En el Perú, las sucesivas infracciones ambientales de la gran minería que dejan cicatrices en suelos, ríos y lagunas, pocas veces salen a la luz. Convoca construyó un registro completo de las faltas cometidas por las empresas, las inspecciones y personajes del sector a partir de catorce fuentes de información. El cruce de centenares de datos, la revisión de más de mil documentos y entrevistas a expertos, reveló que la mayoría de empresas que lidera el rankingde las más multadas cometieron la misma falta una y otra vez,  prefirieron apelar ante la última instancia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y emprender una batalla legal con la ayuda de prestigiosos estudios de abogados. Varias de estas compañías tienen conexiones empresariales, y por lo menos una de ellas, está relacionada con las sonadas cuentas del HSBC de Suiza. ¿Cuántas veces debe repetirse la misma infracción para que una vida tenga más valor que un mineral? 

A más de 4 mil 300 metros sobre el nivel del mar, en la ciudad de Cerro de Pasco, el frío afilado no solo atraviesa los huesos, también existe un tajo cien veces más grande que la Plaza de Armas de la capital del Perú, que parte en dos la vida de unos 60 mil pobladores. El tajo “Raúl Rojas” se fue abriendo desde los años 50 a costa de desaparecer las viviendas aledañas de los distritos Chaupimarca, Simón Bolívar y Yanacancha, al compás de camiones que transportan toneladas de zinc, plata y plomo sobre ruedas de tres metros de alto. Se desplazan como elefantes siguiendo el trayecto de un serpentín desde el fondo del tajo hasta la superficie, una subida que equivale a 190 pisos de un edificio, casi el doble de altura de las desaparecidas Torres Gemelas de Nueva York. A más mineral en el fondo del tajo, esta enorme boca crece y devora una casa, una calle, parte de una plazuela, un vecindario entero.

“Imagínate si abrieran un gran tajo en la Plaza de Armas de Lima, que crece tanto que se vuela parte de la avenida Tacna que te permite llegar ahí. Tiempo después, desaparece la avenida Abancay y deja aislada tu casa. ¿Cómo demonios vas a pasar?”, increpa el ingeniero ambiental Armando Aramayo, profesor de la Universidad Agraria La Molina que ha visitado Cerro de Pasco decenas de veces para investigar el impacto en esta ciudad donde se practica la minería desde hace más de un siglo. Aramayo sabe que es “es un lugar donde la gente no es muy feliz”.

La explotación del tajo está en manos de la minera peruana Volcan desde 1999, la cuarta productora de zinc y plata en el mundo. Tuvo como principal accionista al multimillonario Roberto “Bobby” Letts Colmenares, que lideró la empresa hasta su muerte, en abril de 2010, confiando “el manejo de su seguridad” a Óscar López Meneses, hombre cercano al ex asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos. Hoy, Volcan, tiene como presidente del directorio a José Enrique Picasso Salinas, que despacha en Lima, a 180 kilómetros del tajo que devora a Cerro de Pasco, una devastación acaso comparable con la irrupción geográfica de la minería ilegal en los campos de Huepetuhe de Madre de Dios.

Volcan no extrae el mineral ilegalmente pero es la empresa de la gran minería que más incumple las normas ambientales en el Perú según las resoluciones de sanción de los organismos reguladores en los últimos ocho años.

“El volumen de las multas es muy alto”, reconoció el jueves 19 de marzo el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Pero se quedó corto. De acuerdo con un registro completo de sanciones de los principales sectores extractivos del país que ha procesado el equipo deConvoca, 729 expedientes fueron abiertos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) contra 132 empresas mineras desde que asumió esta función sancionadora en julio de 2010 hasta diciembre de 2014. Esto representa el 56% del total de procesos sancionadores en minería, hidrocarburos, electricidad y pesca por el potencial daño a ríos, lagunas, suelos, bosques, mar: el patrimonio natural del país.

