COVID-19: Empresas con antecedentes de inhabilitación obtuvieron contratos por S/ 4.9 millones con entidades públicas en Loreto

Mientras la población de la región Loreto era golpeada por la primera ola del COVID-19, cinco compañías con antecedentes de haber sido inhabilitadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), por graves infracciones o posibles delitos, obtuvieron contratos por 4'963,397 soles para vender canastas de víveres, equipos médicos, generadores eléctricos y otros productos a entidades públicas de esta región, según registros oficiales analizados por Convoca.pe.

Las empresas L & F Service S.R. Ltda, Intecweld Import S.A.C, Plus Service de Lloici Castro Gaviria S.A.C. y Técnicas CP S.A.C consiguieron adjudicaciones del Gobierno Regional de Loreto y otras dependencias relacionadas a esta jurisdicción administrativa. En tanto, Comercial Adriano S.R.L. contrató con el Hospital Regional de Loreto y también con diferentes municipalidades de la región, como de la provincia de Maynas (Iquitos) y de los distritos de Alto Nanay, Tapiche, Rosa Panduro y Puhinahua.

Los contratos fueron otorgados entre abril y setiembre de 2020, en el pico más alto del avance de la pandemia del coronavirus en Loreto. Los antecedentes de haber sido sancionadas temporalmente como proveedoras del Estado, no fueron impedimento para que esas empresas fueran contratadas por las mencionadas entidades públicas.

Loreto ha registrado 65,297 casos de coronavirus y 2,477 fallecidos por la pandemia, hasta el sábado último, según la Diresa de esa región. Foto: Difusión

La gestión del gobernador regional Elisbán Ochoa Sosa ya estaba en la mira de la Contraloría, luego de que detectara —en mayo de 2020— el intento de la Dirección Regional de Salud de adquirir 200 balones de oxígeno por 416 mil soles, vía contratación directa, a Inversiones y Servicios Marial E.I.R.L., a pesar de que esta compañía tenía impedimento de contratar con el Estado debido a que no tenía como actividad principal la venta y distribución de oxígeno medicinal. En realidad, su principal actividad económica estabe en el rubro de productos de construcción, ferretería y otros. Esta presunta irregularidad está bajo investigación en el Ministerio Público.

Cuando se conoció sobre el "paciente cero" de COVID-19 en el Perú, en marzo de 2020, médicos del Hospital de Apoyo de Iquitos exigieron al gobernador Ochoa que tomase acciones para evitar una “catástrofe” en la región. Como respuesta, recibieron una amenaza de despido, si realizaban una protesta. Semanas después, la autoridad regional empezó con la adquisición de equipos y materiales para este nosocomio, en la modalidad de compra directa. No obstante, debe anotarse que, en el marco del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se permite aplicar esta forma de adquisiciones de bienes de manera rápida, con el fin de atender la crisis sanitaria.

Reincidente y vigente

El Consorcio ROME se adjudicó un contrato con el Gobierno Regional de Loreto por 280,000 soles para la compra de equipos médicos para la Dirección Regional de Salud de Loreto, en 2020, durante el estado de emergencia por la pandemia.

Este consorcio está integrado por L & F Service S.R. Ltda., la cual fue sancionada el 10 de abril de 2014 por el Tribunal de Contrataciones de OSCE con una inhabilitación de diez meses para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al no suscribir injustificadamente un contrato.

Esta sanción se remonta al 14 de agosto de 2013, cuando la Zona Registral N° III-Sede Moyobamba, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), le otorgó a L & F Service S.R. Ltda. la buena pro por 566,400 soles para la contratación del servicio integral de limpieza.

Sin embargo, un mes después, el 14 de septiembre de 2013, la SUNARP le comunicó a la compañía que había perdido la adjudicación por haber presentado la documentación fuera del plazo legal. El 16 de octubre de 2013, la institución informó al respecto al Tribunal de Contrataciones del Estado y solicitó el inicio del procedimiento administrativo sancionador para L & F Service S.R. Ltda.

Establecimiento de L & F Service en la capital loretana. Foto: Jean Martín Murayari / Convoca.pe

En sus descargos ante el tribunal del OSCE, la empresa reconoció haber cometido la infracción y señaló que contó el plazo desde la publicación del consentimiento de la buena pro en el Seace (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado), razón por la que solicitó una reducción de la sanción.

