EL ESTADO PERDONÓ S/ 4 MILLONES 700 MIL A MINERAS EN MULTAS POR INFRACCIONES LABORALES

A inicios del 2016, el obrero Luis Chambi Cotimbo recordó que la empresa donde trabajaba, la minera Antamina, se había comprometido a efectuar préstamos entre sus empleados como parte de un pacto colectivo y solicitó una suma para remodelar su casa, que había sido afectada por el fenómeno El Niño de ese año. La compañía, que no había diseñado un plan para canalizar esos créditos, le dijo que no.

El obrero se quejó y el caso llegó a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), la entidad del Estado encargada de supervisar que se cumplan los derechos de los trabajadores, que encontró que la empresa había incurrido en una infracción y decidió multarla. Algunos años atrás a Antamina le hubiera correspondido por esa falta una penalización de 202,500 soles. Pero el 2016 ya estaba vigente la Ley 30222, que modificó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo permitiendo que las multas por temas laborales se reduzcan al 35%. Un salvavidas que le lanzó el gobierno de Ollanta Humala al sector privado el 2014. Aplicando esa norma, la minera fue castigada sólo con 70,850 soles. El descuento fue de más de 131,650 soles.  

En el 2018, Sunafil impuso una sanción a Antamina por incumplir el acuerdo laboral colectivo al rechazar un préstamo solicitado por uno de sus trabajadores.

Antamina es una de las doce empresas de gran minería que han sido beneficiadas con la Ley 30222. Se trata de las compañías que registraron el mayor número de sanciones por incumplimiento de la legislación laboral entre 2014 y enero de 2020. Convoca.pe encontró que, en los últimos seis años, la SUNAFIL ha emitido 61 resoluciones con descuentos para este grupo. Las multas originales sumaban un total de 8 millones 100 mil soles, pero se redujeron a 3 millones 408 mil soles. El generoso descuento fue de 4 millones 737 mil soles.

De las 61 resoluciones, 31 fueron en primera instancia en las oficinas descentralizadas que tiene el organismo a nivel nacional y 30 en segunda instancia, donde se confirmaron las multas iniciales.

La ley salvadora fijó descuentos para tres años, entre el 2014 y el 2017, pero en la práctica se ha aplicado hasta nuestros días. Las reducciones han procedido sólo para infracciones leves y moderadas: incumplir el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) o de las utilidades y no registrar a los trabajadores en planilla, por ejemplo. Pero no en situaciones graves o muy graves como cuando un empleado muere o queda con invalidez permanente en un accidente de trabajo, cuando se obstruye la labor de los inspectores laborales y cuando se emplea a niños.

La  Ley 30222, que fue aprobada por el Congreso en julio de 2014, fue una iniciativa del entonces gobierno de Ollanta Humala.

Cabe recordar que la Ley 30222 fue parte de un paquete de medidas para flexibilizar la normativa en seguridad y salud laboral que impulsó el gobierno de Humala. En esa misma época sacó adelante otra norma, la Ley 30230, conocida como la ‘Ley del Paquetazo Ambiental’, que en su artículo 19 exoneró y redujo las multas impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a las compañías de las industrias extractivas.

En el 2014, la Cámara de Comercio de Lima declaró que la Ley 30222 “corrige en parte los sobrecostos y excesos” que generaba la Ley de Seguridad y Salud que estaba vigente. El gerente de esta organización, Víctor Zavala, opinó,. en la línea de las compañías beneficiadas, que la norma de protección de los trabajadores "fue hecha para países desarrollados y no para nuestra realidad empresarial".
 

Más sanciones, más descuentos

El primer paso para esta investigación fue identificar a las empresas más sancionadas entre 2014 y enero de 2020 y, sobre esa base, averiguar en qué medida se beneficiaron con los descuentos. A partir de la información oficial del Aplicativo de Resoluciones Emitidas por el Sistema Inspectivo de la SUNAFIL, Convoca.pe construyó una base de datos con todas las infracciones y analizó 114 resoluciones de sanción que permitieron identificar que hay 12 compañías mineras que lideran el ranking de las infractoras, que recibieron la ayuda del Estado con la reducción de sus multas. 

El ranking de las más sancionadas lo lidera la Compañía Minera San Simón S.A.C. que desde el año 2000 se dedica a la exploración y explotación de oro y plata en la unidad minera “La Virgen”, en el distrito de Cachicalán, en La Libertad.

