Familias de 48 peruanos muertos en conflictos mineros desde 2004 aún no encuentran justicia

El 3 de julio de 2012 fue un día fatídico para la familia García Tabaco, de Celendín, en la región Cajamarca. Las fuerzas combinadas de la Policía Nacional del Perú y del Ejército Peruano llegaron para contener las protestas contra el proyecto minero Conga, de la empresa Yanacocha, y realizaron una enorme acción ofensiva para dispersar a los miles de manifestantes que se encontraban en la plaza principal participando en las marchas en el día 34 de un paro indefinido.

La represión de las fuerzas del orden no solo incluyó el uso de bombas lacrimógenas sino también armas de largo alcance, que fueron utilizadas contra los manifestantes. Uno de los abatidos por los tiros fue el comunero Paulino García Rojas, de 48 años, quien falleció por el impacto de las balas lanzadas por las fuerzas de seguridad, según la Fiscalía. Su muerte sumió en el dolor a su viuda Adelaida Tabaco y sus dos hijos, quienes nueve años después no consiguen paz ni justicia. 

Cientos de policías fueron enviados a Celendín por orden del gobierno de Ollanta Humala durante las protestas contra el proyecto Conga, en julio de 2012. Foto: El Comercio.

Así como Adelaida decenas de familias en el Perú aún no conocen quiénes son los responsables del asesinato de sus parientes, que perdieron en las manifestaciones contra millonarios proyectos de la gran minería por la afectación al ambiente, al agua o a las actividades económicas de las zonas aledañas a las concesiones mineras.

Al revisar información de la Defensoría del Pueblo y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Convoca.pe encontró que, entre el 2004 y el 2019, un total de 48 peruanos murieron como consecuencia de los conflictos sociales, vinculados a temas ambientales y laborales, relacionados con la inversión de grandes y medianas empresas mineras.

Los datos evaluados por el equipo periodístico también revelan que, en los últimos 16 años, de los 48 fallecidos, 45 fueron civiles y tres, efectivos policiales. Además, respecto a las causas de las protestas, se encontró que 41 personas murieron en conflictos relacionados con temas socioambientales, mientras que siete trabajadores mineros fallecieron mientras realizaban huelgas que buscaban reivindicar sus derechos laborales.

El uso de armas de fuego para la represión de las manifestaciones es la principal causa de muertes en los conflictos sociales. Del total de fallecidos, 40 perdieron la vida por causa de las balas, a lo que se suman dos muertes por un perdigón y una bomba lacrimógena en la cabeza.

Los conflictos sociales relacionados con protestas socioambientales vinculados a proyectos mineros de la compañía Buenaventura han generado el deceso de siete manifestantes. Solo en 2012, durante las protestas contra el proyecto Conga, en Cajamarca, cinco ciudadanos perdieron la vida en protestas contra el proyecto aurífero de la minera Yanacocha, donde Buenaventura tiene más del 43% de las acciones.

El conflicto fue registrado por la Defensoría del Pueblo en abril de 2010, cuando las autoridades, la sociedad civil y comuneros de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc demandaron al gobierno del entonces presidente Alan García que se declare inviable el proyecto minero Conga, por la presunta afectación a cuatro lagunas consideradas como cabecera de cinco cuencas hidrográficas.

La viabilidad de ese proyecto fue un tema principal durante la campaña electoral presidencial del 2011, en la que el candidato nacionalista Ollanta Humala se impuso a la candidata Keiko Fujimori con la promesa de "Agua sí, mina no". Sin embargo, meses después de juramentar en el cargo, en noviembre de 2011, dijo que su posición era a favor de "el agua y el oro".

Ante esta nueva postura del gobierno, los habitantes de Cajamarca, Celendín y Bambamarca convocaron a un nuevo paro indefinido, que provocó que, el 4 de julio de 2012, Ollanta Humala declare el Estado de Emergencia en esas tres provincias. Un día antes, el 3 de julio, la intervención de las fuerzas policiales y militares provocó la muerte de cinco manifestantes.

