30 mineras y petroleras buscan la nulidad de S/ 10.8 millones en multas laborales ante el Poder Judicial

La noche del jueves 22 de enero de 2015, el entonces trabajador de la minera Shougang Hierro Perú, Pablo Canales, de 69 años de edad, fue trasladado desde el campamento minero —en la localidad de Marcona, en Ica— hacia su domicilio en un vehículo de la compañía, luego de haber culminado su jornada laboral como mecánico automotriz. Al encontrarse cerca a su vivienda, Canales pidió al chofer de la empresa que detuviera el bus para salir y mientras el conductor se disponía a estacionar, el mecánico cayó abruptamente y se golpeó la cabeza contra el suelo, impacto que le causó la muerte inmediata por graves contusiones en el cráneo.

Este accidente mortal fue denunciado ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que concluyó que Shougang Hierro Perú incumplió la normativa de seguridad y salud en el trabajo, pues no identificó los potenciales peligros o riesgos que podrían ocurrir durante el transporte del personal a sus casas, y por no agregar este hecho a los reportes de la empresa: la minera no lo consideraba un accidente de trabajo debido a que ocurrió fuera de la unidad minera.

De más de S/ 580 millones es una de las multas que Shougang busca anular en el Poder Judicial.

Ante la postura de la compañía de capitales chinos, Sunafil afirmó que el hecho sí constituye un accidente laboral, pues el trabajador fallecido estaba siendo trasladado en un medio de transporte brindado por la empresa junto a otros diez obreros de Shougang Hierro Perú. Por lo sucedido, Sunafil sancionó a la minera con una multa de 581 mil 442 soles, según su resolución del 26 de diciembre de 2018.

No obstante, en los primeros meses de 2019, Shougang Hierro Perú presentó una demanda contra Sunafil ante el Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Ica, mediante la cual pretendía que el Poder Judicial declare nula la sanción y así evitar el pago de la multa.

Shougang es la minera que más demandas judiciales ha presentado para evitar el pago de las multas laborales. Foto: Difusión

Así como Shougang Hierro Perú, otras 29 empresas mineras y petroleras tratan que a nivel judicial se anulen las 63 resoluciones de sanción de que les impuso Sunafil por haber incurrido en infracciones a la legislación laboral, entre abril de 2014 al 2019. La suma de las penalizaciones superan los 10 millones 800 mil soles, en total. Esto se desprende de la documentación en poder de la Procuraduría Pública de Sunafil, a la que tuvo acceso Convoca.pe tras gestionar pedidos de acceso a la información pública.

En el caso de Shougang Hierro Perú, multada con 2 millones 489 mil 623 soles, es la minera que más demandas judiciales ha presentado para anular este pago. Interpuso 11 recursos legales contra el mismo número de resoluciones de sanción.

Entre las sanciones con multas más altas en los que Shougang ha sido señalada como responsable y que esa empresa ha llevado a juicio, está la resolución de marzo de 2019 por la que Sunafil multó a la minera con más 589 mil soles por cometer actos de hostilidad y afectar la libertad sindical en perjuicio de 900 trabajadores y por discriminación salarial en perjuicio de ocho trabajadores.

Sin embargo, en esa última sanción Shougang se vio beneficiada con la aplicación de la Ley 30222, que redujo al 35% una de las sanciones impuestas por no cumplir con las medidas de requerimiento notificadas por Sunafil de Ica, la cual se redujo de 308 mil soles a 107 mil 800 soles.

La minera Southern Cooper Perú, que opera en las regiones de Tacna, Moquegua y Arequipa, es otra de las que han judicializado más multas en su contra, que con seis penalizaciones acumula más de 2 millones 500 mil soles pendientes de pago. Una de las sanciones más altas contra esta empresa es la que le impuso Sunafil de Lima, en diciembre de 2015, con una multa de más de medio millón de soles por no acreditar haber formado e informado sobre los riesgos expuestos de trabajo al obrero Raúl Elber Gutiérrez Tellería, quien sufrió un accidente que le causó la muerte el 22 de diciembre de 2014.

Según la resolución sancionadora, el trabajador Raúl Gutiérrez, de la empresa contratista Selin S.R.L., no recibió la capacitación efectiva sobre los riesgos de su puesto de trabajo, de parte de la minera, razón por la cual los desconocía a la fecha del accidente de trabajo. El 22 de diciembre de 2014, en la Unidad Minera de Cuajone, en Moquegua, un tubo le cayó en la cabeza. El golpe fue letal. La sanción fue de 577,500 soles y es una de las multas que Southern busca anular en el Poder Judicial.

