Impunidad y muerte en los campamentos de la gran minería

Mientras Martha Zúñiga Palomino y su hijo Luis, de 7 años de edad, dormían en un pequeño cuarto en la gélida Oyón, a unos 3 mil 145 metros sobre el nivel del mar, un derrumbe de rocas en un campamento minero ubicado a una de hora de su vivienda, cambió sus vidas en forma dolorosa y repentina.

Era la madrugada del sábado 26 de enero de 2008 en esa provincia de la sierra de Lima. El esposo de Martha, Eber Apaza Ricra, había muerto aplastado entre grandes bloques de piedra al promediar las 3 y 15 de la madrugada cuando cumplía sus labores en la mina de socavón Uchucchacua, de propiedad de la compañía Buenaventura, una de las más influyentes del Perú.

El cuerpo delgado de Apaza, de 37 años de edad, fue entregado a sus familiares catorce horas después del deceso, recuerda Martha. “No nos dejaron entrar a la mina, tuvimos que esperar en uno de los salones de la empresa. Hasta ahí llegué con mi hijo”, narra entre sollozos en medio del ruido del mercado de Oyón, donde trabaja vendiendo frutas y verduras.

El campamento minero Uchucchacua está ubicado a más de 3 mil metros de altura en la provincia de Oyón en la sierra de Lima. Foto: Milagros Salazar/Convoca.pe

Han pasado más de doce años desde aquella madrugada que envolvió a Martha y a su hijo Luis en una atmósfera densa de confusión y llanto. El pequeño de 7 años vio el cuerpo de 1.70 metros de su padre cubierto por una frazada en una de las instalaciones de Uchucchacua a la espera del ataúd. Lo único que estaba al aire libre era su rostro de tez trigueña y su cabello negro. “Nunca me olvidaré de su cara, estaba morada. Me asusté y le dije a mi mamá llorando: ‘dile a mi papá que se levante. Vámonos de aquí. ¿Por qué está morado? Vámonos rápido’”, recuerda Luis, quien ahora tiene 20 años de edad. Su padre hubiera cumplido 50 años en septiembre último.

Hasta hoy Martha y Luis no conocen con claridad cómo murió Eber Apaza Ricra en la oscuridad de aquel socavón. Ese año, 2008, fallecieron otros 63 trabajadores en accidentes laborales ocurridos en diversos campamentos mineros del Perú, que sostiene su economía en la extracción de oro, plata, cobre, zinc y diversos metales en las entrañas de los Andes, que luego son exportados principalmente a China, Japón, Corea del Sur, India, Suiza y Estados Unidos.

Testimonio de Martha Zúñiga, viuda del trabajador minero Eber Apaza Ricra

Entre 2006 y julio de 2020, murieron 683 trabajadores mientras realizaban actividades para la gran y mediana minería, de acuerdo a una base de datos construida y analizada por Convoca.pe a partir de información del Ministerio de Energía y Minas. El 63 por ciento de estos trabajadores, 432 del total que fallecieron en ese periodo, laboraban para una compañía contratista de la minera titular desarrollando tareas de alto riesgo en la extracción y producción de los minerales.

El campamento minero con mayor número de trabajadores subcontratados que murieron en accidentes laborales es precisamente Uchucchacua, en Oyón, de la minera Buenaventura, que tiene como director al empresario Roque Benavides Ganoza, militante del Partido Aprista desde septiembre de 2020.

Como muchos obreros, Eberth Apaza ingresó a trabajar a la mina con el sueño de un futuro mejor y un trabajo seguro. Llegó a Oyón en 1997, proveniente del departamento de Ayacucho junto a Martha, y vivió sus últimos días laborando como perforista para la Contrata Minera Cristóbal E.I.R.L., que a su vez brindaba servicios para Buenaventura.

Uchucchacua no solo acumula la mayor cantidad de muertes de trabajadores tercerizados, también es la unidad minera de Buenaventura con mayor número de sanciones por incumplimiento de normas de seguridad en el trabajo, entre 2007 y mayo de 2019, según una base de datos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) a la que accedió Convoca.pe. A pesar de esta realidad, este campamento minero exhibe un letrero de bienvenida que parece una respuesta irónica a las cifras de muertes en los socavones: “Si no es seguro, no se hace”.

"Si no es seguro, no se hace", frase que se luce al ingreso a Uchucchacua, la unidad minera con el mayor número de accidentes mortales en la empresa Buenaventura. Foto: Milagros Salazar/Convoca.pe

Las operaciones mineras que registran la mayor cantidad de accidentes fatales están en manos de compañías que, en diversos casos, aparecen en el ranking de las más sancionadas por incumplir las normas de seguridad. Las cifras del Ministerio de Energía y Minas revelan que entre 2009 y 2018, las grandes empresas mineras con capitales peruanos y extranjeros, prefirieron captar mayoritariamente a obreros que desarrollan labores de alto riesgo, a través de compañías contratistas que en la mayoría de casos ofrecen un sueldo más bajo y menores beneficios, de acuerdo a la documentación analizada para esta investigación.

En 2012 y 2018, las mineras tuvieron el mayor porcentaje de trabajadores tercerizados con 59% y 60% obreros, respectivamente. En tiempos de pandemia, el escenario no ha cambiado: entre enero y septiembre de 2020, más del 64% de trabajadores del sector extractivo brindan servicios a través de las compañías contratistas. 

La fuerza laboral para extraer los metales de los socavones o a tajo abierto recae en trabajadores subcontratados de la gran minería, que entre 2010 y abril de 2019 presentaba exportaciones acumuladas que superaron los 253 mil millones de dólares, según el Ministerio de Energía y Minas.

Pero la fiscalización de las actividades al interior de los campamentos mineros no avanza al mismo ritmo que la rentabilidad de la industria minera.

El Estado peruano cuenta con dos instituciones que fiscalizan el sector en medio de vacíos en los procesos de sanción y poca transparencia pública. Osinergmin se encarga de inspeccionar si las compañías cumplen con las medidas de seguridad en las operaciones y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) fiscaliza las garantías laborales de los trabajadores. Pero ambas entidades no realizan un trabajo coordinado para que se cumplan a cabalidad las normas que permitan proteger la vida de los trabajadores.

La Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, que administra el registro oficial de contratistas mineras, aseguró a Convoca.pe que solo lleva el reporte oficial del número de los trabajadores fallecidos en accidentes laborales y que no cuenta con el informe detallado de cómo se produjo el accidente ni quiénes son los responsables. Esa tarea es de las organizaciones supervisoras, apuntó. Pero gran parte de la información que permitiría conocer el nivel de responsabilidad de las empresas no ha sido publicada.

Mientras eso sucede en los pasillos de las instituciones que se encargan de la regulación y fiscalización del sector, la situación de las investigaciones sobre estas muertes es aún más lúgubre en el sistema de justicia. El 80 por ciento de los casos de los trabajadores contratistas que murieron en el campamento minero de Uchucchacua fueron archivados: tres en la Fiscalía Provincial Mixta de Oyón y otros cinco en el Poder Judicial, entre 2008 y 2019. Uno de esos expedientes enviados al archivo es el de Eber Apaza Ricra. 

La historia de los muertos de los campamentos mineros de la gran minería transita entre la impunidad, el olvido y la resignación como veremos a lo largo de este reportaje.

Los dueños poderosos de los campamentos

Las muertes de los 432 trabajadores tercerizados ocurrieron principalmente en campamentos mineros a cargo de compañías con gran influencia en los gremios empresariales y nexos en la política peruana. 

Buenaventura, la compañía en donde se concentra la mayor cantidad de muertes por accidentes laborales de trabajadores de empresas contratistas, registra 40 muertes de obreros entre 2006 y julio de 2020 en doce de sus unidades de producción. El mayor número de accidentes mortales de esta compañía, de propiedad del Grupo Benavides, se registra en el campamento Uchucchacua, donde ocurrieron 11 muertes.

Roque Benavides (en el círculo rojo), directivo de la minera Buenaventura, es conocido por su militancia aprista. Su compañía aportó 200 mil dólares para una campaña favorable a Keiko Fujimori. Foto: Andina

Buenaventura aparece con 138 procesos de sanción por incumplir normas de seguridad en el trabajo en 30 unidades mineras, entre junio de 2007 y julio de 2020, según la base de datos de Osinergmin. El campamento minero con más infracciones es Uchucchacua con 30 procesos sancionadores. 

El director de Buenaventura, Roque Benavides Ganoza, quien es un empresario militante aprista de gran influencia en el poder político, hoy es el encargado del equipo de plan de gobierno de la candidata presidencial del Partido Aprista, Nidia Vilchez, quien fue ministra del expresidente Alan García.

En la segunda vuelta de las elecciones generales de 2011, la minera Buenaventura tuvo una activa participación e incluso aportó con 200 mil dólares al principal gremio empresarial del país, Confiep, para una campaña publicitaria que apoyó la "economía social de mercado" y la posición de la candidatura de Keiko Fujimori que se encontraba en contienda electoral con el entonces candidato Ollanta Humala, quien finalmente fue el ganador de esos comicios.

La segunda compañía que aparece con la mayor cantidad de trabajadores tercerizados fallecidos es Volcan con 36 casos y que, además, figura como la empresa con el registro más alto de muertes de trabajadores directos y subcontratados a nivel nacional, con 53 muertes en total entre el 2006 y enero de 2019. 

Volcan, que desde noviembre de 2017 es controlada por la transnacional suiza Glencore, es la empresa con la mayor cantidad de procesos sancionadores por incumplir normas de seguridad para sus trabajadores. Esta compañía figura con 161 procesos en 14 unidades mineras, según el registro de sanciones de Osinergmin. Los campamentos mineros de Volcan que aparecen con la mayor cantidad de infracciones sobre seguridad laboral también concentran la mayor cantidad de muertes de trabajadores contratistas como es el caso de San Cristóbal y Andaychagua, en Junín, en la sierra central del país.

Andaychagua es una de las minas que registran más accidentes mortales entre los campamentos de la minera Volcan. Foto: ProActivo

La minera Volcan cuenta con una historia de incumplimientos reiterados de las normas laborales y ambientales en los últimos quince años. De acuerdo con las bases de datos construidas y analizadas por el equipo de la plataforma Deep Data de Convoca.pe, es la compañía de la gran minería más infractora.

Los negocios de esta empresa también están vinculados con la política. Volcan aportó a la campaña de la Confiep en 2011, como lo reconoció en noviembre de 2019, el vicepresidente de la empresa, José Ignacio de Romaña Letts, ante el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, que investiga casos de corrupción y lavado de activos en los que están implicados expresidentes y candidatos presidenciales que recibieron financiamiento oculto para sus campañas electorales.
 

Alpayana es la tercera empresa que aparece con más muertes de trabajadores contratistas en accidentes laborales con 23 casos en los últimos años. Sus operaciones, en la provincia de Huarochirí (Lima) a más de 4,100 metros sobre el nivel del mar, han desatado el reclamo de trabajadores en diversos momentos, pero el que más se recuerda es el paro de los obreros contratistas en junio de 2007 cuando esta compañía, de propiedad de la familia Gubbins, se llamaba Casapalca.

Al ingreso a los túneles de la exminera Casapalca se afirma que el primer valor de esa empresa es "cuidar la vida". Foto: Luis Enrique Pérez/Convoca.pe

En esa huelga, unos 1700 trabajadores contratistas denunciaron que recibían sueldos ínfimos de menos de 400 soles (unos 110 dólares de la época) y laboraban en condiciones insalubres e inseguras. En esas protestas, fallecieron dos obreros de la mina.

A causa de estas denuncias, que fueron documentadas por el Ministerio de Trabajo en 2007, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expulsó de este gremio a la minera Casapalca. Según la investigación transnacional Panama Papers, el dueño de la minera, Alejandro Henry Gubbins Granger, aparece en los archivos de abogados Mossack Fonseca, bufete panameño acusado de elusión y evasión tributaria así como de encubrimiento de grandes fortunas de personajes y compañías investigadas por corrupción, fraude y otros delitos. Gubbins figura en estos archivos junto a sus hijos que también han desempeñado cargos importantes en Alpayana.

La compañía, que mantuvo el nombre de Casapalca hasta 2019 para luego convertirse en Alpayana, tiene vínculos políticos con la familia Fujimori. En septiembre de 2020, el diario La República informó que el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía conocía que la empresa MVV Bienes Raíces de Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, intervino en dos operaciones inmobiliarias bajo contrato de la minera, gerenciada por Alejandro Gubbins Cox.

En las elecciones presidenciales de 2011, Eduardo y Patricia Gubbins Granger, integrantes de la familia propietaria de Alpayana, fueron aportantes de la campaña del partido fujimorista.