Faustino Silva (35), Paulino García Rojas (48), José Sánchez Huamán (29) y el adolescente César Medina Aguilar (15) murieron por impactos de proyectiles de armas de fuego, según la Fiscalía, en la intervención policial en la ciudad de Celendín. Al día siguiente, Joselito Vásquez Campos (28) también perdió la vida en Bambamarca, capital de la provincia de Hualgayoc, en otro enfrentamiento contra las fuerzas del orden, pues le impactó una bala en el pecho. 

Seis meses después de las muertes de julio de 2012, los ciudadanos de Celendín denominaron a los cinco fallecidos como mártires por el agua. Foto: Jorge Chávez Ortiz.

Esas cuatro muertes quedaron en la impunidad pues las autoridades de la Fiscalía archivaron la investigación. Tras dos años de investigaciones y aduciendo falta de pruebas, en enero de 2014, el fiscal Víctor Pinillos Padilla, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, declaró improcedente el pedido para formalizar la denuncia y decidió no seguir con la investigación preparatoria sobre la muerte de los cinco manifestantes. 

Pese a que el fiscal Pinillos reconoció que existen indicios reveladores de la comisión del delito de homicidio doloso, en su resolución indicó que no pudo realizar las diligencias para conseguir pruebas que le permitan identificar a los efectivos policiales y militares que les dispararon, porque la ciudad de Chiclayo está a 187 kilómetros de Celendín, por carretera.

Las viudas de Faustino Silva y Eleuterio García, junto a la madre de José Sánchez, perdieron a sus seres queridos y también son víctimas del conflicto social. Foto: Jorge Chávez Ortiz.

Investigación a 180 kilómetros de distancia 

¿Por qué la investigación de estos asesinatos fue trasladada a un fiscal que no conoce la zona del conflicto? Para la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez, esto sería parte de un esquema que buscó que los familiares tuvieran dificultades para seguir las investigaciones, ya que hay ocho horas de distancia entre Celendín y Chiclayo.

Pérez indica que el argumento del Ministerio Público para trasladar el caso a un fiscal de Chiclayo fue que, en Cajamarca, no había las garantías para realizar la investigación, pero no consideraron que las familias de las víctimas eran de condiciones económicas precarias como para movilizarse a otras jurisdicciones. 

Además, Pérez advirtió que el fiscal Pinillos cerró el caso enfocándose sólo en la búsqueda de los efectivos policiales y militares como autores directos de los disparos, pero no en los mandos de la Policía y del Ejército, tal como ocurre ahora en la investigación de los casos de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, asesinados por disparos de perdigones de plomo durante las protestas de noviembre de 2020, en Lima. 

“Era obvio que no podría identificar a los autores materiales porque escondieron sus identidades o no las portaban”, dice la abogada, quien agrega que durante las investigaciones de los asesinatos del caso Conga, el Ejército aseguró que no tenía la lista de los efectivos que participaron en la represión de las protestas de julio de 2014.

Máxima Aguilar Vásquez, madre de César Medina, y Adelaida Tabaco, viuda de Paulino García, junto a su abogada Mar Pérez, buscan justicia a nueve años del conflicto. Foto: Henry Urpeque Neciosup.

Los familiares de las víctimas del conflicto de Conga han acudido a buscar justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, junto a los familiares de las víctimas, pide que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre el cierre de las investigaciones y ordene una nueva investigación fiscal con garantías, que haya un pedido de perdón público del Estado a las familias de las víctimas y al pueblo de Celendín, así como un compromiso de las autoridades para que estos hechos de represión no se repitan.

Adelaida Tabaco es también una víctima de la impunidad. Su esposo, Paulino García, falleció ese fatídico 3 de julio de 2012 por el impacto de una bala. En conmemoración de la muerte de Paulino García, Faustino Silva y José Sánchez, en Celendín, se instituyó el “Día de la Dignidad Celendina”. Sin embargo, Adelaida, dijo a Convoca.pe que siente que esa fecha se va olvidando poco a poco en la memoria de la ciudad.