Desde el 2014, la SUNAFIL le ha impuesto 18 sanciones. En 11 figura el descuento: las multas debieron ser, en total, de 681,895 soles, pero se redujeron a 238,575 soles. El descuento fue de cerca de medio millón de soles (443,319 soles) y aplicó para infracciones como la falta de pagos de CTS y de utilidades, por ejemplo.

Una de las resoluciones con mayor multa contra San Simón se dictó el año pasado. Fue por no acreditar el depósito de CTS en perjuicio de 14 trabajadores, y no registrar en planilla electrónica y reconocer beneficios a 2 empleados. La multa debió ser de 196,425 soles, pero aplicándole la Ley 30222 se redujo a 68,661 soles.

Gracias a la Ley 30222, la minera San Simón se vio beneficiada con una reducción de más de 127,700 soles de multa.

Continúa en el ranking Shougang Hierro Perú S.A., que acumula 14 resoluciones por infracciones a la legislación laboral. La empresa, que es parte del conglomerado chino Shougang Corporation y que explota yacimientos de hierro en el distrito de Marcona, en Ica, tiene descuentos en 6 casos: las multas debieron ser, en total, 2’721,325 soles, pero con la ayuda de la Ley 30222 se redujeron a 1’265,276 soles.

De las 14 sanciones, 2 están relacionadas con accidentes de trabajo -uno de ellos con consecuencias mortales- y el resto con infracciones contra los derechos sociales de los trabajadores, discriminación salarial (pagarle distinto a empleados que hacen lo mismo) y afectación de la libertad sindical.

En tercer lugar está la Minera Yanacocha, que registra 13 resoluciones por infracciones a la legislación laboral. Convoca.pe encontró que en 4 ocasiones fue beneficiada con el descuento que dispone la Ley 30222. En total, se le redujo 165,685 soles.

Esta compañía, que es administrada por la transnacional Newmont y que opera yacimientos mineros de oro en la región Cajamarca, tiene resoluciones de sanción por infracciones a las medidas de seguridad y por accidentes. Otras son por hostigamiento laboral, incumplimiento de relaciones colectivas, discriminación en el trabajo y obstrucción a la labor de los inspectores estatales.

La multa más alta contra Yanacocha, por 289,462 soles, fue emitida por la Intendencia de Cajamarca de la SUNAFIL el 15 de febrero del 2019. Se le encontró responsable de discriminación salarial.

Multada por no poner un servicio básico

La minera Century Mining Perú S.A.C. tuvo 10 resoluciones de sanción entre el 2014 al 2017. Lo llamativo de su caso es que le aplicaron los descuentos nada menos que en 9 ocasiones. En total, la empresa debía ser multada con 1'239,725 soles, pero al final se le impuso el pago sólo de 433,311 soles. 

Hasta el 2016, Century Mining fue filial de la compañía extranjera Century Mining Corporation, y actualmente es administrada por la Minera Yanaquihua. Esta empresa opera la unidad minera San Juan de Chorunga, en la localidad de Río Grande, en Arequipa, donde extrae concentrado de metales no ferrosos.
 
Una de las sanciones contra ella data de julio del 2015 y es por no implementar servicios higiénicos ni vestuarios para los trabajadores en el campamento, entre otras observaciones. Se le impuso el pago de 395 mil soles, pero gracias a la Ley 30222 el monto se transformó en 138,250 soles. La resolución fue apelada por Century Mining y la multa fue confirmada en segunda instancia en septiembre del 2019.

En la norma se señala que la multa de 395 mil soles se reducía a 138 mil 250 soles gracias a la Ley 30222.

Otras dos empresas tienen 10 resoluciones de sanción cada una: Nexa Resources (ex Minera Milpo) y Southern Perú Copper. Ambas fueron beneficiadas con descuentos en la mitad de los casos.

Cinco de las multas que impuso la SUNAFIL a la Compañía Minera Milpo (hoy Nexa Resources), del grupo empresarial brasileño Vororatim, sumaban un total de 1'639,465 soles, pero, con el descuento, solo pagó 621,100 soles. La reducción fue de 1'018,355 soles. Sus infracciones fueron no cumplir normas de seguridad en el trabajo y desnaturalizar la relación laboral.

