Covid-19: Investigan a 18 miembros de la Policía y el Ejército del Perú por presuntos delitos en contratos por más de US$ 2.2 millones

La Contraloría General determinó que 18 funcionarios de la Policía Nacional y del Ejército cometieron irregularidades de connotación penal en relación a contratos de compra de equipos de protección y de limpieza para enfrentar la pandemia del Covid-19, cuyos montos suman más de 8 millones de soles (2.2 millones de dólares), según informes del organismo a los que accedió Convoca.pe. Estas acciones causaron perjuicios económicos al Estado por 75 mil 365 soles (20 mil 368 dólares) en moras y multas que las instituciones armadas dejaron de cobrar, a pesar de los incumplimientos de las compañías.

Ellos forman parte de los 419 funcionarios, de 52 entidades del Estado, a quienes el órgano de control encontró responsabilidades administrativas, civiles y penales durante la emergencia sanitaria, es decir entre marzo de 2020 y mayo de 2021, de acuerdo con información oficial a la que accedió este medio digital, en el marco del proyecto transfronterizo ‘Vigila la pandemia’.

Asimismo, en base a registros de la Procuraduría Anticorrupción, Convoca.pe pudo establecer que más de mil investigaciones fueron abiertas por el Ministerio Público, desde abril de 2020 a mayo de 2021. Entre estos casos fiscales, hay 90 denuncias por presuntos delitos en el Ejército y 17 en el Ministerio del Interior, que suman 107 en total. Los ilícitos penales más recurrentes son apropiación de dinero público (35), colusión (24) y negociación incompatible (17).

Respecto a la Policía Nacional, en el Informe 063-2020, de octubre del año pasado, la Contraloría encontró que la VII Dirección Territorial de Policía de Lima (VII Dirtepol Lima) contrató, de forma directa, a cuatro empresas para comprarles productos farmacéuticos, útiles de aseo y equipos de bioseguridad, y omitió las exigencias establecidas en las regulaciones sanitarias, como el registro sanitario y la fecha de vencimiento en los jabones antibacteriales y desinfectantes.

Además, el órgano de control halló que, durante la indagación de mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la mencionada dirección policial invitó a cotizar a empresas que no se dedicaban a la venta de los bienes requeridos de aseo y bioseguridad ni registraban antecedentes de contrataciones del Estado en ese tipo de artículos.

Según la Contraloría, las empresas invitadas a cotizar por la PNP no cumplían con la experiencia de venta de artículos de bioseguridad.

El monto total de la contratación directa de las cuatro empresas elegidas por la Dirtepol Lima fue de 1 millón 304 mil 335 soles (352 mil 522 dólares). Las favorecidas fueron la Corporación Alme E.I.R.L., Uniform Sniper E.I.R.L., DMA Servicios S.R.L. y la persona natural Anya Milagros Esquén Gumer.

Otra de las irregularidades que encontró la Contraloría en la misma dependencia policial fue que el personal administrativo elaboró un informe que indicaba que el total de los bienes comprados a las cuatro compañías habían sido internados en el almacén el 16 de marzo de 2020, cuando los materiales se terminaron de entregar el 11 de abril. 

Esta demora en la entrega de los productos de aseo y bioseguridad hizo que la Policía Nacional no interviniera urgentemente para prevenir y proteger la salud del personal que labora en la VII Dirtepol Lima. La Contraloría detectó que los equipos de protección especial más importantes, como las mascarillas, guantes y lentes, fueron lo último que se entregó, pese a que el jefe del Departamento de Abastecimiento, el mayor PNP Juan Carlos Valderrama Alva, informó a la entidad policial que la totalidad de los bienes adquiridos habían sido entregados por los proveedores.

En ente de control también encontró irregularidades en la entrega de los bienes registrados por la VII Dirtepol Lima.

Invitaciones sospechosas

Según el informe de control, el mayor Valderrama también invitó a cotizar a los cuatro únicos proveedores que no se dedicaban al rubro objeto de la contratación. Esas mismas compañías fueron calificadas para la contratación. Además, la contratación directa se hizo en base a las cotizaciones del valor estimado de los bienes que brindaron las mismas firmas a la Policía.

Por esos motivos, la Contraloría identificó que el jefe de departamento de abastecimiento tendría una responsabilidad penal por las presuntas irregularidades que configuran delitos.

