Carta de Casapalca a IDL - Reporteros

Respuesta de Convoca.pe:

El último 9 de mayo, IDL-Reporteros y Convoca.pe lanzaron una plataforma que reúne reportajes y un interactivo con los casos peruanos vinculados al bufete panameño Mossack Fonseca, como parte de la investigación global PanamaPapers, que reúne a más de 100 medios liderados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Entre los casos, publicamos el de la familia Gubbins, dueños de la minera Casapalca, que aparecen relacionados por lo menos a cinco sociedades offshore. En respuesta a la publicación, el gerente legal de la empresa, César Rivera Burgos, envió una carta a IDL-Reporteros el mismo 9 de mayo en la que no se refiere para nada a los servicios que contrató del bufete panameño pero sí califica como falsa la información publicada sobre los cuestionamientos contra la empresa en 2007.

Ese año fue el más crítico para Casapalca. Los trabajadores de la compañía minera denunciaron el incumplimiento de sus derechos laborales y malas prácticas sindicales al despedirse a un centenar de ellos luego de formar un sindicato para hacer públicos sus reclamos. Las protestas derivaron en la muerte de trabajadores y la intervención de las autoridades del Ministerio de Trabajo. Estos hechos fueron cubiertos por la periodista Milagros Salazar, directora de Convoca.pe, cuando trabajaba en el diario La República.

Pero la empresa asegura que es falso que haya sido denunciada por “supuestamente haber atentado contra los derechos laborales” de sus trabajadores, a pesar que fueron reclamos públicos y reiterados. Los trabajadores protestaban contra la minera de los Gubbins por dos razones fundamentales: por tercerizar los servicios mediante once contratistas que no respetaban sus derechos laborales y porque consideraban cuestionable que Casapalca contratara a este tipo de compañías a pesar de los reclamos.

Los trabajadores, con documentos en mano, sostenían que eran empleados en labores principales de la empresa, pero que ganaban sueldos muy bajos (un maestro perforista recibía 22 soles por doce horas de trabajo, aseguraban), trabajaban sin descanso, sin equipos adecuados para desarrollar labores de alto peligro, entre otros hechos. En su momento, los representantes de la empresa aseguraron que a Casapalca no le correspondía mejorar la situación laboral de los mineros sino a los contratistas. En respuesta, la entonces ministra de Trabajo, Susana Pinilla, dijo que la escasa solvencia financiera de las contratistas confirmaban las denuncias de los trabajadores y la violación de la ley de intermediación laboral.

Pese a ello, de los mil 900 trabajadores que en esos días tenía Casapalca, mil 700 brindaban servicios mediante “las contratas”. Los otros 200 que aparecían en la planilla de la minera realizan labores administrativas, según informó respaldado en documentos el entonces Director Nacional de Inspecciones del Ministerio de Trabajo, Jorge Villasante, quien luego se convirtió en Ministro de la Producción. Villasante conoció de cerca todo el conflicto y recuerda el 2007 como el “año de la crisis” de Casapalca.

En su carta, la empresa asegura que “nunca ha sido sancionada por haber afectado derechos laborales de nuestros trabajadores”. En el artículo que publicamos, no hablamos de sanciones, pero si Casapalca quiere hacerlo, aquí mencionamos algunos datos interesantes. En los días del conflicto en 2007, el Ministerio de Trabajo sancionó por más de 100 mil soles a Casapalca y a sus contratistas debido a prácticas antisindicales al despedir a más de cien trabajadores, que en abril de ese año formaron un sindicato ante los abusos. Sobre esto, la empresa no dice nada en su carta.

En 2007, Osinergmin también sancionó a la empresa con 84 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), el equivalente a 298 mil 200 soles de la época, al detectar en una visita inopinada al campamento minero de Casapalca que la empresa incumplía las normas de protección al medio ambiente, seguridad e higiene minera. Casapalca apeló a la resolución de sanción y el organismo regulador ratificó la multa al año siguiente.

En otro punto de la carta, Casapalca refiere que la “tercerización” de los servicios no es ilegal, sacando fuera de contexto lo que aparece en el artículo en el que se menciona que lo hacían a pesar que los trabajadores desarrollaban labores “en todo el proceso de extracción de los minerales” que es considerado un trabajo principal y que, según las autoridades, representaba una violación de las leyes.

El último punto de la carta se refiere a la salida de Casapalca de la Sociedad Nacional de Minería en 2007. En el documento se asegura que “jamás” fue expulsada y que más bien fue “todo lo contrario, que ellos renunciaron “a dicho gremio al no encontrarse representada por el mismo”. Como prueba, la compañía adjunta una carta dirigida a la Sociedad con sello de recepción del 1 de octubre de 2007 en la que advierte que si no la defienden tendrían que considerar su retiro. En ninguna parte del documento se comunica la renuncia.

Lo que sí sucedió cuatro días después es que los medios principales del país publicaron que el directorio de la Sociedad Nacional de Minería decidió por mayoría de votos retirar de sus afiliados a Casapalca, por no aceptar que sus operaciones fueran sometidas a una auditoría independiente contratada por el gremio para determinar si incumplía o no sus obligaciones laborales y medioambientales.

Al término de su carta, el gerente legal de Casapalca, César Rivera, pidió que nos rectifiquemos. Pero ante los hechos expuestos no hay motivos para hacerlo.  ¿Y sobre las sociedades offshore? Los Gubbins, a quienes Convoca.pe solicitó su versión antes de la publicación del artículo, prefieren guardar silencio.