Una de las multas laborales más altas contra Southern está vinculada a un accidente que causó la muerte de un obrero en 2014.

En tanto, la empresa Antamina intenta anular cinco multas en su contra por casi un millón y medio de soles. Entre estas sanciones se encuentra la de la Intendencia Regional de Sunafil en Áncash, que la declaró responsable por actos que afectaron la libertad sindical del Sindicato Único de Trabajadores de la Compañía Minera Antamina.

En esa resolución, Sunafil concluye que Antamina realizó discriminación entre su personal ya que entregó un bono de reconocimiento a 804 trabajadores que no acataron la huelga convocada por el sindicato en noviembre y diciembre de 2014, y se dejó sin ese bono a quienes acataron la paralización de labores. 

Además, en el documento de sanción se precisa que Antamina también despidió a cuatro trabajadores de un grupo total de 12 obreros. Esos cuatro trabajadores se diferenciaban del resto por haber acatado la huelga y, según la resolución, no existieron motivos justificados por el empleador para no renovarles el contrato. Y se afirma que este tipo de actos constituyen una afectación a la libertad sindical, pues persuade a los trabajadores contratados a no afiliarse o desafiliarse del sindicato.

Sunafil concluyó que Antamina fue responsable por infracciones contra la libertad sindical al no haber renovado los contratos de cuatro trabajadores que participaron en una huelga.

En el caso de compañías petroleras están la estatal Petroperú, que tiene cuatro sanciones de Sunafil judicializadas; y las privadas Graña y Montero Petrolera S.A., Biddle Inc S.A.C. y Savia Perú S.A.(ex Corporación Petrolera S.A.C.), cada una con un caso en el Poder Judicial.

Convoca.pe analizó las resoluciones hechas públicas por Sunafil y encontró que uno de los casos más resaltantes entre las sanciones judicializadas por las petroleras se encuentra una multa vinculada a las labores de remediación ambiental por el derrame de crudo ocurrido en junio de 2014 en el kilómetro 42 del Tramo I del Oleoducto Norperuano en la comunidad de Cuninico, distrito de Urarinas, región Loreto. Semanas después que el derrame fuera reportado, el 30 de julio, los inspectores de Sunafil acudieron a la zona y, tras meses de investigación, concluyeron que Petroperú era responsable de la infracción por no establecer los estándares mínimos de seguridad y salud en las operaciones para las labores a realizarse en caso de derrame de petróleo.

En la resolución emitida por la primera instancia de Sunafil de Lima Metropolitana, en mayo de 2016, se concluye que Petroperú incurrió en una infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, que afectó a 24 trabajadores de la petrolera y a 147 obreros contratados de la empresa Benites Servicios Industriales E.I.R.L., quienes realizaban las labores de reparación del ducto petrolero y control de derrame de los hidrocarburos en esta zona de la Amazonía.

A pesar de que la multa original propuesta contra Petroperú era de 102 mil 600 soles, la compañía fue beneficiada con la reducción de la suma a 35 mil 910 soles, por el descuento basado en la Ley 30222. Meses después la sanción fue apelada por Petroperú ante la segunda instancia administrativa que fijó la sanción en 20 mil 520 soles. Aún así, con estos descuentos, la empresa estatal busca la nulidad de la penalización en el Poder Judicial.

Petroperú judicializó una multa de Sunafil por S/ 20,520 debido a que no estableció los estándares mínimos de seguridad en las labores de limpieza del derrame en Cuninico, en 2014.

Por su parte, Minera Yanacocha, subsidiaria de la transnacional estadounidense Newmont que opera en la región Cajamarca, pretende que instancias judiciales anulen cuatro sanciones administrativas que dispusieron el pago de más 598 mil 237 soles por multas, en total.

Le siguen la Empresa Minera El Progreso S.R.L. con tres resoluciones judicializadas, las cuales acumulan 83 mil 305 soles en multas; y la Compañía Minera Santa Luisa, sancionada con tres multas por infracciones laborales que suman más de 187 mil 600 soles. El Progreso se dedica a la extracción de insumos para fabricar cemento y yeso en la región Cajamarca, mientras que minera Santa Luisa extrae zinc, plomo y cobre en la región Áncash.

Multas perdonadas y judicializadas

Entre las 63 sanciones de Sunafil que han sido judicializadas por las mineras y petroleras, Convoca.pe identificó que en 22 resoluciones de sanción el Estado había beneficiado a 12 empresas con un gran descuento del monto de sus penalizaciones, al aplicarse la Ley 30222 que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, permitiendo que las multas por infracciones laborales leves y moderadas se reduzcan al 35% del total. 