La institución dirigida por el contralor Nelson Shack también detectó que la especialista en contrataciones del Estado, Brenda Medina Gamonal, quien es operadora de indagación de mercado de la Región Policial Lima, buscó y recurrió a empresas que no se dedicaban ni tenían experiencia en la venta de equipos farmacéuticos y de bioseguridad. 

En diciembre de 2020, la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima realizó un operativo de allanamiento e incautación en 24 inmuebles de oficiales, suboficiales y proveedores de la VII Región Policial Lima. Foto: Fiscalía
 

La funcionaria Medina también dio cuenta de que los bienes comprados a los proveedores habían sido internados, en su totalidad, en los almacenes de la Policía Nacional, cuando eso no sucedió. Por ello, la Contraloría también consideró que habría responsabilidad en aquella funcionaria. 

El informe sobre estas irregularidades fue elevado al Ministerio Público y vienen siendo investigadas por la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que indaga sobre el presunto direccionamiento y sobrevaluación en la adquisición de productos de bioseguridad por la VII Región Policial Lima, que involucra a oficiales, suboficiales y proveedores en los presuntos delitos de colusión agravada y falsificación de documentos. 

Empresas familiares

El ente de control también halló que funcionarios y servidores de la Dirección de Aviación Policial favorecieron de forma irregular a la empresa Ka'linson Perú S.A.C., en dos contrataciones para la compra de implementos de bioseguridad y útiles de aseo y limpieza, por más de 2.3 millones de soles (621 mil 600 dólares).

En las contrataciones directas 001 y 003 del 2020, que emitió la Diravpol, la Contraloría detectó que los funcionarios y servidores de la Policía que participaron en la primera contratación recibieron los bienes de la empresa Ka'linson Perú antes de iniciar los actos preparatorios para la convocatoria de contratación directa. Es decir, habían recibido los productos antes de la búsqueda de los proveedores.

En el caso de la Dirección de Aviación Policial, la Contraloría señaló que se favoreción a un proveedor en los procesos de adjudicación.

Más tarde, la Dirección de Aviación Policial utilizó las mismas cotizaciones del primer procedimiento para realizar el proceso de Contratación Directa N° 003-2020-DIRAVPOL-PNP, en el que volvió a entregar la buena pro a la misma compañía. El órgano de control indicó que la empresa seleccionada para ambas compras "carecía de experiencia en la venta de implementos de bioseguridad”.

Además, en esta última adquisición observada, la Contraloría identificó que la empresa ganadora Ka'linson Perú y la firma Soluciones Tácticas S.A.C., la cual también fue invitada a enviar cotizaciones, están vinculadas pues sus representantes legales son hermanos. Se trata del gerente general de Ka'linson Perú, Carlos Díaz Moreno y la representante legal de Soluciones Tácticas S.A.C., Neri Teresa Díaz Moreno. Las compañías incluso presentaron las únicas propuestas de cotización en ese expediente y se diferenciaban por 62 mil soles, unos 16 mil 700 dólares, siendo Ka'linson Perú la empresa que cobraba el menor monto.

La Contraloría identificó que la empresa ganadora Ka'linson Perú y la firma Soluciones Tácticas S.A.C. están vinculadas pues sus representantes legales son hermanos

El ente de control concluyó que ocho funcionarios y servidores de la Dirección de Aviación Policial, entre oficiales y personal administrativo, tienen responsabilidad penal debido a que generaron situaciones que supuestamente beneficiaron a la empresa contratada, afectando el normal y correcto funcionamiento de la administración pública, pues la contratación de Ka'linson Perú "no se desarrolló con objetividad e imparcialidad".

Además, la Contraloría indica que estos servidores de la Policía favorecieron en dos contratos a Ka'linson Perú, al internar y distribuir los bienes requeridos antes de realizar la invitación a cotizar a las empresas. Asimismo, los funcionarios suscribieron contratos con la compañía sin exigir la garantía de fiel cumplimiento y otorgaron la conformidad de la recepción de los bienes adquiridos sin acreditar las certificaciones de la normativa técnica para los equipos de bioseguridad.