Pero al igual que en el centro de operaciones de Uchucchacua, que está en manos de los Benavides, en el campamento minero de Alpayana, de la familia Gubbins, aparecen carteles donde se asegura que “antes que la producción está la vida” de los trabajadores. Los registros oficiales en los últimos 15 años revelan lo contrario.

"Si no es seguro, ¡Pare!". En el ingreso a la minera Alpayana en Huarochirí se encuentran varios mensajes de seguridad para los trabajadores. Foto: Luis Enrique Pérez/Convoca.pe

El clan de las empresas contratistas

Las compañías contratistas que tienen el mayor número de trabajadores fallecidos en unidades mineras forman parte de grandes grupos económicos en el Perú. La que encabeza la lista es Administración de Empresas S.A. (AESA), que entre 2007 y 2012, registra 11 víctimas de accidentes mineros en su mayoría en los campamentos de la compañía Nexa Resources Atacocha S.A.A. y de la Compañía Minera Raura S.A. 

AESA es la contratista con más infracciones a las normas de seguridad, según el registro de Osinergmin. Precisamente, seis procesos de sanción de esta compañía se iniciaron por operaciones en los campamentos de Nexa Resources Atacocha S.A.A., en Pasco, y de la Compañía Minera Raura S.A., en Huánuco.

AESA pertenece al Grupo Breca, de la familia Brescia Cafferata, uno de los conglomerados económicos más importantes del Perú que también tiene inversiones en las mineras Minsur, Raura y Marcobre. Es decir, los Brescia tienen intereses comerciales en las compañías titulares de las concesiones y al mismo tiempo en una importante empresa que subcontrata trabajadores para operaciones de alto riesgo.

AESA es parte del Grupo Breca que tiene como co-presidentes a Alex Fort Brescia y Pedro Brescia Moreyra. Foto: América Retail

Según el sitio web de AESA, actualmente sus trabajadores participan en las operaciones de las empresas mineras Barbastro en Huancavelica, Volcan en Junín y Minsur en Puno.

La segunda contratista del ranking es la empresa Servicios Mineros Gloria S.A.C., fundada en 2008, que registra nueve trabajadores fallecidos y que actualmente se encuentra en liquidación. Del total de estos casos, cinco muertes están relacionadas a accidentes laborales en operaciones de la minera Volcan.  

Servicios Mineros Gloria aparece con cuatro procesos de sanción por infracciones a las normas de seguridad y salud en el trabajo durante operaciones en campamentos de la minera Volcan, en Junín y Pasco. La empresa contratista, que fue fundada en 2008, tuvo como socio fundador y miembro del directorio a Luis Alberto Wu Punchin. 

Wu Punchin, quien fue gerente general de América Televisión (Canal 4) es recordado por haber protagonizado uno de los 'vladivideos' que fue filmado en 1999 en la sala del Servicio de Inteligencia (SIN) junto a Vladimiro Montesinos y el empresario José Francisco Crousillat donde se discute un préstamo de dos millones de dólares otorgado por la Caja Militar Policial para pagar las deudas de América Televisión. Desde 2017, Servicios Mineros Gloria S.A.C. entró en liquidación bajo la conducción de la empresa liquidadora Dirección Integral y Gestión de Empresas S.A.C.

Entre las contratistas con más víctimas también se encuentra Incimmet S.A., que entre 2006 y 2017 registró nueve trabajadores fallecidos en accidentes mineros. Siete de estos casos se reportaron en tres unidades mineras en la región Junín, de la compañía Volcan, que es la segunda empresa con más casos de muertes de obreros contratistas y la que lidera el ranking de los accidentes fatales en campamentos mineros en el Perú.

Según los datos del Ministerio de Energía y Minas, Incimmet registra su último accidente mortal en enero de 2017. La víctima fue Julio Santiago Travezaño, de 38 años de edad, en la unidad minera Milpo de Nexa Resources El Porvenir S.A. en Cerro de Pasco, en la sierra central del país.

Los dirigentes de los sindicatos de trabajadores tercerizados insisten en que el “trabajo fuerte”, de mayor exposición y riesgo, recae en ellos porque suelen realizar labores de sacado de rocas, perforación, detonaciones, entre otras tareas que ponen en peligro sus vidas cuando las compañías no toman las medidas de seguridad que establece la ley.

“Nosotros participamos en todo el proceso de explotación minera: somos operadores, perforistas, motoristas, paleros, estamos en la zona de peligro, ¿entonces por qué nos pagan menos y no tenemos los mismos beneficios que los trabajadores de la compañía principal?”, reclama José Alcedo, secretario general adjunto del Sindicato de Trabajadores Contratistas de la Unidad Minera Uchucchacua de la compañía Buenaventura, en Oyón.

El dirigente de Uchucchacua, José Alcedo, asegura que el 80% de obreros de esa unidad minera trabajan a través de empresas tercerizadoras. Foto: Milagros Salazar/Convoca.pe

Alcedo aseguró que el 80 por ciento de los obreros de ese campamento minero trabajan para las empresas tercerizadoras y solo el 20 por ciento forma parte de la planilla de la minera. Convoca.pe preguntó a Buenaventura, a través de la consultora Apoyo Comunicaciones, si ese es el porcentaje de trabajadores contratistas pero la compañía no respondió esa consulta.

Julián Morales, del Sindicato General de Trabajadores que prestan servicios a la empresa Alpayana S.A., aseguró que la situación es similar en la exminera Casapalca: el 90% de trabajadores son tercerizados y son los principales afectados de los accidentes mortales en las minas. Alpayana evitó dar su versión.
 

La historia de los trabajadores tercerizados se remonta a 1996, a los tiempos del gobierno de Alberto Fujimori, quien promovió la inversión privada en medio de una serie de privilegios para las empresas como exoneraciones tributarias y normas flexibles respecto a derechos laborales y ambientales. Desde entonces, la Ley General de Minería permite que compañías especializadas puedan ser contratadas por las mineras titulares de las concesiones para realizar trabajos principales en todas las etapas de producción.

Recién doce años más tarde, en 2008, el Estado reguló los servicios de las empresas contratistas y estableció que éstas debían supervisar en forma directa a sus trabajadores y tener sus propios recursos técnicos y materiales para no depender de la minera que las contrata.  Para la abogada laboralista, Ynés Vergaray, esa obligación no se cumple ya que en la práctica las que supervisan a los operarios son las empresas principales o como hemos visto en el caso de AESA, del Grupo Breca, la contratista pertenece a la misma familia empresarial de la compañía minera.