“Reclamo por haber perdido a mi esposo, de esa manera, asesinado”, dice, entre lágrimas, la viuda de Paulino García, ante la impotencia de saber que, 12 años después, la justicia peruana no ha encontrado al responsable de la muerte de su esposo. 

Los conflictos sociales vinculados con proyectos de la minera Buenaventura han generado más consecuencias fatales, como el fallecimiento del rondero Juan Montenegro Lingán, en noviembre de 2004, por un disparo en la espalda, durante las protestas contra el proyecto minero La Zanja, donde la compañía minera Buenaventura es la accionista mayoritaria. 

Además, los conflictos sociales no solo tienen que ver con temas ambientales sino también con supuestos incumplimientos de los compromisos entre las mineras y las comunidades. Uno de esos casos fue la protesta de la comunidad campesina de Oyón que, en abril de 2011, bloqueó la carretera Cerro de Pasco-Oyón, que da acceso a la mina Uchucchacua, propiedad de Buenaventura.

El entonces presidente comunal de Oyón, Nemesio Meléndrez Hilario, declaró, en esos años, que los pobladores exigían que la minera cumpla el convenio firmado con su comunidad y denunciaban la contaminación de los ríos y la usurpación de sus terrenos comunales por la empresa.

El bloqueo del ingreso a la mina tuvo como respuesta que, el 17 de abril de 2011, un contingente policial dispersara a los pobladores de la vía. Durante el enfrentamiento, el adolescente Brandon Ugarte Castillo, de 16 años, falleció por el impacto de un proyectil de arma de fuego, según información de la Defensoría del Pueblo.

Impunidad en Tía María

Solo en las manifestaciones contra el proyecto Tía María, de la minera Southern, los siete civiles que murieron en esas protestas fallecieron por el impacto de balas. Ese conflicto social ha causado el mayor número de muertes y aún continúa vigente, según información de la Defensoría del Pueblo.

Las protestas contra el proyecto minero de cobre, ubicado en la provincia de Islay, en la región Arequipa, se iniciaron el 2009, durante el gobierno del presidente Alan García. Surgieron cuando los habitantes, agricultores y autoridades locales se opusieron al proyecto, por temor a posibles daños ambientales y que se afectara al valle del Tambo, una de las áreas agrícolas más productivas al sur del país.

Los temores de la población tomaron mayor fuerza cuando, en abril de 2011, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés) encontró 138 observaciones centrales en el Estudio de Impacto Ambiental que presentó la minera Southern, por lo que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tuvo que rechazarlo. 

En esas primeras protestas contra el proyecto Tía María, los habitantes del valle del Tambo bloquearon vías y fueron repelidos por la Policía, lo que ocasionó cuatro muertes en menos de una semana. El 4 de abril de 2011 falleció Andrés Taype Choquepuma, de 22 años, por una bala que le perforó el pulmón. Según la necropsia, le dispararon por la espalda y desde una posición de ventaja.

El conflicto social contra el proyecto minero Tía María de la multinacional Southern generó la muerte de siete civiles y un policía. Foto: La República.

El día más fatídico de esa jornada de protesta fue el 7 de abril de 2011, cuando los ciudadanos Miguel Ángel Pino (23), Néstor Cerezo Patana (31) y Aurelio Huarcapuma Clemente (50) murieron por el impacto de proyectiles de armas de fuego.

Tres años después, en el 2015 y durante el gobierno de Ollanta Humala, el conflicto volvió a estallar en Islay, cuando el Ministerio de Energía y Minas aceptó el nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Southern Perú, lo que dio nuevamente luz verde al proyecto cuprífero. Los habitantes del valle del Tambo exigieron, en ese entonces, que ese estudio de la minera fuera sometido a la revisión de una entidad internacional.