Por otro lado, el órgano de control halló que esos funcionarios omitieron las gestiones para cobrarle a Ka'linson Perú 26 mil 134 soles (7 mil dólares) en penalidades, ya que incumplió con la entrega de más de 8 mil mascarillas y 1 mil 348 unidades de lentes de seguridad.

Por estas irregularidades, la Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal en el director de la Aviación Policial, general PNP Alfredo Vildoso; el jefe de la División de Seguridad Aérea de la Dirección de Aviación Policial, comandante PNP Óscar Arones Cánova; el jefe del Área Logística, comandante PNP Omar Puente Auccapoma; y en el jefe de la Unidad de Administración, coronel PNP Enrique Samamé. 

También fueron sindicados como presuntos responsables penales por las irregularidades detectadas por la Contraloría los mayores PNP Branjhank Aftez Guzmán y Jesús Benancio Cisneros, jefe de Valor Referencial y jefe del Almacén General, respectivamente, así como la teniente Nathaly Vigil Crisanto, jefa interina de Valor Referencial, y el analista de contrataciones del Estado Miguel Gutiérrez Abramonte.

El gerente de Ka'linson Perú, Carlos Díaz, respondió a Convoca.pe que su empresa tiene 25 años de experiencia en la venta de equipos de protección personal y refirió que las presuntas irregularidades que detectó la Contraloría se están investigando en el Ministerio Público. 

Díaz agregó que la venta que Ka’linson Perú realizó a la Policía fue la única oportunidad en que su compañía trabajó con esa entidad pública “por los problemas que normalmente existen en esa institución”.

Militares y proveedores

Situaciones similares encontró la Contraloría General en el Ejército. En dos informes de control sobre procesos de compra, se detectó que la institución castrense otorgó contratos a empresas que no cumplían los requisitos de admisión. Además, adquirió jabones carbólicos a dos proveedores que no garantizaron la calidad y eficacia del producto para la protección del personal militar que estaba apoyando a mantener la seguridad ciudadana, durante los primeros meses de la pandemia del Covid-19.

En el Informe 022-2020, la Contraloría examinó el proceso de contratación directa "Adquisición de material y equipos de protección sanitaria en el marco de la prórroga del Estado de Emergencia", realizado entre el 12 de abril y el 2 de junio de 2020, por el cual el Comando de Salud del Ejército (Cosale) invitó a cotizar a cinco empresas que no cumplían con los requisitos de admisión de las bases del procedimiento de selección. Pese a estos incumplimientos, le otorgó la buena pro a esas compañías.

Las empresas Roker Perú S.A., Marcell Importaciones E.I.R.L., Productos Palmera S.A.C., J & R Peruvian S.A.C y FGP Peruvian S.R.L. fueron contratadas por un total de 1 millón 641 mil  136 soles (443 mil dólares) para la compra de alcohol en gel, equipos de bioseguridad, como mascarillas y mandilones, repelentes contra insectos, bloqueador solar, oxímetros portátiles y termómetros digitales.

Además, la Contraloría identificó que el Ejército le otorgó la buena pro a la empresa Roker Perú S.A., el 12 de mayo, para comprarle más de 55 mil frascos de alcohol en gel, que debía entregar en el plazo de 12 días calendario. El ente de control halló que la empresa incumplió ese plazo y terminó de entregar la totalidad de los frascos de alcohol el 28 de mayo. 
 
Pese al incumplimiento que ameritaba la aplicación de una mora de 6 mil 876 soles (1 mil 858 dólares), lejos de multar a la empresa, el jefe del Órgano de Contrataciones, teniente coronel EP José Alarcón, y el jefe de Abastecimiento del Cosale, teniente coronel EP José Luis Azabache Peralta, suscribieron una nueva orden de compra "pretendiendo encubrir el internamiento extemporáneo de 17 mil 21 unidades de alcohol en gel para eludir la aplicación de penalidad", de acuerdo con el órgano de control.

La misma situación de incumplimiento y encubrimiento se detectó en la contratación de la empresa Marcell Importaciones, el 26 de mayo de 2020, para la venta de 4 mil 922 kits de ropa para cirujano. Según el informe, esa compañía se había comprometido a entregar los mandilones, a más tardar, el 29 de mayo de 2020. Sin embargo, la entrega terminó cuatro días después del plazo, el 2 de junio.