La compañía más beneficiada con los descuentos es también la que más sanciones ha llevado al Poder Judicial para anularlas. Se trata de Shougang Hierro Perú, que en nueve resoluciones judicializadas, por las que debió ser sancionada originalmente con el pago de 3 millones 487 mil 717 soles, este monto por multas se redujo a 1 millón 567 mil 893 soles.

Otra de las más beneficiadas con el importante descuento fue la Compañera Minera Santa Luisa, que en tres resoluciones de sanción acumulaba una multa original de más 375 mil soles, pero con la norma aprobada por el gobierno nacionalista se redujo a 187 mil 608 soles.

También se les redujo las sumas de las penalizaciones a las empresas Unión de Concreteras, Southern, Petroperú, Minera Magistral de Huaraz, Minera Venard, Corporación Minera Toma la Mano, Antamina, San Ignacio de Morococha, Century Mining y Alpayana. A pesar de este descuento, insistieron en acudir instancias judiciales para evitar el pago total de sus multas.

Tres multas anuladas

De la totalidad de procesos administrativos judicializados, 58 juicios están en curso, mientras que cuatro han finalizado. De estos litigios terminados, tres han resultado a favor de las empresas al declararse la nulidad del mismo número de resoluciones de Sunafil y favoreciendo a Southern Copper, Century Mining y Unión de Concreteras. Por otro lado, uno de esos fallos ha sido favorable a Sunafil, pues se confirmó una sanción contra la minera Southern Copper.

En la decisión judicial favorable a Southern Cooper, el Juzgado de Trabajo Transitorio de Moquegua —el 26 de enero de 2017— declaró fundada la demanda de la compañía y anuló la resolución que multó a la empresa con 462 mil soles, por infringir la libertad sindical, al no otorgar permisos a dirigentes sindicales debido a que estos se encontraban en desacuerdo con los Requisitos del Reglamento Interno de la minera. El caso fue apelado por la Procuraduría Pública de Sunafil y llegó hasta la Corte Suprema, que declaró fundada la sentencia del juzgado y cerró el caso anulando la multa.

Otra de las resoluciones que fueron anuladas en instancia judicial fue la emitida en octubre de 2014 por la Intendencia de Lima Metropolitana de Sunafil, que multó a la empresa Unión de Concreteras S.A. con 307 mil 800 soles por infracción muy grave en materia de relaciones laborales, pues tercerizó actividades que eran parte de la actividad principal de la compañía. Es decir, incurrió en infracción laboral por desnaturalizar la figura de intermediación laboral.

La resolución de Sunafil fue anulada por el 23° Juzgado de Trabajo Permanente de Lima, que declaró fundada la demanda de Unión de Concreteras S.A., en marzo de 2017.

En el caso de la sanción a Century Mining Perú S.A.C., la entidad de fiscalización laboral multó a esta empresa con 319 mil 357 soles. Según la base de datos de la Procuraduría Pública de Sunafil, el 6° Juzgado de Trabajo de Arequipa declaró la nulidad de la sanción en setiembre de 2018. 

El Poder Judicial anuló una de las multas que Sunafil impuso contra Unión de Concreteras S.A.

De otro lado, Sunafil obtuvo un fallo favorable del Juzgado de Trabajo Transitorio de Moquegua que —en noviembre de 2019— declaró infundada la demanda de Southern Copper que buscaba que se anule la resolución emitida por la Intendencia Regional de Sunafil en Moquegua, vinculada a un accidente de trabajo ocurrido en junio de 2014 que causó la muerte de un trabajador y ocasionó heridas leves a otro obrero que lo acompañaba. Por este hecho, Sunafil multó a la empresa con 256 mil 500 soles.

Este accidente ocurrió en la Unidad Minera Toquepala cuando el trabajador Juan Llontop Meneses conducía una camioneta acompañado del practicante Diego Calderón cuando al llegar al área de Proyecto de Voladura de Carga se originó el desprendimiento de rocas sueltas desde áreas altas. Algunos fragmentos cayeron al auto conducido por Llontop causándole graves heridas con consecuencias mortales, mientras que el practicante logró sobrevivir, aunque fue diagnosticado con múltiples heridas.

Una de las sanciones de Sunafil que han quedado confirmadas es contra Southern a la que se le multó con S/ 256 mil 500.

En la información que Convoca.pe obtuvo de la Procuraduría de Sunafil, también se encuentran nueve procesos en los cuales el Poder Judicial ha emitido resoluciones de primera instancia que han sido apeladas por las partes en disputa ya sea de este organismo público o las empresas mineras. Entre esos casos, que ya tienen un fallo preliminar, uno de las más importantes es el referente a la sanción impuesta por Sunafil a la minera Chinalco, a la cual se multó por 577 mil 500 soles por infracción a la seguridad laboral por un accidente ocurrido en la Mina Toromocho, en la región Junín, en junio de 2015 y que ocasionó la muerte de un trabajador.