Las nuevas protestas en Islay, entre abril y mayo de 2015, y los enfrentamientos entre civiles y la Policía también provocaron la muerte de tres manifestantes por disparos de armas de fuego. En esas protestas, fallecieron Victoriano Huayna Nina (61), Humberto Checya Chura (35) y Ramón Colque Vilca (55).

Durante las protestas de mayo de 2015, en Islay, también falleció el brigadier PNP Alberto Vásquez, por golpes con objetos contundentes en el presunto ataque de una turba de manifestantes. Según la necropsia, el policía murió por traumatismo encéfalo craneano con exposición de masa encefálica.

Convoca.pe conversó con el abogado René García, quien siguió el proceso judicial por el asesinato de Andrés Taype y actualmente ve la investigación por el deceso de Aurelio Huacapuma, fallecidos durante el conflicto en 2011, en Islay. Entre las dificultades que ha encontrado en la investigación, el letrado destaca que el Estado es juez y parte durante las pesquisas, que dependen de la Policía y la Fiscalía.

René García añadió que los abogados comunican a las familias que, en la mayoría de casos, los intereses políticos y la presión empresarial hacen que las investigaciones sean archivadas, por lo que indicó que, una vez agotadas las instancias jurídicas nacionales, acudirán al sistema interamericano para buscar justicia.

El abogado informó a Convoca.pe que la justicia absolvió de la acusación por homicidio al policía Eder Rolando Pastor Banco, en segunda instancia, por el crimen de Andrés Taype. La defensa legal ha solicitado la reconsideración de la decisión judicial a través de un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que se encuentra pendiente de pronunciamiento.

Andrés Taype es una de las víctimas del conflicto en Islay durante el 2011. La justicia absolvió de la acusación fiscal al policía Eder Pastor Blanco. Foto: prensaregional.pe.

La investigación del asesinato de Aurelio Huarcapuma se encuentra en control de acusación, instancia donde la Fiscalía ha solicitado el archivo por falta de pruebas. Sin embargo, el abogado García adelantó que pedirán que el caso continúe abierto para identificar a los responsables del crimen.

Convoca.pe conversó con Gustavo, hijo de Aurelio Huarcapuma, y con Beto, hermano de Andrés Taype. Ambos coincidieron en que el ocultamiento de las pruebas sobre los disparos ha sido el principal instrumento de la impunidad. 

Gustavo Huarcapuma recordó que las trabas en el proceso de investigación empezaron desde la autopsia realizada al cuerpo de su padre, cuando las autoridades policiales buscaron ocultar la bala que fue extraída. “Primero, dijeron que no era una bala y que sólo era un perdigón”, dijo a este medio digital.

Beto Taype relató que asistió a las audiencias judiciales y que sintió el trato desigual de la justicia en desmedro de la familia de la víctima. “Creo que el fiscal que ha estado a cargo se hizo de la vista gorda. Al imputado -Rolando Pastor- le dieron todas las facilidades”, contó el hermano de Andrés Taype, quien aseguró que continuarán buscando justicia, incluso ante las instancias internacionales de derechos humanos.

La justicia va tardando seis años

En Apurímac, región del sur del país, en el 2015 estalló el conflicto relacionado con el proyecto minero Las Bambas, de la empresa minera china MMG Limited, compañía estatal del gigante asiático que adquirió los activos en una transacción con la suiza Glencore Xstrata por más de 5,850 millones de dólares, en abril de 2014. Según estimaciones geológicas, el potencial de esa mina supera los 1,08 millones de toneladas de concentrado de cobre.

La venta de ese proyecto también generó la modificación de las condiciones del proyecto y de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), los cuales no fueron consultados a las poblaciones del Corredor Minero del Sur. En el proyecto original se contemplaba la construcción de un mineroducto, pero la empresa china lo descartó. Las comunidades se alarmaron, ya que esa decisión ocasiona que el transporte de los minerales se realice superficialmente utilizando enormes camiones que pasan por las comunidades y que incrementan los riesgos ambientales para esas poblaciones.

