El caso Castillo de Arena, que involucra principalmente a la constructora brasileña Camargo Correa, se mantiene a flote en el Perú pese a los intentos de sus abogados por eliminar las pruebas de la corrupción y hacer caer la investigación fiscal. 

El último miércoles 9, el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, declaró improcedente un pedido presentado por la defensa legal de la constructora brasileña en Perú, así como de su exrepresentante local Marcos de Moura Wanderley, que buscaba que se declaren "pruebas prohibidas" los elementos de convicción que tiene en su poder la Fiscalía peruana.

La audiencia se dio en el marco del caso Carretera Interoceánica Tramo IV, impulsado por el Equipo Especial Lava Jato.

Como se recuerda, la Operación Castillo de Arena fue una investigación iniciada en Brasil en el 2009 por presuntos delitos financieros que generó el allanamiento de las oficinas de Camargo Correa y la incautación de sus archivos. La documentación conseguida por la Policía Federal de ese país tenía datos explícitos sobre aportes ocultos de campañas y pagos de coimas en distintos países, incluido el Perú. 

Operativo de la Policía Federal en las oficinas de la constructora brasileña Camargo Correa. Fuente: Difusión.

En el 2011, Camargo Correa consiguió que una sala del Tribunal Superior de Justicia brasileño acogiera una demanda de habeas corpus planteado por su defensa legal e invalidara todas las pruebas recogidas, bajo el argumento de que la investigación las recaudó gracias a una denuncia anónima, algo prohibido en Brasil. Como informó Convoca.pe ese mismo año, los magistrados no valoraron todos los actos indagatorios previos para confirmar la veracidad de esa denuncia y los permisos judiciales solicitados con todas las formalidades requeridas. 

Este mismo habeas corpus es el que Camargo Correa invocó ante el Poder Judicial peruano el último miércoles, mediante un pedido de “tutela de derechos” que el juez Concepción Carhuancho desestimó.

Directivos de Camargo Correa detenidos en 2009 como parte de la operación "Castillo de Arena". Fuente: Difusión.

Origen turbulento

En junio de 2015, Convoca.pe fue el primer medio peruano en revelar la información que las autoridades brasileñas incautaron durante la Operación Castillo de Arena y que era relevante para el Perú. Entre sus archivos aparecían anotaciones hechas por los directivos de Camargo Correa sobre montos en dólares aportados a campañas políticas relacionadas a los apellidos Toledo y García, coincidentes con los expresidentes peruanos Alejandro Toledo y Alan García.

De hecho, nuestro reportaje “Cuotas y pagos millonarios de la Interoceánica” fue el punto de partida para que la Fiscalía peruana abriera la investigación del emblemático caso Carretera Interoceánica Sur, lo que dio origen a las pesquisas del Lava Jato en Perú. 

Los abogados Jorge Paredes, quien representa a Camargo Correa, y Hugo Jiménez, quien defiende al ejecutivo Marcos de Moura Wanderley, exmáximo representante de la compañía en este país, argumentaron ante el juez Concepción Carhuancho el último miércoles que la decisión de la justicia brasileña de declarar las evidencias -que ahora maneja la fiscalía peruana- como “pruebas prohibidas”  significaría que en Perú también serían nulas.

Juez Concepción Carhuancho decidió desestimar la tutela de derechos solicitada por la constructora brasileña Camargo Correa. Foto: Andina

Para sustentar el pedido de tutela de derechos, Jorge Paredes expuso el fallo del habeas corpus del Supremo Tribunal Federal de Brasil donde se señala que se debe “considerar nulo el procedimiento de invasión de datos telefónicos”, así como “los demás procedimientos derivados directamente” de la investigación ‘Castillo de Arena’.

En respuesta, el juez Richard Concepción le pidió que leyera la parte específica de la resolución brasileña donde se indica la declaratoria de “prueba prohibida”, pero la defensa no pudo responder.

A su turno, Hugo Jiménez, abogado del ejecutivo Marcos de Moura Wanderley, afirmó que la justicia brasileña notificó a la Fiscalía peruana para que devuelva las pruebas compartidas por el Ministerio Público de Brasil. “No se pusieron a disposición con autorización judicial y había prohibición judicial de compartir las referidas pruebas, pues su producción se consideró nula de acuerdo con la ley brasileña”, señaló.

