Gonzalo Torrico
18 de mayo de 2023
El entramado del pago de sobornos a Alejandro Toledo es tan retorcido como las propias explicaciones que ha dado para justificar su patrimonio. Y eso es mucho. Convoca.pe accedió al detalle de cada transferencia ilícita que el fallecido Yosef Maiman, testaferro confeso del expresidente, recibió en cuentas de sus compañías offshore y que, según aseguró, provenían de la constructora brasileña Camargo Correa.
El precio pagado a cambio de la adjudicación ilegal del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur fue, por lo menos, de US$ 3 millones 985 mil. Las operaciones comenzaron el 22 de junio de 2006, cuando Toledo aún era presidente de la República, y se extendieron hasta marzo de 2009. En total fueron 38 armadas canceladas a Maiman, en montos diversos, por parte de 19 compañías —la mayoría offshore— y nueve personas naturales.
Para recibir estos pagos ilícitos, el testaferro de Toledo utilizó dos de sus empresas: Trailbridge Limited, que tenía una cuenta en el Barclays Bank de Londres, y Warbury & Co, que puso a disposición otra cuenta en el Citibank de la misma ciudad.
Las compañías que enviaron los mayores montos a Maiman fueron Surpark SA (US$ 696.389), Guadix Corp (US$ 627.958) y el Trend Bank Limited (US$ 357.600), que también fue instrumentalizado por Odebrecht. Asimismo, Convoca.pe ha podido identificar cinco grupos de doleiros u operadores que intervinieron en diferentes momentos y cuyas actividades no han resonado hasta ahora en el escándalo local.
Se trata de Jadair Fernandes de Almeida (Brasil), los hermanos Jorge y Raúl Davies Cellini (Brasil), Juan Kresimir Bielic (Argentina), el contador Pedro Konrad (Uruguay) y el economista portugués Carlos Pedro Machado de Sousa Gois.
Como se sabe, Camargo Correa participó en la construcción del Tramo 4 liderando el Consorcio Intersur, también integrado por las empresas brasileñas Queiroz Galvao y Andrade Gutierrez. La obra fue contratada con un monto de inversión de 917 millones 703 mil soles (US$ 275,5 millones, al tipo de cambio de la época). A mayo de 2022 la obra ya iba costando 4 mil 724 millones soles (US$ 1.259 millones). El exceso por encima de lo previsto era de 514,8%.
Sin más dudas
Las primeras pruebas que incriminaban a Camargo Correa en Perú provenían de unas anotaciones de pagos ilícitos relacionados con el Tramo 4 que Convoca.pe reveló por primera vez en 2015 en el reportaje 'Cuotas y pagos millonarios de la Interoceánica'. Los archivos provenían de un pendrive incautado en 2009 a Pietro Giavina Bianchi, exdirector de la compañía en Sao Paulo, durante un operativo policial llamado Operación Castillo de Arena.
Camargo Correa logró que el Tribunal Superior de Justicia de Brasil eliminara estas evidencias explícitas de corrupción en un fallo polémico, que hizo colapsar todo el caso. El argumento fue que las pruebas habían sido recogidas de manera ilícita, ya que la investigación se inició con una llamada anónima. En el Perú la compañía intentó llevar este mismo argumento a la Justicia, pero en junio de 2022 fue desestimado.
Sin embargo, la cuestión de si las evidencias son lícitas o no en este país ya ha dejado de ser un problema para el Equipo Especial Lava Jato. Nuevas evidencias basadas en información bancaria conectan a la constructora con los pagos recibidos por Maiman sin necesidad de recurrir a las antiguas anotaciones. El indicio más sólido se encuentra en un aumento de capital de US$ 6 millones que tuvo la sucursal peruana de Camargo Correa y que luego terminó repartido entre una sospechosa red offshore.
Ese aumento se registró el 28 de agosto de 2007. Una semana y media después, el 9 de septiembre, la sucursal hizo una primera transferencia a una entonces desconocida compañía uruguaya llamada Logilt SA por la suma de 1,99 millones de dólares. Esta empresa era operada por doleiros que simulaban contratos con Camargo Correa para recibir fondos, de acuerdo con las hipótesis de la Policía brasileña.