En el gobierno de Alberto Fujimori, se permitió que las empresas titulares mineras puedan contratar a compañías especializadas para todos los procesos de la gran minería.

A pesar de que los trabajadores denuncian que se ha desnaturalizado la figura de la tercerización laboral, en el registro público de Sunafil solo figuran dos sanciones al respecto contra empresas titulares mineras, entre 2014 y 2020. Una de estas firmas es Nexa Resources Perú (antes minera Milpo) que fue sancionada en 2018 con una multa de 283 mil 500 soles, que equivale a un poco más de 85 mil 400 dólares.

Sunafil encontró una infracción muy grave en materia de relaciones laborales al haberse confirmado que los 189 trabajadores de las contratistas Tecnomin Data S.R.L. y Eka Mining S.A.C. tenían una relación directa con Nexa. Además de la multa, Sunafil ordenó que estos obreros pasaran a la planilla de la empresa titular.

La Minera Raura, del Grupo Breca, también fue sancionada por la Intendencia de Sunafil de Huánuco.

La minera Milpo, ahora llamada Nexa Resources Perú, fue sancionada por más de 283 mil soles por desnaturalizar la figura de la tercerización laboral. 

Los derrumbes y la falta de oxígeno

Los registros oficiales revelan que los accidentes mineros fatales más frecuentes fueron por derrumbes o enterramientos al interior de las minas como sucedió con 145 obreros contratistas que murieron en los últimos quince años. Otros 52 trabajadores fallecieron por asfixia o intoxicación por gases o exposición a radiación. Entre las causas también aparecen accidentes de tránsito durante el traslado de trabajadores o materiales y caída de personas, con 44 obreros casos.

Entre las empresas contratistas que, según el registro oficial del Ministerio de Energía y Minas, registran mayor número de trabajadores fallecidos por derrumbe de rocas en las minas figuran las compañías IESA S.A., con seis muertes, y Corporación Minera Geminis S.A.C. con cinco víctimas. 

Los trabajadores de IESA murieron cuando cumplían labores para las mineras Volcan, Nexa Resources Atacocha, Nexa Resources Perú y minera Ares.

En el caso de Corporación Minera Geminis S.A.C. los cinco trabajadores fallecieron en un derrumbe ocurrido la madrugada del 7 de febrero de 2009 al interior de la unidad minera de Casapalca (hoy Alpayana S.A.) en la provincia de Huarochirí. Una de las víctimas fue César Herrera Ccoicca de tan solo 20 años. 

Aquella madrugada de febrero, César Herrera recibió la orden de ingresar al interior de la mina para realizar labores de excavación junto a otros cuatro obreros. El joven llevaba escasos ocho meses de trabajo pero acató el pedido de acompañar a Eloy Chipana, Carlos Alberto Corpus, Edgar Villareal Bustillos y Álex Taipe Huamaní. Todos ellos eran trabajadores tercerizados de Corporación Minera Geminis S.A.C.

Mientras realizaban su trabajo en el socavón, cerca de las 3 y 30 de la madrugada se desprendió súbitamente un bloque de roca. Ese derrumbe también causó el desplome y caída de diversas plataformas y rocas hasta llegar al área donde se encontraban los cinco obreros, quienes quedaron atrapados y murieron por asfixia y múltiples heridas. Los restos de César y sus compañeros recién fueron rescatados del interior de la mina casi una semana después del accidente.

Días más tarde, Julio Herrera Quispe acudió a la morgue de Lima para reconocer el cuerpo inerte de 1.60 metros de su hijo César. 

La última vez que César y su padre se encontraron fue en casa, en Chanchamayo, Junín, para celebrar el recibimiento del Año Nuevo 2009. El joven permaneció con su familia hasta los primeros días de enero y antes de regresar a trabajar a la mina se despidió de sus padres y de su hermana mayor, entre lágrimas. "Era como si presintiera lo que le iba a pasar'', recordó Julio Herrera, el papá.

La historia de César se multiplica en diversos campamentos mineros del Perú, en medio del silencio y la resignación de los familiares que perdieron a hijos, padres, esposos. Decenas de trabajadores murieron entre rocas, otros por falta de oxígeno en la oscuridad de un túnel.

Las empresas contratistas con más trabajadores fallecidos por intoxicación o asfixia por gases en las minas son Servicios Mineros La Esmeralda S.A.C., Operaciones Mineras San Sebastian EIRL. y Administración de Empresas S.A.C. (AESA) que registran tres muertes cada una. En total, nueve.

Los tres trabajadores de Servicios Mineros La Esmeralda fallecieron por asfixia al interior de la mina de la Compañía Minera Valor ubicada en la región Huancavelica. Dos de los obreros, Efraín Jayo Cuellas y Mulato Nils Oncevay, fallecieron en un accidente el 23 de marzo de 2007. Mientras el tercero, Edilberto Trucios falleció por la misma causa dos meses después, el 5 de mayo de 2007.

Michael Huaranga, Saúl Quiroz y Antonio Ramos, trabajadores de la contratista San Sebastián, fallecieron asfixiados por los gases el 8 de febrero de 2009 cuando laboraban en el campamento de la Minera Raura en la provincia de Lauricocha, en Huánuco. 

Las muertes por intoxicación de los obreros de AESA están relacionadas a un accidente fatal registrado en febrero de 2011, en el que fallecieron los trabajadores César Ccente Lulo y Juan Huaranca Santander cuando realizaban labores en el campamento minero Acumulación Nelson X de la empresa Barbastro, en Huancavelica. 

En mayo de 2017, el trabajador de AESA, Percy Carbajal Ramírez, murió por intoxicación al estar expuesto a altos niveles de radiación al interior de la mina Carahuacra de la compañía Volcan en la provincia de Yauli, en Junín.

En Uchucchacua, Oyón, los obreros denuncian problemas en el sistema de ventilación en los socavones de donde se extraen los minerales para la minera Buenaventura.

“Varios de mis compañeros se han ‘gaseado’ ahí por la contaminación que se genera cuando se trabaja en la mina y la falta de una buena ventilación. Llevamos años pidiendo estas mejoras”, aseguró José Alcedo, secretario del Sindicato de Trabajadores Contratistas de la Unidad Minera Uchucchacua.

