Hoy se cumple una década del lamentable 5 de junio de 2009 en el que miembros de la policía fueron enviados a desalojar a más de dos mil indígenas awajún wuampis y mestizos, quienes habían tomado durante 53 días la zona denominada la "Curva del Diablo", ubicada entre los caseríos Siempre Viva y el Reposo en Bagua en la región Amazonas, en protesta por dos decretos legislativos que vulneraban su derecho a la consulta previa. Este desalojo dejó como saldo la muerte de 33 personas, incluidos 23 policías, y se registraron graves violaciones a los derechos humanos.

En el 2009 se promulgaron dos decretos legislativos del segundo gobierno del fallecido Alan García y que se elaboraron como parte de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Como recuerda Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), ambos decretos vulneraban el derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas y dejaban solo en el Estado la decisión de aprobar las inversiones petroleras y mineras. 

Ese penoso día a las 5 de la mañana el entonces segundo gobierno de Alan García mandó a 369 efectivos policiales para iniciar el desalojo de los manifestantes indígenas. La policía arrojó bombas lacrimógenas desde los helicópteros. En medio del conflicto, ya en tierra, la policía disparó contra los manifestantes, resultando herido de bala el líder awajún Santiago Manuin, hecho que exacerbó a los manifestantes. 

Durante el conflicto, los indígenas tomaron la subestación de bombeo 6 de Petroperú en protesta donde tomaron como rehenes a 39 personas (38 policías y un ingeniero). Más tarde, ese 5 junio, se encontraron los cadáveres de 10 policías. Aún falta resolver la desaparición del mayor Felipe Bazán.

Luego de estos hechos de violencia la Fiscalía abrió cinco investigaciones que involucran principalmente a manifestantes indígenas presentes en las protestas y recientemente se abrió juicio oral a seis oficiales de la policía que tuvieron responsabilidad en la dirección de los operativos, pero no hay ningún proceso judicial sobre las responsabilidades de los ministros del régimen aprista. 

El 5 de junio de 2009 la denominada "Curva del Diablo" se convirtió en un infierno. Foto: Reuters.

En el caso "Curva del Diablo" en setiembre de 2016 el Poder Judicial en primera instancia absolvió a los 53 indígenas acusados por delitos como homicidio agravado y lesiones graves, entre otros, en agravio de 27 policías (12 muertos y 15 heridos).  Sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría del Ministerio del Interior han presentado una apelación que busca que la Corte Suprema anule el fallo y abra un nuevo juicio.

Mientras en el caso "Estación 6" el juicio oral se inició en marzo de este año con la etapa de declaraciones de los testigos ofrecidos por el Ministerio Público. El abogado de los indígenas acusados Juan Quispe indica que los procesados fueron los que protestaron al interior de la estación, pero no se ha probado que ellos dieran la orden o hayan ejecutado a los efectivos policiales, versión que se corrobora con la versión de los trabajadores de Petroperú que señalan que fue una turba distinta a los protestantes los que agredieron a los dirigentes indígenas y atacaron a los policías que estaban desarmados.

En el caso de la denuncia de los "deudos de la familia policial" contra la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, investigada por el presunto delito de homicidio culposo y exposición de personas al peligro, al sostenerse que ella fue quien ordenó el operativo policial, esta fue archivada en agosto de 2012 por el exfiscal de la Nación, José Peláez Bardales, quien señaló que Cabanillas no tuvo responsabilidad penal porque su cargo “no tiene al mando de la Policía Nacional”.

En el 2012, el entonces fiscal de la Nación, José Pelaez, archivó la denuncia de los familiares de las víctimas de la Policía contra la exministra aprista Mercedes Cabanillas. Foto: Andina.

Respecto al caso de la denuncia a los oficiales denominado "Generales de la Policía", luego de más de nueve años, en febrero de 2019 la Fiscalía Superior Mixta de Bagua acusó formalmente a seis miembros de la PNP para quienes pide 25 años de carcel por el delito de homicidio simple y lesiones graves en agravio de más de 200 indígenas. Entre los acusados figuran los ex generales, José Armando Sánchez Farfán, Luis Elías Muguruza Delgado y Javier Uribe Altamirano, que participaron en el desalojo de la "Curva del Diablo".

Proceso a Mercedes Cabanillas podría reabrirse

En entrevista a Convoca.pe, el abogado Quispe Capacyachi indicó que en estos procesos judiciales hay una evidente desproporción y trato desigual entre indígenas, policías y políticos, pues la justicia prefirió “llevar a juicio” primero a manifestantes de las comunidades indígenas y recién nueve años después a los generales de la Policía, mientras que a los políticos como la exministra aprista Mercedes Cabanillas, no se abrió proceso judicial y se archivó la investigación.

Quispe estima que pese a que la investigación a Cabanillas fue archivada, este caso podría abrirse nuevamente con el resultado del juicio oral contra los seis oficiales de la policía que iniciaría en agosto de este año, quienes tendrían que declarar en el juicio por las responsabilidades de Cabanillas.

Ya en mayo de 2012 el general Elías Muguruza, procesado en el caso “Generales de la Policía”, señaló que fue la exministra del Interior junto al exdirector de la Policía, José Sánchez Farfán, quienes dieron la orden para el desalojo violento de los manifestantes indígenas. 

También, en agosto de 2012, el general Javier Uribe Altamirano, en ese entonces jefe de la IV Dirección Territorial Policial con sede en Tarapoto, en cuya jurisdicción se encuentra Bagua, señaló ante el Tribunal Disciplinario de la PNP que fue por orden directa de Cabanillas que el general Elías Muguruza asumió el operativo de desalojo en la "Curva del Diablo".

En febrero de 2019 la Fiscalía presentó acusación contra seis oficiales de la Policía por los hechos de la "Curva del Diablo". Foto: La República.

El Estado debe cumplir con la consulta previa a los pueblos indígenas

En declaraciones a Convoca, la ganadora del Premio Goldman por la protección de los derechos indígenas e integrante de Aidesep, Ruth Buendía, señaló que para evitar los enfrentamientos entre comunidades y autorizadas el Estado debe cumplir con el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que señala que es de obligatorio cumplimiento que se consulte a los pueblos indígenas en los casos de exploración y explotación de recursos extractivos.

Buendía considera que hay una resistencia de parte de los diferentes niveles del Estado para cumplir con el Convenio 169 vigente en el Perú desde febrero de 1995 y que esta resistencia a aplicarlo responde a lobies de empresas extractivas que buscan dominar los territorios de los pueblos indígenas.

“No pueden decir que nosotros no podemos tener derechos territoriales. Somos ciudadanos peruanos y el Estado tiene que remediar las consecuencias de la vulneración de nuestros derechos”, indicó Buendía.

Añadió que, además del cumplimiento de la consulta previa, el Estado debe garantizar políticas de educación y salud a favor de los pueblos indígenas lo que es una deuda histórica de parte de los gobiernos.

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Foto principal: Peru 21.