Pese a que los ciudadanos de las provincias de Cotabambas y Grau, en la región Apurímac, no se oponen al proyecto, sí tienen miedo de que esas modificaciones tengan consecuencias sobre su salud y el ambiente.

El conflicto relacionado al proyecto minero Las Bambas se generó por las modificaciones de la nueva empresa propietaria, la china MMG Limited. Foto: Miguel Gutiérrez.
 

Por ello, el 25 septiembre de 2015, los pobladores iniciaron un paro exigiendo la anulación del Estudio de Impacto Ambiental Modificado (EIAM). Ese mismo día, el gobierno del presidente Ollanta Humala declaró el estado de emergencia en las provincias de Cotabambas y Grau, en Apurímac, y las de Andahuaylas y Chincheros, en Cusco.

El ministro del Interior de ese entonces, José Pérez Guadalupe, envió 1500 policías a estas provincias, según dijo "para resguardar una inversión millonaria que va a beneficiar a todos los peruanos". A ese número de agentes también se sumaron cientos de militares del Ejército, enviados por el gobierno del Partido Nacionalista.

El 28 de septiembre cerca de 5 mil personas protestaron frente al campamento minero en el distrito de Chalhuahuacho, cuando las fuerzas del orden dispersaron a los manifestantes con el uso de bombas lacrimógenas y armas de fuego.

Los disparos acabaron con la vida de Ezequiel Huamaní Mío (32), Beto Chahuayllo Huillca (39) y Alberto Cárdenas Challco (24). Según la información de la Defensoría del Pueblo, Huamaní murió por el impacto de una bala que ingresó por su espalda y salió por su cuello, mientras que la bala que mató a Beto Chahuayllo le impactó en el tórax. El último fallecido ese día fue Alberto Cárdenas quien, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado junto a otros 11 heridos a la ciudad del Cusco, donde llegó sin vida.

Fuentes de Convoca.pe indicaron que estas muertes aún son investigadas por el Ministerio Público y que, por decisión de los familiares, los casos han sido confiados a la defensa pública, por un acuerdo al que llegaron con la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, en 2016.

Las comunidades del corredor minero del sur estuvieron en permanente estado de emergencia entre el 2017 y el 2020. Foto: Miguel Gutiérrez.

Caso Río Blanco llega a juicio

Uno de los casos que aún resiste en sede fiscal y que ha pasado a la etapa de acusación es el relacionado con el conflicto por el proyecto cuprífero de la minera china Río Blanco Copper S.A., en Piura, al norte del Perú. Durante los enfrentamientos entre la población de la provincia de Huancabamba, murieron dos campesinos por las balas que habrían sido disparadas por efectivos de la Policía, según la Fiscalía, durante las protestas sociales en el 2009, hace casi 12 años.

El 2 de diciembre de 2009, aproximadamente 35 agentes policiales armados, utilizando vehículos de la Policía y de la empresa minera Río Blanco, ingresaron a las tierras de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas y dispararon contra decenas de campesinos que protestaban ante la intervención policial en sus territorios.

Los campesinos Vicente Romero Ramírez y Castulo Correa Huayama murieron por el impacto de las balas que ingresaron por su espalda. Además, cinco campesinos fueron gravemente heridos. 

En diciembre de 2009, dos ronderos de Huancabamba fueron asesinados por balas que habrían sido disparadas por miembros de la Policía. Foto: OCMAL.

Ese caso fue investigado por la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba que, en el 2016, trató de archivarlo, pero la Segunda Fiscalía Superior Penal de Piura le ordenó rectificar el archivamiento y que formule acusación fiscal contra los policías Carlos Edilberto Rosales Ruiz, José Eligio Coba Requena y Edgar Eduardo Torres Guzmán, por los presuntos delitos de homicidio contra las víctimas mortales y tentativa de homicidio de los heridos.

