos. Es un tema de gestión de riesgo, de falta de conocimiento del mercado y de la norma. Hay que ver quiénes son los potenciales proveedores y escudriñarlos. Se investiga. La pita casi siempre se rompe por el lado más débil, pero hay una cadena de responsabilidades, que llega hasta arriba", comentó.
Evasivas y silencios
Convoca.pe trató de contactarse en varias oportunidades con voceros o directivos de las empresas mencionadas en este reportaje, pero solo dos respondieron. Las otras compañías no devolvieron las llamadas telefónicas, tampoco respondieron los mensajes que se les envió vía correo electrónico y a sus redes sociales.
El representante de Bertonati Technologies, Marco Soria Huamán, reconoció que esta proveedora del Estado fue inhabilitada temporalmente por un caso de documentación falsa; sin embargo, adujo que el hecho ocurrió cuando otra persona estuvo a cargo de la empresa.
Asimismo, negó que Bertonati Technologies haya entregado equipos médicos (ambulancia) al Gobierno Regional de Áncash con diez días de retraso, tal como la Contraloría consignó en uno de sus informes de control concurrente.
“En nuestro caso no fue así [demora en entrega de ambulancia]. Entiendo que otras compañías entregaron fuera del plazo. Si hubiese sucedido la demora, nos habrían impuesto una penalidad, pero no hay nada de eso”, sostuvo Soria.
Agregó que la entrega de la ambulancia, la cámara de aislamiento y el ventilador mecánico tuvieron plazos distintos, pero que sí cumplieron con lo establecido en los contratos.
En el caso de Cardiopulmonary Care S.A.C., un vocero contestó que “por política de la empresa” no brindan ningún tipo de declaración a la prensa.
(*) Periodistas en Red es un proyecto colaborativo que lidera Convoca.pe, en alianza con el diario La República, El Búho de Arequipa, diario El Tiempo, de Piura, y reporteros independientes de diversas regiones del país. Este reportaje integra la serie investigativa 'Expedientes de la pandemia'.