Los procesos han derivado en multas que superan los 77 millones de dólares, lo que equivale apenas al 0,43% de los más de 20 mil millones de dólares en utilidades que sumaron las diez principales empresas del sector por extraer los minerales del territorio nacional entre 2010 y 2014, a pesar de la caída del precio internacional de los metales. Casi la mitad de las sanciones ha sido llevada por las empresas al Poder Judicial con la ayuda de abogados. La historia que comienza en un tajo abierto en los Andes recorre también los bufetes jurídicos más reconocidos del país (Ver nota).

El ministro Pulgar Vidal explicó a Convoca que OEFA logró, desde agosto de 2013, que las empresas dejaran de congelar las multas en los juzgados. Cierto. El ministro firmó el decreto supremo 008 para obligar a las compañías a presentar una carta fianza si deseaban obtener una medida cautelar que les permitiera detener la sanción.Pero también es verdad que de los más de 35 millones de dólares en multas que las compañías lograron judicializar hasta el 10 de setiembre de 2014, más del 80% del dinero no ha podido ser cobrado. Son por lo menos 248 expedientes que descansan en el escritorio de los jueces desde antes que se aprobara el decreto supremo.

Este comportamiento de las empresas no es aislado.

Convoca profundizó su búsqueda a partir del cruce de datos y el análisis de centenares de resoluciones de sanción y expedientes de las mineras con la ayuda de ingenieros ambientales, ingenieros de minas y toxicólogos. Como resultado, se encontró que las compañías más multadas también son las que repiten una y otra vez las infracciones arrojando agentes contaminantes a ríos, lagunas y suelos por encima de lo legalmente permitido; las que más presentan apelaciones para dilatar el proceso en la vía administrativa, las que recurrieron a los juzgados para congelar el cobro de las multas, incluso de aquellas faltas que repitieron año tras año. Y también son las que están conectadas entre sí por vínculos empresariales

Comportamiento tóxico

La mitad del número de procesos sancionadores de la gran minería recae en solo 20 empresas de las 132 infractoras. De este grupo, la mayoría comete graves faltas ambientales de manera reiterada. Volcan lidera el ranking: el 8% de los procesos sancionadores en minería corresponde a operaciones de esta compañía en las regiones Pasco y Junín, de los cuales el 90% cuenta con resoluciones firmes del tribunal de OEFA, la última instancia del sistema de sanciones (ver gráfico). Entre 2007 y 2010, la empresa también encabeza la relación de las más infractoras (Ver La impotente regulación publicado en IDL - Reporteros).

Si consideramos las faltas cometidas por otras seis empresas del grupo Volcan como Chungar, Vinchos, Empresa Administradora Cerro, Huascarán, Alpamarca y Vichaycocha, el porcentaje de este grupo empresarial crece al 11% del universo total de infracciones ambientales en minería. 

Volcan enfrentó 60 procesos sancionadores entre 2010 y 2014 principalmente por no respetar los límites máximos permitidos (LMP) de agentes contaminantes en efluentes que salen de sus operaciones y son arrojados a ríos y suelos. Casi todos los expedientes de estas infracciones consideradas como muy graves por OEFA, terminaron en el Poder Judicial, una fórmula que le permitió a la empresa congelar el cobro del 85% de las multas valorizadas en más de 4 millones de dólares.

Los parámetros de LMP son como termómetros que sirven para prevenir el potencial daño al medio ambiente y la salud de los pobladores que viven en las zonas aledañas. Pero en el caso de Volcan estos parámetros fueron rebasados largamente en un mismo punto de monitoreo de los efluentes de la unidad minera Cerro de Pasco según la resolución 125-2013 del Tribunal de OEFA de junio de 2013.

De acuerdo con este documento, el límite de 2 miligramos por litro de agua (2 mg/l) en hierro fue superado en 149 mil por ciento, la valla de 3 miligramos en zinc se saltó en más de 12 mil por ciento, el parámetro de un miligramo por litro de agua en cobre fue rebasado en más de 10 mil por ciento y el tóxico arsénico en casi 8 mil por ciento. El 0.4 miligramo por litro de agua en plomo, que exige la norma, se superó en mil 571 por ciento. No son excesos sin consecuencias. Entre marzo y mayo de 2012, la Dirección Regional de Salud de Pasco encontró que 45% de niños menores de 12 años y madres gestantes examinados superaban el nivel de plomo en la sangre establecido por la Organización Mundial de la Salud. En años anteriores, los análisis fueron igual de preocupantes.