Esta multa fue consentida en el mes de octubre de 2016, aunque meses después la minera judicializó la sanción ante el 25° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima que el 9 de septiembre de 2019 declaró infundada la demanda de la empresa minera confirmando la resolución de la Sunafil. Sin embargo, Chinalco ha presentado un recurso de casación que deberá ser resuelto por la Corte Suprema y podría culminar con la orden de pago a favor de la entidad estatal.

Chinalco espera que la Corte Suprema anule una multa de más de S/ 577 mil que Sunafil le impuso por una infracción muy grave sobre un accidente que causó el fallecimiento de un trabajador minero.

Entre las nueve sanciones con resoluciones judiciales preliminares, siete tienen un sentido adverso a las mineras y petroleras demandantes y han sido apeladas por las compañías sancionadas buscando que sean resueltas en segunda instancia. Estas empresas son Southern Cooper, con tres procesos, y las compañías Graña y Montero, Biddle Inc S.A.C., Inkabor S.A. y Minera Chinalco, con un proceso por cada empresa. De confirmarse estas siete resoluciones por los jueces de las salas contencioso administrativas del Poder Judicial, estas cinco empresas mencionadas deberán pagar en conjunto más de 2 millones 760 mil soles.

No obstante, en uno de los procesos judiciales, el 35° Juzgado de Trabajo Permanente de Lima declaró fundada la demanda de la minera Alpayana S.A. (exminera Casapalca) y en primera instancia declaró nula la sanción de 6 mil 737 soles que, en enero de 2016, Sunafil impuso contra la empresa por la infracción denominada desnaturalización del contrato de trabajo. Esa decisión judicial fue apelada por la Procuraduría Pública de Sunafil y será una sala de segunda instancia la que deberá resolver el caso.

Instancias del Poder Judicial decidirán si las empresas mineras deberán pagar o no las multas laborales.

Más de dos años en juicios

Ante estos casos judicializados, Convoca.pe conversó con la abogada Gianina Echevarría, asesora legal de la ONG Programa Laboral de Desarrollo (PLADES), quien tomó el ejemplo de la demanda que presentó la minera Southern y que fue declarada infundada por el Poder Judicial dando la razón a Sunafil, para estimar que estos procesos judiciales pueden tardar más dos años, a los que se suma el año o 18 meses que puede durar el proceso administrativo de Sunafil.

“Es decir, los trabajadores tienen que esperar en promedio tres años para que efectivamente vean sus derechos protegidos”, afirmó la especialista quien estimó que si en caso las compañías sancionadas llevan los litigios hasta la Corte Suprema de Justicia el proceso podría tardar hasta cuatro años. 

Echevarría añadió que si bien las firmas sancionadas tienen el derecho de judicializar las multas, en muchos casos realizan las demandas para liberarse de las multas, por lo menos durante dos años, y si el fallo es favorable a la empresa la sanción queda revocada definitivamente. La abogada explicó que los jueces pueden declarar la nulidad de resoluciones administrativas de las entidades fiscalizadoras del Estado, por temas de fondo o por una mala calificación de una infracción o un mal cálculo de la multa.

Algunas compañías responden

Convoca.pe buscó recoger la versión de las compañías mencionadas en este informe. La minera Antamina respondió que ha cuestionado ante el Poder Judicial las multas impuestas por Sunafil al considerar que la compañía sí cumplió a cabalidad con la normativa laboral vigente. Agregó que la entidad fiscalizadora realizó un análisis legal impreciso, pues se aduce que no se valoraron adecuadamente los medios probatorios presentados por la minera durante el proceso administrativo.

En tanto, la estatal Petroperú, a través de su área de Comunicaciones indicó que no podrían dar una respuesta sobre los procesos judicializados. No obstante, afirmaron que estas sanciones han sido judicializadas por la compañía tras una evaluación legal donde identificaron vicios que podrían invalidarlas.

Este medio digital también envió preguntas a las mineras Chinalco, Southern y Santa Luisa para conocer los motivos por los que decidieron judicializar las multas impuestas por Sunafil, pero hasta el cierre de este informe periodístico no hubo respuesta. De otro lado, la minera Shougang no contestó a nuestras constantes llamadas a su oficina en Lima.

(*) Los datos que se tomaron como base para esta investigación pueden encontrarse en Convoca Deep Data, la plataforma más completa sobre información del comportamiento de la industria extractiva en el Perú.
 

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