Por ese retraso breve, el Ejército debió multar a Marcell Importaciones con más de 11 mil 320 soles (3 mil dólares) pero decidió volver a utilizar la figura de generar una nueva orden de compra para encubrir la entrega extemporánea y evitar el cobro de la penalización correspondiente.

La figura de crear una nueva orden de compra cada vez que una de las empresas contratadas incumple los términos del contrato, es utilizada reiteradamente por el Ejército, según señala el informe de Contraloría. Un ejemplo es el caso de la firma Productos Palmera S.A.C., que fue contratada para la venta de 58 mil unidades de bloqueador solar y 33 mil 328 unidades de repelente, por más de 828 mil 16 soles, (223 mil 788 dólares).

Productos Palmera debió entregar los productos el 17 de mayo de 2020, pero lo hizo dos días después de la fecha. Para ocultar el incumplimiento, el jefe de Abastecimiento, teniente coronel EP José Azabache, y el jefe del Órgano Encargado de las Contrataciones del Cosale, teniente coronel EP Alarcón Salazar, generaron una nueva orden de compra.

La misma estrategia fue usada para los incumplimientos de plazo de las empresas J & R Peruvian S.A.C., contratada también para la venta de 37 mil bloqueadores solares y 17 mil 382 unidades de repelente, por 976 mil 573 soles (263 mil 938 dólares). Según el documento de control, la compañía inclumplió los plazos de entrega de los bienes adquiridos y los tenientes Alarcón y Azabache volvieron a generar una orden de compra, con nueva fecha, para evitar cobrarles la mora por retraso.

La irregularidad más grave que la Contraloría encontró en el Informe de control 022-2020 fue la derivada de la contratación que hizo el Ejército de la empresa FGP Peruvian S.R.L., que fue contratada por el Comando de Salud del Ejército para adquirir 1 mil 100 oxímetros portátiles, a un precio unitario de 340 soles (91 dólares). La fecha límite para la entrega de los productos era el 30 de junio de 2020, pero los entregó ocho días después.

En este caso, que fue reportado por Convoca.pe en marzo último, se reveló que el Ejército también encubrió este retraso, ya que el Cosale, el martes 7 de junio, un día antes de la entrega de los productos, aprobó y firmó una adenda al contrato con el motivo de que la empresa realizaba un reajuste en el precio unitario de los oxímetros, reduciendo el monto de 340 soles a 289 soles (11 dólares menos). 

No obstante, la Contraloría detectó la irregularidad: oxímetros de iguales características que los solicitados por el Ejército eran ofrecidos por otras compañías a precios de entre 130 y 194 soles, por lo que los que vendía FGP Peruvian costaban 49% más caros, incluso con el descuento ofrecido en la adenda firmada.

Dicho informe concluye que ocho funcionarios del Ejército incurrieron en irregularidades administrativas. Además, recomienda que el Procurador Público del Ejército denuncie penalmente a tres de estos funcionarios: el teniente coronel EP Franklin Alarcón Salazar, el teniente coronel EP José Luis Azabache Peralta y el mayor EP Pedro Antonio Mejía Ramírez.

Oxímetros de iguales características que los solicitados por el Ejército eran ofrecidos por otras compañías a precios de entre 130 y 194 soles.

Jabones de dudosa calidad

Otro caso irregular de contratación en la institución castrense fue identificado por el ente de control en el informe 024-2020, emitido en diciembre de 2020, que encontró que el personal del Servicio de Intendencia del Ejército del Perú (SINTE) contrató a los proveedores Opal Clean S.A.C. y Negocios Advance S.R.L. para la compra de útiles de aseo, en la que incluyeron 554 mil 472 unidades de jabón carbólico (desinfectante) destinado a 46 mil 206 efectivos militares que apoyaban la seguridad durante la primera etapa de la pandemia.

El contrato con ambas compañías, firmado en mayo de 2020, sumaba 665 mil 366 soles (179 mil 828 dólares). Los militares recibieron dichos artículos de diferentes marcas, en cajas de segundo uso que señalaban que era jabón para lavar ropa. Además, los artículos no registraban la procedencia, el año de fabricación ni el lote. 

Los jabones desinfectantes adquiridos por el Ejército no contaban con registro sanitario y fueron entregados en empaques reutilizados.
 