Los excesos contaminantes de Volcan terminaron en el río San Juan. Se repitieron una y otra vez en niveles de concentración de arsénico. En grandes cantidades, este mineral es un veneno para los seres humanos, altamente cancerígeno y su efecto es silencioso. Nuestro cuerpo no lo puede procesar ni eliminar. Si se arroja arsénico a un río, los peces lo tragan, lo almacenan con facilidad hasta terminar en un plato de comida. “No se me ocurriría jamás comer pescado en Madre de Dios porque se sabe que las aguas de sus ríos están contaminados por la minería ilegal”, advierte el toxicólogo Raúl Loayza de la Universidad Cayetano Heredia.

Loayza destacada lo públicamente conocido. Es verdad, la minería ilegal aniquila grandes extensiones de bosques y lechos de ríos con un gran impacto en la salud que es cada vez más condenado por el Estado. En contraste, las reiteradas infracciones ambientales de la gran minería pocas veces son denunciadas por las autoridades con esta misma severidad. Y si los funcionarios salen al frente es porque la infracción cobra los niveles de una catástrofe ambiental o cuando la indignación supera la rentabilidad a corto plazo en un país que recibe importantes ingresos por la explotación de minerales. 

Este es el caso de Doe Run, la empresa estadounidense que provocó la contaminación de plomo en sangre de niños y familias enteras en la ciudad de La Oroya por las operaciones de su fundición en la sierra central del país. En los últimos cuatro años, esta compañía enfrentó 20 procesos de sanción que derivaron en multas de más de 8 millones de dólares, el monto acumulado más alto del ranking de las compañías infractoras.

Conexiones

Estas empresas no solo están unidas por prácticas comunes, sino también por intereses empresariales.

Volcan es peruana pero tiene entre sus directores a personajes vinculados a mineras trasnacionales. Daniel Maté, considerado como uno de los hombres más ricos de España según la revista Forbes, es uno de los directores de Volcan y a la vez es un alto funcionario del gigante suizo Glencore que controla el 50% del mercado mundial de cobre y el 60% de zinc. Lo acompañan en la mesa del directorio Christopher Eskdale, también del grupo Glencore y ex director de varias empresas mineras internacionales como la suiza Perubar, que ocupa el octavo lugar de las compañías con mayor número de procesos. Esta empresa ha llevado al Poder Judicial la mitad de estos casos y ha logrado congelar el cobro de las multas de todos estos expedientes. Glencore tiene como subsidiaria a Los Quenuales, otra infractora que rompe récords.

En el directorio, también destacan miembros de la familia del fallecido “Bobby” Letts, líder por antonomasia de Volcan, que permiten entender mejor la forma en que esta empresa hace negocios. Entre ellos, su sobrina Madeleine Osterling Letts, ex candidata a la alcaldía del distrito de San Isidro por Fuerza Popular, partido liderado por Alberto Fujimori desde la cárcel y socia del estudio de abogados Osterling que tiene entre sus principales clientes a Volcan.

En marzo de 2013, Madeleine Osterling se convirtió en accionista de Greeville Overseas Investment, firma off shore registrada en Islas Vírgenes, junto a su tía Irene Letts de Romaña, quien también figura en la lista original que filtró Herve Falciani de los clientes peruanos del HSBC de Suiza y a la que Convoca accedió a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación  (ICIJ) y el diario francés Le Monde.

El hijo de Irene Letts, José Luis de Romaña, es el actual vicepresidente de Volcan y director de la minera Castrovirreyna, la quinta empresa más reincidente por exceder los límites máximos permitidos de minerales en efluentes.