Los trabajadores del sindicato de Uchucchacua llaman 'gasear' a la inhalación de gases tóxicos al interior de la mina durante los trabajos de perforación. Foto: Milagros Salazar/Convoca.pe

El presidente de la comunidad campesina de Oyón, Héctor Miguel Facundo Damaso, dijo a Convoca.pe que es importante que se atienda este reclamo de los trabajadores porque es indispensable “dar todas las condiciones” para proteger la vida de estos obreros, que en muchos casos son de la zona o son familiares de los comuneros. 

Facundo Damaso recordó que en 2018, la comunidad firmó un convenio con Buenaventura, que permitió ceder a la empresa más de 500 hectáreas de terreno para que pudiera ampliar sus operaciones y “posiblemente una chimenea para mejorar la ventilación”, apuntó. 

El presidente de la comunidad campesina de Oyón señaló que Buenaventura debe dar todas las garantías de seguridad para sus trabajadores. Foto: Milagros Salazar/Convoca.pe

A través de la consultora Apoyo Comunicaciones, Buenaventura respondió que la empresa ha ejecutado “fuertes inversiones en proyectos orientados a mejorar la ventilación principal y auxiliar de la mina” y que en la unidad de Uchucchacua “desde hace 7 años no se registran accidentes mortales relacionados a problemas de ventilación”. 

Según la base de datos del Ministerio de Energía y Minas, el último accidente por problemas de ventilación fue el 20 de junio de 2013. Aquel día, Teodoro Taipe Vásquez, de 51 años, murió intoxicado por inhalación de gases al interior de la mina. 

Los familiares de Teodoro Taipe denunciaron el hecho y exigieron una indemnización que no prosperó. La investigación fue archivada en la Fiscalía Provincial Mixta de Oyón. Hoy sus hijos continúan en la batalla de exigir una reparación económica a la empresa Contrata Minera Cristobal E.I.R.L y a la compañía Buenaventura tras la reciente muerte de su madre, víctima del COVID-19.

En Uchucchacua, el derrumbe de rocas es la causa más recurrente de fallecimiento, lo que causó la muerte de cuatro trabajadores en accidentes fatales registrados en los años 2008, 2009, 2014 y 2017. Entre ellos, aparece Eber Apaza Ricra, el esposo de Martha Zúñiga Palomino, quien al quedarse viuda tuvo que sacar adelante a su hijo Luis vendiendo en el mercado principal de Oyón. En abril de 2020, Martha contrajo el COVID-19 y desde entonces siente que su salud ya no es la misma. “Somos muchas viudas, a nosotras nos han olvidado”, solloza.

Al morir su esposo, Martha Zúñiga tuvo que sacar adelante a su hijo Luis vendiendo frutas en el mercado principal de Oyón. Foto: Milagros Salazar/Convoca.pe

Investigaciones fiscales sin resultados

Cuando un trabajador minero muere, las compañías que están a cargo de las operaciones están obligadas a informar de inmediato a la Policía Nacional para el recojo del cadáver. Después de identificar el cuerpo, los efectivos policiales avisan a la Fiscalía para que inicie las investigaciones sobre las causas y se establezcan las responsabilidades del accidente. 

Fuentes policiales y fiscales de las zonas mineras de las provincias de Huarochirí y Oyón, narraron que las empresas no suelen comunicar de inmediato a la Policía sobre estos accidentes mortales. Además, durante las investigaciones fiscales, la responsabilidad usualmente recae sobre los hombros de los trabajadores supervisores que estaban de turno cuando ocurrió el accidente, en medio del cerco silencioso de un enclave minero donde las evidencias y los testigos dependen de la propia compañía dueña de la concesión.

La comisaría de Casapalca cuenta con un patrullero para sus labores. En ese mismo patrullero muchas veces ha llevado el cadaver de uno de los trabajadores fallecidos en Alpayana S.A. Foto: Luis Enrique Pérez/Convoca.pe

Convoca.pe pudo identificar que se realizaron diez investigaciones en el Ministerio Público de las 11 muertes de trabajadores subcontratados en la unidad minera Uchucchacua, de Buenaventura. De estos diez casos, ocho fueron archivados, entre 2008 y 2019: tres en la Fiscalía Provincial Mixta de Oyón y cinco en el Poder Judicial.

Los cinco juicios concluidos por el Juzgado Supranacional de Investigación Preparatoria de Oyón fueron archivados porque los familiares de las víctimas no tenían pruebas suficientes para señalar a los acusados, según el registro de expedientes al que tuvimos acceso para este reportaje. En estos casos archivados sin ninguna sanción, los imputados suelen ser trabajadores y no representantes de las empresas.

En el proceso relacionado a un derrumbe al interior de la mina Uchucchacua, que ocasionó la muerte de Zenobio Rojas Matos en agosto de 2017, se acusó por delito de homicidio culposo al ingeniero Deyner Montoya, quien se desempeñaba como jefe de mina en esta unidad de producción. La acusación por el fallecimiento de Zenobio, un obrero subcontratado por Resefer Mininng, fue archivada por el Poder Judicial en noviembre de 2019. 

Obreros de la mina Uchucchacua acompañan los restos de Zenobio Eusebio Rojas Matos cuando era trasladado a la morgue. Video: Pasco Libre

El exsuperintendente de mina, el ingeniero Freddy Espejo Zorrilla, fue acusado por el presunto delito de homicidio culposo en el accidente en el que murió Nemesio Espinoza Ramos en noviembre de 2008, cuando era obrero de la Contrata Minera Cristóbal. Como superintendente de mina, Espejo se encargaba de hacer cumplir los planes de seguridad en el trabajo. El caso fue archivado en el Poder Judicial.

La información del Ministerio Público revela que uno de los casos de la mina Uchucchacua también se encuentra estancado desde febrero de 2008 pendiente de una audiencia de apelación en el Poder Judicial presentada por la Fiscalía de Huaura. Se trata del expediente relacionado a la muerte de Armando Cristóbal Cristóbal, quien laboraba para la contratista Proyectos Obras Mineras y Servicios. El accidente ocurrió en mayo de 2006. Han transcurrido 14 años sin que se haga justicia.

Solo una investigación sobre un accidente en Uchucchacua se mantiene en investigación preliminar en la Fiscalía Provincial Mixta de Oyón desde octubre de 2020: el caso de Joohn Fausto Silva Mendoza, quien murió en septiembre de 2016.