En conversación con Convoca.pe, el abogado David Velasco, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), quien representa a los familiares de las víctimas y heridos en Huancabamba, en el 2009, dijo que, en ese caso, ya terminó la investigación preparatoria y el proceso judicial comienza el 7 de julio de 2021, cuando el Poder Judicial iniciará la etapa de control de la acusación.

El Ministerio del Interior ha sido incluido como tercero civil responsable en ese caso, porque la Policía depende funcionalmente de esa entidad. "Es el primer proceso que incorpora al Estado y el juez podría decidir que se repare civilmente a los familiares de las víctimas y a los heridos", dijo Velasco.

Estados de emergencia sin motivo

Cuando la Policía tiene convenios de seguridad con las mineras, las fuerzas del orden no garantizan los derechos de los ciudadanos sino de los que les están pagando. A esa conclusión llega el oficial de Derechos Territoriales de Oxfam, Miguel Lévano, quien advirtió que la posibilidad de que las direcciones territoriales de la Policía Nacional puedan pactar acuerdos de seguridad con las mineras hace que los efectivos actúen de forma parcializada.  

Esto se suma al uso indiscriminado de los estados de emergencia, que restringen los derechos a la libertad y seguridad de los ciudadanos, como la reunión y el tránsito, de las zonas donde el gobierno las aplica. Además, permite la intervención de las fuerzas del orden en los domicilios de personas que resulten sospechosas. Según Lévano, un ejemplo del uso indiscriminado de ese régimen de excepción es el conflicto social de Las Bambas, cuando por cerca de tres años el Ejecutivo limitó los derechos de los ciudadanos del Corredor Minero de Apurímac.

Lévano advirtió que, en el caso de Las Bambas, entre agosto de 2017 y marzo de 2020, la minera, con la fuerza policial, ha controlado las localidades las provincias de Cotabambas, en Apurímac, y Chumbivilcas, en Cusco, por donde cruza el Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa, gracias a los estados de emergencia, ampliados hasta en 15 oportunidades por los gobiernos de los presidentes Pedro Pablo Kucyznski y Martín Vizcarra.

La respuesta represiva y no dialogante, sumada a los contratos de la Policía Nacional con las empresas mineras, no garantizan los derechos de los ciudadanos. Foto: Difusión.
 

“En el caso de Las Bambas, esas medidas le dieron cierto marco de confianza para que la minera denuncie a dirigentes campesinos por las protestas que realizaron, aunque casi todos han sido absueltos”, recordó Lévano.

Estas constantes ampliaciones llevaron al pronunciamiento del Tribunal Constitucional que, en una reciente sentencia de enero de 2021, declaró fundada la denuncia de amparo presentada por organizaciones sociales de Apurímac y señaló que el gobierno solo debe dictar una medida de emergencia con una vigencia limitada, que esté circunscrita a facilitar que se resuelvan los problemas que motivaron la declaración. Con ello, el Ejecutivo debe justificar la persistencia de las condiciones que generaron la declaración de emergencia.

Además, la máxima instancia constitucional indicó que, si la medida de excepción no cumple con resolver los problemas, corresponderá al gobierno considerar otras medidas que permitan la solución de los conflictos que se pretenden solucionar con la declaración de un estado de emergencia.

Si bien la pandemia y el aislamiento social han causado que los conflictos sociales se mantengan en una aparente calma, la información de la Defensoría del Pueblo, hasta mayo de 2021, indica que en todo el país hay 124 conflictos sociales socioambientales, de los cuales 60 están relacionados con protestas socioambientales vinculados a la minería. Del total de conflictos socioambientales registrados, en 71 casos se iniciaron mesas de diálogo entre el gobierno, las empresas y la ciudadanía, lo que podría evitar que más familias se vean enlutadas por los disparos de las armas del Estado.

(*) Este trabajo fue realizado por Luis Enrique Pérez para Convoca.pe y Connectas dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.