En supervisiones realizadas entre 2006 y 2010 al campamento minero San Genaro de Castrovirreyna en Huancavelica, se encontró que efluentes con altos niveles de concentración de minerales descargaban directamente a la laguna Orcococha, de la cual dependen más de un centenar de familias ganaderas. En once inspecciones realizadas a lo largo de cuatro años, se hallaron niveles de zinc superiores a los 3 miligramos por litro de agua permitidos y en cuatro de las supervisiones por encima de 800%.

El directorio de Castrovirreyna decidió a inicios de 2004 la suspensión temporal de esta unidad minera por pérdidas acumuladas en un escenario de caída del precio de los metales, según comunicó a la Bolsa de Valores. No lo hizo por sus impactos ambientales.

Un informe de octubre de 2014 elaborado por la empresa norteamericana Global Restoration Foundation a pedido de autoridades regionales y del Ministerio del Ambiente, confirmó la presencia de metales pesados en la laguna Orcococha y reportó siete sitios con una concentración promedio de zinc que excedió “largamente” el Estándar de Calidad Ambiental. Precisamente, ese es el mineral que explotaba esta compañía.

A 15 kilómetros de las operaciones de Castrovirreyna, en Huancavelica, se levanta el campamento Huachocolpa Uno, que pertenece a uno de los grupos empresariales más importantes del país: Caudalosa, de la familia Raffo, con negocios en el sector inmobiliario. Es la cuarta empresa con más sanciones por sobrepasar los límites máximos permitidos de manera reiterada: catorce, de las cuales diez fueron paralizadas en el Poder Judicial por más de 2 millones de dólares.

La empresa desató el mayor derrame de desechos mineros en junio de 2010 debido a que su producción excedió la capacidad de almacenamiento del depósito de relaves y no invirtió lo necesario para prevenir el impacto ambiental que afectó a 100 kilómetros del río Opamayo, del que dependían centenares de familias.

El 26 de junio, al día siguiente del colapso, la Dirección General de Salud detectó en el Opamayo, cercano a la comunidad de Palcas en Angaraes, cantidades industriales de agentes tóxicos que desencadenaron la muerte de cientos de truchas. La presencia de zinc excedió en 9 mil 752 veces lo establecido como Estándar de Calidad para la vida acuática y en el caso del plomo, en 153 mil 119 veces. El ECA mide la concentración del mineral en el mismo río, mientras que el límite máximo permisible evalúa los efluentes que salen de las operaciones mineras al medio ambiente.

Los inspectores de Osinergmin evaluaron los excesos de LMP del derrame, en julio de ese año como aparece en la resolución 101-2011/DFSAI. Encontraron más de 11 mil por ciento de hierro de lo exigido por ley, más de mil 700 por ciento en zinc y en arsénico más de mil por ciento.  Lo revelador es que en inspecciones realizadas antes del derrame, entre 2007 y 2008, Osinergmin encontró exceso de minerales en los efluentes en niveles que incluso superaron los registros del colapso ambiental. A pesar de ello, tiempo después se relajaron los controles.

En 2012, OEFA no programó ninguna supervisión en Huachocolpa Uno. A inicios de ese año, la Defensoría del Pueblo alertó que la población de Huachocolpa y Lircay  demandaban a Caudalosa la remediación del río Opamayo. El organismo regulador tampoco incluyó en su plan la supervisión de la otra unidad minera de la empresa, Arequipa-M, ubicada en la región Áncash, según el registro de inspecciones de OEFA de 2012 al que accedió Convoca. En diciembre de 2013 y octubre de 2014 se retomaron las supervisiones a las operaciones, pero aún no se conocen los resultados.

Caudalosa ha recurrido a diversos mecanismos legales para evadir sus responsabilidades. En los días del derrame cuestionó las competencias fiscalizadoras de la Autoridad Nacional del Agua con el asesoramiento del abogado Marco Antonio Rivera Noya, del estudio Osterling, precisamente el bufete jurídico estrechamente vinculado a Volcan.