El Ministerio Público abrió 10 carpetas fiscales sobre los accidentes mortales en Uchucchacua. Cinco fueron archivados por el Poder Judicial y tres por los Fiscales de Oyón. Foto: Sede del Ministerio Público de Oyón - Milagros Salazar/Convoca.pe

De acuerdo a la información a la que accedió Convoca.pe, el Ministerio Público abrió investigaciones en 38 casos de las 45 muertes de trabajadores tercerizados que laboraban para las unidades mineras Uchucchacua de Buenaventura, San Cristóbal de Volcan y Americana de Alpayana S.A, las compañías que concentran la mayor cantidad de accidentes mortales, entre 2006 y 2019.

El 47.4% de estos 38 casos terminaron archivados en etapa de investigación en el Ministerio Público y el 13% en el Poder Judicial. Cinco de estos casos continúan en investigación y diez se encuentran en etapa judicial.

La Fiscalía Provincial de Yauli, en Junín, archivó siete de las ocho investigaciones referidas a accidentes en el campamento San Cristóbal de la minera Volcan. Una de ellas se mantiene encarpetada en esa Fiscalía: el caso de Fredy Cuevas Ito, quien falleció en octubre de 2007 por un desprendimiento de rocas al interior de la mina. Desde noviembre de 2008 la investigación tiene un dictamen que, según las fuentes consultadas, recomendaría el archivo definitivo del expediente. Han transcurrido 13 años sin que se resuelva el caso.

Respecto a los trabajadores fallecidos al interior de la unidad minera Americana de la empresa Alpayana S.A. (Ex Casapalca S.A.), la Fiscalía Provincial de Huarochirí, en la región Lima, abrió 20 investigaciones. Ocho pesquisas fueron archivadas en etapa fiscal, tres se encuentran en investigación y otras 9 han concluido en formalización de acusación ante el Poder Judicial.

Según la información del Ministerio Público, desde agosto de 2009 cinco investigaciones esperan la resolución de los magistrados del Juzgado de Huarochirí y están referidos a la muerte del joven César Herrera y sus cuatro compañeros que en febrero de ese año murieron aplastados mientras brindaban servicios a la minera Alpayana. Han transcurrido 11 años sin que se sancione a los responsables.

En la Fiscalía Provincial Corporativa de Huarochirí la mayor parte de las investigaciones sobre los accidentes mortales en Alpayana S.A. han sido archivadas. Foto: Luis Enrique Pérez/Convoca.pe

¿Por qué las investigaciones fiscales sobre estas muertes terminan en el archivo? El abogado laboralista y exprocurador del Ministerio de Trabajo, César Abanto Revilla, explica que hay una serie de condiciones que hacen inaplicable el tipo de delito que se agregó en el Código Penal para sancionar los atentados contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Este tipo penal se incluyó en el Código Penal en agosto de 2011 cuando el gobierno de Ollanta Humala decidió que no se deben sancionar con penas mayores de cinco años a las empresas que no adopten las medidas preventivas para que los trabajadores realicen sus actividades de forma segura. También se señala que si este incumplimiento ocasiona un accidente mortal o lesiones graves para los trabajadores propios o terceros, la pena de cárcel sería no menor de cinco ni mayor de diez años.

La disposición original apenas duró tres años ya que la misma gestión nacionalista modificó la disposición del Código Penal mediante la Ley 30222 y agregó que para imponer la sanción la empresa debía incumplir las disposiciones de seguridad de "forma deliberada" o haber incumplido estas normativas habiendo sido notificado previamente por el Ministerio de Trabajo. Esa misma norma permitió que el Estado perdone a las empresas mineras más de 4 millones 700 mil soles (más de 1 millón 579 mil dólares) en multas por infracciones laborales sancionadas por Sunafil, como pudo determinar en una investigación Convoca.pe.

El tipo penal que configura el delito de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, fue nuevamente modificado por el Poder Ejecutivo el 30 de diciembre de 2019 luego de la muerte de dos jóvenes trabajadores que murieron electrocutados en un restaurante de la cadena McDonalds en el distrito limeño de Pueblo Libre. 

Código Penal señala que las empresas deben incumplir las normas de seguridad de forma "deliberada" para ser sancionadas.

Desde entonces no es requisito que el empleador haya sido notificado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) por no haber cumplido con adoptar las medidas de seguridad. También se eliminó la exclusión de responsabilidad penal de la empresa cuando el trabajador muere o tiene lesiones graves por incumplir las normas de seguridad. Pero esto solo será aplicable si la compañía empleadora no respeta las leyes deliberadamente.

Para César Abanto, el tipo penal que se agregó en 2011 era tan amplio y genérico que permitía denunciar por muchos supuestos, pero con la modificación de 2014 se restringió la posibilidad de la denuncia y solamente podía prosperar si es que había voluntad del empleador para vulnerar las condiciones de seguridad. Por esta razón, en el sector minero como en otras actividades económicas, las investigaciones fiscales sobre accidentes laborales no tienen éxito y terminan siendo archivadas, explica el abogado.

"El tipo penal incluido ha establecido una serie de condiciones o supuestos que difícilmente pueden ser demostrados o se pueden presentar. Estos ajustes lo han convertido en algo casi inaplicable", apuntó Abanto, a quien le tocó ver de cerca esos casos de impunidad cuando cumplía funciones de procurador del Ministerio de Trabajo durante el gobierno nacionalista, entre 2014 y setiembre de 2016.  

David versus Goliat

Los casos judicializados que no terminan en sanción generan desesperanza en las familias de los muertos de los campamentos mineros. Los trámites agotan, la impunidad prolonga el duelo. 

El exministro de Trabajo, Christian Sánchez, asegura que quienes demandan a las empresas para obtener una indemnización se enfrentan a procesos largos que superan los tres años. Mientras que el sistema judicial no cuenta con “una jurisprudencia uniforme” en temas laborales, lo que impide que la justicia sea predictiva y se termine generando fallos contrarios a las denuncias de las familias de las víctimas.

Ante un proceso tedioso y prolongado, la mayoría de los familiares desiste en demandar a las empresas y prefiere lograr un acuerdo extrajudicial en busca de una reparación económica que les permita comenzar una nueva vida.

La especialista en derecho laboral Ynés Vergaray señaló que muchas veces es la propia compañía minera la que propone a la familia ir a un proceso extrajudicial. “Aunque en la conciliación, los familiares pueden obtener un monto menor, se ahorrarán un proceso que puede tardar muchos años", explicó.