En la lectura de la resolución, el juez Concepción consideró que el trámite de “tutela de derechos” no es el proceso adecuado para hacer que la justicia peruana homologue la decisión de su par brasileña. Es decir, el juez no se pronunció sobre si se han vulnerado o no los derechos de los investigados al utilizar estos elementos probatorios. El magistrado advirtió que para que un habeas corpus emitido en sede extranjera tenga validez en el Perú existe un proceso denominado “exequátur”, trámite judicial distinto al iniciado.

"Se pretende que ese fallo de la justicia brasileña se haga valer en el Perú para que, como efecto reflejo, se excluya todo el material originario y derivado del caso Castillo de Arena en Perú. A través de la tutela de derechos no se pueden reconocer fallos de la justicia extranjera", advirtió Concepción Carhuancho.

Convoca.pe conversó al respecto con la fiscal a cargo del caso Carretera Interoceánica Sur Tramo IV, Diana Canchihuamán, del Equipo Especial Lava Jato. "Toda resolución judicial, para que puedan tener eficacia fuera de la jurisdicción de su país, hay [que cumplir] figuras jurídicas procesales", señaló, en el mismo sentido que lo dictaminado por el juez Concepción. 

La fiscal Diana Canchihuamán indicó que la investigación del caso 'Castillo de Arena' se encuentra en la última fase de la etapa preliminar. Foto: Ministerio Público.

La representante del Ministerio Público precisó que, según dos acuerdos de la Corte Suprema de Justicia  este tipo de defensa técnica (tutela de derechos) debe presentarse cuando no hay otro mecanismo. Sin embargo, consideró que sí existe otro mecanismo que es precisamente el mencionado exequátur, que se debe agotar antes de solicitar la tutela de derechos.

Además, la fiscal informó a Convoca.pe que la investigación 'Castillo de Arena' en el Perú ya está en la fase final de la investigación preparatoria. 

Este medio también se comunicó con el abogado Jorge Paredes, defensor legal de Camargo Correa, para consultarle sobre si la constructora procedería a utilizar la figura legal del exequátur. Sin embargo, señaló que no está autorizado para responder por la empresa brasileña.

Expresidentes peruanos implicados

En 2015, Convoca.pe accedió a documentos incautados por la Policía Federal de Brasil en la operación Castillo de Arena. En el 2009, esa entidad allanó la oficina y domicilio de directivos de Camargo Correa. Los agentes encontraron correos electrónicos y materiales que revelaban el pago de coimas que habría realizado la empresa a políticos y funcionarios para ganar licitaciones de obras, así como datos de financiamiento oculto de campañas políticas.

Estos documentos también detallaban cuentas en el exterior como parte de un sistema de lavado de dinero.

Por ejemplo, en el material incautado al director superintendente de infraestructura internacional, Carlos Fernando Namur, existen e-mails referidos al Perú. En otras memorias USB incautadas al exdirector del Grupo Camargo Correa, Pietro Gavina Bianchi, aparecen diversos pagos relacionados al Tramo IV de la Interoceánica Sur entre 2005 y 2008, durante el gobierno de Alejandro Toledo y Alan García.

La palabra clave encontrada en estos documentos era "capilés", que en portugués significa "propinas". Según la Fiscalía brasileña, los capilés anotados para el caso peruano estaban vinculados a obras de construcción como la del tramo IV de la carretera Interoceánica Sur. En una de estas planillas se encontró una hoja de cálculo titulada “Previsão de Capilés Tramo IV – Interoceânica” (que puede traducirse como “Previsión de propinas Tramo IV-Interoceánica”).

El ex presidente Alejandro Toledo recorre la Interocenánica en campaña de 2011. Foto: Perú Posible

Camargo Correa fue una de las empresas brasileñas que integró el Consorcio Intersur, que en el 2005 ganó la licitación para construir dicho tramo de esa infraestructura vial. La agrupación empresarial también estaba conformada por las constructoras Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, también implicadas hoy en el caso Lava Jato. 

