La tarde del viernes 15 de mayo, el conflicto Tía María movilizó en cuestión de horas a las autoridades máximas que debían pronunciarse en este escenario de crisis: el presidente Ollanta Humala que dio un mensaje a la Nación de doce minutos desde Palacio de Gobierno y el presidente de la corporación mexicana Southern Copper, Óscar González Rocha, quien anunció desde Estados Unidos una “pausa” de 60 días para “despejar todas las dudas existentes” sobre este conflicto que en los últimos dos meses registró tres muertos y decenas de heridos.

Pero ninguno dio nuevas luces sobre el tema más controversial y postergado del conflicto: el  estudio de impacto ambiental que fue aprobado en agosto de 2014 por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), y que de su sólida elaboración depende evitar el potencial daño al medio ambiente y proteger la vida de los pobladores de Islay, en la convulsionada Arequipa.  Humala insistió en que el proyecto de Southern “cumple con todos los requisitos de ley”, y  minutos más tarde, en el pleno del Congreso de la República, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar – Vidal, aseguró que la empresa levantó las 138 observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) al primer estudio del proyecto, a pedido del Minem.

Con la ayuda de ingenieros ambientales, Convoca contrastó esta versión oficial con puntos cruciales del expediente de 35 tomos del proceso de evaluación del nuevo EIA, y encontró detalles hasta ahora no revelados de Tía María, que son puestos sobre la mesa como un primer aporte para el debate en estos 60 días de “pausa” del proyecto.

Los nombres de estos especialistas, con gran experiencia en la revisión de estudios ambientales, no son consignados en este reportaje debido a que trabajaron en importantes consultoras que aún brindan servicios a la gran minería y en organismos reguladores del sector. Sus hallazgos fueron confrontados con la versión del ingeniero César Rodríguez, jefe del equipo de Geoservice Ingeniería que elaboró el EIA de Tía María para Southern. Revisemos.

Ubicaciones clave en el proyecto Tía María de Southern Copper. Elaboración: Convoca/ La República

Puntos controversiales

Desde que el 5 de noviembre de 2013, Southern Perú presentó el nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), elaborado por la consultora Geoservice Ingeniería S.A.C.,  los representantes de la empresa se han reunido más de treinta veces con los funcionarios del Minem en momentos claves del proceso de aprobación del estudio.

Uno de los encuentros más importantes fue el del 3 de febrero de 2014. Ese día, el presidente de Southern, Óscar González Rocha, acudió al despacho del entonces ministro Jorge Merino acompañado de Hans Flury, secretario general de Southern y ex ministro del sector. A la semana siguiente, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Minem envió a la empresa las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental. 

La evaluación del nuevo EIA tomó nueve meses, un año menos que el anterior estudio. Si algo quedó claro fue el interés en la aprobación rápida del EIA a pesar del rechazo al proyecto de un bloque importante de la población en Arequipa. Precisamente, los puntos más controversiales del expediente evidencian que los evaluadores del Minem pasaron por alto puntos centrales que ameritaban un análisis detallado y no contra el reloj, para evitar un mal manejo de las aguas y garantizar un monitoreo eficaz de los impactos, de acuerdo con los ingenieros ambientales consultados por Convoca.

Southern presentó el nuevo EIA incluyendo apenas diez carillas para explicar cómo se construiría la planta desalinizadora para tratar el agua de mar y no captar agua del río Tambo, del que dependen los pobladores de la zona. Los ingenieros entrevistados señalaron que una planta de esta dimensión, que además es el tema más sensible del conflicto, requiere que la empresa presente como parte de los anexos del EIA, un Estudio de Factibilidad que especifique cómo se procesará el agua de mar. Este documento es clave para que los evaluadores del ministerio determinen que la planta tendrá la capacidad para procesar el mineral que se explotará sin que luego la minera use al agua del río.

