La mañana de ayer en el Congreso los parlamentarios miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento eligieron a su Consejo Consultivo ad honorem, un grupo de abogados que será consultado sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que presenten los congresistas y que se discutan al interior de este espacio.

Convoca.pe analizó la lista de participantes en este nuevo Consejo Consultivo e identificó que hay abogados que han ejercido la defensa legal de partidos políticos y también quienes los han integrado. Por otro lado, se pueden encontrar letrados que arrastran acusaciones o investigaciones de corrupción y quienes apoyan las causas del grupo ultraconservador Coordinadora Republicana.

De los 37 miembros escogidos, 25 fueron propuestos inicialmente por la presidenta de este grupo de trabajo, la fujimorista Patricia Juárez.

Este consejo de abogados adquirirá una particular relevancia en el contexto político actual, pues opinará sobre los proyectos que las bancadas del Congreso ya vienen proponiendo para modificar o interpretar la Constitución Política con una celeridad inusitada. Por ejemplo, en menos de un mes, se han presentado cuatro iniciativas legislativas que pretenden limitar las condiciones del Poder Ejecutivo para solicitar la “cuestión de confianza” y que algunos especialistas consideran inconstitucionales.

Conservadores agrupados

En el grupo de los abogados conservadores que se adhieren a los comunicados de la Coordinadora Republicana, grupo que impulsa protestas desconociendo los resultados de la última elección presidencial y que promueve la vacancia del mandatario Pedro Castillo, se encuentran los abogados Ángel Delgado, Natale Amprimo y Lucas Ghersi Murillo.

Con poco más de un año de experiencia laboral como abogado, Lucas Ghersi fue llamado como "especialista" en el consejo consultivo de la Comisión de Constitución. Foto: Difusión.

Ghersi Murillo, que es hijo del también abogado Enrique Ghersi, dirige en la actualidad un proceso de recolección de firmas para evitar el cambio total de la Constitución, en un intento por frenar la probable iniciativa de convocatoria a una Asamblea Constituyente. Participa de eventos de la Coordinadora Republicana y hasta tiene una videocolumna.

Durante la última campaña electoral, tanto Ghersi padre como Ghersi hijo revelaron públicamente sus preferencias por la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

Pese a que la congresista fujimorista Patricia Juárez aseguró que el Consejo Consultivo se formaría con abogados constitucionalistas de destacada experiencia y trayectoria, Lucas Ghersi no resalta precisamente por tener un interesante currículo profesional. Según el registro de grados y títulos de la Superintencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), Ghersi Murillo obtuvo su título de abogado recién en el 2018.

Además, de acuerdo con su cuenta de Linkedln, el hijo de Enrique Ghersi solo registra un año y dos meses de experiencia laboral como abogado, desde julio del 2020 hasta la actualidad, en el estudio jurídico de su padre. También figura como docente a tiempo parcial de la Universidad San Martín de Porres desde marzo de 2019.

En el caso de Ángel Delgado, este abogado es el presidente del consejo directivo de la Coordinadora Republicana. También es recordado por haber defendido al cuestionado Pedro Chávarry, ex fiscal de la Nación, de las acusaciones constitucionales que le interpuso el Ministerio Público y otros congresistas por los delitos de organización criminal, obstrucción a la justicia, entre otros.

Según el portal Infogob, en 2006 fue elegido regidor de la Municipalidad de Lima por la coalición de derecha Unidad Nacional. Luego estuvo afiliado entre el 2009 y el 2010 al partido Solidaridad Nacional, hoy denominado Renovación Popular, con representación en el Congreso.

Natale Amprimo también es adherente de varios comunicados firmados por la Coordinadora Republicana y ha participado de eventos organizados por este grupo.

Ángel Delgado (quien toma el micrófono) de la Coordinadora Repúblicana fue abogado del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Foto: Twitter.

Defensores políticos

En la lista de nuevos miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución también se encuentran abogados conservadores que además son proclives a la tesis fujimorista del supuesto "fraude electoral" en la última segunda vuelta. Es el caso de Óscar Urviola Hani y Lourdes Flores Nano.

Los mencionados abogados integraron, junto con otros profesionales del derecho, la defensa técnica ante el Jurado Nacional de Elecciones de la candidatura de Keiko Fujimori. Este equipo emprendió una serie de medidas legales que retrasaron la proclamación de Castillo hasta el último 19 de julio, a nueve días del cambio de mando.

Como se recuerda, Fujimori presentó a su grupo de abogados como "defensores de la constitución y la legalidad", los mismos que alegaron que hubo falsificaciones de firmas en mesas electorales, que hasta ahora no se probaron, y que intentaron que la autoridad electoral aceptara sus solicitudes extemporáneas pidiendo la nulidad en masa de actas favorables a Castillo.