El 14 de marzo de 2014, mediante Resolución N° 405-2014-TC-S2 la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, dispuso sancionar a L & F Service S.R. Ltda., con diez meses de impedimento para contratar con entidades estatales.

La compañía presentó un recurso de reconsideración, con el argumento de que el tribunal administrativo sancionador no tuvo en consideración la distancia de su domicilio, pues su representante legal tenía que desplazarse desde Iquitos (Loreto) hasta Moyobamba (San Martín). Sin embargo, el OSCE lo declaró infundado y confirmó la resolución de inhabilitación.

Pero esta no es la única sanción impuesta a L & F Service S.R.Ltda. El 7 octubre de 2020, nuevamente, fue sancionada y, actualmente, se encuentra impedida de contratar con el Estado por seis meses, debido a que presentó "documentación con información falsa o inexacta" como parte de su oferta ante la Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria), en el Concurso Público N° 00021-2019-SUNAT/3L0300, para la “contratación de servicio de limpieza y actividades afines para los locales de la SUNAT en Loreto”.

El impedimento para contratar con el Estado fue impuesto en octubre último, sanción que finaliza en abril próximo.

En la Resolución 2177-2020-TCE-S1, del Tribunal de Contrataciones, se indica que la SUNAT realizó una acción de fiscalización para cruzar información y solicitó a Pluspetrol Norte S.A. que confirmara la documentación que L & F Service S.R.Ltda. había presentado en el proceso de adjudicación, como la constancia de capacitación del 23 de mayo de 2015 por 120 horas; y la constancia de capacitación del 30 de marzo de 2016, por 60 horas; y una invitación a un curso del 18 de diciembre de 2015, emitida por Marco Arellano Ramírez, en calidad de coordinador socio ambiental-EHS de Pluspetrol Norte S.A..

La respuesta de Pluspetrol Norte S.A. fue que no imparte ninguna capacitación al personal de sus contratistas, que la emisión de los certificados no fue autorizada por ninguna gerencia de la compañía y que Marco Arellano Ramírez laboró en su compañía hasta el 1 de septiembre de 2015.

Después de inhabilitar a la empresa, el Tribunal de OSCE también dispuso poner la resolución y copia del expediente en conocimiento del Ministerio Público, a la jurisdicción del distrito fiscal de Lima.

El 7 de enero pasado, Convoca.pe llegó hasta la sede de la empresa L & F Service S.R.Ltda., en la Av. Elias Aguirre 1501, en el el distrito de Belén, provincia de Maynas, donde manifestaron que el gerente David López Shardin se encontraba en una reunión y dieron su número celular para coordinar una entrevista. A pesar de la insistencia, no respondió las llamadas hasta el cierre de esta edición.

Regidora era socia de empresa

Para la entrega de bolsas de víveres durante el estado de emergencia nacional por el COVID-19, cinco municipios de la región Loreto contrataron con Comercial Adriano SRL, cuya representante legal es Sandra Luisa Gutiérrez Valera. El monto total de estas contrataciones ascendieron a 512,600 soles.

En abril de 2020, la municipalidad provincial de Maynas, a cargo del alcalde Francisco Sanjurjo Dávila, emitió una orden de compra por 49,225 soles con Comercial Adriano SRL., para la adquisición de alimentos destinados a familias vulnerables durante el estado de emergencia; mientras que la Municipalidad Distrital de Rosa Panduro, en la provincia de Putumayo, en la frontera con Colombia, también contrató a esta empresa, por 49,999 soles, con el fin de comprarle 210 kits de víveres para la canasta básica familiar.

Esta empresa proveedora fue sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado, el 26 de abril de 2016, con 18 meses de inhabilitación para participar en procesos de selección y contratar con organismos públicos, por presentar documentación falsa.

Local de Comercial Adriano en Iquitos. Foto: Jean Martín Murayari / Convoca.pe

Según la Resolución 0796-2016- TCE-S2 de OSCE, el 4 de junio de 2015, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Loreto y Comercial Adriano SRL suscribieron un contrato de compra de canastas de víveres para el personal nombrado de dicha entidad por 216,000 soles. Sin embargo, un informe de la presidencia ejecutiva del OSCE reveló que identificaron autoridades electas para el periodo 2015 al 2018 que contrataron con instituciones públicas, pese a que estaban impedidas por la Ley de Contrataciones del Estado.