Óscar González Rocha, presidente de Southern Copper. Foto: América Economía

Los técnicos de la Dirección Ambiental de Asuntos Ambientales Mineros que evaluaron el EIA confirmaron a Convoca que la empresa no presentó el Estudio de Factibilidad. El ingeniero Rodríguez de Geoservice, quien estuvo a cargo de la Dirección General de Minería del ministerio hasta agosto de 2006, aseguró que la empresa contrató a otra empresa para hacer este tipo de  “estudios de ingeniería” y que no era necesario presentarlo. “¿Cómo pueden constatar los evaluadores, que lo que dice la empresa sobre el manejo del agua de la planta es verdad, si es que no presenta un estudio detallado?”, cuestionaron los ingenieros consultados.

En el informe Nº 155, con fecha 7 de febrero de 2014, la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros plantea 73 observaciones al nuevo EIA de Tía María en el que solicita a la empresa “aclarar en qué etapa se construirá la planta” pero no exige la presentación del Estudio de Factibilidad a pesar que uno de los motivos principales por los que se declaró “inadmisible” el primer EIA del proyecto es porque “no se elaboró sobre la base de un proyecto a nivel de factibilidad”, sino que solo tenía información descriptiva.

El nuevo estudio de impacto ambiental también indica que Southern incrementará la explotación de cobre en 12 millones de toneladas métricas: de 638, 082 millones de toneladas que aparecía en el primer EIA a 650,760 millones.  Como resultado, también habrá 165 millones de toneladas adicionales de desechos contaminantes.

Fuente: Estudios de impacto ambiental del proyecto Tía María

Otro punto vinculado a la población es el de las estaciones de monitoreo, que servirán para determinar si el polvo mineral generado por la explotación de los tajos, afectarán a los cultivos y a la población. El estudio señala que una de las estaciones de control estará ubicada a 5.5 kilómetros del tajo más importante del proyecto, La Tapada, lo que equivale a una distancia similar entre la Plaza de Armas de Lima y el distrito de Pueblo Libre, en línea recta. Esto no permitirá medir con precisión si hay o no contaminación y tampoco fiscalizar los parámetros exigidos por ley.

Rodríguez admitió en parte este punto, y aseguró que el Minem le solicitó que instalara adicionalmente dos estaciones cercanas a los tajos.Convoca revisó el informe de las observaciones y no encontró esta recomendación.

El pedido a UNOPS

El ingeniero de Geoservice informó que luego de que Southern presentó al Minem el EIA de Tía María en noviembre de 2013, solicitó a UNOPS la revisión del estudio, pero esta institución respondió que solo podía hacerlo si el Minem se lo pedía debido a que brinda servicios al Estado, no a empresas privadas. Rodríguez confirmó que, con el permiso de Southern, trasladó esta inquietud a Edwin Regente de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros pero el ministerio “lo dejó ahí”. “Nosotros no podemos intervenir en las decisiones del ministerio. No podemos obligarlo”, dijo el gerente general  de Geoservice, Miguel de la Torre Sobrevilla.

Convoca pudo conocer que las altas autoridades del ministerio, incluido el viceministro de Minas Guillermo Shinno, sabían del pedido de Geoservice, sin embargo el viceministro lo negó en una respuesta enviada por correo electrónico a través de su Oficina de Imagen Institucional. El entonces ministro Jorge Merino dijo a Convoca que tampoco recordaba esta solicitud. Pero el 11 de diciembre de 2013, precisamente en los días en que Geoservice mantenía conversaciones con UNOPS, aparece en el registro de visita del Minem, una reunión de Shinno con los funcionarios de esta institución. UNOPS evitó dar su versión.

Guillermo Shinno, viceministro de Minas. Foto: Andina

Este caso tiene dividido al gabinete. Al igual que el premier Pedro Cateriano, el viceministro Shinno ha descartado públicamente la posibilidad de que UNOPS revise el EIA. Pero dentro del Consejo de Ministros hay quienes piensan lo contrario como el titular de Agricultura, Juan Manuel Benites. “Si encontramos algunos espacios que deban ser complementados estamos dispuestos como gobierno a financiar los servicios de un tercero como UNOPS para que la empresa tome esas actividades adicionales que podrían derivarse de esos estudios”, dijo Benites en Arequipa.