Después de ese fuerte primer traspaso de dinero, Camargo prosiguió con pagos mensuales a Logilt hasta marzo de 2008, cada uno de casi 600 mil dólares. En abril dispuso un último pago con un saldo restante de 399 mil dólares. La suma de todos fue US$ 6 millones, la misma cifra del aumento de capital. Camargo Correa ha argumentado ante el Ministerio Público que el pago a Logilt se debió a que le compró un software.
Tan pronto como Logilt recibía los montos mensuales, en no más de seis días, los transfería a una tercera compañía, Acquae Comercio e Servicos SA, domiciliada en Portugal. Según información hecha pública en un documento corporativo, esta compañía tenía como “fiscal único” (una especie de administrador) a Carlos Pedro Machado de Sousa Gois, que actuaba allí en representación del bufete J. Bastos, C. Sousa Góis & Associados, que ya no existe. Logilt también hizo traspasos cada mes a la portuguesa hasta abril de 2008. De los US$ 6 millones, esta recibió US$ 5 millones 595 mil.
¿A dónde fue a parar todo este dinero? Enviamos consultas al correo electrónico de Carlos de Sousa Gois, pero las respuestas no llegaron. Algo que ha podido determinar la Fiscalía es que las compañías del sistema de lavado se hacían transferencias entre ellas. Esto ayudaba a ocultar el rastro. No obstante, se tiene que al menos dos pagos sí llegaron desde la portuguesa Acquae Comercio e Servicios a Warbury & Co, de Maiman. Y también con pocos días de diferencia.
Es decir, los fondos salían de Camargo Correa y en cuestión de días, luego de seguir un circuito, se concretaban los pagos a Maiman.
Por ejemplo, el 7 de noviembre de 2007 Camargo Correa depositó US$ 599.983 a Logilt SA, la misma que al día siguiente envió US$ 565.800 a Acquae Comercio e Servicos. Cinco días después, el 13 de noviembre, esta transfirió US$ 150.345 a Warbury. Una ruta similar se repitió en enero de 2008: el día 8 la brasileña envío una vez más US$ 599.983 a la uruguaya, que un día después trasladó el dinero a la portuguesa. Nueve jornadas después, la compañía de Maiman recibió de ella US$ 55.345.
Lo cadena de pagos desde Camargo Correa hasta Maiman por fin se prueba con el registro de estas remesas. Pero aún hay más y nuevas huellas del sistema de lavado.
Fraternidad
Para lavar el dinero sucio, las grandes compañías acudían a personajes que manejaban sociedades offshore destinadas a mover grandes cantidades. Es decir, tercerizaban los pagos de sobornos. Lo hicieron Odebrecht y otras. Y según las delaciones, también lo hizo Camargo Correa. Incluso a veces las empresas corruptoras recurrían a los mismos lavadores.
Por ejemplo, de los US$ 3,9 millones pagados por el Tramo 4, al menos US$2,07 millones pasaron por el sistema administrado por los hermanos brasileños Jorge (64) y Raúl Fernando (65) Davies Cellini. Como testigos del caso, confirmaron esta información al despacho de la fiscal Diana Canchihuamán del Equipo Especial Lava Jato el 14 de diciembre de 2021, en una diligencia en Brasil.
Los hermanos son naturales de Río de Janeiro, pero radicados en Uruguay por muchos años. En el pasado estuvieron implicados en la facilitación de sobornos por 40 millones de dólares a altos funcionarios de Petrobras a cambio de hacer posible la compra de dos buques sonda por US$ 1.202 millones a la coreana Samsung. Durante todo el 2007, al mismo tiempo que se hacían los pagos a Maiman, también entregaron esas otras coimas.
Los Davies Cellini intervinieron en el caso de Toledo al coordinar, por lo menos, 19 transferencias a Maiman, hechas a nombre de 15 ordenantes distintos: cuatro personas naturales y 11 compañías offshore. Las sociedades utilizadas estaban domiciliadas en Bahamas (Aristan Inc, T. M. Peell Inc, Guadix Corp), Islas Caimán (Woodgreen Financial Corp, Parramore Trading Corp, Jervington Investments Holdings Ltd), Islas Vírgenes Británicas (Silwood Global Limited, Trade Center Financial Corp), Panamá (EON Management & Invest Corp), Países Bajos (Penny Whippet CV) y jurisdicciones que aún no se han podido determinar (Yorick International Ltd, W Finance Llc).