El Informe N° 00S-2015/0EE, del 14 de julio de 2015, evidenció que Patricia Gutiérrez Valera era regidora provincial de Maynas y socia de Comercial Adriano SRL, con una participación del 20% en el capital o patrimonio social. La regidora elegida para el periodo 2015 al 2018, por el Movimiento de Integración Loretana (MIL), fundado por el actual congresista y expresidente regional de Loreto, Fernando Meléndez, estaba impedida para contratar con el Estado.

Inhabilitación impuesta por el Tribunal de Contrataciones de OSCE en abril de 2016.

Contactado por Convoca.pe, Jorge Gutiérrez Zumaeta, representante legal de Comercial Adriano SRL, se pronunció sobre la sanción del Tribunal de OSCE. “Nos sancionó por el artículo 10, porque nosotros supuestamente no podíamos contratar con el Estado pues una de las socias era regidora, lo cual no era cierto porque la regidora, que es mi hija Patricia Gutiérrez Valera, ya había salido de la empresa dos años antes”, alegó.

Al ser consultado sobre por qué la regidora Patricia Gutiérrez seguía figurando como socia —según estableció OSCE—, si ya no era parte de la empresa, Gutiérrez respondió: “porque hay un sinvergüenza, que ha sido también regidor, que responde a Fernando Meléndez . Ellos buscaban, de alguna forma, perjudicar la gestión de la entonces alcaldesa de la provincia de Maynas, Adela Jiménez, y por eso involucraron a la regidora Patricia con el supuesto hecho de que ella era parte de una compañía que estaba contratando con el Estado, y no era verdad”.

Productos distintos a lo ofrecido

Intecweld Import S.A.C. es una de las empresas a las que el Gobierno Regional de Loreto le adjudicó un contrato por 473,430 soles para la adquisición de materiales y equipos médicos durante la pandemia del coronavirus.

Esta proveedora fue sancionada en 2016 por el OSCE, debido a que entregó productos de otras marcas que no estaban incluidos en el contrato firmado el 2015 con la Dirección Regional de Salud de Huancavelica. Dicha entidad había convocado a una adjudicación directa selectiva para la "Adquisición de tensiómetros de mercurio de sobremesa portátil, para los establecimientos de la Red de Salud Huancavelica”,  por un valor referencial de 57,469 soles.

En los antecedentes de la resolución del OSCE se detalla que “de la revisión a los tensiómetros que fueron entregados con fecha 23 de noviembre de 2015, aquellos no cumplen con las especificaciones que el contratista había ofertado", pues se "observa que en la caja del bien los accesorios son de procedencia china, taiwanesa, indonesa, no consignan el país de procedencia, el catálogo en inglés muestra diferentes años, 2012, 2013, no obstante que el producto consigna el año 2015".

En Loreto existe el temor de que la variante brasileña del COVID-19 acelere los contagios y decesos, por esa razón sus autoridades piden el cierre de la frontera con Brasil. Foto: Difusión

En el contrato, Intecweld Import S.A.C. se había comprometido a entregar productos de la marca American Diagnostic Corporation-ADC-USA, en clara alusión a que el artefacto biométrico era de procedencia estadounidense e incluía los accesorios.

Ante estos hechos irregulares, la Dirección Regional de Salud Huancavelica resolvió el contrato, bajo la causal de acumulación de la máxima penalidad por mora, y el tribunal del OSCE inhabilitó Intecweld Import S.A.C. durante siete meses para contratar con el Estado.

Convoca.pe solicitó formalmente la versión del gerente general de Intecweld Import S.A.C., Hernán Chávez Medina. Su secretaria dijo que nos daría una entrevista, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta. La sede principal de esta compañía se encuentra en Lima.

Incumplimiento de plazos

Otra de las proveedoras con antecedentes de inhabilitación que contrató con el Gobierno Regional de Loreto durante la pandemia es Plus Service de Lloici Castro Gaviria S.A.C. El 12 de junio de 2020, obtuvo una adjudicación por 78,000 soles, para la venta de equipos médicos y ropa a la Dirección Regional de Salud.

El 25 de febrero de 2016, esta compañía fue sancionada por el OSCE tras incumplir el contrato adjudicado por la Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (DARES) del Ministerio de Salud que, en 2015, generó la Orden de compra N° 0000188 por 10,667 soles, para adquirir proyectores multimedia, que debían ser entregados en el plazo de 30 días calendario.