Julio Herrera fue protagonista del camino sinuoso de un proceso judicial por la muerte de su hijo César, quien trabajaba en la minera Alpayana. Las cinco familias de las víctimas del derrumbe de febrero de 2009 decidieron inicialmente denunciar a la empresa ante las autoridades judiciales para iniciar un proceso por homicidio culposo. Pero luego hubo un cambio de posición de los abogados que contrataron: al inicio estaban dispuestos a poner en marcha la demanda y luego desistieron.

"Usted sabe cómo son las grandes empresas. Me imagino que hasta los abogados han sido presionados. Al principio eran muy ‘pilas’ y luego empezaron a tener temor, a decir que no se podía y tuvimos que dejarlo ahí", narró Julió Herrera a Convoca.pe, quien explicó que las empresas aseguradoras entregaron cerca de 90 mil soles (unos 31 mil 250 dólares) a la familia por el seguro de vida de su hijo.

Julio Herrera contó que la contratista Corporación Minera Geminis S.A.C., para la cual laboraba su hijo, ofreció puestos de trabajo a las familias en otras unidades mineras donde daban servicios. “Me dijeron que podían mandarme a trabajar a Chimbote, pero lo pensé bien y viendo la situación que pasó mi hijo decidí rechazarlo”, apuntó.

Vacíos, silencios y secretos de la fiscalización

La fiscalización en temas de seguridad y salud en el trabajo en los campamentos de la gran minería está marcada por vacíos y secretismo.

El Ministerio de Energía y Minas, máxima entidad del sector que dispone las normas de seguridad laboral en minería y aprueba el permiso de las empresas tercerizadoras para que puedan ofrecer servicios a la gran y mediana minería, funciona en la práctica como una mesa de partes respecto a asuntos de incumplimiento de normas y malas prácticas.

La Dirección General de Minería de este ministerio respondió mediante correo electrónico a Convoca.pe que no tiene facultades para retirar del registro oficial de contratistas a las empresas de trabajadores fallecidos en accidentes mineros que no respetan las medidas de seguridad, a pesar que es la entidad se encarga de evaluar a las compañías que formarán parte de este registro.

La Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas no cuenta con los reportes detallado de las de los accidentes mortales ocurridos en las unidades mineras. Foto: Andina

Esa dirección del Minem indicó que tampoco cuenta con un reporte detallado de las circunstancias del accidente y que solo puede sancionar a las empresas si presentan documentación falsa, si inician o amplían actividades no autorizadas, si no cuentan con un ingeniero de seguridad o si impiden las funciones de supervisión del Estado.

El gerente de Supervisión Minera de Osinergmin, el ingeniero Rolando Ardiles, admitió en entrevista con Convoca.pe, que la entidad supervisora donde labora y Sunafil no trabajan de forma conjunta para fiscalizar los temas de seguridad. Osinergmin realiza intervenciones programadas a las unidades mineras e inmediatas cuando ocurre un accidente fatal, aseguró.  

“Con Sunafil es un poco difícil coincidir o hacer una supervisión simultánea. No creo que Sunafil vaya inmediatamente a supervisar cuando hay un accidente laboral en minería. Esta entidad supervisa un ámbito inmenso de cosas y consiguientemente les es más complicado (la supervisión en minería)”, argumentó Ardiles.

Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sunafil tiene a su cargo el cumplimiento de las leyes y reglamentos sobre seguridad en las unidades mineras, asesorar técnicamente a las empresas y trabajadores en este tema y debe aplicar las sanciones administrativas por el incumplimiento de las normas. ¿En qué medida esto se cumple? Sunafil no respondió los diversos pedidos de entrevista de Convoca.pe para conocer la situación de la fiscalización en los campamentos mineros. La entidad solo envió algunas cifras generales.

En el correo enviado a este portal de periodismo de investigación, Sunafil aseguró que entre 2014 y octubre de 2020 los fiscalizadores realizaron mil 685 inspecciones ante denuncias por posibles incumplimientos a la normativa de seguridad y salud en el trabajo relacionadas al sector minero, de las cuales se identificaron mil 76 observaciones a empresas contratistas en el sector de explotación de minas y canteras. Sin embargo, al preguntar sobre los nombres de estas compañías, esta entidad supervisora guardó silencio. 

Sunafil asegura que en los últimos seis años realizó 312 inspecciones en unidades mineras ubicadas en Lima, otras 120 en La Libertad, 112 en Pasco, 91 en Ica y 88 en Junín. Pero estas cifras difieren en gran medida del número de sanciones impuestas por la entidad fiscalizadora a las contratistas que trabajan para las grandes empresas mineras. 

Convoca.pe analizó la base de datos de los procesos sancionadores iniciados por Sunafil entre abril de 2014 y julio de 2020. En este análisis se detectaron 437 resoluciones emitidas contra empresas registradas como contratistas en el Ministerio de Energía y Minas, de las cuales 52 corresponden a actividades vinculadas a compañías titulares de las concesiones mineras, según la documentación encontrada en el Aplicativo de Resoluciones Emitidas por el Sistema Inspectivo de Sunafil. Algunas de estas contratistas también han sido sancionadas por infracciones relacionadas a labores en el sector construcción.

En la plataforma de Sunafil no se han publicado los documentos de 168 sanciones a compañías tercerizadoras. En las 52 resoluciones encontradas, Convoca.pe detectó que 23, casi la mitad de los procesos, se deben a infracciones a las normas de seguridad y salud cometidas por las compañías contratistas en los campamentos mineros. Entre estos casos, se detectaron cuatro procesos de sanción por accidentes que provocaron la muerte de trabajadores tercerizados de Selín S.R.L., Corporación Minera del Centro S.A.C. (Cormicen), G&R Contratistas y Minera y Construcción y Transporte La Libertad S.R.L.

En octubre de 2015, Sunafil impuso una multa de 202 mil 125 soles (62 mil 771 dólares) a Selín S.R.L. por no informar de los riesgos en el trabajo y no supervisar la seguridad para las labores de Raúl Gutiérrez Tellería, quien murió el 22 de diciembre de 2014 al impactarle una tubería en el cuerpo mientras realizaba trabajos de instalación del sistema de bombeo para extraer agua del fondo de la mina Acumulación Cuajone de Southern Cooper Corporation, en Moquegua. Raúl, de 38 años, perdió la vida en una de las minas del ‘Grupo México’, transnacional que es accionista mayoritaria de Southern.