Tanto Urviola, quien fue magistrado del Tribunal Constitucional, como Flores, recordada por sus constantes intentos de llegar a la presidencia como militante del Partido Popular Cristiano, participaron activamente como representantes de Fuerza Popular durante las sesiones en las que el Pleno del JNE analizó los recursos presentados por la organización naranja.

Flores Nano además viene siendo investigada por el Equipo Especial del caso Lava Jato, del Ministerio Público, por haber recibido presuntos aportes de campaña no declarados de parte de la constructora Odebrecht en el 2010.

Fujimori está prohibida de comunicarse con Flores, por disposición del Poder Judicial, ya que la abogada es también testigo en el caso por lavado de activos y organización criminal que le sigue el mismo grupo de fiscales a la excandidata de Fuerza Popular.

Patricia Juárez invitó a Óscar Urviola y Lourdes Flores a integrar el consejo consultivo de la Comisión de Constitución. Foto: Difusión.

Convoca.pe también encontró en la lista de la Comisión de Constitución otros dos abogados defensores de partidos políticos y de excandidatos. Se trata de Gustavo Gutierrez Ticse y de Anibal Quiroga León, quienes defendieron a los partidos Renovación Popular y Avanza País, respectivamente, durante el último proceso electoral.

Gutiérrez Ticse asumió la defensa del excandidato a la presidencia de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para apelar una sanción impuesta por el Jurado Electoral Especial del Callao por infringir las normas de propaganda electoral. Sus esfuerzos fueron en vano, pues el JNE rechazó la apelación en mayoría.

El mismo abogado también había sido defensor de la entonces candidata al Congreso por Ucayali de Renovación Popular, Clara Mera Diez, quien fue excluida del proceso electoral por omitir información en su hoja de vida. En ese proceso, tampoco logró librar a su defendida de la sanción que terminó por excluirla de los comicios.

Por su parte, Anibal Quiroga León fue abogado del partido Avanza País en el proceso de una tacha electoral contra la candidatura presidencial de Hernando de Soto, que fue analizada por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1. Esta se basó en que De Soto consignó en su hoja de vida el grado de demi licence, obtenido en 1964 en la Universidad de Ginebra, sin que este se encuentre inscrito en los Registros de Grados y Títulos de la Sunedu. Esta vez, el pedido de tacha fue desestimado.

En tanto, otros abogados que fueron magistrados del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda y Gerardo Eto Cruz, también fueron elegidos como miembros de consulta de la Comisión de Constitución.

Ambos ex magistrados son recordados por haber firmado, en el 2014, un fallo del Tribunal Constitucional que ordenó al ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) nombrar a César Hinostroza Pariachi como fiscal supremo. Hinostroza hoy se encuentra a la espera de que se resuelva un pedido de extradición ante los tribunales de España, país a donde fugó para evadir la justicia por el sonado caso de corrupción 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

Eto Cruz fue denunciado constitucionalmente por presuntamente haber recibido 80 mil dólares de soborno. Foto: El Comercio.

Además, en el 2015, el fiscal supremo Pablo Sánchez, entonces fiscal de la Nación, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el exmagistrado Gerardo Eto. La denuncia se basó en el testimonio de un colaborador eficaz que declaró que el hoy condenado Roberto Torres Gonzales, exalcalde de Chiclayo, ordenó entregarle a Eto Cruz, en el 2012, un soborno de 80 mil dólares en efectivo a cambio de que lo favorezca con su voto en un proceso en el Tribunal Constitucional, para anular una sentencia en su contra.

En julio de 2016, el Congreso rechazó la denuncia constitucional, lo que impidió el levantamiento de su inmunidad para que respondiera ante la justicia.

En el mismo rol de miembros del Consejo Consultivo también se encuentra el abogado Carlos Hakansson Nieto, cuya postulación como candidato al Tribunal Constitucional fue rechazada en la última legislatura del Parlamento anterior. No alcanzó los 87 votos necesarios para poder ser nombrado como magistrado del máximo órgano de justicia constitucional.

Por último, también está la abogada Delia Muñoz Muñoz. La abogada fue ministra de Justicia cuando el excongresista Manuel Merino tomó el gobierno por cinco días. Además, estuvo vinculada al segundo mandato aprista de Alan García, en el que fue procuradora pública supranacional entre 2009 y 2011. 

Delia Muñoz, que también ha firmado varias proclamas de la Coordinadora Republicana, fue la encargada de asumir la defensa del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una de las audiencias en la que la entidad de justicia internacional analizó los hechos ocurridos durante el 'Baguazo'. En una reunión de noviembre de 2011, solo seis meses después de la matanza en la Curva del Diablo, en Bagua, Muñoz negó que haya existido una masacre y sostuvo que el gobierno aprista había sido injuriado.