De acuerdo con información pública, los Davies Cellini eran cambistas que formaban parte de un grupo comandado por Darío Messer, el mayor lavador de capitales de la historia de Brasil. En 2004, Messer fugó de su país y se instaló en Paraguay, desde donde siguió operando. Implicado en actividades sospechosas desde los años 1980, las autoridades de ese país calculan que su red blanqueó unos US$ 1.652 millones y manejó unas 3 mil cuentas bancarias solo entre 2011 y 2017. En 2022 la justicia brasileña lo condenó a 13 años de prisión suspendida.
A los hermanos Davies Cellini se les detuvo en Montevideo en 2018 en el contexto del operativo internacional “Cambio Desligo”, una investigación derivada de Lava Jato que siguió el rastro del lavado que orquestaba Darío Messer.
Ellos fueron quienes enviaron las primeras cuotas de la coima a Maiman. Las cinco primeras llegaron a la compañía Trailbridge, de Maiman, domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Los fondos llegaron a través de las offshore Trade Financial Corp, Guadix Corp y Jervington Investments Holdings Ltd, que ordenaron las transferencias.
La información bancaria entregada por Maiman también confirma la veracidad de las instrucciones incautadas durante la Operación Castillo de Arena en las oficinas de Pietro Giavina Bianchi. Es decir, una de las evidencias que se eliminó en Brasil. Bianchi tenía en su poder una hoja de cálculo llamada “Previsión de capilés Tramo IV - Interoceánica”. Allí se anotaba un “compromiso” de pago de Camargo Correa por US$ 106.944, de los cuales unos US$ 15 mil se pagarían “cash”, mientras que 91.667 se enviarían por “cable” (transferencia bancaria internacional) a la cuenta del Citibank London de Trailbridge Ltd. Se trataba de la primera transferencia.
En la realidad, Trailbridge recibió US$ 91.682 —un monto casi igual al previsto por Camargo Correa— de parte de la offshore Trade Center Financial Corp, operada por el grupo de los Davies Cellini.
Además, las instrucciones incautadas a Camargo Correa permiten entender que el monto total a pagar a Toledo era de US$ 5 millones 441 mil (no solo los 3,98 millones identificados en las cuentas de Maiman) y que una parte de este importe se pagó “al cash”. Otra persona nombrada “JR” recibiría US$ 901 mil. Y así, el total de los pagos programados por el Tramo 4 ascendía a los US$ 6 millones 313 mil.
Otra compañía controlada por los Davies Cellini, Jervington Investments Holding, de Islas Caimán, también dejó un rastro de coincidencias. El banco brasileño Unibanco, en cuya empresa matriz Camargo Correa tenía más de un 10% de participación, aparece como ordenante de un pago a Jervington por US$ 1 millón 28 mil registrado el 21 de febrero de 2007. Tres semanas después, el 12 de marzo, Jervington depositó a Trailbridge (de Maiman) 100 mil dólares.
Se tiene registro de que en 2006, antes de que empezaron los pagos al testaferro de Toledo, Jervington también movió fondos a favor de Guadix Corp (también de los Davies Cellini) por 268 mil dólares, algo que confirma que entre ellas se triangulaban los fondos y se enredaban los rastros. Guadix al año siguiente desembolsó más de US$ 627 mil a favor de las cuentas de Maiman.
Las compañías de los Davies Cellini Guadix Corp, Aristan Inc y T.M. Peell Inc, que participaron en la ruta del soborno del Tramo 4, también intervinieron en los pagos ilícitos para los funcionarios de Petrobras.
Entre las personas naturales que aparecen en el entramado de pagos a Maiman, y que también se relacionan con los Davies Cellini, se encuentran el empresario brasileño Samuel Lasry Sitnoveter (US$ 95 mil) y su esposa Ivonete Cordeiro (US$ 100 mil). A ambos además se les relaciona con la empresa Yorick International Inc, que pagó otros US$ 80.572, pues los doleiros programaron un pago total de US$ 275 mil que se dividió entre los esposos y esta empresa.