Una de las multas más importantes contra la minera que opera en la provincia iqueña de Chincha fue por no registrar a 189 trabajadores en las planillas de pago, en septiembre del 2018. La sanción fue reducida por la Ley 30222: pasó de 810,000 soles a 283,500 soles. Esta resolución fue apelada por Milpo. La segunda instancia administrativa de la SUNAFIL la confirmó el año pasado.

Por su lado, Southern Copper Perú, subsidiaria del Grupo México, que cuenta con operaciones mineras de cobre en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, se benefició de la reducción de multas en cinco resoluciones. En conjunto, las sanciones sumaban 351,850 soles, pero al aplicarle la norma salvadora aprobada en el 2014 el monto se redujo a 123,147 soles.

La sanción más importante impuesta a Southern fue la que se emitió en septiembre del 2015 por no acreditar la supervisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que terminó con la muerte de un empleado de la contratista Selin S.R.L., Raúl Gutiérrez Tellería. El 22 de diciembre de 2014, en la Unidad Minera de Cuajone, en Moquegua, le cayó un tubo en la cabeza. El golpe fue letal. La sanción fue de 577,500 soles. En este caso, no procedió la rebaja.

Descuento en un accidente de trabajo

Sigue en el ranking de las mineras más sancionadas Volcan, que registra 9 resoluciones de sanción emitidas por la SUNAFIL. La Ley 30222 se le aplicó en cinco oportunidades. De una multa acumulada de 252,250 soles pasó a una de 95,607 soles. Desde fines del 2017, Volcan es controlada por la transnacional suiza Glencore.

Una de las sanciones en las que Volcan se vio beneficiada con la reducción está vinculada a un accidente de trabajo que sufrió el obrero Robert Dávila Camayo en la Unidad Minera Andaychagua, en Junín, el 2011. La SUNAFIL señaló que la minera no acreditó haber identificado los peligros y evaluado los riesgos de las actividades que realizaba el accidentado.

La ley salvadora también benefició a la minera Volcan en la reducción de las sanciones.

Antamina, minera que concentra sus operaciones en el distrito de San Marcos, en Áncash, fue sancionada en nueve oportunidades. En cinco logró la reducción de la multa: correspondía que la sancionaran por un total de 687,275 soles, pero solo pagó S/.418,240. Su espaldarazo fue la Ley 30222. Esta compañía tiene como accionistas mayoritarios a las transnacionales BHP Billiton, de Australia, y Glencore, de Suiza.

Esta compañía registra infracciones en materia de seguridad y accidentes, y problemas con contratos de trabajo, libertad sindical y discriminación salarial. Uno de los casos más llamativos es el del obrero Luis Chambi Cotimbo, a quien le rechazaron un préstamo para remodelar su casa, afectada por el fenómeno El Niño del 2016, por más que la empresa se había comprometido a otorgar créditos.

El ranking de las más sancionadas lo cierran las mineras San Ignacio de Morococha, Minera Poderosa y Minera Alpayana, que registran cinco resoluciones por infracciones laborales cada una, así como la conocida Doe Run, que registra seis sanciones. Todas se vieron beneficiadas con el descuento.

¿Pagan las multas?

Una de las interrogantes que surgen luego de constatar los beneficios que tuvieron estas empresas es si llegaron a pagar las multas confirmadas en segunda instancia por la SUNAFIL. Convoca.pe se lo preguntó a la entidad supervisora, pero no obtuvo respuesta. SUNAFIL no precisó si las empresas cumplieron con el pago o, si por el contrario, objetaron las multas recurriendo al Poder Judicial.

Las decisiones de la superintendencia pueden ser judicializadas por las empresas sancionadas hasta tres meses después de la emisión de la resolución en segunda instancia. El abogado laboralista Adolfo Ciudad, de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, explicó en entrevista para este reportaje que los procesos sancionadores suelen dilatarse: pasa un año y medio en promedio para tener una resolución firme. Si el caso llegara al Poder Judicial, podría definirse en otros cuatro o cinco años.

“Las empresas saben que aunque violen la ley no se va a ejecutar la sanción hasta por cuatro o cinco años, y patean el asunto al judicializar, mientras el acta de infracción que ha sido verificada en hasta dos instancias administrativas sigue sin efecto", señaló.