El ex ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, consideró que esta institución debe corroborar si el nuevo EIA de Southern realmente incluyó las 138 observaciones (o recomendaciones como precisa Geoservice) que efectuó en 2011 ante la exigencia de una revisión independiente.

Tía María está marcado por la desconfianza. Quienes cuestionan el proyecto dudan de lo que se decide en las oficinas del ministerio de Energía y Minas. Existen algunos antecedentes que explican estos temores.

El caso Geoservice 

Seis meses después que el Ministerio de Energía y Minas rechazara el primer EIA de Tía María, sucedió un hecho que se mantuvo en reserva hasta ahora. El 13 de octubre de 2011, mediante el informe Nº 1002-2011, la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros declaró improcedente el Estudio de Impacto Ambiental del depósito de relaves de la mina Cobriza de Doe Run, en Huancavelica, y recomendó  un “procedimiento sancionador” contra la consultora que elaboró el estudio por presentar fotografías que no correspondían a la situación real del campamento minero. Se trataba de Geoservice Ingeniería S.A.C, la misma de Tía María.

Informe que recomienda evaluar el inicio de proceso sancionador contra Geoservice. Fuente: Informe Nº 1002-2011

Doe Run, conocida por sus graves infracciones ambientales en La Oroya, presentó el estudio cuando ya había iniciado las obras de construcción de dos depósitos de desechos mineros sin autorización tal como comprobaron en el campo técnicos de la Dirección General de Minería y pobladores de la zona. Para que Doe Run no sea descubierta en esta ilegalidad, en el EIA se incluyen fotografías del lugar de fechas anteriores a la construcción de los depósitos. 

“Es presumible que el EIA fue elaborado por la empresa consultora Geoservice Ingeniería SAC a sabiendas que el proyecto minero se encontraba en ejecución. En la información presentada se habría faltado a la verdad, lo cual constituye un supuesto de infracción sancionable”, señala el informe. De acuerdo con la resolución mineral 580-98-EM, que regula la inscripción de las consultoras ambientales en el Minem, una de las causas para “la cancelación definitiva” del registro es “la presentación de información falsa en los EIA”. Pero esto no sucedió con Geoservice. 

El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, dijo a Convoca “que la empresa no ha sido sancionada (…) y mantiene su registro habilitado, para que sea contratada por cualquier empresa minera”. El gerente general de Geoservice, Miguel de la Torre, aseguró que Doe Run inició la construcción dos meses después que sus técnicos terminaran el trabajo de campo para el EIA, y que fueron liberados de cualquier sanción en febrero de 2012 mediante la resolución directoral 064-2012. Sin embargo, el vaivén de información que circuló entre Geoservice y Doe Run durante los días de la construcción ilegal solo ha quedado registrado en los correos electrónicos y documentos de ambas empresas privadas. 

Los técnicos del gobierno que evaluaron el controversial estudio de Southern también cuentan con antecedentes que merecen conocerse. Dos de ellos dieron su visto bueno a otro EIA que puso en jaque al gobierno de Humala: el de Conga. El ingeniero Walter Alfaro López integró el equipo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros que aprobó el estudio de Yanacocha en el Minem y Ricardo Baca Rueda fue uno de los especialistas que aprobó en la Autoridad Nacional del Agua el cuestionado manejo de las lagunas y ríos de Conga.

*Con la colaboración de Gabriela Flores y Carla Díaz. Infografías: Wendy Vega.

Fecha de publicación: Viernes, 22 de mayo de 2015, 8 a.m.

Una versión resumida del reportaje fue publicada por el diario La República en sus dos páginas principales de la sección Política, en la edición del 22 de mayo de 2015.