Convoca.pe se comunicó con Sitnoveter. “Entiendo que el procedimiento relacionado al Sr. Alejandro Toledo es reservado y está al cuidado de las autoridades públicas peruanas, motivos por los cuales mi esposa y yo no tenemos comentarios respecto a tales cuestiones”, contestó el hombre de negocios
El abogado Marcelo Francisco Canto Alvares Correa también aparece en la nómina de ordenantes con nombre propio. Este declaró a la Fiscalía peruana que como miembro del estudio legal brasileño Navarro Asociados asesoró a Camargo Correa y que coordinaba de manera directa con Marcos de Moura Wanderley, exrepresentante de la constructora en Perú.
Alvares Correa hizo un pago de US$ 65.275 a Warbury a través de la Banque Safdié. Además, dos empleadas brasileñas del banco, que lo recomendaron como cliente, también figuran como ordenantes: Mery Piatigorsky (US$ 10 mil) y Sima Busquila (US$ 5 mil).
Hasta el momento, los Davies Cellini han salido bien librados de algunos procesos judiciales. Lo último que se supo de ellos es que el Tribunal Constitucional de Andorra les dio la razón en 2022 en un litigio que seguían contra el Poder Judicial de ese país, que les había bloqueado sus cuentas bancarias desde 2015. El tribunal dispuso el desembargo y les reconoció el derecho a reclamar una indemnización al Estado andorrano por los daños que alegaron.
Intentamos contactarnos con Jorge Davies Cellini, pero hasta el cierre de este reportaje no fue posible.
Río de la Plata
Uruguay fue una escala importante en la ruta del soborno de Toledo. Allí no solo se establecieron los hermanos Davies Cellini sino además un elenco de personajes que han sido investigados por blanqueo de capitales. El más resaltante es el argentino-croata Juan Kresimir Bielic, que comandaba la ahora disuelta compañía panameña Maynard Services SA, la misma que envió en tres armadas un total de US$ 216 mil a Maiman. Convoca.pe pudo confirmar que entonces contaba con la asesoría del bufete uruguayo BGL Consultores.
Si bien es una novedad que esta offshore y Bielic fueran útiles a Camargo Correa, no lo es su presencia en las páginas judiciales desde 2013. En el pasado este empresario cambista se vio involucrado en un gran esquema de lavado de divisas provenientes de pases de jugadores de fútbol argentinos cuyos valores de venta se declaraban al fisco de manera subvalorada. Esto se conoció como el caso La Moneta.
Convoca.pe indagó en el acervo de los Panama Papers, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y encontró que Maynard Services tenía como agente en Panamá al estudio Mossack Fonseca. Su actividad era muy intensa. Esta compañía, que la prensa argentina ha llamado “fantasma”, recibía tantas cartas que el “Departamento de Administración de Correspondencia” las contaba por su peso.
“Deseamos informarle que hemos recibido adicionalmente un total de 27 sobres para la sociedad en referencia. [Por] favor, tomar nota de que el peso de la correspondencia mencionada es de 6 kilogramos. Por tanto, el costo del envío por courier es de US$ 116,00”. De esta manera, un funcionario anónimo, desde un correo electrónico institucional, explicaba el 7 de mayo de 2007 la situación a una abogada de BGL Consultores.
Apenas tres semanas antes, el 19 de abril de ese año, Maynard Services había hecho su tercera transferencia por 20 mil dólares a Warbury & Co. De acuerdo con reportes periodísticos, en el 2013 Bielic se encontraba prófugo.
Otro personaje importante en la trama es Pedro Andrés Konrad, un contador uruguayo y ex corredor de bolsa que operó la compañía panameña EON Management & Invest Corp. Esta offshore ordenó el pago de 150 mil dólares a Warbury & Co de Maiman el 30 de diciembre de 2008. Tenía entonces una cuenta en Suiza. Desde 2004, según la Fiscalía peruana, Konrad tenía un poder general sobre esta compañía, que, por cierto, también se relacionaba con la red de los hermanos Davies Cellini.