En uno de los documentos se registran las obras en ejecución mediante siglas. En el caso de la Interoceánica, la sigla "INT" aparece al lado del nombre “Toledo”, y junto a él, “Max Vanderlei”, que sería Marcos de Moura Wanderley, representante legal de Camargo Correa durante las negociaciones para la obra de la carretera con el gobierno peruano. 

Estos apuntes estaban vinculados a diversos pagos fraccionados. En una hoja de cálculo, uno de estos desembolsos por 106 mil 944 dólares, se encontraba anotado junto al nombre de la sociedad offshore Trailbridge Ltd y una cuenta en el Citibank de Londres, que ahora se sabe pertenecieron al fallecido Yosef Maiman, testaferro confeso del expresidente Toledo 

Informe de la Policía Federal del caso "Castillo de Arena".
 

Las revelaciones del informe de la Policía Federal, relacionadas a la Interoceánica, no solo abordan las postrimerías del mandato presidencial de Toledo. Incluyen, además, el período de Alan García, en el que se dieron los incrementos de los costos de la misma carretera mediante adendas. De hecho, en uno de los archivos internos de Camargo Correa, fechado en octubre de 2007, se detallan pagos paralelos de 175 mil dólares mensuales referidos a esta obra.

“Esos pagos serían divididos en seis cuotas a partir del 30/07/07”, entre julio y diciembre de 2007, señala el informe policial. Esto significaba 1 millónes 50 mil dólares, equivalentes al 0,5% de los 198 millones de dólares que valía inicialmente la obra adjudicada al consorcio Intersur.

Aportes de campaña

En septiembre de 2018, Convoca.pe hizo nuevas revelaciones como parte de la serie investigativa 'Castillo de Corrupción'. Correos electrónicos de los directivos de la constructora Camargo Correa en Perú y Brasil detallaban el plan de la empresa para contribuir en la campaña electoral de la segunda vuelta a favor del fallecido expresidente Alan García, en 2006, con el propósito de garantizar sus negocios en el país.

“Tenemos que revertir esta situación, te recuerdo que Alan no es como [Alejandro] Toledo. Es autoritario y tiene una línea de poder bien definida. ¿Imaginas en un futuro próximo no ser 'amigos' del rey?”, escribió Marcos de Moura Wanderley a Carlos Fernando Namur, director de infraestrucctura internacional, el 1 de mayo de 2006. Según las comunicaciones, estos aportes se realizarían a través de la familia Piccini, dueños de la constructora peruana Upacá, hoy implicada en el escándalo del Club de la Construcción.

Alan García y Marcos de Moura Wanderley, exdirectivo de Camargo Correa en Perú. Foto: Difusión

Casi doce años más tarde de esos correos, en febrero de 2018, Wanderley aseguró en un interrogatorio realizado en Sao Paulo ante los fiscales peruanos que no conocía sobre aportes de la compañía Camargo Correa para financiar campañas electorales en el Perú.

La cadena de correos entre Wanderley y Namur se halló en una memoria externa incautada en las oficinas de este último, en Sao Paulo. El mismo mes en que se escribieron, mayo de 2006, se hizo otra anotación: “INT. Político. GIP. García. 50.000. Campanha. [un visto]”.

Correo electrónico enviado por Marcos de Moura Wanderley a Carlos Fernando Namur el 1 de mayo de 2006.

La anotación sobre un papel impreso se encontró en los pendrives incautados en el domicilio del director Pietro Giavina Bianchi, en Brasil, como reveló Convoca.pe en junio de 2015. Bianchi era conocido como el gestor de las coimas y del financiamiento electoral dentro de la compañía.

Anotaciones referidas al consorcio Intersur en Perú. Se lee además un apunte a mano referido a una campaña política.

Mientras duró el mandato de Alan García (2006-2011), la compañía brasileña, individualmente y con otras empresas consorciadas, consiguió adjudicarse otros proyectos por 1.220 millones de soles (alrededor de 450 millones de dólares con el tipo de cambio de 2011). Uno de ellos fue la planta de tratamiento de Huachipa, por ejemplo, que también está bajo las sospechas de la Fiscalía peruana, ya que entre los archivos de Camargo Correa se encontraba la cifra "1 000 000" relacionada con el nombre de Hernán Garrido Lecca, exministro aprista de Vivienda Construcción y Saneamiento.