Luces y sombras

Nadie imaginaría que desde una oficina que provoca quedarse por la calidez de sus paredes llenas de cuadros coloridos de la mitología amazónica de Bendayán y las ilustraciones en blanco y negro de hechos históricos y personajes de Fernando Bryce, se toman las decisiones de la segunda empresa más infractora por exceso de minerales en efluentes: Ares, del grupo Hochschild.

Ares tiene 24 sanciones firmes de OEFA como consecuencia de inspecciones continuas realizadas entre 2006 y 2010. El campamento minero con más infracciones es Sipán, en Cajamarca, que se encuentra en etapa de cierre y que fue denunciado por las comunidades Pampa Cuyoc y San Antonio de Ojos por no remediar las cicatrices ambientales dejadas. Precisamente, el 28 de enero de 2014 la empresa fue sancionada por OEFA con 301 UIT (405 mil dólares) por no cumplir con los compromisos que asumió en su plan de cierre. La falta fue hallada en diciembre del 2009, casi cuatro años antes.

“Hemos tenido algunos casos de excesos en los límites máximos permisibles, pero son muy puntuales”, comentó Ivan Vexler, gerente de medio ambiente de Ares. Según el vocero, la mayor parte de las observaciones de OEFA son por temas de “cultura”. Vexler lo traduce como la falta de conciencia ambiental de los trabajadores de la empresa que no les permite seguir el tratamiento de desechos a pesar de contar con la infraestructura necesaria, una actitud que, en sus palabras, se compararía con tirar la basura en la calle a pesar de tener al frente un basurero.

La minera japonesa Santa Luisa le sigue a Ares en la lista. La diferencia es que esta compañía prefirió pagar sus multas y no congelarlas en el Poder Judicial. Santa Luisa pertenece a Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., el principal productor de zinc en Japón.

En contraste, la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa) de la familia Sánchez Paredes, investigada por narcotráfico y lavado de dinero, es una de las empresas que prefirió llevar a los juzgados casi todas sus sanciones por exceso de límites permitidos: diez de once expedientes con multas que OEFA no puede cobrar.

Algo similar sucede con Buenaventura, del mediático empresario peruano Roque Benavides, que ha preferido iniciar una batalla legal contra diez resoluciones de OEFA, de las cuales ha detenido nueve por un monto de más de 700 mil dólares. Buenaventura también es dueña de El Brocal que figura entre las más infractoras,  y es accionista de Yanacocha, la aurífera más importante de América de Sur, que es una de las veinte más multadas.

En los últimos cuatro años, Buenaventura acumuló más de un millón de dólares en multas y fue incluida en el Registro de Infractores Ambientales por repertir la misma falta en menos de dos años. Pero eso no le ha impedido a que aparezca en forma simultánea, en el Registro de Buenas Prácticas Ambientales de OEFA. ¿Cómo se entiende este doble estándar?

Desde el 23 de febrero, Convoca solicitó de manera reiterada entrevistas con los representantes de Buenaventura, Volcan, Caudalosa, Castrovirreyna y Ares para conocer por qué repiten las infracciones año tras año. Pero solo los voceros de Ares aceptaron dar su versión en una entrevista el último 17 de marzo.

En los descargos que las empresas presentan a OEFA, estas argumentan que no se les puede atribuir ningún daño ambiental por exceder los parámetros de minerales, así desemboquen sus afluentes en cantidades industriales y repetidas veces en ríos, suelos y lagunas como se ha demostrado en este reportaje. Ellos consideran que debe probarse el daño.

Convoca insistió con OEFA para conocer si aplicó en estos casos el incremento de sanción por reincidencia. Pero el organismo regulador nunca precisó esta información. En una respuesta enviada por escrito en noviembre último, aseguró que hacen evaluaciones “a nivel casuístico”. ¿A qué se refiere esta institución con esto?

La respuesta en la segunda parte de este reportaje.

VER MAPA DE INFRACCIONES AMBIENTALES AQUÍ.

* Con la colaboración de Carlos Bracamonte

Este reportaje consideró los aportes de los periodistas de investigación Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, y Giannina Segnini, profesora de la Universidad de Columbia.