En las redes sociales a Konrad se le puede ver en su faceta de influencer, con 191 mil seguidores, asistiendo a muchos eventos mediáticos y haciendo obras benéficas. Aparece en fotografías con la conductora de televisión Susana Giménez y republica las menciones a su negocio de “asesoría contable y fiscal” en programas televisivos como "La peluquería de Don Mateo", una emisión humorística uruguaya de señal abierta. Dirige hace 20 años el estudio Konrad & Asociados.
Para la fecha de la transferencia a Maiman, la offshore EON Management & Invest tenía como presidente a Hector Jorge Taibo, sobrino de Pedro Konrad, a pesar de que la cuenta bancaria era controlada por este. Recién en 2013, de manera formal, el contador tomó las riendas de EON Management como presidente. Su esposa, Claudia María Sosa Otero, fue nombrada tesorera en 2016.
Aunque Konrad ha sabido renovar su imagen en la vida social uruguaya y en plataformas como Instagram, su mayor cuestionamiento ocurrió en 2016, cuando se les vinculó a él y a su esposa con la compañía offshore Afisur. Esta estuvo involucrada en un pago para la compra de un avión Bombardier con el que se transportó en 2011 casi una tonelada de cocaína de Argentina a Barcelona. Los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá eran los responsables del vuelo y fueron condenados por narcotráfico.
Por vía telefónica le comentamos a Konrad que su nombre aparecía vinculado al entramado de pagos de sobornos de Camargo Correa a Alejandro Toledo. "Nunca tuve de clientes a ninguno de los dos. Ni cerca. Ni fui a Perú", señaló. Agregó que se encontraba en una reunión, pero dijo que "nada que ver" con aquello que le mencionábamos. "No tengo la más pálida idea", apuntó. Cuando le consultamos si conocía a los hermanos Jorge y Raúl Davies Cellini, cortó la llamada.
A través de mensajes le enviamos nuestras preguntas concretas, que versaban sobre su empresa EON Management & Invest Corp, la transferencia de US$ 150 mil a Maiman y si había sido llamado por el Ministerio Público peruano para declarar. "Totalmente errónea la información", escribió. Luego no le entraron más mensajes.
Una larga madeja
A pesar de que la compañía uruguaya Logilt SA no pagó de manera directa coimas a Maiman, tuvo un rol clave al recibir los 6 millones del mencionado aumento de capital de Camargo Correa en 2007. ¿Cómo los recibió? Se presume que a través de un contrato simulado por un supuesto servicio de software de georreferenciación, como lo reveló hace más de cuatro años Convoca.pe. Un modelo de este contrato fue encontrado en las computadoras incautadas de los doleiros brasileños Jose Diney Santos, Maristela Sum Doherty y Jadair Fernandes de Almeida.
Estos tres aparecen con un rol estelar en el Relatório Final de la Policía Brasileña sobre el caso Castillo de Arena. “El referido núcleo, instalado en la ciudad de Río de Janeiro, operativiza el movimiento del dinero en cuentas bancarias dentro y fuera del Brasil, el ingreso al país de los lucros ilícitamente obtenidos y la colocación de estos montos en circulación con apariencia ilícita”, señala el reporte policial.
De este grupo de doleiros, quien destaca en el esquema de pagos al testaferro de Toledo es Jadair Fernandes de Almeida, quien a través de la sociedad uruguaya Surpark SA, de la que aparece como representante, pagó el mayor monto de todos los ordenantes en los tres años que duraron las transferencias. Fueron cinco movimientos bancarios por un total US$ 696.380, según la información revisada por este medio.
Surpark, de acuerdo con la policía brasileña, fue una de las empresas “usadas como fachada para el envío ilegal de divisas fuera del Brasil”.
Además de la relación de las uruguayas Logilt y Surpark con este grupo de doleiros, también hay evidencias de que esta última hizo transferencias a la ya nombrada portuguesa Acquae Comercio e Servicos, que también canalizó pagos para Toledo. El monto es pequeño, de US$ 3.600, pero grafica el entramado de relaciones que tenían entre sí las compañías y personajes que hacían posible los sobornos.
