La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la parlamentaria fujimorista Patricia Juárez, invitó para su sesión del último 24 de agosto a tres juristas para opinar sobre los proyectos de ley que cuatro bancadas impulsan para limitar las condiciones de la "cuestión de confianza". Los tres expertos invitados ya habían emitido antes declaraciones en una línea muy parecida a la que plantean las iniciativas legislativas, por lo que el debate parlamentario se convirtió más bien en un intercambio de sugerencias.

Se trata de los constitucionalistas Gerardo Eto Cruz y Domingo García Belaúnde, así como del abogado experto en derecho parlamentario César Delgado Guembes.

Gerardo Eto Cruz, exmagistrado del Tribunal Constitucional, arrastra como antecedente una grave acusación de corrupción que nunca pudo esclarecerse gracias al propio Parlamento, que no quiso levantarle la inmunidad cuando se le solicitó hacerlo.

En el 2015, el fiscal supremo Pablo Sánchez, entonces fiscal de la Nación, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra este exmagistrado. La denuncia se basó en el testimonio de un colaborador eficaz que declaró que el hoy condenado Roberto Torres Gonzales, exalcalde de Chiclayo, ordenó entregarle a Eto Cruz, en el 2012, un soborno de 80 mil dólares en efectivo a cambio de que lo favorezca en un proceso en el Tribunal Constitucional.

El exmagistrado Eto Cruz recomendó fusionar los proyectos sobre interpretación de la cuestión de confianza.

El segundo invitado, Domingo García Belaúnde, también conoce muy bien el caso del exalcalde Roberto Torres Gonzales, encarcelado cabecilla de la red criminal  'Los limpios de la corrupción', pues fue su abogado.

Además, García Belaúnde es recordado por apoyar, luego de la última segunda vuelta electoral, la estrategia legal del partido fujimorista Fuerza Popular para sustentar un presunto "fraude" que hasta ahora no han conseguido probar.

El tercer invitado, César Delgado Guembes, es experto en derecho parlamentario y tuvo el cargo de Oficial Mayor del Congreso en el 2003. En enero del 2020, tres meses después de que el entonces presidente Martín Vizcarra dispusiera el cierre del Parlamento por un segundo rechazo a una cuestión de confianza, publicó con el apoyo del Fondo Editorial del Congreso precisamente un libro titulado "Condiciones de validez de la cuestión de confianza en el Perú".

Entre sus páginas, Delgado sostiene que la "denegación fáctica" de la confianza que argumentó Vizcarra para cerrar el Congreso no tuvo sustento constitucional y, por tanto, la disolución carecería de validez. Esta era la misma posición que defendían los congresistas cesados. En el momento en el que el Fondo Editorial del Congreso editó e imprimió los 500 ejemplares de esta monografía, solo funcionaba la Comisión Permanente del Parlamento disuelto.

La sesión

En la última sesión de la Comisión de Constitución, los invitados analizaron y dieron recomendaciones para los proyectos de Ley presentados por las bancadas de Acción Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Podemos Perú. Las iniciativas legislativas buscan modificar las condiciones sobre las cuales el Poder Ejecutivo puede plantear la "cuestión de confianza".

Como se sabe, la "cuestión de confianza" es un mecanismo constitucional que permite al gobierno condicionar la permanencia en el cargo de todos los miembros de su Consejo de Ministros a la aprobación, de cualquier tema, del Congreso. Si es rechazada, todos los ministros deben renunciar. Si el Parlamento la niega dos veces en un mismo período de gobierno, el presidente de la República queda facultado para disolverlo.

Desde que ocurrió el cierre del Congreso en septiembre de 2019, varias propuestas han surgido de este poder el Estado para limitar esta facultad constitucional y exclusiva del presidente.

En el escenario deseado por estas bancadas, el Parlamento evitaría que el gobierno pueda aplicar este mecanismo constitucional para condicionar la aprobación de proyectos que él mismo enviase al Parlamento o respecto a decisiones que competen exclusivamente al Poder Legislativo, como la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional o del defensor del Pueblo, por ejemplo.

Durante su intervención en la sesión, Gerardo Eto Cruz recomendó a las bancadas de Avanza País y Alianza para el Progreso que fusionen sus proyectos de "interpretación" de las facultades del Ejecutivo para presentar estas solicitudes de confianza. 

Además, Eto Cruz consideró que los integrantes de las bancadas parlamentarias deben pensar de una forma "un poquito maliciosa" y sugirió que aprueben una norma de interpretación de la cuestión de confianza "como si fuera una Ley Orgánica". Esto, con la intención de que la ley aprobada no sea objeto de una demanda de inconstitucionalidad.

El caso Eto

Gerardo Eto Cruz, quien fue elegido como miembro del Tribunal Constitucional en el 2007 por un Congreso de mayoría aprista, no destaca entre la opinión pública justamente por sus relevantes fallos como magistrado de este colegiado jurisdiccional. Es más bien recordado por la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público, a cargo del entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez, por la presunta recepción de una robusta coima por parte del exalcalde de Chiclayo.

El caso se retrotrae al 2012, cuando el Poder Judicial condenó al exburgomaestre norteño a dos años de prisión suspendida por el delito de peculado de uso al utilizar vehículos municipales para el traslado de sus familiares. Esta primera sentencia también generó que Torres sea vacado del cargo de alcalde de la capital de Lambayeque. 