Algo que causó sorpresa a los auditores de la Contraloría es que ambas empresas proveedoras entregaron al Ejército las cajas con la marca "CAMPEÓN", en empaques reutilizados que habían contenido otros productos de alimentación.

Lo más grave es que los jabones entregados al personal del instituto castrense no contaban con especificaciones técnicas y no tenían registro sanitario, por lo que no se podría confirmar la composición del jabón carbólico, que tiene características específicas para su efectividad y claras indicaciones de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud.

La Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal en cinco militares y funcionarios del Ejército que supuestamente permitieron esta irregularidad al elaborar y aprobar una ficha técnica de jabón carbólico sin la descripción precisa y objetiva, con lo que el personal del habría contravenido las normas sanitarias, como la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, y la norma de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El órgano de control señaló que el jefe del Departamento de Apoyo Técnico del SINTE, mayor EP David Gómez Almeida, otorgó conformidad técnica a los productos adquiridos, pese a que los "jabones carbónicos” para el aseo y desinfección del personal militar no contaban con registro sanitario ni se les había efectuado ningún análisis químico para confirmar su composición.

El Servicio de Intendencia del Ejército habría incumplido las normas sanitarias al adquirir artículos de aseo que no garantizan eficacia para la protección de la salud de la tropa.
 

El ingeniero Rolando Aburto, quien era el técnico del departamento de Apoyo Técnico del SINTE, elaboró y dio conformidad a la ficha técnica de los útiles que compraron a las empresas Opal Clean S.A.C. y Negocios Advance S.R.L. sin considerar el registro sanitario ni la descripción de su composición. Asimismo, la Contraloría sostiene que este funcionario tiene responsabilidad penal.

Los tres miembros del Comité de Recepción y Conformidad de los bienes, el teniente coronel EP Luis Sime Calderón, el técnico de primera EP Miguel Muñoz y el suboficial de segunda, Arnold Espinoza Viera, también tendrían responsabilidad penal, según el informe, ya que dieron conformidad a un producto sin registro sanitario, en cajas de segunda mano y con el rótulo de jabón de lavar ropa.

Convoca.pe intentó comunicarse reiteradamente con representantes de las compañías Opal Clean y Negocios Advance a los números telefónicos que registran en su sitio web, pero no obtuvimos respuesta.

Además, este medio digital pidió a la Policía Nacional y al Ejército del Perú conversar con los servidores públicos involucrados y obtener sus descargos, pero no se obtuvo respuesta de las áreas de comunicaciones de ambas instituciones.

Presunto delito de colusión y negociación incompatible

Convoca.pe consultó a dos abogados expertos en contrataciones del Estado sobre estas penalidades que no han sido cobradas por las instituciones a las empresas. Para el abogado Roberto Benavides, los funcionarios han tratado de "salvar las compras de manera irregular".

Benavides advirtió que la modalidad de generar otras órdenes de compra para evitar el cobro de penalidades es ilegal y transgrede las normas de contrataciones en el Estado pues violenta el principio de legalidad.

El especialista dijo que durante la pandemia se pudieron presentar retrasos extraordinarios en la importación de productos y las empresas pudieron solicitar una postergación de plazos con una justificación lógica. Advirtió que esas omisiones de aplicar las penalidades deben ser investigadas por el Ministerio Público.

En tanto, el experto en contrataciones públicas Miguel Ángel Pastor explicó que todo los contratos con el Estado incluyen penalidades por incumplimientos porque la demora de entrega de los bienes adquiridos afecta el fin social y, en el caso de la pandemia, la prevención del contagio del Covid-19 entre el personal de la Policía y del Ejército.

Además, Pastor explicó que los funcionarios que elaboraron las nuevas órdenes de compra, para evitar el cobro de las penalidades, podrían generar sospechas del delito de colusión y negociación incompatible por los servidores públicos. En este presunto ilícito se tendría que demostrar que existió un acuerdo entre funcionarios y empresarios para pactar el no cobro de los montos moratorios.

"Podría configurarse el delito en los funcionarios que dejan sin efecto los términos de referencia para ayudar a las empresas que han incumplido el contrato", manifestó el experto, que agregó que la circunstancia del Estado de Emergencia obliga a contratar más rápido y de forma directa, pero que eso no implica que se pueda mermar los principios de la contratación.