Cormicen S.A.C. fue sancionada en noviembre de 2019 con el pago de más de 168 mil soles (50 mil 400 dólares) por incumplir con la supervisión efectiva del trabajador Dimas Tarazona Yanac, quien falleció a los 49 años en la unidad San Juan de Arequipa de la minera Century Mining Perú. Dimas murió el 7 de junio de 2018 por inhalación de gases mientras realizaba labores de perforaciones al interior de la mina.

La resolución de sanción referida al fallecimiento de Ricardo Ramos Salazar, de 58 años de edad, revela que la contratista G & R no brindó las condiciones adecuadas de trabajo. El obrero no contaba con el arnés de seguridad mientras realizaba labores de mantenimiento de tuberías de agua en el techo de calaminas del auditorio de la unidad minera Orcopampa de la compañía Buenaventura. Tal descuido ocasionó que el 15 de septiembre de 2017, el trabajador cayera de una altura de siete metros. Sunafil sancionó a G & R en julio de 2019 con 123 mil 18 soles, unos 36 mil 940 dólares.

En septiembre de 2017, la contratista Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L.  fue sancionada por no identificar los peligros y riesgos de la actividad de limpieza y colocación de estructuras al interior de la mina que realizaba Naftuhim Solano Barra el 1 de junio de 2014 en la minera Retamas, de capitales peruanos. El obrero de 32 años no sobrevivió al derrumbe de aquel día. Sunafil impuso una multa de apenas 665 soles (205.88 dólares) a la contratista que incumplió las medidas de seguridad.

Desliza la imagen para visualizar las resoluciones

Desde 2007 hasta octubre de 2020, Osinergmin emitió mil 886 resoluciones de sanción contra empresas mineras por incumplimientos a las normas de seguridad. Como sabemos, Volcan encabeza la lista con 161 procesos de sanción y Buenaventura con 138. También aparecen en el ranking las mineras Ares, Los Quenuales, Nexa Resources Atacocha, Minera Poderosa, Southern Cooper Corporation y la minera Alpayana (ex Casapalca). 

Osinergmin determinó que 120 empresas contratistas también tenían responsabilidad en las infracciones a las normas de seguridad que debían cumplir las mineras titulares de las concesiones. Por ello, esta entidad impuso 173 “sanciones solidarias” a las compañías tercerizadoras, entre 2007 y octubre de 2020.  

Administración de Empresas S.A.C. (AESA), del Grupo Breca, encabeza la lista de contratistas infractoras con siete procesos de sanción iniciados por Osinergmin y también el ranking de las empresas con el mayor número trabajadores tercerizados que murieron en accidentes laborales en campamentos mineros. Tres de estos casos están vinculados a las sanciones impuestas a Nexa Resources por el incumplimiento de normas de seguridad en la unidad minera Atacocha, en Cerro de Pasco.

Convoca.pe solicitó a Osinergmin que especifique cuáles fueron las infracciones a las normas de seguridad que cometieron las empresas. Pero la Gerencia de Supervisión Minera afirmó que no cuenta con un registro de ese tipo.

Este portal de periodismo de investigación ha solicitado todas las resoluciones de sanción de la Gerencia de Supervisión Minera de Osinergmin. La entidad respondió que las entregará recién en febrero de 2021.

Pero no es la única información que hoy se mantiene en reserva. En una entrevista con el gerente de Supervisión Minera, el ingeniero Rolando Ardiles, señaló que existía una metodología para conocer qué unidades mineras registran mayor riesgo. Sin embargo, señaló que no puede hacerla pública porque “es información sensible” y cualquier información que se “filtre podría afectar la solidez y solvencia económica” de las empresas mineras.

Ardiles añadió que la metodología les permite establecer una especie de semáforo que identifica en color rojo a las mineras con alto riesgo, en verde a las de mediano riesgo, de azul en bajo riesgo y en celeste de muy bajo riesgo. De esta manera, Osinergmin puede focalizar las labores de supervisión. 

El funcionario confirmó que su área identificó que el principal factor de inseguridad en las unidades mineras está referido a fallas en la seguridad de las estructuras, lo que tiene relación con los derrumbes y desprendimiento de rocas. En los últimos quince años, 145 trabajadores contratistas fallecieron por esa causa: el 33% del total de las víctimas de accidentes laborales.

El exministro de Trabajo, Christian Sánchez, consideró que si Osinergmin mantiene en secreto cuáles son los campamentos mineros más inseguros, las autoridades no podrán tomar decisiones integrales que mejoren las condiciones de trabajo de los obreros mineros. "Un semáforo de riesgos no solo pueden servir para que un burócrata realice sus informes mensuales de intervenciones", afirmó.

"¿Qué cosa ha hecho Osinergmin con esa información? ¿La compartió con otros entes del sistema de salud laboral como el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud?", cuestionó Sánchez, quien afirmó que hay varios responsables para que el sistema de seguridad en la minería se mantenga ineficaz.

Para este reportaje, Convoca.pe envió reiterados correos electrónicos a las áreas de comunicaciones de las mineras Buenaventura, Alpayana y Glencore con preguntas relacionadas a su responsabilidad en velar por la seguridad de los trabajadores mineros y las acciones que realizaron para otorgar indemnizaciones a las familias. De estas empresas, sólo Buenaventura respondió después de un mes de insistencia. (Ver respuesta completa)

A través de Apoyo Comunicaciones, Buenaventura señaló que, en temas de seguridad y salud en el trabajo, no hace distinción entre el personal directamente vinculado a la empresa y el personal de las compañías contratistas. De la totalidad de trabajadores mineros fallecidos en sus instalaciones, tres eran obreros directamente contratados y 40 mineros tercerizados.

Buenaventura aseguró que en los últimos tres años la minera ha implementado un “proceso de recambio” hacia empresas contratistas de mayor nivel de "cumplimiento operativo y de seguridad", aunque no dio nombres.

AESA, empresa contratista del Grupo Breca, prefirió guardar silencio y no dar respuestas sobre los accidentes donde murieron 11 de sus trabajadores.

“Todos somos olvidados. Sólo nos dicen ahí se murió, se quedó y se acabó. Eso es lo más triste”, dice Martha Zúñiga Palomino, la esposa de Eber Apaza Ricra, quien murió entre las rocas del socavón de Uchucchacua a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar. “A la empresa no podemos ganarle”, insiste Martha, quien eligió resignarse criando a sus hijos.

Ilustración principal: Manuel Gómez Burns