A través del Oficio N° 1330-2015-DARES-MINSA, presentado el 16 de septiembre de 2015 al Tribunal de Contrataciones del Estado, la DARES comunicó que el contratista no cumplió la obligación contractual, al no entregar los equipos dentro del plazo establecido.

El tribunal del OSCE sancionó a Plus Service de Lloici Castro Gaviria con cinco meses de inhabilitación para contratar con entidades públicas, pues el contrato fue resuelto por una causa atribuible al propio contratista.

Sanción del tribunal de OSCE que la gerente general de Plus Service afirma "no recordar".

En entrevista con Convoca.pe, Lloici Castro Gaviria, gerente general de Plus Service, sostuvo que no recordaba que el OSCE haya inhabilitado a su compañía para contratar con el Estado durante cinco meses. Sin embargo, declaró que “en este negocio siempre hay incumplimiento, no porque uno no quiera cumplir, sino por las cosas del destino o algunos casos fortuitos no se puede cumplir”.

“Se lo juro que no recuerdo que mi empresa haya sido sancionada alguna vez. No me ha llegado ninguna resolución, no me ha llegado nada del OSCE o ni cuenta me di, porque de repente en esos meses no estaba vendiendo”, aseveró Lloici Castro.

No firmaron contrato

La quinta firma con antecedentes de sanciones es Técnicas CP S.A.C., cuyo representante es Denis Alain Reyna Baldeón. Durante la pandemia, consiguió dos contratos a través de proceso directos con el Gobierno Regional de Loreto por 3'619,284 soles en total, de acuerdo con información oficial de Seace. La primera adjudicación fue para la compra de equipos médicos por 79,284 soles, en junio; y la segunda, generadores eléctricos por 3'540,000 soles, en agosto.

Años atrás, el 27 de octubre de 2014, esta compañía había sido sancionada por el OSCE por no presentar los documentos requeridos tras obtener la buena pro del Gobierno Regional de Moquegua, para la adquisición de equipo y accesorios para ensayo triaxial (que mide la resistencia de los suelos), por un valor de 99,500 soles.

Según la resolución de sanción del OSCE, el Gobierno Regional de Moquegua informó —mediante Oficio N° 369-2014-P/GR.MOQ— que la adjudicataria no presentó los documentos ni se apersonó a la suscripción del contrato.

La gestión del gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, está bajo el escrutinio de la Contraloría y el Ministerio Público. Foto: Difusión

En la presentación de sus descargos, el representante de la empresa afirmó que el personal a cargo no hizo el seguimiento debido al proceso de selección, dejando pasar los siete días hábiles que establece la ley. Sin embargo, aseguró que se encontraban tramitando los documentos necesarios y presentaron como prueba la Carta Fianza N° D000-01969321, del 24 de diciembre de 2013, pues el Banco de Crédito del Perú garantizó la ejecución y el cumplimiento del contrato por el 10% del monto adjudicado.

Estos argumentos no fueron suficientes para evitar que el tribunal del OSCE los sancione con una inhabilitación de seis meses de impedimento para participar en procesos de selección y contratar como proveedor del Estado.

Convoca.pe intentó sin éxito recoger la versión de Técnicas CP S.A.C. Los teléfonos de sus oficinas en Lima e Iquitos, se encuentran inoperativos.

Contraloría investiga contrataciones

Al ser consultado por Convoca.pe sobre las empresas contratadas con antecedentes de inhabilitación, el director regional de Salud de Loreto, Carlos Calampa del Águila, dijo que, tras asumir el cargo —el 7 de mayo de 2020— pidió una auditoría sobre las contrataciones que se hicieron en los primeros meses de la crisis sanitaria del COVID-19, debido a los cuestionamientos de la población ante la poca transparencia.

“Eso ya le corresponde a Control Interno y a la Contraloría, que está trabajando en ello. Las adquisiciones con las empresas contratadas fueron para la Dirección Regional de Salud. Cada contratación está (bajo el escrutinio) del órgano de control, y ahora parte de su evaluación tiene que ver con eso”, declaró Calampa.

(*) Periodistas en Red es un proyecto colaborativo que lidera Convoca.pe en alianza con La República, El Tiempo de Piura, El Búho de Arequipa y reporteros independientes de diversas regiones del país.