Surpark SA, de acuerdo con el Ministerio Público brasileño, también tuvo una sede en las Islas Caimán y se creía que no ejercía ninguna actividad empresarial legal, al igual que varias otras sociedades que manejó Jadair Fernandes de Almeida y su grupo.
En un fax que la Procuraduría Federal de su país interceptó a una de sus empresas (Ecospar Servicos e Participacoes), y que estaba dirigido a Camargo Correa, se informaba de una transferencia de 500 mil dólares efectuada a la ya referida Maynard Services, del argentino Bielic.
Aunque esto ocurrió en 2009, luego de que Maynard Services girara montos a Maiman, este fax da una idea clara de cómo se financiaban sus operaciones: los doleiros transferían e informaban a Camargo Correa.
Otros personajes que aparecen en la trama con nombre y apellido como ordenantes de transferencias a título personal son Andrea Lugli (US$ 156.160), Caio Rosenthal (US$ 80.000), Ettore Casoria (US$ 10.150) y Alexandre Dias Menegasso (US$ 10.000).
El abogado Jorge Paredes Pérez, encargado de la defensa legal en Perú de Camargo Correa, fue consultado por este medio sobre la existencia de estas evidencias y en respuesta envió una breve declaración emitida por la compañía. "Camargo Correa rechaza todos los argumentos presentados por la Fiscalía y espera ser notificada por el Poder Judicial para demostrar la incoherencia de las alegaciones que fundamentaron la acusación penal", decía.
Convoca.pe también intentó contactarse con Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo, pero no fue posible recibir respuesta al cierre de este reportaje. Se le dejó un breve cuestionario, a través de su cuenta de WhatsApp, para conocer su posición sobre las acusaciones del Equipo Especial y la información bancaria recogida. Seguiremos a la espera de sus comentarios. En el pasado, antes de permanecer por más de seis años prófugo en Estados Unidos, Toledo rechazaba "cualquier insinuación" sobre hechos de corrupción durante su gobierno.
La Fiscalía ha pedido para el expresidente, por este caso, una pena de prisión de 35 años por colusión y lavado de activos.
Todo el dinero que percibió Maiman en este circuito de pagos, los 3,9 millones, se mezclaron en sus cuentas bancarias también con parte de los sobornos que Odebrecht acordó con Toledo por la adjudicación de los Tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur. De estos, Maiman transfirió una suma conjunta de US$ 17,5 millones a otra compañía suya, Confiado International Corp, de Panamá, que manejaba una cuenta en el LGT Bank de Suiza.
Desde ahí empieza una nueva telaraña armada para redirigir los fondos ilícitos hacia Alejandro Toledo, un esquema que ya se conoce como el caso Ecoteva. Como se sabe, los montos fueron trasladados de Confiado a dos compañías costarricenses operadas por el israelí Avraham Dan On, el antiguo jefe de seguridad del exmandatario, de nombres Milan Ecotech y Ecostate Consulting.
Desde allí se movieron a una tercera compañía costarricense, Ecoteva Consulting Group, manejada por Eva Fernenbug, suegra de Toledo. Fue esta sociedad la que terminó comprando una mansión en Casuarinas por US$ 3,75 millones y una oficina por US$ 882 mil. Ambas propiedades se encontraban en el distrito limeño de Surco. También canceló las hipotecas de las casas del exmandatario en Camacho (La Molina), por un valor de US$ 217 mil, y en Punta Sal (Tumbes), por US$ 277 mil.
La aritmética simple indica que las operaciones inmobiliarias de Toledo en Perú costaron 5 millones 126 mil dólares, lo que equivale solo al 29% de los US$ 17,5 millones de los sobornos que transfirió el testaferro Maiman a las empresas constarricenses. ¿Qué pasó con los US$ 12,3 millones restantes? Esa es una respuesta que Toledo y su esposa prófuga Eliane Karp hasta ahora guardan. Por lo pronto, el esquema financiero del soborno de Camargo así como los personajes y las offshore que fueron usadas para ello por fin salen a la luz en su versión más completa.