Cuando fue miembro del Tribunal Constitucional, Gerardo Eto Cruz falló para anular la sentencia contra el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres. Foto: Epensa.

Casi un año después, en abril de 2013, el Tribunal Constitucional, del cual era miembro Gerardo Eto Cruz, anuló el fallo judicial y permitió a Torres Gonzales retornar al sillón municipal de Chiclayo. Cuando meses después, en septiembre de 2014 se derrumbó el imperio corrupto del alcalde de Chiclayo, un personaje de su entorno se convirtió en colaborador eficaz y señaló que la entonces autoridad edil entregó 80 mil dólares al magistrado Eto Cruz para obtener el fallo que le permitió volver a dominar la institución edil.

En diciembre de 2015, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, solicitó con una denuncia constitucional ante el Congreso el levantamiento de la inmunidad de la que gozaba Gerardo Eto, una gracia jurídica que tienen los magistrados del Tribunal Constitucional y que se extiende por cinco años luego de dejado el cargo. La denuncia de Sánchez incluyó testimonios, el reporte de llamadas telefónicas y un cruce de información que reveló las presuntas maniobras de Eto Cruz para favorecer a Torres Gonzales.

Colaborador eficaz del Ministerio Público dio detalles de cómo presuntamente habrían llegado los 80 mil dólares a Eto Cruz.

El colaborador identificado con el código 14-2014 narró al Ministerio Público que el hoy encarcelado alcalde logró contactarse con Eto Cruz a través de un personaje llamado Artemio Rengifo Valverde, a quien Torres Gonzales entregó un maletín lleno de dinero. "El alcalde Torres no dijo que le había dado a Artemio $80,000 para Eto Cruz. Yo sólo vi cuando le entregó un maletín con dinero a Artemio. No conté el dinero", señaló el delator.

En la denuncia fiscal, también se incluye la declaración de Artemio Rengifo Valverde, entonces apoderado de la empresa Agroindustrial Tumán, quien reconoce que conoció al entonces magistrado Gerardo Eto porque este fue su profesor en la Universidad Nacional de Trujillo durante 1998 y 1999.  Sin embargo, rechazó que se hayan reunido mientras Eto Cruz era miembro del Tribunal Constitucional.

Eto Cruz  también declaró ante la Fiscalía, negó las imputaciones en su contra y sostuvo que no lo unía ningún vínculo con Artemio Valverde, el intermediario del supuesto soborno.

El nexo para la presunta entrega de dinero a Eto Cruz habría sido el empresario Artemio Rengifo, quien dijo ser exalumno del entonces magistrado.

Llamada delatora

A pesar de las negaciones, el Ministerio Público logró comprobar que tanto Eto Cruz como su exalumno Artemio Rengifo mantuvieron vínculos más cercanos luego de que realizara el levantamiento del secreto de las comunicaciones del teléfono de Rengifo. Con esta información se determinó que ambos hablaron por teléfono el martes 23 de octubre de 2012, lo que trajo abajo la versión de que ellos no habían tenido comunicación o contacto alguno más allá de haber sido profesor y alumno.

La llamada fue realizada desde el teléfono del magistrado Eto Cruz al nexo de Roberto Torres, trece días después de que la defensa del exalcalde chiclayano ingresara la demanda de amparo contra la sentencia judicial. Es decir, cuando el magistrado estaba próximo a participar en la deliberación del proceso.

Ante estos indicios, el fiscal Pablo Sánchez pidió al Congreso autorización para imputar al magistrado por la presunta autoría de un delito contra la administración pública, en modalidad de cohecho pasivo específico, por la presunta recepción de sobornos a cambio de emitir un voto favorable a Roberto Torres.

Sin embargo, estas pruebas fiscales no fueron considerados por los parlamentarios miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Javier Velásquez Quesquén, Enrique Wong, Santiago Gastañadui y José León. En julio de 2016, a semanas de iniciar un nuevo periodo parlamentario, votaron por blindar de cualquier investigación a Eto Cruz y rechazaron la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación.

Roberto Torres está encarcelado por el proceso judicial contra la organización criminal 'Los limpios de la corrupción'. Foto: Epensa

En esa votación también se abstuvo al acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde, entonces presidente de esta subcomisión y hermano del constitucionalista Domingo García Belaúnde.

En tanto, la pepecista María Soledad Pérez Tello no asistió a la sesión donde se decidió el archivo de la denuncia. Sin embargo, luego, como ministra de Justicia del entrante gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, nombró a Gerardo Eto como miembro de la comisión ministerial que evaluaría las reformas en el Código Procesal Constitucional y defendió su designación, pese a que tuvo conocimiento de la denuncia.

En la actualidad, Eto Cruz ha sido invitado por la fujimorista Patricia Juárez a integrar el Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución para el periodo legislativo 2021-2022 por estar "comprometido con la defensa de la democracia y el estado constitucional de derecho".

Fallo a favor de César Hinostroza

Otro de las polémicas sentencias dictadas por Eto Cruz como miembro del Tribunal Constitucional es la que involucró al hoy extraditable exjuez César Hinostroza Pariachi, prófugo en España, sindicado por el Ministerio Público como líder de la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto". 

En un fallo del 14 de abril de 2014, Eto Cruz, junto con los magistrados Carlos Mesía Ramírez y Juan Vergara Gotelli, firmó la sentencia que ordenó al entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) nombrar a Hinostroza como fiscal supremo, pese a que no había alcanzado los votos de los consejeros de esta entidad.