La abogada Gianina Echevarría, asesora legal de la ONG Programa Laboral de Desarrollo (PLADES), remarcó que la SUNAFIL tiene limitaciones para seguir los procesos judiciales de las empresas que recusan las multas y que no hay garantía de que en el Poder Judicial se pueda obtener fallos favorables al Estado.

Dijo que la procuraduría de la entidad fiscalizadora “no se da abasto” para ir a cada audiencia judicial para defender las sanciones impuestas. En los juicios muchas veces los sindicatos y los propios afectados por la infracción intervienen como terceros afectados en defensa de las multas.

Además, señaló que las infracciones que sanciona la SUNAFIL son solo una pequeña fracción de los incumplimientos de la legislación laboral, ya que el 75% de los trabajadores de la minería son parte de empresas contratistas que ofrecen su servicio a las compañías titulares de las operaciones.

El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Jorge Juárez, recalcó que, por más multas que aplique la SUNAFIL, las mineras suelen agotar la vía administrativa e, incluso llegar a instancias judiciales.

Respecto a los descuentos encontrados por la aplicación de la Ley 30222, el dirigente enfatizó que no es un problema de la entidad fiscalizadora, pues ellos no hacen las normas: dijo que son decisiones políticas las que dan vida a este tipo de leyes que benefician a las grandes empresas.

Finalmente, Convoca.pe le preguntó a la SUNAFIL si tenía un registro de las empresas beneficiadas con la reducción de las multas en el marco de la Ley 30222. Contestaron que no tienen esos datos contabilizados, pero aquí nos hemos tomado el trabajo de identificarlos a partir de las propias resoluciones de sanción del Estado.

Las mineras no responden

Convoca.pe realizó consultas a las empresas mencionadas en este reportaje. Sólo respondió la minera Nexa Resources. Informó que ha impugnado ante el Poder Judicial la resolución de diciembre del 2018 por la que la SUNAFIL le ordenó el pago de 283,500 soles. ¿El motivo? No cumplir con registrar a un grupo de trabajadores en las planillas.

Nexa añadió que cuenta con “políticas y procedimientos internos muy estrictos en relación a los aspectos laborales” y que se encuentra presta a atender de forma diligente las recomendaciones emitidas por las autoridades.

Minera Nexa reconoció que ha llevado una de las resoluciones de Sunafil ante el Poder Judicial. Actualmente, la sanción se encuentra suspendida hasta que la instancia contenciosa decida la legalidad de la sanción.

En el caso de la minera San Simón, este medio intentó comunicarse con los números que registra la compañía en sus redes sociales y también con su empresa administradora, Solución y Desarrollo Empresarial SAC, pero no obtuvo respuesta. 

Shougang también fue consultada a través de sus redes sociales y del número que consigna como el de su oficina del distrito de Jesús María, pero no contestó. Una de nuestras preguntas era si ya había pagado las multas que se redujeron con ayuda de la ley.

Metodología

Las cifras publicadas en este reportaje fueron resultado de un trabajo colaborativo entre periodistas, analistas de datos y desarrolladores que accedimos a más de 64 mil datos sobre las sanciones impuestas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) a empresas de todo el país entre el 2014 y enero de 2020.

Para el análisis, hicimos un cruce de información con el número de Registro Único de Contribuyente (RUC) de cada empresa con la lista de compañías mineras, obteniendo que 70 empresas acumulan 223 sanciones por infracciones a la legislación laboral. Doce encabezan el ranking de infractoras del sector.

Para establecer el monto de los descuentos aplicados por la Ley 30222 se descargó cada resolución disponible en el Aplicativo de Resoluciones Emitidas por el Sistema Inspectivo de la SUNAFIL, para luego ubicar aquellas sanciones que contenían infracciones que habían sido objeto de reducciones. Diseñamos una fórmula matemática para obtener el 35% del monto original de la multa, así como para conocer el monto descontado.

Los datos que se tomaron como fuente para esta investigación son parte de una ambiciosa plataforma sobre las industrias extractivas que Convoca.pe publicará pronto.

Equipo:
Reportero: Luis Enrique Pérez. Editor: Ghiovani Hinojosa. Ilustración principal: Iván Ciro Palomino. Visualizaciones interactivas: Edwin Montesinos y Luis Enrique Pérez. Búsqueda y limpieza de datos: Luis Enrique Pérez. Desarrollo web: Elvis Rivera Cotrina. Editor de audiencias: Antonio Manco. Coordinación general: Milagros Salazar Herrera.